Por Alessia Genoves, Carlos Arita y Neftalí Pereira
Cuentas bancarias y un inmueble de accionistas de Tripode S.A de C.V han sido congelados, en respuesta a un proceso civil en contra de la empresa por la presunta evasión de US$200 mil. Los datos han sido confirmados por el director, periodista y fundador de la empresa, Carlos Dada, en una reciente transmisión titulada “Gobierno de Bukele escala ataque contra El Faro”. Sin embargo, el proceso civil inició en 2020, cuando la Sala de lo Civil les acusó formalmente de cometer “evasiones intencionadas y evasiones no intencionadas”, declaró Dada.
La medida administrativa se materializó entre febrero y abril de 2025 sin que el Estado notificara previamente a los afectados; Dada precisó que “nosotros sabemos que han congelado bienes porque lo informó el banco de una de las cuentas congeladas” y que “hasta hoy las autoridades salvadoreñas no nos han notificado oficialmente” sobre la resolución judicial que ordenó el congelamiento. La acción se enmarca en un proceso de fiscalización que inició en julio de 2020, cuando la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) abrió los expedientes 10025-NEX-0666-2020, 10025-NEX-0667-2020, 10025-NEX-0668-2020 y 10025-NEX-0669-2020, correspondientes a los ejercicios impositivos de 2014, 2016, 2017 y 2018, y que desde entonces ha estado acompañado de litigios constitucionales, medidas cautelares internacionales y señalamientos de persecución política.
Contraste: Balances CNR de Trípode S.A. de C.V. e Ingresos de Open Society Foundations (US$)
* Los ingresos de OSF corresponden únicamente a los años con montos documentados públicamente (pico de US$500,000 en 2019 y US$250,000 en 2021).
Total recibido por Trípode S.A. de C.V. entre 2016 y 2021: US$1,460,000. La presunta evasión determinada por Hacienda asciende a US$200,000.
Hacienda les ofreció Amnistía Fiscal y El Faro se negó “porque sabíamos que no había evasión de impuestos”
Trípode S.A. de C.V. interpuso el 5 de marzo de 2021 un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, identificado con la referencia 393-2020, contra la Dirección General, la Subdirección General y el Departamento de Investigación Penal y Normativa Tributaria de la DGII del Ministerio de Hacienda.
Proceso Judicial: Amnistía Fiscal Rechazada por Trípode S.A. de C.V.
Fuente: Declaraciones de Carlos Dada (7 de mayo de 2025) y resoluciones judiciales 393-2020 de la Sala de lo Constitucional.
La demanda argumentó que los requerimientos de documentación formulados por la administración tributaria —en particular los libros de actas de la Junta Directiva, los informes finales entregados a gobiernos extranjeros y fundaciones cooperantes, y el detalle mensual de suscriptores del programa de “excavadores ciudadanos”— carecían de relevancia tributaria y ponían en riesgo los derechos a la libertad de expresión, libertad de información y autodeterminación informativa.
La Sala admitió la demanda y decretó una medida cautelar, suspendiendo “inmediata y provisionalmente los efectos de las actuaciones reclamadas” respecto de esa documentación específica, al considerar que existía apariencia de buen derecho y peligro en la demora. La resolución puntualizó que la suspensión no obstaculizaba la facultad de fiscalización general y que la DGII podía continuar requiriendo documentación diferente, según lo detalla el Amparo 393-2020 de la Sala de lo Constitucional, en su resolución del 5 de marzo de 2021.
Paralelamente, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación 234-CAC-2020, interpuesto por Trípode S.A. de C.V. en unas diligencias de rectificación contra Diario La Página, S.A. de C.V. El Juzgado Décimo de Paz había declarado sin lugar la solicitud al no encontrar identidad de sujetos, objeto y causa, y el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil rechazó por inadmisible la apelación. La Sala de lo Civil confirmó esa decisión, señalando que la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta regulaba la protección del honor y la intimidad, pero el recurso de casación no era procedente en ese tipo de diligencias. La resolución, emitida a las ocho horas tres minutos del 22 de febrero de 2021, permitió que el proceso de rectificación quedara cerrado.
Las auditorías fiscales concluyeron en dos ejercicios con “evasión intencional” y en otros dos con “evasión no intencional”, según comunicó el Ministerio de Hacienda a la empresa. Carlos Dada afirmó que “nosotros no hemos evadido impuestos, hemos apelado en todas las instancias posibles y seguimos litigando estas conclusiones”, y subrayó que dos de los cuatro ejercicios —2014 y 2016— ya habían excedido el plazo legal para ser fiscalizados, por lo que “el Ministerio de Hacienda ya no tenía potestad legal para hacerlo”. La negativa de El Faro a acogerse a amnistías fiscales fue reiterada: “se nos acercaron en múltiples ocasiones para ofrecernos apegarnos a una amnistía fiscal en varias ocasiones y en todas nos negamos porque nosotros no hemos evadido impuestos”.
El 4 de febrero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 12/2021 (MC-1051-20), otorgando medidas cautelares a 34 miembros identificados de El Faro. La CIDH consideró que existía una situación de gravedad y urgencia para los derechos a la vida e integridad personal de los periodistas y solicitó al Estado salvadoreño que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal” y que garantice “que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.
El 8 de julio de 2022, la Resolución 32/2022 dio seguimiento a esas medidas, ampliándolas a tres nuevos integrantes y levantándolas para seis que desistieron. En ese análisis, la CIDH documentó hechos como la presencia de vehículos de inteligencia cerca de las oficinas, seguimientos a periodistas, un agente de seguridad de la primera dama que apuntó con un arma a un vigilante de El Faro, y el espionaje masivo con el software Pegasus que afectó a 22 miembros del medio entre junio de 2020 y noviembre de 2021, coincidiendo con publicaciones de alto impacto. (CIDH, Resoluciones 12/2021 y 32/2022)
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó el 6 de mayo de 2025 una solicitud formal de información ante la Fiscalía General de la República para conocer la existencia de investigaciones penales contra periodistas de El Faro, ante la posible emisión de órdenes de captura contra al menos siete miembros del equipo. Sergio Arauz, presidente de APES, declaró: “Nos asiste el derecho a pedir información y queremos saber si los colegas de El Faro están siendo señalados por algo. Los periodistas no somos delincuentes sino que ejercemos nuestro derecho a informar, a revelar y a pedir información”.
La APES registró 789 agresiones contra periodistas en 2024 y documentó el exilio de 31 comunicadores desde 2022. El abogado Oswaldo Feusier, de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos de APES, recalcó: “Estamos convencidos desde APES que ni la investigación periodística, ni el derecho a informar, ni la libertad de expresión se deben criminalizar”, según se cita de un comunicado de la institución, el 6 de mayo de 2025
La sede de la sociedad Trípode S.A. de C.V. se trasladó a Costa Rica en 2023. Carlos Dada explicó que “desde su fundación hasta el 2023 en que nos trasladamos a Costa Rica y ya no es la propietaria del Faro”. La salida coincidió con la intensificación de auditorías, el hostigamiento judicial y la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, normativa que obliga a las organizaciones que reciben fondos internacionales a pagar un 30 % de impuestos sobre las donaciones al Ministerio de Gobernación si no se registran como agentes extranjeros, lo que limitó la capacidad de financiamiento de entidades como la Open Society Foundations para transferir recursos sin gravamen a medios y ONGs salvadoreñas.
$1,4 millones le dio Open Society. Balances de hasta $500 mil
Los balances generales depositados por Trípode, Sociedad Anónima de Capital Variable ante el Centro Nacional de Registros (CNR) revelan la evolución de los montos declarados. El balance con fecha 31 de diciembre de 2014, depositado el 25 de octubre de 2017 bajo la presentación 2017041570, registró un monto de US$500,743.67; el de 31 de diciembre de 2013, depositado el 27 de octubre de 2017 con presentación 2017041569, ascendió a US$431,725.20. El ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, depositado el 25 de octubre de 2017 mediante la presentación 2017041572, mostró US$170,714.90.
Balances Generales de Trípode S.A. de C.V. ante el CNR (US$)
Fuente: Declaraciones Fiscales CNR – Registro de Comercio. Presentaciones 2017041569 a 2022045977.
El balance de 2017, depositado el 3 de julio de 2019 con presentación 2019020756, alcanzó US$190,537.14, y el de 2018, depositado en la misma fecha con presentación 2019020758, sumó US$206,272.85. Los periodos posteriores reflejaron montos de US$373,182.92 para 2019 (presentación L202007773, depósito del 7 de octubre de 2020), US$236,251.75 para 2020 (presentación 2021028806, depósito del 12 de mayo de 2021) y US$145,740.28 para 2021 (presentación 2022045977, depósito del 30 de junio de 2022). Adicionalmente, el balance de 2015 con fecha 31 de diciembre de 2015, depositado el 24 de noviembre de 2017 bajo la presentación 2017041571, consignó US$116,601.24. La sociedad Trípode Audiovisual, Sociedad Anónima de Capital Variable, reportó por su parte balances de US$25,615.94 en ejercicios correspondientes a 2013 y 2016.
La Open Society Foundations (OSF) destinó US$2.89 millones a medios salvadoreños entre 2016 y 2023, de los cuales Trípode S.A. de C.V. (El Faro) recibió US$1,460,000, con un pico de US$500,000 en 2019 y otro de US$250,000 en 2021, según registros fiscales publicados en su portal oficial. En el mismo período, la Asociación Juvenil Gato Encerrado Media (Agemedia) obtuvo US$300,340 de OSF y USAID; FOCOS S.A. de C.V. sumó US$95,000 de OSF entre 2017 y 2020 más $10,000 de la Embajada de EE.UU. en 2023; Factum Media S.A. de C.V. captó US$300,000 de OSF en 2019 y 2022; y la Fundación Cristosal —organización de la sociedad civil, no medio de comunicación— recibió $2,420,000 entre 2017 y 2022, con un aporte anual máximo de $831,200 en 2021. (Internews dio US$100.8 millones a “medios” de El Salvador)
El flujo de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hacia El Salvador a través de Internews alcanzó $100,799,208.00 entre 2022 y 2023 mediante el proyecto “Enabling and Protecting Civic Space (EPCS) Illuminating New Solutions and Programmatic Innovations for Resilient Spaces (INSPIRES)”, diseñado para “aumentar el conocimiento y la capacidad para responder a las restricciones de libertades democráticas de asociación, asamblea y expresión”. Este monto representó el 39.5 % del total asignado por USAID a Internews globalmente en ese período y el 39.6 % del presupuesto anual de la ONG.
Wikileaks documentó que Internews canalizó US$472.6 millones de fondos gubernamentales estadounidenses desde 2008, equivalentes al 95 % de su presupuesto, operando con al menos seis subsidiarias, una de ellas en Islas Caimán, y registrando su sede en un edificio abandonado en 876 7th St Arcata, CA 95521-6358. Jeanne Bourgault, CEO de Internews, percibió un salario de US$451,000 anuales y coordinó un fondo de US$10 millones con la Iniciativa Global Clinton en 2023.
Fuente: Datos abiertos OSF y USAID. Valores expresados en millones de USD.
En contraste, el presidente Nayib Bukele afirmó el 2 de febrero de 2025 que “la mayoría de los gobiernos no quieren que los fondos de USAID fluyan a sus países porque entienden dónde termina realmente gran parte de ese dinero. Aunque se comercializan como apoyo al desarrollo, la democracia y los derechos humanos, la mayoría de estos fondos se canalizan hacia grupos de oposición, ONG con agendas políticas y movimientos desestabilizadores. En el mejor de los casos, tal vez el 10% del dinero llega a proyectos reales”.
El 8 de febrero de 2025, Bukele sostuvo que “la gran mayoría de los periodistas y medios ‘independientes’ son, en realidad, parte de una operación mundial de lavado de dinero cuyo objetivo es impulsar la agenda globalista, junto con las ONGs financiadas bajo el mismo esquema”. Ya el 9 de octubre de 2024 había señalado que “los ‘periodistas’ pagados por Soros recibieron la orden de atacar con supuestos casos de corrupción. (…) Observen los ‘periodistas’ y medios que difunden estas supuestas ‘noticias’, y notarán que todos están financiados directamente por Soros a través de sus fundaciones (Open Society, Seattle Foundation, Human Rights Watch, etc.)”.
La Open Society Foundations respondió el 25 de septiembre de 2020 expresando sorpresa por las referencias presidenciales y subrayando que “Open Society Foundations ha trabajado en El Salvador desde el año 2006, apoyando organizaciones de sociedad civil y medios independientes trabajando para abordar la corrupción, reducir violencia, y aumentar la transparencia e independencia judicial”. La fundación afirmó que “lleva a cabo su trabajo de forma pública y transparente, en cumplimiento con todos los requerimientos legales del gobierno de Estados Unidos, así como la de otros países donde trabajamos – incluyendo El Salvador”, en un comunicado de la misma fecha.
Los balances presentados por Trípode S.A. de C.V. ante el CNR para los ejercicios 2014 fueron de US$500,743.67; para 2016 fueron de US$170,714.90; para el 2017 fueron de US$190,537.14; para 2018 fueron de US$206,272.85 constituyeron la base de las auditorías fiscales. Los US$1,460,000 recibidos por la sociedad entre 2016 y 2021 desde la Open Society Foundations no fueron declarados como ingresos gravables según las conclusiones de Hacienda, generando la determinación de la presunta evasión de US$200,000.
Carlos Dada indicó que las apelaciones contra esas conclusiones seguían sin sentencia definitiva, mientras la anotación preventiva sobre bienes personales de los socios —una cuenta bancaria y una residencia— operaba como garantía de pago ante la eventual deuda. La Comisión Interamericana recordó, en su resolución de ampliación de 2022, que el Estado salvadoreño “tiene que garantizar no solo en los procesos penales, sino también en los procesos impositivos, tiene que garantizar el debido proceso, lo cual evidentemente el estado de El Salvador ha incumplido completamente”, según lo detalla la organización en su resolución 32/2022.
La entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, que obliga a las organizaciones receptoras de financiamiento internacional a tributar el 30% sobre las donaciones en el Ministerio de Gobernación, cerró el margen para que fundaciones como Open Society transfirieran recursos sin ese gravamen a Trípode S.A. de C.V. y a otras entidades mediáticas. El traslado de la redacción de El Faro a San José, Costa Rica, en 2023, se produjo en ese contexto de “asfixia fiscal” -según lo tildó Carlos Dada, luego de conocerse que al menos siete periodistas serían objeto de órdenes de captura y de que los mecanismos de investigación y de medidas cautelares internacionales documentaran una campaña de estigmatización, espionaje y hostigamiento judicial contra El Faro, según lo detalla la CIDH .
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