Por Alessia Genoves
La Fiscalía General de la República (FGR) busca fortalecer su caso contra el ex-empresario de transporte público Catalino Miranda, acusado de presentar documentación falsa para obtener un crédito de más de 2 millones de dólares. Este sábado se llevará a cabo una audiencia especial en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador para nombrar a un perito permanente que analizará las finanzas de las empresas de Miranda.
Por otra parte, Miranda ya fue sentenciado a 3 años de prisión por desórdenes públicos y venta a precio superior, mientras que su hijo Adalberto Miranda recibió la misma condena por el delito de alzar ilegalmente el precio del pasaje de transporte, de acuerdo con la resolución establecida por el Tribunal Tercero de Sen Salvador.
Según informó la FGR, en la audiencia de este sábado la jueza establecerá los puntos que deberá indagar el perito permanente propuesto por la fiscalía. El objetivo es demostrar que las sociedades de Catalino Miranda no cumplían con el perfil financiero para lograr los créditos millonarios que obtuvo presuntamente con documentación falsificada.
“Este peritaje busca acreditar, de manera fehaciente, que las sociedades del señor Catalino Miranda no cumplían con el perfil financiero suficiente para acceder a estos créditos; y que, entonces, la documentación presentada ha sido falsificada”, explicó un fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero.
De acuerdo a las investigaciones, Miranda cometió el delito de falsedad ideológica en la modalidad de concurso real en diciembre de 2020 al presentar información financiera irreall para tramitar el cuantioso préstamo. La audiencia preliminar por este caso está agendada para finales de octubre.
En mayo de 2022, Catalino Miranda se declaró culpable en un proceso abreviado y fue sentenciado a 3 años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos y venta de servicios a precio superior por parte del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
La FGR detalló que se le impuso 1 año de prisión por vender el servicio de transporte a un precio mayor al establecido legalmente, mientras que los otros 2 años son por obstaculizar vías públicas con protestas de transportistas en marzo de 2022. En esa ocasión, Miranda desafió las políticas para estabilizar las tarifas de pasaje.
Por su parte, el hijo de Catalino Miranda, Adalberto Miranda Zepeda, fue hallado culpable este año del mismo delito de venta a precio superior y condenado a 3 años de cárcel por el Tribunal 3o de Sentencia. Adalberto Miranda es considerado prófugo de la justicia tras esta sentencia.
En septiembre de 2022, la FGR allanó 5 propiedades de Catalino Miranda para investigar posibles casos de lavado de dinero y activos. En los inmuebles encontraron evidencia de transacciones entre las empresas del empresario que aparentemente encubrirían actividades ilícitas.
“Se ha encontrado información financiera y legal de las sociedades Acostes de R.L, Acostes S.A. de C.V., Fosatrans; Capur S.A. de C.V, Acofancu S.A. de C.V.; Financiera Popular de R.L.; Acotesmi S.A. de C.V y, de igual manera, información personal del señor Catalino Miranda”, detalló la FGR sobre los hallazgos en los allanamientos.
Según la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, depositar, transferir o convertir fondos relacionados con actividades delictivas para ocultar su origen ilícito es sancionado con penas de 5 a 15 años de prisión y multas de hasta 2,500 salarios mínimos. La fiscalía mantendrá la hipótesis de que “por medio de sus sociedades ha efectuado acciones relacionadas con el delito del lavado de dinero y activos, mediante la instalación de diferentes negocios, dedicados a diferentes rubros del comercio”.
Indicios de lavado de dinero y activos
En septiembre de 2022, la FGR allanó 5 propiedades de Catalino Miranda para investigar posibles casos de lavado de dinero y activos. En los inmuebles encontraron evidencia de transacciones entre las empresas del empresario que aparentemente encubrirían actividades ilícitas.
“Se ha encontrado información financiera y legal de las sociedades Acostes de R.L, Acostes S.A. de C.V., Fosatrans; Capur S.A. de C.V, Acofancu S.A. de C.V.; Financiera Popular de R.L.; Acotesmi S.A. de C.V y, de igual manera, información personal del señor Catalino Miranda”, detalló la FGR sobre los hallazgos en los allanamientos.
Según la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, depositar, transferir o convertir fondos relacionados con actividades delictivas para ocultar su origen ilícito es sancionado con penas de 5 a 15 años de prisión y multas de hasta 2,500 salarios mínimos. La fiscalía mantendrá la hipótesis de que “por medio de sus sociedades ha efectuado acciones relacionadas con el delito del lavado de dinero y activos, mediante la instalación de diferentes negocios, dedicados a diferentes rubros del comercio”.
Además del caso de lavado de dinero, Catalino Miranda sigue siendo procesado por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica al haber presentado supuestamente documentación y facturas financieras untrue para tramitar créditos millonarios en beneficio propio.
El artículo 284 del Código Penal sanciona con prisión de 3 a 6 años a quien inserte declaraciones falsas al formalizar documentos públicos o auténticos para obtener beneficios indebidos. “La FGR sostiene que de dichas acciones, Catalino habría obtenido beneficios por créditos de hasta $2,000,000 de forma presumiblemente fraudulenta”, señaló un medio local al citar a la fiscalía.
En sus alegatos, Miranda ha negado las acusaciones y ha cuestionado el proceso judicial en su contra. “Para montar el ejemplo me han agarrado a mí y mandar un ejemplo a nivel nacional que el Estado es estricto y que así les va a pasar a todos, pero mal ejemplo porque en el estado de derecho no funciona así esta situación, en estado de derecho se respeta”, declaró a la prensa.
Salud de Miranda podría complicar procesos judiciales
Algunas versiones preliminares indican que el ex-empresario de transporte, de 67 años de edad, enfrenta problemas de salud que podrían complicar su situación legal en los procesos que se le siguen por cargos como lavado de dinero y falsedad ideológica.
“Mi representado en la actualidad padece de múltiples enfermedades crónicas, como cardiopatía hipertensiva e insuficiencia renal, por las cuales está siendo tratado con medicamentos de uso continuo”, afirmó su abogada defensora en una reciente audiencia judicial.
Mientras avanza el nuevo peritaje por el caso del crédito millonario, la situación procesal de Catalino Miranda se tornará más compleja en los próximos meses ante las acusaciones que enfrentará por supuestos delitos económicos cometidos al frente de su imperio de transporte público.
Además de los cargos por falsedad ideológica y lavado de dinero, el ex-empresario de transporte también fue hallado culpable de provocar desórdenes públicos y evadir el pago de impuestos al Estado, lo que agravó su situación legal.
En marzo de 2022, Catalino Miranda lideró una protesta de transportistas que obstaculizó vías públicas en rechazo a las políticas para estabilizar los precios del pasaje de transporte. Este hecho motivó que se le imputara el delito de desórdenes públicos tipificado en el artículo 348 del Código Penal.
“Cuando dos o más personas alteraren el orden público obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas para los que por ellas circulen o impidiéndoles la libre circulación o tránsito, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años”, cita la legislación penal.
Por este cargo, el Tribunal Tercero de Sentencia le impuso a Miranda una condena de 2 años de prisión que se sumó al año más por el delito de venta a precio superior del servicio de transporte.
Investigaciones de la Fiscalía también arrojaron que las empresas de transporte propiedad de Miranda evadieron durante años el pago de impuestos al Estado como el Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFFE) y el aporte a la Viceministerio de Transporte (VMT).
Estas irregularidades fiscales fueron uno de los principales móviles que desencadenaron los allanamientos a las propiedades de Miranda en septiembre de 2022, cuando se recolectó documentación financiera que evidenciaba un presunto entramado de evasión tributaria.
“Entre los hallazgos más relevantes está la omisión del pago de impuestos provenientes de las ganancias obtenidas por la venta del servicio del transporte público de pasajeros, así como la evasión de las contribuciones que estaban obligadas a realizar al Viceministerio de Transporte”, detalló la Fiscalía sobre las primeras pesquisas contra el empresario.
Desde ese momento se integraron estos nuevos elementos a la acusación contra Catalino Miranda, lo que prolongó y complejizó aún más el proceso judicial por los diversos delitos que se le imputan relacionados con su actividad de transportista.
No conformes con los delitos contra el orden socio-económico, las autoridades también vinculan a Miranda con actos de resistencia y agresión contra agentes del Estado que pretendían sancionar algunas de sus unidades de transporte. En dos oportunidades, efectivos policiales fueron agredidos por el personal de las empresas de Miranda cuando realizaban actos de control del transporte, según registros de la Fiscalía que reforzaron las imputaciones por resistencia agravada tipificada en el artículo 337 del Código Penal.
El que se opusiere mediante violencia, a la ejecución de un acto legal de un funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública será sancionado con prisión de seis meses a dos años”, establece dicho artículo. Debido a la gravedad y concurso de los múltiples delitos, las autoridades judiciales no han contemplado beneficios de conmutación de penas para Miranda, quien al ser hallado culpable afrontaría condenas que podrían superar los 9 años de prisión según los fiscales del caso.
Con nuevos peritajes ingresando al proceso, los embates legales para el ex-empresario de transporte y su familia aún no concluyen, mientras la justicia intenta esclarecer el presunto entramado delictivo en torno al manejo de su otrora poderoso consorcio de empresas de transporte público en el país.
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Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales
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