Redacción Diario Fuentes
US$38,574,722 constituyen el monto exacto de fondos incautados a la estructura financiera no autorizada Credicash, según estableció la Fiscalía General de la República (FGR) en conferencia de prensa brindada por el Fiscal General Rodolfo Delgado. La cifra corresponde a la suma entre el dinero inmovilizado en cuentas bancarias a nombre de Gerson Adriel Orellana Ayala y el efectivo hallado en su vivienda y en las instalaciones de la estructura, ubicada en el municipio de Chalatenango, sin autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para operar en actividades financieras.
212 víctimas integran la primera etapa de devolución de fondos anunciada por Delgado, correspondiente a depósitos de hasta $5,000, equivalentes a más de $1,000,000 que serán restituidos dentro de un plazo estimado de 10 días hábiles. 8,654 denuncias y 18,000 contratos conforman, hasta el momento, el universo documentado del esquema, calificado por la FGR como captación ilegal de fondos del público, en perjuicio del orden socioeconómico.
$38,5 millones entre cuentas bancarias y efectivo
US$38,574,722 fue la cifra que estableció la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos de la FGR, entre los fondos inmovilizados en cuentas bancarias a nombre de Orellana Ayala y el efectivo decomisado en su vivienda y en las instalaciones de Credicash. Declaró el Fiscal General: “La cifra que hemos logrado establecer entre lo que se inmovilizó en cuentas bancarias a nombre del principal involucrado, Gerson Adriel Orellana Ayala, y el dinero en efectivo que se encontró en su vivienda y en las instalaciones de Credicash, asciende a la cantidad de US$38,574,722” . ultimó en la última conferencia de junio de 2026. e La cifra ratifica la estimación inicial de US$38,000,000 reportada en el primer allanamiento, que ya incluía los US$10,381,236.74 inmovilizados en cuentas bancarias informados en esa intervención.
El Ministerio de Hacienda resguarda actualmente la totalidad de los fondos recuperados. Precisó Delgado: “Estos fondos se encuentran debidamente resguardados, fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hacia las instalaciones en las cuales el Ministerio de Hacienda resguarda los fondos ajenos en custodia”.
Incautados fueron 231 vehículos, entre buses, sedanes, camioncitos destinados a transporte de pasajeros y motocicletas, durante los allanamientos practicados en Chalatenango y Nueva Concepción, además de inmuebles adquiridos con fondos del esquema. Antecedentes de estafa desde el año 2020, investigados en la Fiscalía de Chalatenango, y vínculos con la pandilla MS, asociados a la colocación de préstamos a comerciantes informales del mercado de Chalatenango, fueron documentados por la unidad fiscal a cargo del caso. Declaró Delgado: “Nuestra intención es identificar a todos los responsables, identificar la ruta de ese dinero. Es necesario que desconfíen de cualquier oferta que prometa ganancias altas, rápidas y sin riesgo”.
? Montos involucrados (USD)
Efectivo incautado · Cuentas bloqueadas · Desvío Cosavi · Deuda municipal a Cosavi
Fuente: FGR · Diario Fuentes · Datos exactos del caso
Devolución por 8,654 denuncias y 18,000 contratos en proceso de validación
8,654 personas han presentado denuncia ante la FGR por el caso Credicash, según el reporte oficial de la institución. Afirmó Delgado: “Hemos atendido a la cantidad de 8,654 personas que han presentado su denuncia” . 18,000 contratos vinculados al esquema se encuentran bajo análisis, dentro de un proceso de identificación y documentación individual mediante el cual se acredita el depósito realizado por cada víctima y se verifica el origen de los fondos.
? Denuncias y contratos en el caso Credicash
Personas denunciantes y contratos bajo análisis
Fuente: FGR, reporte oficial
300 a 400 personas son atendidas diariamente por la FGR en la actualidad, frente a las 20 a 30 denuncias diarias registradas al inicio del proceso. Delgado atribuyó el incremento a la transparencia del mecanismo de atención: “Pasamos de recibir al principio un aproximado de 20 a 30 denuncias a estar atendiendo más o menos entre 300 y 400 personas al día” .
212 víctimas integran la primera fase de devolución de fondos, correspondiente a depósitos de hasta $5,000. Explicó el Fiscal General: “Son 212 personas. Estas 212 personas corresponden a una primera fase, a una primera fase más grande, que abarca desde las personas que depositaron hasta las personas que depositaron $5,000”. Denuncia presentada y documentación completa, requeridas por la institución, son condición para integrar esta primera fase.
? Primera fase de devolución
212 víctimas (depósitos hasta $5,000) recibirán ~$1,000,000
Fuente: FGR, junio 2026
US$1,000,000, aproximadamente, será devuelto en esta etapa. Afirmó Delgado: “A estas personas se les va a estar devolviendo un aproximado que sobrepasa el millón de dólares”. 10 días hábiles es el plazo estimado para completar la fase, según el cronograma fiscal. Contacto directo por parte de la FGR, por motivo de seguridad, será el mecanismo de notificación a las víctimas beneficiadas, distinto al utilizado por Orellana Ayala para la captación original de fondos.
Pero los rendimientos o intereses devengados no serán reconocidos en el proceso de devolución, al provenir del propio esquema de estafa. Precisó Delgado: “No podemos hablar en este caso de intereses devengados por montos que pertenecen o forman parte de un esquema de estafas, en el cual la supuesta rentabilidad era en realidad el dinero de otras personas” . Capital aportado, con origen lícito acreditado, será el único concepto objeto de devolución.
Ahorros, préstamos o ingresos derivados de actividad económica legal constituyen las fuentes de fondos que las víctimas deben acreditar ante los fiscales asignados al caso, dentro de un proceso desarrollado bajo estricta supervisión judicial.
Captación ilegal de fondos y lavado de activos
Defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos son los delitos imputados a Gerson Adriel Orellana Ayala, tipificados en el artículo 24-1a del Código Penal, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos del público, y en el artículo 40 de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ambos delitos fueron calificados en perjuicio del orden socioeconómico y de las personas que confiaron sus ahorros al imputado.
Declaró el Fiscal General: “El imputado ha sido identificado como Gerson Adriel Orellana Ayala, ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de activos, ambos en perjuicio del orden socioeconómico y particularmente en perjuicio de las personas que le confiaron su dinero a esta persona”, según se detalla en el Artículo 24-1a Código Penal; artículo 40, Ley Especial contra el Lavado de Activos.
Ninguna regulación aplicable a entidades financieras fue cumplida por Credicash, según estableció la FGR en la actualización del caso. Afirmó Delgado: “No cumplieron con absolutamente ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresas, y ni siquiera se tomaron la molestia de mantener cuando menos una contabilidad formal, que es necesaria en cualquier tipo de negocio”. Redes sociales y comunicación boca a boca constituyeron los canales de captación de inversionistas, mediante ofertas de rendimientos extraordinarios sin respaldo en actividades económicas reales y sostenibles.
5% mensual era el interés que Credicash cobraba en préstamos a terceros, mientras prometía a sus inversionistas un rendimiento del 10% mensual, según estableció la investigación inicial: una operación matemática sin lógica financiera que respalde el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Nuevos inversionistas financiaron, con sus aportes, los pagos a quienes habían ingresado previamente al esquema, en una dinámica que generó apariencia de rentabilidad y confianza. Sin la intervención fiscal y de la SSF, advirtió Delgado, “se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero”, según lo detalló en la Conferencia de junio.
Los contratos de mutuo autenticados ante notario fueron el mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad a las inversiones captadas. Declaró el Fiscal General en la fase inicial de la investigación: “Se utilizó un mecanismo para dar apariencia de legalidad: la firma de contratos de mutuo ante notario. Esto hizo que muchas personas sintieran que su dinero estaba protegido”.
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