Por Alessia Genoves, Carlos Arita y Neftalí Hernández Pereira
Al 92.6% han caído los homicidios intencionados desde la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales y la declaración oficial de la Guerra Contra Pandillas, al 28 de mayo de 2026. A la fecha, 27 homicidios intencionados han sido confirmados por la Policía Nacional Civil (PNC) de manera pública; frente a los 48 identificados por la misma institución en la misma fecha, lo que define una reducción del 43.75%. Los resultados, que definen una mejora respecto a los 363 homicidios intencionados identificados a mayo de 2022, son consecuencia directa de la aplicación de las políticas de seguridad pública, que ha sido prorrogada en la Asamblea Legislativa hasta 51 veces debido a “la aún existencia de grupos terroristas”.
92,300 personas han sido detenidas, en el contexto de la Guerra Contra Pandillas y el Régimen de Excepción. No obstante, al mes de noviembre de 2024, el presidente Bukele declaró, en su visita a Costa Rica, que al menos “8,000 personas inocentes fueron liberadas”, al resultar ser sobreseídas de las acusaciones que les imputaron. La cifra no ha sido actualizada a la fecha, y las detenciones de pandilleros continúan; pero el margen de personas inocentes frente a las detenciones deja un saldo de 91,800 personas detenidas, que supera a la estimación de los 76,600 pandilleros en libertad que la PNC habría estimado hasta 2017.
530 personas habrían muerto en las cárceles de El Salvador, en el mismo contexto, se?un lo declaró el Socorro Jurído Humanitario (SJH). El dato habría sido actualizado al 27 de mayo de 2026, inmediato a la última prórroga del Régimen. En ese contexto, al 21 de mayo se dio a conocer la muerte de Carlos Erneto Mojica, el “Viejo Lin”, líder de la Mara 18, asociada en participar en las más de 116,000 muertes en el país desde el año 1994 a la fecha. Mientras tanto, el SJH indica en sus datos que un “94% de los fallecidos no eran mareros”, sin identificar textualmente a terroristas como el Viejo Lin. Frente a ello, no obstante, la cantidad de personas detenidas supera en un 130% a la capacidad instalada de los Centros Penales; y las situaciones conjutas a las operaciones del Régimen saldarían más de 6,300 señalamientos de ONG’s de presuntas vulneraciones a Derechos Humanos, susttentadas ante la Comisión Inter-americana de los Derechos Humanos (CIDH), y el cumplimiento pendiente del 70% de sus recomendaciones.
Las 51 prórrogas al Régimen han sido aprobadas por la Asamblea, durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 111, a través de la Pieza de Correspondencia 1-A, según el documento, las detenciones acumuladas de personas acusadas de pertenecer o colaborar con maras y pandillas ascienden a 92,300. La justificación oficial para mantener la suspensión señala que “las condiciones bajo las cuales fueron suspendidas las garantías constitucionales aún se mantienen respecto de las tres últimas” y que “el gabinete de seguridad ha mantenido una actividad operativa constante orientada a la localización y captura de integrantes de distintos niveles jerárquicos”.
Los derechos constitucionales suspendidos por el Decreto No. 333, aprobado el 27 de marzo de 2022, son los establecidos en los artículos 7, 12 inciso 2°, 13 inciso 2° y 24 de la Constitución de la República. El artículo 7 se refiere a la libertad de asociación. El artículo 12 inciso 2° garantiza que “toda persona detenida será informada inmediatamente y de modo comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar”. El artículo 13 inciso 2° establece el plazo de detención administrativa de 72 horas, pero bajo el régimen se ha ampliado a 15 días. El artículo 24 protege la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
27 homicidios a mayo 2026 frente a los 364 a mayo 2022
Los homicidios intencionados acumulados de enero a mayo de 2026 suman 27, según los reportes mensuales de la FGR y la PNC: 4 homicidios al 31 de enero, 5 al 28 de febrero, 10 al 31 de marzo, 3 al 30 de abril y 5 al mes de mayo de 2026. Este acumulado representa una reducción del 92.6% frente a los 364 homicidios registrados en el mismo período de enero a mayo de 2022, año en que se implementó el Régimen de Excepción en marzo. En comparación con el acumulado de enero a mayo de 2025, que sumó 48 homicidios, la disminución es del 43.75%. La PNC reportó que en abril de 2026 se acumularon 27 días sin homicidios, y que los cinco homicidios registrados entre abril y mayo de 2026 fueron cometidos con arma blanca.
Fuente: FGR / PNC
El año fiscal 2022 cerró con 496 homicidios intencionados, mientras que el año fiscal 2024 cerró con 114 homicidios, una reducción del 77%. De enero a octubre de 2022 se registraron 323 homicidios, frente a los 82 homicidios del mismo período de enero a octubre de 2025, lo que implica una caída del 74.6%. La tendencia descendente se consolida al comparar con años previos al régimen: en 2019 se reportaron 2,390 homicidios; en 2020, los homicidios descendieron a 1,341; y en 2021, a 1,147 homicidios. La variación entre 2019 y 2024 es del 95.2%, y entre 2021 y 2024 es del 90.1%. La PNC atribuye estos resultados a “el trabajo coordinado de Inteligencia Policial y operativos de control territorial”.
Fuente: FGR y PNC
El 29 de mayo de 2026, la PNC informó que el país acumulaba 1,440 días sin homicidios. Sin embargo, la persistencia de casos aislados mantiene activa la alerta. El 3 de mayo de 2026 se reportó el homicidio de un hombre de nacionalidad nicaragüense con arma blanca en San Miguel Centro. El 8 de mayo, un hombre de 67 años fue lesionado con arma blanca en Coatepeque, Santa Ana Este. El 9 de mayo, una mujer fue asesinada con arma blanca en Tamanique, La Libertad Costa. El 30 de abril (reportado el 4 de mayo), una mujer de 65 años fue lesionada con arma blanca en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
CIDH: 70% de recomendaciones pendientes de cumplimiento y 17% incumplidas
El más reciente informe de seguimiento de la CIDH, publicado en 2026, evaluó 23 recomendaciones emitidas al Estado salvadoreño en materia de derechos humanos durante el régimen de excepción. La Comisión determinó que ninguna recomendación alcanza un nivel de cumplimiento total o parcial sustancial. El desglose establece que 3 recomendaciones (13%) se encuentran en cumplimiento parcial, 16 recomendaciones (70%) están pendientes de cumplimiento, y 4 recomendaciones (17%) fueron clasificadas como incumplidas. La CIDH señaló en su resumen ejecutivo: “El Salvador, con bajo cumplimiento de recomendaciones relacionadas al régimen y seguridad pública, según informe”. Entre los ejes temáticos evaluados se incluyen políticas públicas, reformas normativas, condiciones de detención, acceso a la justicia y transparencia, todos calificados como pendientes de cumplimiento.
Fuente: Informe CIDH
El informe de la CIDH detalla que “no se ha avanzado en la elaboración de diagnósticos sobre necesidades actuales de la Procuraduría General de la República (PGR), la FGR y el Poder Judicial” y que “la información solicitada fue declarada reservada o incompetencia para cada caso correspondiente”. Respecto al plan de retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, la CIDH constató que “el decreto que permite a los miembros de la FAES realizar tareas de seguridad se ha prorrogado nuevamente” y que “existe un incremento en las intervenciones de la FAES en tareas de seguridad pública”. En cuanto a la prisión preventiva, la Comisión subrayó que “no se han modificado, incorporado o adoptado medidas alternativas a la detención preventiva” y que “no se encontró un protocolo ni un sistema de revisión sobre prisión preventiva”.
530 las muertes en cárlcel, y más de 6,000 denuncias
SJH actualizó su conteo de fallecidos bajo custodia estatal al 28 de mayo de 2026, reportando 530 presuntas muertes en centros penales desde el inicio del régimen de excepción. La organización difundió el dato a través de su cuenta oficial: “Socorro Jurídico Humanitario contabiliza 530 muertes en las cárceles de El Salvador desde el inicio del régimen de excepción”. Este incremento es progresivo en cada prórroga: 492 muertes durante la 48ª prórroga, 470 en la 47ª prórroga, 462 en la 45ª prórroga y 435 en la 44ª prórroga. El informe del SJH sostiene que “existe suficiente evidencia que durante la aplicación del Régimen de Excepción en El Salvador, hay una sistemática violación a los Derechos Humanos por parte de Agentes Estatales como: detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, tortura y actos inhumanos crueles y degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.
Fuente: SJH / PNC
La directora del SJH, Ingrid Escobar, declaró en el informe: “Estimadas y estimados lectores: Reciban un saludo fraterno y solidario. Desde el Socorro Jurídico Humanitario presentamos este informe con el compromiso de visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el régimen de excepción en El Salvador. Cada dato aquí recogido representa una vida, una historia truncada por el Estado de El Salvador, y una denuncia que exige justicia.” El informe añade que “un alto porcentaje de personas que entraron al sistema penitenciario sanas no duraron ni un mes presas y perecieron” y que “la proliferación de enfermedades graves en los centros penales es preocupante, y la atención médica casi inexistente, debido a la gran cantidad de internos”.
El 21 de mayo de 2026 falleció en prisión “el Viejo Lin”, uno de los fundadores de la Mara Salvatrucha en Los Ángeles. Mojica Lechuga estaba procesado por organizaciones terroristas y su muerte fue confirmada por la misma Dirección General de Centros Penales (DGCP) a finales de mayo de 2026. La cifra de 530 reportada por el SJH el mismo mes plantea la interrogante sobre si el deceso de este pandillero de alto rango fue contabilizado dentro de ese total, lo que cuestionaría la afirmación del SJH de que “el 94% de los fallecidos no eran pandilleros”. El propio informe del SJH señala que “la cantidad real de fallecidos en el Sistema Penitenciario y Bartolinas Policiales durante la aplicación del Régimen de Excepción se desconoce, debido que toda la información oficial es reservada; pero se infiere que pudiera triplicar el dato que se ha estudiado en el presente informe”.
Fuente: SJH
Entretanto, la CIDH ha solicitado en reiteradas ocasiones al Estado salvadoreño, la derogación del Régimen. En su informe de junio de 2024, la CIDH señaló que “no basta afirmar que la emergencia existe, sino que el Estado debe identificar cuál es la situación y justificar por qué esta se encuadra en alguna de las circunstancias específicas enumeradas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. La Comisión también advirtió que “las normativas que extienden la suspensión de garantías no han cumplido con ese requisito, dado que no presentan datos o hechos específicos que fundamenten las graves perturbaciones del orden público”.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Azul Originario, Amate LGBT y Cristosal han documentado violaciones sistemáticas. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA, que conjunta a estas organizaciones, reportó que entre abril y junio de 2025 se registraron 23 muertes violentas y 12 hallazgos de cadáveres en cementerios clandestinos. El OUDH también estimó que el hacinamiento carcelario global alcanza el 250%, con el antiguo sistema penitenciario operando al 322% de su capacidad (30,864 cupos albergando a 99,410 personas). El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con capacidad para 40,000 personas, tenía una ocupación estimada del 37% (14,820 reclusos). La tasa de personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes ascendió a 1,889.5 hasta junio de 2025.
Por otra parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró en noviembre de 2024 durante una visita a Costa Rica que más de 8,000 personas han sido liberadas tras el sobreseimiento de los delitos que justificaban su detención. Bukele afirmó: “Ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes.” Esta declaración reconoce la existencia de detenciones arbitrarias dentro del marco del régimen de excepción. Organizaciones de derechos humanos estiman que aproximadamente el 30% de las 92,300 personas detenidas no tenían vínculos reales con pandillas. El SJH señala que “la mayoría de fallecidos de este estudio fueron detenidos durante la aplicación del régimen de excepción, a quienes les imputaron el delito de agrupaciones ilícitas, la mayoría sin ser pandilleros”.
Fuente: OUDH / DGCP
La PDDH recibió 81 denuncias por detenciones arbitrarias entre abril y junio de 2025, según el boletín del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH). El OUDH estimó que entre abril y junio de 2025 se realizaron aproximadamente 1,400 capturas, y que el 85% de las víctimas de detenciones arbitrarias son de género masculino y el 65% tienen entre 18 y 35 años. La PDDH también registró 293 hechos violatorios contra personas privadas de libertad entre 2022 y 2024, de los cuales el 55.6% corresponden a vulneraciones del derecho a la salud.
La Mao, la MS y la 18 siguen matando
La PNC mantuvo operativos de captura durante diciembre de 2025 y mayo de 2026 como parte de la estrategia de extracción de terroristas. El 5 de diciembre de 2025 fue capturado un extorsionista en el cantón El Progreso de Santa Tecla, junto con Ruth Marcela Guerrero, Dennis Alexander Vázquez y Richard Balmore Ramos, quienes contaban con orden de captura vigente por agrupaciones ilícitas. El 29 de diciembre de 2025 fue arrestado Ronald Adonay Monge Henríquez, alias “El Diablo de Tonaca”, perfilado por la PNC como terrorista de la MS13 y “quien aseguraba tener el mando de un sector de la pandilla”. En diciembre de 2025, la FGR logró la condena de 248 pandilleros de la MS-13 por homicidios, desapariciones de personas y otros delitos.
El 22 de mayo de 2026, la PNC capturó en Arcatao, Chalatenango Sur, al responsable de un homicidio ocurrido mientras dos sujetos consumían alcohol. El 24 de mayo de 2026 fue detenido Luis Enrique Hernández Martínez, conductor de la Ruta 11, quien atropelló y mató a un motociclista del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) en el Centro de San Salvador. La PNC señaló que “el motorista del microbús no respetó el semáforo en rojo” y será remitido por homicidio culposo.
El 26 de mayo de 2026 fue capturado Douglas Mauricio Vásquez Martínez, alias “el Snyper”, perfilado como “el primer ranflero de la zona oriental” de la MS13. La PNC detalló que tiene órdenes de captura por “Homicidio agravado, Feminicidio agravado, Organizaciones terroristas, Actos preparatorios, conspiración y asociaciones delictivas, Tráfico ilícito, Extorsión agravada, Agrupaciones ilícitas”. Fue localizado escondido en un taller del barrio Concepción, en San Miguel, y se le decomisaron tres armas de diferentes calibres.
El 27 de mayo de 2026 se reportó la captura de Edwin Alejandro Castro Hernández, alias “Street boy”, miembro de la Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin alerta migratoria. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró: “Este sujeto venía sin ningún tipo de alerta migratoria en un vuelo federal e intentó ingresar al país, pero al pasar por nuestros controles especializados, quedó en evidencia quién es: un miembro de la organización terrorista Barrio 18”.
El 29 de mayo de 2026, la PNC informó sobre la captura de Irvin Stanley Vanegas Ramírez de 36 años, Karen Marcela Ávila de Marroquín de 34 años y Gustavo Heriberto Coto Caballero de 37 años, dedicados a la venta de droga en San Salvador. En dos viviendas se incautaron 2.5 kilogramos de cocaína valorada en $63,025.20, $15,910 en efectivo y tres vehículos. Los tres serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas.
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