Por Alessia Genoves
La Fundación Cristosal anuncia el cierre oficial de sus instalaciones en El Salvador, tras la aprobación y vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros. El anuncio lo oficializó el 17 de julio de 2025 la suspensión de sus operaciones en El Salvador tras 25 años de trabajo en defensa de los derechos humanos, debido a la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) que impone un gravamen del 30% sobre los ingresos de organizaciones no gubernamentales, y la detención de su directora del área de Anticorrupción y Justicia, Ruth Eleonora López.
Según el director ejecutivo Noah Bullock, la organización continuará sus actividades desde Guatemala y Honduras ante un contexto donde “más de 86,000 personas han sido detenidas” bajo el Régimen de Excepción y sostiene que“cerca del 60% de la población teme opinar o protestar por miedo a represalias”, según encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Los precedentes incluyen las detenciones del abogado Salvador Enrique Anaya Barraza tras ser acusado de lavado de dinero y vinculado a un embargo de $38,107,554.91, y del ex funcionario Eugenio Chicas Martínez por enriquecimiento ilícito de $202,557.51.
No obstante, Bullock omitió detallar que Eleonora López ha sido acusada de cometer el delito de enriquecimiento ilícito, mientras fue asesora jurídica del ex-titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas. También omitió detallar que la vigencia de la Guerra Contra Pandillas, paralela al Régimen de Excepción, ha logrado contraer las cifras de homicidios intencionados, de 496 a los 114 de 2022 a 2024, con una relación del 77% menos, según datos estadísticos de la Fiscalía General de la República (FGR)
Cristosal suspende operaciones
Cristosal comunicó oficialmente que “tras 25 años de defensa de los derechos humanos en El Salvador, anuncia la suspensión de sus operaciones en el país ante la escalada de criminalización de defensoras y defensores, la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) y la débil independencia institucional”, según presume. La organización estableció que “su trabajo continuará reorganizado y comprometido desde nuestras sedes en Guatemala y Honduras”.
La decisión surge en un contexto donde, según el comunicado oficial, “el régimen de los hermanos Bukele ha desmantelado los principios básicos de la democracia” y “bajo un estado de excepción permanente y con control casi absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho”. El director ejecutivo Noah Bullock explicó en entrevista con CNN que “estamos en el momento poniendo la prioridad en la protección de la organización y su gente y eso incluye a Ruth López y los más los demás defensores de derechos humanos que están presos. No le servimos de nada si nosotros también estamos presos”.
Por otra parte, la LAEX representa un instrumento regulatorio a las organizaciones no gubernamentales. Bullock sostiene que la ley “convierta derechos como la libertad de asociación y expresión en privilegios otorgados por el régimen con la condición que la ciudadanía se limita a actividades que no les incomodan”. La normativa “le da facultades muy amplias y discrecionales para aplicar la ley” y establece que “ellos mismos dicen que lo van a aplicar de una forma flexible”.
Bullock precisó que el impacto tributario ya se había materializado previamente, indicando que “el ministro de Hacienda hace 2 años nos quitó la excepción de impuestos siendo una organización sin fines de lucro. Ya pagamos impuestos”. Para la organización, “el tema no es un tema de impuestos” sino que “con la ley y con el contexto autoritario en que vivimos en El Salvador. No hay seguridad jurídica para la organización y nuestro personal”.
En el comunicado oficial, Cristosal caracterizó la LAEX como “un instrumento de control autoritario” que “impone sanciones discrecionales, impuestos punitivos y vigilancia estatal para censurar y castigar a las organizaciones independientes”.
Detención de Ruth Eleonora López y acusaciones de peculado
Ruth Eleonora López, directora del área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue detenida por la FGR bajo acusaciones de peculado. La institución estableció vínculos entre López y el caso del ex funcionario Eugenio Chicas, señalando: “Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), primero como Magistrado y luego como Presidente del TSE”.
La Fiscalía documentó que López “continuó desempeñándose como su mano derecha, durante su gestión como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, mientras ocupaba el cargo de asesora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social”. Según el comunicado oficial, “durante estos períodos, Ruth López colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado”.
López desarrolló una extensa carrera en la administración pública salvadoreña. Según documentación periodística, trabajó “como asesora del entonces magistrado del TSE Eugenio Chicas desde 2004 hasta 2009, y continuó junto a él cuando asumió la presidencia de la institución (2009-2014)”. En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) llegó “a ganar $3,601.16 dólares mensuales”.
Los registros indican que “López y su esposo, Luis Alan Benavidez, percibieron unos $11,000 dólares en concepto de viáticos entre 2011 y 2013 desde fondos provenientes del TSE”. López realizó “ocho viajes, por los que recibió US$5,970 dólares, más US$3,120 dólares adicionales por la gestión de un diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Pero la detención de Ruth López generó reacciones de organizaciones internacionales. Entre las organizaciones denunciantes, la Washington Office on Latin America (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, Human Rights Watch, Amnesty International y otras doce entidades internacionales emitieron un pronunciamiento conjunto donde sostuvieron que el “Régimen de Excepción no sólo se usa para contener la violencia de pandillas, sino también como herramienta para silenciar voces críticas”, como “organizaciones de sociedad civil y periodistas”.
IDHUCA, donde López es docente, expresó que “este hecho ocurre en un contexto de creciente erosión del espacio cívico, de criminalización de la libertad de expresión y de hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos”. Cristosal estableció su continuidad operativa desde el exterior, indicando que “nos estamos reorganizando para cuidar nuestras voces y aportar para que la defensa de los derechos humanos se mantenga viva, libre y al servicio de las víctimas”. La organización precisó que “llevamos más de 25 años acompañando a quienes enfrentan abusos del poder y seguiremos haciéndolo”.
Bullock explicó la estrategia de trabajo desde el exterior: “lo podemos servir mejor estando afuera que estando constantemente siendo criminalizado y atacado en el Salvador” y que “obviamente estamos en un momento de adaptación y bueno, en El Salvador, por lo menos en contextos autoritarios como El Salvador, en que el presidente puede dictar cómo van a ser las cosas, todo puede cambiar de un día a otro”.
Caso Eugenio Chicas: enriquecimiento ilícito de $202,557.51
El caso contra Eugenio Chicas Martínez por enriquecimiento ilícito estableció precedentes relevantes para las investigaciones posteriores. Las investigaciones detallaron irregularidades específicas durante sus diferentes cargos públicos, con montos cuantificados por período.
Como Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral (2009-2014), “se detectaron pagos de deuda de tarjetas de crédito por $42,200, de los cuales sólo justificó $4,000 producto de retiros bancarios, quedando $38,200 sin justificar”. Durante su función como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia (2015-2018), el Acta de Corte Plena documenta “una disponibilidad negativa de $135,331.22 de la que no se justificó nada”. Como Diputado del Parlamento Centroamericano (2018-2021), “se registraron irregularidades por $53,131.49 y solo se identificaron algunas justificaciones”.
Inicialmente, según consta en el Acta No. 91 del 8 de diciembre de 2022 de la Corte Plena de la CSJ, “se identificaron 29 inconsistencias que sumaban $305,250.59 en el patrimonio del ex funcionario”. Tras un descuento de US$22,756.38 (7.45% del monto total) por documentación justificativa presentada, el monto cuestionado quedó en US$282,494.21″.
La Cámara Segunda de lo Civil validó en noviembre de 2024 las acusaciones de la FGR, aunque “redujo el monto final a US$202,557.51 tras una revisión adicional de la documentación presentada”. La resolución estableció que Eugenio Chicas Martínez “es acusado por inobservancias por US$173,705.57”, mientras que “Blanca Estela Martínez (cónyuge), por US$11,282.00”, “Ernesto Carlos Chicas González (hijo), por $1,080.44” y “Ana Lucía Ramírez Ayala (ex cónyuge) por un monto US$16,489.50”.
Detención de Salvador Enrique Anaya Barraza por lavado de dinero
Salvador Enrique Anaya Barraza, abogado constitucionalista, fue detenido bajo acusaciones de “lavado de dinero y activos” por la FGRa. La institución fundamentó la captura en “el artículo 27 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos” y estableció que “será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días”. El caso se vincula con el litigio promovido por QUIMAGRO, S.A. de C.V. contra Banco Cuscatlán, donde Anaya Barraza fungió como representante legal del banco. La Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección Centro de San Salvador decretó medidas cautelares en el expediente 92-MQCM-21, “imponiendo un embargo preventivo sobre los activos de Banco Cuscatlán y sus asociaciones de bancos por un monto de US$38,107,554.91”.
La resolución F12EC estableció: “Se decreta el embargo preventivo sobre bienes, valores y cuentas por la suma de $38,107,554.91, más un tercio para intereses y costas procesales”. QUIMAGRO alegó que Scotiabank El Salvador, posteriormente fusionado con Banco Cuscatlán, “incurrió en vicios contractuales y prácticas abusivas al preparar un crédito agrícola en 2018, cuya ejecución dejó a la empresa sin liquidez operativa, provocando pérdidas millonarias y el incumplimiento de garantías”.
En el proceso de amparo 181-2005, promovido por Quimagro contra Anaya Barraza, “la Sala de lo Constitucional formuló observaciones respecto a su ejercicio profesional” y “se documentaron recusaciones infundadas y dilaciones reiteradas en procedimientos civiles, lo que la Sala calificó como prácticas contrarias a los principios de buena fe y celeridad procesal”.
About The Author
Descubre más desde Diario Fuentes
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
COMENTARIOS (0)