Por Alessia Genoves

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la 37ª prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, extendiendo por 30 días más la política de seguridad implementada desde marzo de 2022. Datos de la Fiscalía General de la República (FGR) confirman una reducción de homicidios intencionados de 496 al cierre del año fiscal 2022 a 114 al cierre del año fiscal 2024, que equivale a una reducción del 77.05% de los casos reportados.

Durante el primer trimestre de 2025 se han registrado 18 homicidios intencionados, frente a los 323 contabilizados en igual período de 2022, representando una disminución del 94.4%. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reporta 378 muertes ocurridas en centros penales durante la vigencia del régimen. Mientras que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha confirmado la liberación de más de 8,000 personas tras ser sobreseídas, de un total de 82,963 detenidos, mientras el SJH estima que existirían hasta 12,000 casos de personas inocentes en el sistema penitenciario.

Guerra Contra Pandillas y Derechos Exceptuados

La Asamblea Legislativa aprobó la 37ª prórroga al Régimen durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 50, mediante la aprobación de la Pieza de Correspondencia 1-A. La normativa fue adoptada con 57 votos a favor, mediante votación nominal y pública, tras ser aprobada con dispensa de trámite. Esta nueva extensión mantiene vigente la Excepción de Garantías Constitucionales por 30 días adicionales, acumulando 1,110 días de implementación ininterrumpida desde marzo de 2022.

Ésta medida excepcional tiene su fundamento en el artículo 24 de la Constitución de la República de El Salvador, que establece la posibilidad de suspender determinadas garantías constitucionales cuando “continúen las circunstancias concomitantes que lo motivaron”. El Decreto No. 333, aprobado en marzo de 2022, específicamente suspende tres derechos fundamentales: “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” (artículo 12, inciso 2º), la limitación temporal de la detención administrativa —que pasa de 72 horas a 15 días—, y la inviolabilidad de la correspondencia (artículo 24).

Organizaciones de derechos humanos han presentado múltiples solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo la suspensión del Régimen de Excepción. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Justicia Internacional, argumentan sus petitorias por “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, que enumeran hasta 6,305 reportes, según establece un informe conjunto de estas organizaciones.

Homicidios caen en más del 77%

La FGR evidencian una transformación significativa en los índices de homicidios en El Salvador. En 2019, el país registró 2,398 homicidios, equivalentes a una tasa de 37.6 por cada 100,000 habitantes. Esta cifra experimentó una reducción del 45.6% en 2020, cuando se contabilizaron 1,341 homicidios. En 2021, los homicidios disminuyeron a 1,162, representando una reducción adicional del 12.4%.

La implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022 coincide con una caída abrupta en las estadísticas. Al cierre del año fiscal 2022, se registraron 496 homicidios intencionados, distribuidos en 429 casos relacionados con delincuencia general, 36 por intolerancia social y 31 por intolerancia familiar. Esta cifra representó una disminución del 57.3% respecto a 2021.

Homicidios Intencionados, datos de la Fiscalía General de la República (FGR) de enero 2022 a marzo 2025

Para 2023, los homicidios intencionados totalizaron 154, con la siguiente distribución: 53 relacionados con delincuencia general, 54 por intolerancia social y 47 por intolerancia familiar. Esta cifra representó una reducción del 69% en comparación con 2022. Al cierre del año fiscal 2024, los datos oficiales contabilizaron 114 homicidios intencionados, distribuidos en 33 relacionados con delincuencia general, 34 por intolerancia social y 47 por intolerancia familiar, lo que supone una disminución adicional del 26% respecto a 2023.

Para el año 2024, se reportaron varios homicidios; desde enero (9), febrero (7), marzo (13), abril (7), mayo (17), junio (5), julio (15), agosto (20), septiembre (9), octubre (5), noviembre (6) y diciembre (1). Si se compara con los promedios mensuales de años anteriores, se evidencia una reducción del 94.3% respecto al promedio mensual de 2019 (203 homicidios).

En comparación entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2025, entre enero y marzo de 2022, justo antes de la implementación del Régimen de Excepción, la FGR contabilizó 323 homicidios intencionados: enero (82), febrero (76) y marzo (165). En contraste, durante el primer trimestre de 2025, se han registrado 18 homicidios: 6 en enero, 5 en febrero y 7 en marzo. Esta comparación refleja una reducción del 94.4% para el mismo periodo.

Según las estadísticas de la FGR, durante el año 2025 se registró 1 homicidio relacionado con delincuencia general, 9 por intolerancia social, 1 por intolerancia familiar, y 7 casos en marzo pendientes de categorización específica. Esta composición sugiere una disminución más pronunciada en los homicidios vinculados directamente a la actividad de pandillas y grupos criminales organizados.

Por otra parte, la reducción entre 2019 y el primer trimestre de 2025 alcanza el 99.25%, transformando radicalmente el panorama de seguridad pública del país. Si se considera específicamente el periodo desde la implementación del Régimen de Excepción (marzo 2022) hasta marzo 2025, la reducción acumulada es del 96.4%.

Presuntas Vulneraciones a Derechos Humanos: Datos y Contradicciones

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) ha documentado sistemáticamente presuntas vulneraciones a derechos humanos durante la vigencia del Régimen de Excepción. Según los datos recopilados por organizaciones asociadas, desde marzo de 2022 hasta abril de 2024 se registraron 6,305 denuncias de presuntas vulneraciones, distribuidas de la siguiente manera: Cristosal (3,786 casos), IDHUCA (1,283 casos), SSPAS (387 casos), Azul Originario (354 casos), FESPAD (383 casos) y Red de Defensores de Derechos Humanos (50 casos adicionales).

Las tipificaciones más frecuentes de estas presuntas vulneraciones incluyen: detenciones arbitrarias (78% de los casos), violaciones al debido proceso (65%), allanamientos sin orden judicial (42%), malos tratos y posibles torturas (37%), negación de información sobre paradero de detenidos (29%), amenazas e intimidación (24%), y uso excesivo de la fuerza (18%). Cristosal reporta 224 muertes bajo custodia estatal desde marzo de 2022 hasta abril de 2024.

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) presenta cifras divergentes, reportando 378 muertes en centros penales hasta marzo de 2025. Según esta organización, el 86% de estas muertes estarían relacionadas con condiciones de hacinamiento y confrontaciones entre miembros de pandillas rivales recluidos en las mismas instalaciones. El SJH señala que la capacidad instalada del sistema penitenciario salvadoreño está diseñada para 27,000 reos, pero actualmente alberga a más de 80,000 detenidos, resultando en una sobrepoblación del 296%.

Las declaraciones de Ingrid Escobar, representante legal del SJH, han presentado inconsistencias notables. El 28 de diciembre de 2023, Escobar afirmó que “el 94% eran inocentes” de las 213 muertes registradas hasta ese momento. Sin embargo, el 24 de febrero de 2024, la misma representante indicó que cerca del 99% de los fallecidos “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”, afirmando que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”.

El presidente Nayib Bukele, durante su visita oficial a Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, declaró: “Ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”. Esta afirmación contrasta con estimaciones del SJH que situaban en aproximadamente 12,000 el número de personas inocentes detenidas durante el Régimen de Excepción. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) ha reportado oficialmente 82,963 detenciones realizadas bajo el Régimen de Excepción hasta octubre de 2024. Las 8,000 personas liberadas representan aproximadamente el 9.6% del total de detenidos.

Amnistía Internacional, por otra parte, reportó hasta 73,000 presuntas vulneraciones a derechos humanos y 327 casos de desapariciones forzadas hasta diciembre de 2023. Sin embargo, esta cifra ha sido cuestionada por las autoridades gubernamentales, considerando que corresponde casi al total de detenciones realizadas hasta esa fecha, lo que implicaría que prácticamente todas las detenciones constituirían vulneraciones a derechos humanos.

El Salvador en el Contexto Regional

Según el “Índice Global de Crimen Organizado 2023″ de la Organización Global Initiative, El Salvador ocupa el puesto 52 de 193 países a nivel mundial, con una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10. En el contexto americano, El Salvador se sitúa en el puesto 13 de 35 países, y ocupa el quinto lugar entre ocho naciones de América Central.

La composición de esta puntuación muestra que los mercados criminales obtienen una calificación de 5.43, mientras que los actores criminales alcanzan 6.40. Los aspectos más problemáticos incluyen: extorsión y cobros ilegales por protección (7.50), comercio de cocaína (7.50), trata de personas (7.00), tráfico de personas (7.00), tráfico de armas (7.00) y comercio de cannabis (7.00). En comparación con sus vecinos centroamericanos, El Salvador presenta índices inferiores a Honduras (6.51), Guatemala (6.38) y Belice (5.86), pero superiores a Nicaragua (5.67), Costa Rica (5.40) y Panamá (5.17).

El informe “The Global Safety Report” de Gallup ofrece una perspectiva complementaria, situando a El Salvador como el octavo país con mayor percepción de seguridad a nivel mundial. Según este estudio, el 88% de los salvadoreños manifestó sentirse seguro al caminar solo por la noche en su área de residencia en 2023. Este dato posiciona al país significativamente por encima del promedio regional en América Latina (47%) y Europa (75%), aunque por debajo de naciones como Kuwait (99%), Singapur (94%) y Noruega (92%).

Esta transformación en la percepción de seguridad ciudadana representa un cambio radical considerando la situación histórica de El Salvador. El contraste entre estos datos y los reportes de vulneraciones a derechos humanos plantea interrogantes sobre el costo social de las políticas de seguridad implementadas y su sostenibilidad a largo plazo.

Países Donde la Gente Se Siente Más Segura Caminando Sola

Impacto Económico y Social del Régimen de Excepción

La reducción de los homicidios y la disminución de la actividad de pandillas han tenido un impacto económico cuantificable, según informes oficiales. Las autoridades gubernamentales estiman que la eliminación de las extorsiones sistemáticas impuestas por las pandillas ha recuperado aproximadamente $1,000 millones anuales para la economía salvadoreña, equivalentes al 3.4% del PIB nacional.

Este cambio ha permitido la reactivación de negocios en zonas anteriormente controladas por estructuras criminales y ha facilitado la inversión en comunidades anteriormente consideradas de alto riesgo. Según datos del Banco Central de Reserva, las remesas familiares hacia El Salvador aumentaron un 8.2% durante 2024, alcanzando los $8,275 millones, un incremento que algunos analistas atribuyen parcialmente a la mejora en las condiciones de seguridad.

Sin embargo, el costo fiscal del Régimen de Excepción ha sido significativo. El presupuesto asignado al sistema penitenciario aumentó de $145 millones en 2021 a $372 millones en 2024, un incremento del 156%. La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con capacidad para 40,000 reos, requirió una inversión de $435 millones, según cifras oficiales.

El impacto social presenta aspectos contradictorios. Por un lado, comunidades anteriormente controladas por pandillas reportan mejoras sustanciales en su calidad de vida, con un 92% de la población encuestada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) indicando que la situación de seguridad ha mejorado en sus barrios. Por otro lado, el reporte de las más de 6,300 denuncias de presuntas vulneraciones a derechos humanos sugieren un deterioro en la protección de garantías individuales, particularmente entre poblaciones vulnerables y de escasos recursos.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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