Salvador Anaya dentenido ¿“lavado de dinero”?

Por Alessia Genoves

Salvador Enrique Anaya Barraza, el abogado constitucionalista, es detenido bajo las imputaciones de “lavado de dinero y activos”. La acción administrativa ha sido ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR), que aseguraron que el incoado “será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días”. Entretanto, su defensor particular, Jaime Quintanilla, detalla que al menos 5 de los inmuebles de Anaya han sido allanados. Por otra parte, el abogado acumula una serie de procesos judiciales contra la empresa “Química Agrícola Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable” (QUIMAGRO, S.A. de C.V.), por presumibles daños a su patrimonio por parte de la sociedad bancaria de Banco Cuscatlán S.A de C.V.

Anaya Barraza, no obstante, ha sostenido que el proceso es irregular; mientras que su defensa sostiene que el proceso podría identificarse como una “persecución política”. Entretanto, la empresa Quimagro S.A de C.V ha reiterado sus acusaciones en procesos anteriores, sosteniendo que su proceso “no se trata de persecución política, por el caso que señala; podrían ser por otras las razones o causas; más no por lo que dice”, según se detalla en un comunicado a la prensa, y en el proceso de amparo 181-2005 contra Anaya Barraza dejó al descubierto irregularidades en el manejo de recursos y dilaciones procesales atribuidas al abogado.

Para el año 2021, la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección Centro de San Salvador decretó medidas cautelares en el expediente 92-MQCM-21, imponiendo un embargo preventivo sobre los activos de Banco Cuscatlán y sus asociaciones de bancos por un monto de US$38,107,554.91, a petición de QUIMAGRO, S.A. de C.V. En el proceso, que también vinculó a Anaya Barraza, no obstante se desestimó una pretención mayor de US$49,330,554.91 contra el Banco; y se estableció una sanciónde US$59,941.94, según se constata en el expediente 356-CAM-2022 de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Amaya Barraza detenido ¿persecución política?

La FGR fundamentó la captura de Anaya Barraza en el artículo 27 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. El informe de la Unidad Especializada detalla, tras la ejecución del procedimiento, que la captura de Anaya Barraza resoibde al “delito de Lavado de Dinero y Activos”, y que posteriormente “será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días.”

Estas declaraciones oficiales subrayan la fase preliminar del procedimiento penal, en la que la detención administrativa puede prolongarse hasta 15 días bajo el Régimen de Excepción, siempre que se tramiten diligencias complementarias para recabar testimonios, peritajes contables y requerimientos de información a entidades bancarias nacionales e internacionales.

Entretanto, el abogado defensor, Jaime Quintanilla, refutó la legalidad de la aprehensión, alegando que la FGR actuó con procesos que podrían deducir una persecución política; y aseguró que desconoce a cuáles son las evidencias que retomó, de Anaya Barraza. Por otra parte, también indicó que su cliente se sentía perseguido: “A nivel de redes sociales, él expresó que se sentía acosado, de que habían unos expedientes que se estaban manejando en la sección de Investigación Profesional, y todo lo demás…. Afortunadamente, todo eso se pudo aclarar. Pero, de ahí, han derivado, ahora, para que la Fiscalía… no sé de dónde ha salido.”

En sus palabras, la defensa enfatiza la solvencia fiscal y moral de Anaya Barraza, destacando que “Él paga impuestos, paga sus declaraciones. Es una persona fiscalmente solvente, y moralmente solvente” Ante un cuestionamiento de la prensa sobre posibles indagaciones previas en el Ministerio de Hacienda, el defensor respondió: “Sí, eso sería un comienzo, pero nos conocemos de años… sé la calidad de persona que es en el manejo de dinero. O sea, él no es una persona que ande, por esas situaciones, o al que se le vaya a decir que tiene un dinero que no puede justificar.”

Asimismo, aludió al “delicado” estado de salud de Anaya Barraza: “Él tiene una enfermedad crónica. Es un cuadro que, para mí, lo puedo decir con pleno conocimiento porque soy una persona muy cercana a Enrique, … si no se le dá él puede sufrir una crisis peligrosa; él puede morirse. Su cuadro clínico es delicado.”

En última instancia, Quintanilla aseguró a la prensa que al menos 5 de los inmuebles de Anaya fueron allanados por la FGR, para desarrollar su investigación: “Fueron cinco inmuebles donde se dieron los allanamientos, uno aquí en condominio Los Héroes, donde él tuvo una oficina, pero está desocupado; el otro fue en la colonia Miramonte, donde también tuvo una oficina un tiempo, el otro fue en la casa de su hija en Pinares donde fue detenido, un apartamento que tiene por Multiplaza, donde él vive, y la oficina en Santa Elena”.

La defensa comparó la captura de Anaya Barraza con casos recientes de activistas sociales, como Ruth Eleonora López, Fidez Zavala y Alejandro Henríquez, detenidos en mayo de 2025 por cargos de peculado y resistencia agresiva tras participar en protestas ambientales.

En el caso de López, detenida del 18 de mayo de 2025, no se han precisado montos imputados ni se ha exhibido documentación que respalde la acusación de peculado, generando cuestionamientos sobre la proporcionalidad y la motivación política de sus detenciones. No obstante, la FGR presume que la ex-política salvadoreña reporta indicios de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado.

Salvador Anaya y Banco Cuscatlán: embargo por $38 millones

El litigio promovido por QUIMAGRO, S.A. de C.V. contra Banco Cuscatlán y sus asociaciones de bancos, a las que representó Salvador Anaya Barraza, derivó en la imposición de medidas cautelares preventivas por parte de la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección Centro de San Salvador, según consta en el expediente 92-MQCM-21.

La resolución detalla: “Se decreta el embargo preventivo sobre bienes, valores y cuentas por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR ($ 38,107,554.91), más un tercio para intereses y costas procesales”, según se constata en la resolución F12EC.

QUIMAGRO alegó que Scotiabank El Salvador, luego fusionado con Banco Cuscatlán, incurrió en “vicios contractuales y prácticas abusivas” al preparar un crédito agrícola en 2018, cuya ejecución dejó a la empresa sin liquidez operativa, provocando pérdidas millonarias y el incumplimiento de garantías. Los auditores externos aportaron estados financieros y peritajes contables que, según la Cámara, justifican la necesidad de cautelar los activos del banco fusionado para asegurar la eficacia de una futura sentencia.

En el proceso de amparo 181-2005, promovido por Quimagro contra Salvador Enrique Anaya Barraza, la Sala de lo Constitucional formuló observaciones respecto a su ejercicio profesional. Se documentaron recusaciones infundadas y dilaciones reiteradas en procedimientos civiles, lo que la Sala calificó como “prácticas contrarias a los principios de buena fe y celeridad procesal”.

Como apoderado de Banco Cuscatlán, Anaya Barraza suscribió escritos de defensa en los cuales solicitó la revocatoria de sentencias favorables a QUIMAGRO, invocando supuestos vicios de forma en la notificación de resoluciones. Dicha estrategia procesal, según Quimagro en un documento titulado “Aclaración Necesaria”, la calificó como “argucias procesales que entorpecen la ejecución de la cosa juzgada”, generó un retraso de más de dos años en la concreción de la responsabilidad civil del banco fusionado.

El Código Procesal Civil y Mercantil, en sus artículos 433 y 437, permite la modificación de medidas cautelares si existen “cambios sustanciales en el estado de hecho o de derecho que motiven la instrumentación de nuevas garantías”. La Cámara consideró que la fusión económica entre Scotiabank El Salvador y Banco Cuscatlán constituye tal elemento, habilitando el embargo por US$38,107,554.91 para resguardar los intereses de QUIMAGRO.

La responsabilidad indirecta de Anaya Barraza radica en haber promovido tácticas que, según la demandante, “dilataron indebidamente un reclamo legítimo de indemnización”, afectando la confianza en las instituciones bancarias y generando erogaciones adicionales por intereses y costas. Esta conducta también ha sido vinculada por la FGR a la presunta elaboración de esquemas financieros ilícitos, al emplear su asesoría para estructurar transferencias complejas.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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