Por Alessia Genoves
82 homicidios intencionados definen el cierre del año fiscal 2025, según Gabinete de Seguridad Pública. La cifra representa una reducción del 93.5% respecto a los 1,341 homicidios de 2019. El contexto se enmarca en la 46ª prórroga consecutiva del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, vigente desde marzo de 2022. La evolución de los homicidios muestra una caída desde los 496 casos al cierre de 2022 hasta los 114 en 2024, y los 82 en 2025.
Paralelamente, organizaciones de derechos humanos documentan 473 presuntas muertes en centros penales hasta junio de 2025, superando las 435 reportadas en la 44ª prórroga, según el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). El presidente Nayib Bukele declaró en noviembre de 2024 la liberación de más de 8,000 personas, tras el sobreseimiento de los delitos que justificaron su detención, de un total de 90,844 detenidos en el marco del régimen. En diciembre de 2025, la PNC reportó capturas de pandilleros de alto perfil como Vanessa Marjorie Crespín Medrano (alias “la mujer del Sayer”) de la 18R, Hermógenes Humberto Rivas Pérez (alias “Burra”) de la MS13, y Carlos Alberto Elizondo Portillo (alias “Campana”) de la MS13, deportado desde Estados Unidos.
82 homicidios intencionales en 2025
82 homicidios intencionales de 2025 fueron identificado y resueltos, con una tasa de efectividad del 100%, según lo detalló la Fiscalía General de la República (FGR) en su reciente balance de seguridad pública. La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 1.3, con un promedio diario de 0.2 homicidios. El titular del MJSP, Gustavo Villatoro, declaró: “Como Gabinete de Seguridad Ampliado, damos el estado país en materia de seguridad. Ya son 1,102 días sin homicidios durante el periodo del Presidente Nayib Bukele, dentro de estos 1,102 días, 988 han sido durante el Régimen de Excepción”.
Villatoro añadió: “En datos planos, cerramos el año 2025 con 82 homicidios, de los cuales los 82 están resueltos. Lo cual implica que de aquel país de 2019 que recibimos con el 97% de impunidad, para el año 2024, cerramos con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes y, para este año 2025, cerramos con 1.3 y cero impunidad. Esto nos permite reafirmar la contundencia de las políticas de seguridad implementadas por el Presidente Nayib Bukele”.
“Durante el 2025, El Salvador registró 82 homicidios y los 82 fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100% en la resolución de estos delitos, la más alta en toda la historia del país. Esto significa algo muy claro: que en El Salvador ya no hay espacio para la impunidad. Venimos de un pasado donde hasta el 97% de los homicidios quedaban sin resolver. Hoy, esa realidad ha sido completamente revertida. En el 2025, la impunidad en homicidios se redujo a cero. Cada crimen tuvo responsables identificados, procesados y llevados ante los tribunales”, dijo ek tutykar de la FGR, Rodolfo Delgado.
El presidente Nayib Bukele, en respuesta al periodista Geoff Shullenberger, afirmó: “El Salvador ha tenido históricamente una tasa de homicidios extraordinariamente alta. Esta comenzó durante la guerra civil de la década de 1980 y nunca terminó del todo después, con picos extremos a mediados de la década de 1990 y de nuevo entre 2015 y 2016. Sin embargo, la media, e incluso los años menos violentos, se mantuvo consistentemente comparable a la de una zona de guerra activa”.
Bukele añadió: “El último año que no se vio afectado por la ofensiva antipandillas de nuestro gobierno fue 2018. En 2019, nuestra administración asumió el cargo y el Plan Control Territorial se lanzó el 20 de junio de 2019. Es por ello que a partir de julio de 2019 se hace visible una disminución marcada y sostenida de los homicidios”. Y precisó que “para 2023, El Salvador se había vuelto más seguro que Estados Unidos y, para 2024, que Canadá. En 2025, la tasa de homicidios se redujo un 30% adicional, siendo ahora inferior a la de muchos países europeos”.
El precidente también destacó: “Aproximadamente el 90 % de los casos se deben ahora a violencia doméstica o peleas entre amigos relacionadas con el alcohol. Estos son los tipos de delitos más difíciles de prevenir (no se puede poner un policía en cada hogar). E incluso así, el país ahora logra una tasa total de resolución y condena que hará que las cifras sean aún más bajas”.
El periodista Geoff Shullenberger argumentó en respuesta: “Este gráfico, ampliamente compartido, sobre la disminución de la tasa de homicidios en El Salvador no refleja la realidad que se cree. Como se puede observar, la mayor parte de la disminución se logró *antes* de que Bukele asumiera la presidencia en 2019, y casi la totalidad antes de que declarara el estado de excepción en 2022. Bukele aún merece algo de crédito por la reducción anterior, ya que fue alcalde de la ciudad más grande entre 2015 y 2019. Sin embargo, en ese cargo no implementó —ni pudo implementar— la estrategia con la que se le asocia ahora, es decir, confinar a un porcentaje considerable de la población en el CECOT (que no se construirá hasta 2023). En cambio, como alcalde, y más tarde en los primeros años de su presidencia, hizo lo mismo que su predecesor: llegar a acuerdos con las pandillas. ¡Y eso también fue muy efectivo para reducir la violencia! Pero también es por eso que no quiere que los líderes de la MS13 sean juzgados en Estados Unidos”.
Homicidios intencionados caen un 80%
La Fiscalía General de la República (FGR) registró 2,398 homicidios intencionados en 2019. Esta cifra se redujo a 1,341 casos en 2020, lo que representa una disminución del 44.1%. Para 2021, la cifra fue de 1,147 homicidios, implicando una reducción adicional del 14.5% respecto a 2020 y del 52.2% en comparación con 2019. La implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022 coincidió con una aceleración en esta tendencia descendente. El año 2022 cerró con 496 homicidios intencionados, lo que implica una reducción del 56.7% respecto a 2021 y del 79.3% respecto a 2019.
La categorización para 2022 muestra que la delincuencia general fue responsable de 429 casos (86.5%), la intolerancia social de 36 (7.3%) y la intolerancia familiar de 31 (6.2%). En 2023, los homicidios intencionados cayeron a 154, marcando una disminución del 68.9% respecto a 2022. La distribución por categorías evidenció un cambio: la delincuencia general registró 53 casos (34.4%), la intolerancia social 54 (35.1%) y la intolerancia familiar 47 (30.5%). El año 2024 finalizó con 114 homicidios, una reducción del 26.0% respecto a 2023.
La delincuencia general representó 33 casos (28.9%), la intolerancia social 34 (29.8%) y la intolerancia familiar 47 (41.2%). Los datos preliminares para el período de enero a octubre de 2025 reportan un total de 71 homicidios intencionados. Esta cifra contrasta con los 323 homicidios registrados en el mismo período de 2022 (enero-octubre), lo que representa una reducción del 78.0%. El promedio mensual de homicidios pasó de 203 casos en 2019 a aproximadamente 7.1 casos en los primeros diez meses de 2025, una disminución del 96.5%.
Los datos detallados por mes para 2025, según la FGR, son: enero 7 homicidios, febrero 5, marzo 13, abril 6, mayo 7, junio 5, julio 4, agosto 4, septiembre 9, octubre 8, noviembre 3, diciembre 5, totalizando 82 homicidios. Las categorías para 2025 muestran: delincuencia general 5 casos (6.1%), intolerancia social 27 casos (32.9%), intolerancia familiar 15 casos (18.3%), y otros no especificados en el total. La comparación entre el período enero-octubre de 2022 y el mismo período de 2025 indica una reducción del 78.0%, pasando de 323 a 71 homicidios.
¿473 muertes en cárceles durante el Régimen de Excepción?
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), en conjunto con organizaciones independientes, documentó más de 6,300 denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante el Régimen de Excepción. Cristosal registró el mayor volumen, con 3,786 denuncias hasta abril de 2024, tipificadas como: detenciones arbitrarias (45.3%), allanamientos ilegales (23.7%), tortura y tratos crueles (18.2%), negación de acceso a defensa legal (8.9%) y desapariciones temporales (3.9%).
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (Idhuca) registró 1,283 casos, enfocándose en la proporcionalidad de las medidas y documentando extensiones de la detención administrativa más allá de los 15 días establecidos. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) reportó 383 casos, con violaciones al debido proceso y garantías judiciales. Azul Originario documentó 354 casos, con patrones de detenciones masivas en comunidades específicas. Amate LGBT aportó documentación especializada sobre presuntas detenciones arbitrarias basadas en orientación sexual o identidad de género.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe “Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador” de 2024, señaló problemas como el aislamiento prolongado, afectaciones a la salud, la suspensión del régimen de visitas y la desaparición forzada de personas por cortos períodos debido a la falta de documentación oportuna. El Socorro Jurídico Humanitario (SIH) documentó 435 muertes en centros penales desde el inicio del régimen, el 27 de marzo de 2022, hasta noviembre de 2024. En declaraciones públicas, Ingrid Escobar, representante legal del SIH, indicó en diciembre de 2023 que “el 94% eran inocentes” refiriéndose a 213 muertes.
En febrero de 2024 modificó su caracterización, señalando que “cerca del 99%” de 236 muertes “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”. Escobar añadió: “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”. La cifra reportada por el SIH se elevó posteriormente a 470 muertes presuntas hasta junio de 2025, superando los 435 decesos registrados anteriormente.
En una publicación del 25 de diciembre de 2025, el SJH actualizó la cifra: “URGENTE La navidad no es feliz para todos/as. Sube a 473 el número de víctimas mortales a causa de la medida #RegimenDeExcepcion. Personas procesadas que no tuvieron derecho a segunda audiencia, antes los mataron o los dejaron morir por negación de derecho a la salud en el sistema carcelario”.
Estas muertes ocurren en un contexto de hacinamiento carcelario crítico. Hasta junio de 2025, el sistema penitenciario salvadoreño albergaba a 114,420 personas privadas de libertad (PPL), frente a una capacidad instalada de 30,864 en el Antiguo Sistema Penitenciario (ASP) y 40,000 en el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT). Esto se traduce en un hacinamiento global estimado del 250%, alcanzando el 322% en el ASP. En noviembre de 2024, durante una visita a Costa Rica, el presidente Nayib Bukele declaró que “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, reconociendo implícitamente errores en las detenciones masivas. Esta cifra representa aproximadamente el 9.6% del total de 82,963 detenidos reportados hasta octubre de 2024. Bukele precisó que el total de detenidos en el marco del régimen era de 90,844 a noviembre de 2024.
Mareros siguen matando en las calles
La persistencia de las pandillas motiva la continuidad del Régimen de Excepción, como lo evidencian los reportes de capturas realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) en diciembre de 2025. El 1 de diciembre, la PNC capturó a Vanessa Marjorie Crespín Medrano, alias “la mujer del Sayper”, una homegirl de la 18R con antecedentes desde 2017 por extorsión agravada, ubicada en Santa Ana. Ese mismo día fue detenido Hermógenes Humberto Rivas Pérez, alias “Burra”, de la clica Cobras Locos Salvatruchos, un homeboy de la MS13 con función de gatillero que tenía orden de captura por agrupaciones ilícitas y había huido a Guatemala en 2017.
También fue capturado Elmer Gómez Ascencio, alias “Patrón” o “Nerón”, homeboy de la MS13, en San Salvador Sur. En La Libertad Sur, se capturó a seis pandilleros del programa Libertad de la MS13, entre ellos María de los Ángeles López de Ortiz (alias “Mari Piojo”), Reyna Isabel López de López (alias “Mujer de Calavera”), Luis Antonio Hernández (alias “Fogel”), José Arístides Pérez Mendoza (alias “Pan Dundo”), José Edgardo López Palacios (alias “Calavera”) y Edith Veraliz Romero de Ortiz (alias “Mujer del Catrín”).
Fuente: https://x.com/PNCSV/status/1995693764388495550?s=20
El 5 de diciembre, la PNC reportó la captura de Carlos Alberto Elizondo Portillo, alias “Campana”, de la MS13, clica Opico Locos Salvatruchos, un “peligroso terrorista” deportado desde Estados Unidos, con orden de captura vigente por homicidio agravado. El 6 de diciembre fue detenida Ruth Nohemi Cortez Torres, alias “la Chuquera”, pandillera de la clica Armenia Locos Salvatruchos de la MS13 en Izalco, Sonsonate, con antecedentes por extorsión. El 7 de diciembre se capturó a Jaime Oswaldo Cortez Gutiérrez, alias “Monge”, gatillero de la 18S en Sonsonate, con antecedentes desde 2002 por homicidio en grado de tentativa, lesiones, robo y amenazas.
El 8 de diciembre fue detenido José Mauricio Rivas, alias “Ejote”, de la MS13 en Sonsonate, quien modificó sus tatuajes para evadir la captura. El 10 de diciembre se reportó un homicidio en San Juan Nonualco, La Paz Este, con una víctima mujer de 22 años lesionada con arma blanca. Ese mismo día fue detenido José Amadeo Maradiaga Franco en La Unión, con orden de captura por homicidio agravado girada en Morazán. También fue capturado Óscar Alberto Bustillo Espinal, alias “Dumbo” o “Nuca Torcida”, de la MS13, en San Miguel, por robo a mano armada, portación irresponsable de arma de fuego y agrupaciones ilícitas. El presunto responsable del homicidio en San Juan Nonualco, Isaías Alexander Mejía Cerna, fue capturado horas después; tenía antecedentes por agrupaciones ilícitas en 2007 y en sus detenciones previas (2009, 2011) se hacía acompañar por homeboys de la pandilla 18.
El 11 de diciembre, mediante la plataforma ONI, se identificaron y capturaron tres homeboys: Julio Alejandro Ángel González, alias “el Coludo”, de la MS13 en Cuscatlán; José Adolfo Miranda Castañeda, alias “Slayer“, de la 18R en Cojutepegue; y Jonas Eliseo Barrientos Trujillo, alias “Cheyo”, de la MS13 en La Unión. Ese mismo día se reportó un homicidio en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate, donde la víctima, un hombre de 28 años, fue lesionado con un corvo por su padre, Miguel Ángel Sánchez Chávez, de 50 años, quien fue capturado.
El 13 de diciembre fue intervenido Ricardo Alonso Bonilla Sarmiento, homeboy de la MS13, en La Libertad Sur, por conducción peligrosa y agrupaciones ilícitas. Ese mismo día se reportó un homicidio en Jayaque, La Libertad Oeste, con una víctima hombre de 31 años que recibió un disparo. El 18 de diciembre fue capturado Levi Martín Cerritos Quinteros, de 40 años, en Morazán, con orden de captura por homicidio simple, quien había huido a Estados Unidos y regresado al país. El 22 de diciembre se detuvo a Juan Antonio Rivas Cerritos, de 50 años, homeboy de la MS13 en La Libertad Centro, con antecedentes desde 2008 por homicidio en grado de tentativa y daños, quien modificó sus tatuajes.
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