Por Alessia Genoves
149 votos a favor respaldaron el Decreto Gubernativo 1-2026 que establece el Estado de Sitio en Guatemala por 30 días, tras ataques coordinados de estructuras criminales que causaron la muerte de nueve agentes de la Policía Nacional Civil el 18 de enero de 2026. La política constitucional llegó después que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, anunciara la iniciativa; y luego de que el Congreso declarara terroristas a las maras mediante el Decreto 11-2025 y tras motines simultáneos en tres centros penitenciarios que fueron controlados mediante operativo conjunto entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional.
El contexto de violencia homicida registró 3,768 muertes violentas durante 2025 según datos oficiales de la Policía Nacional Civil citados por el Observatorio de Violencia de Diálogos, representando un incremento de 8.2% respecto a los 3,482 homicidios de 2024 y consolidando una tendencia ascendente tras los 3,234 casos de 2023. Guatemala cerrará con una tasa de 21.6 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025, la cifra más alta registrada desde 2021.
Congreso aprueba Estado de Sitio contra maras
El Congreso de la República aprobó con 149 votos a favor, cero en contra y 11 ausentes el reconocimiento del Decreto Gubernativo 1-2026 emitido por el Presidente Bernardo Arévalo de León en Consejo de Ministros durante la sesión extraordinaria del 19 de enero de 2026. El Decreto establece “estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días” según consta en el acta parlamentaria que documenta la jornada legislativa extraordinaria convocada específicamente para conocer la medida constitucional.
La votación se produjo horas después que estructuras criminales ejecutaran ataques contra elementos policiales en múltiples puntos del país, resultando en la muerte de Claudia Azucena Muñoz Ramos, Samuel Valentín Matul Obispo, José Efraín Revolorio Barrera, Luis Alexander Zetino Pérez, Fernando Alexander Batres Ordoñez, Geovani Darío Tecú Sesam, Sammy Iván López García, Diana Rossemary Chávez Alarcón y Frayan William Medrano Permillo. El Presidente Arévalo declaró en mensaje a la nación que “estos asesinatos se han realizado con la intención de aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población” tras operativos que recuperaron el control de los centros penitenciarios Renovación 1, Centro de Detención Preventivo de la zona 18 y Centro de Detención de Fraijanes 2.
El marco jurídico para la respuesta estatal se estableció mediante el Decreto 11-2025 aprobado el 21 de octubre de 2025, denominado “Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas”. El Decreto declara en su artículo segundo (art. 2) que “se declara a las organizaciones denominadas Barrio Dieciocho (18), y Mara Salvatrucha (MS), sus clicas y subgrupos, y a cualesquiera otros grupos que existan o surjan de acuerdo a la definición expresada en el párrafo anterior, como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas”.
La normativa reformó sustancialmente el marco penal guatemalteco, modificando el artículo 261 del Código Penal sobre extorsión para establecer que “si el presente delito es cometido por integrantes de las maras o pandillas designadas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas, o quien finja ser parte de ellas, la pena será aumentada en una tercera parte” (art. 10, Decreto 11-2025). El Decreto adiciona el artículo 11 Bis a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, tipificando el “reclutamiento ilícito de menores de edad” con penas de 14 a 18 años de prisión y multas de Q100,000.00 a Q300,000.00 para “quien capte, reclute, agrupe, organice, entrene, amenace, coaccione o intimide de cualquier forma a menores de dieciocho años, para participar directa o indirectamente en la comisión de uno o más delitos” (art. 6, Decreto 11-2025).
La respuesta parlamentaria inmediata incluyó la aprobación con 147 votos a favor, uno en contra y 12 ausentes de un acuerdo legislativo que otorga “ayuda económica de 300,000 quetzales para cada una de las víctimas fallecidas y 100,000 quetzales para cada una de las víctimas que hayan sufrido lesiones” durante la vigencia del estado de sitio. El acuerdo establece modificaciones al presupuesto de egresos del Organismo Legislativo para el ejercicio fiscal 2026 y solicita “a las autoridades competentes que se investigue de manera pronta y exhaustiva los hechos referidos” del 18 de enero.
El Presidente de la Junta Directiva del Congreso emitió comunicado expresando que “esta Décima Legislatura ya ha dado pasos importantes en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, al aprobar legislación que declara a las pandillas como organizaciones terroristas y fortalece las herramientas del Estado para combatir este flagelo”. El documento declara que “no negociaremos con terroristas. No cederemos ante chantajes ni amenazas. El Estado no se arrodillará” según el pronunciamiento oficial fechado el 18 de enero de 2026.
El Decreto 11-2025 establece en su artículo 15 (art. 15) la facultad del Ministerio de Gobernación para adquirir “equipo táctico destinado a la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) y División Especializada en Investigación Criminal” hasta por un monto de Q200,000,000.00 mediante readecuaciones presupuestarias. La normativa dispone que “por esta única vez, las adquisiciones a las que hace referencia el presente artículo, estarán exentas de los procedimientos establecidos para las modalidades de adquisición indicadas en la Ley de Contrataciones del Estado” bajo responsabilidad directa de las dependencias correspondientes.
El artículo 19 del Decreto ordena que “en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Ministerio de Gobernación deberá iniciar la construcción de un centro de detención preventiva de máxima seguridad específico para integrantes de maras, pandillas y grupos criminales organizados transnacionales y terroristas, y otro centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad para los grupos antes mencionados”. La disposición instruye al Ministro de Finanzas Públicas “para que realice una ampliación presupuestaria, financiado con saldos de caja u otras fuentes de financiamiento” destinada a la construcción de la infraestructura penitenciaria especializada.
3,768 homicidios en 2025
3,768 homicidios registró Guatemala durante enero-diciembre 2025 según datos oficiales de la Policía Nacional Civil procesados por el Observatorio de Violencia de la organización Diálogos, consolidando un incremento sostenido respecto a los 3,482 casos de 2024 y los 3,234 homicidios de 2023. El aumento interanual de 286 muertes violentas entre 2024 y 2025 representa una variación porcentual de 8.2%, mientras que el incremento de 534 homicidios entre 2023 y 2025 equivale a una variación de 16.5% en el período de dos años.
La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes alcanzó 21.6 durante 2025, superando la tasa de 20.0 registrada en 2024 y la tasa de 18.6 de 2023 según proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística utilizadas para el cálculo de incidencia. El indicador de 2025 representa el nivel más elevado desde 2021, cuando Guatemala registró una tasa de 22.4 homicidios por cada 100,000 habitantes antes del descenso temporal observado durante 2022-2023.
La desagregación mensual de homicidios durante 2025 muestra variaciones significativas en la incidencia delictiva, con enero registrando 289 casos, febrero 298 homicidios, marzo 315 muertes violentas, abril 306 casos, mayo 328 homicidios, junio 301 casos, julio 337 muertes violentas, agosto 318 homicidios, septiembre 309 casos, octubre 321 muertes violentas, noviembre 328 homicidios y diciembre cerrando con 318 casos según la serie estadística oficial. Los meses de julio y mayo concentraron los picos de violencia homicida con 337 y 328 casos respectivamente, mientras que enero presentó el registro más bajo con 289 homicidios.
La distribución territorial de homicidios durante 2025 evidencia concentración en departamentos urbanos y zonas de influencia del crimen organizado. Guatemala capital registró 1,247 homicidios durante 2025, representando 33.1% del total nacional y consolidando su posición como el departamento con mayor incidencia absoluta. Escuintla acumuló 387 muertes violentas equivalentes a 10.3% del total nacional, mientras que Izabal registró 256 homicidios representando 6.8% de los casos y Jutiapa documentó 218 muertes violentas equivalentes a 5.8% del agregado nacional.
La desagregación por tipo de homicidio durante 2025 muestra que 2,847 casos fueron clasificados como homicidios dolosos, representando 75.6% del total de muertes violentas. Las muertes por resistencia a la autoridad alcanzaron 423 casos equivalentes a 11.2% del total, mientras que los homicidios culposos sumaron 284 casos representando 7.5% del agregado. Los asesinatos registraron 214 casos equivalentes a 5.7% del total de homicidios durante el período enero-diciembre 2025 según la tipificación oficial de la Policía Nacional Civil.
La comparativa interanual 2023-2025 revela tendencias diferenciadas según tipología delictiva. Los homicidios dolosos aumentaron de 2,431 casos en 2023 a 2,623 casos en 2024 y 2,847 casos en 2025, representando incrementos interanuales de 7.9% entre 2023-2024 y 8.5% entre 2024-2025. Las muertes por resistencia disminuyeron de 468 casos en 2023 a 441 en 2024, pero repuntaron a 423 casos en 2025. Los homicidios culposos mostraron estabilidad relativa con 221 casos en 2023, 256 en 2024 y 284 en 2025, mientras que los asesinatos registraron 114 casos en 2023, 162 en 2024 y 214 en 2025.
La incidencia promedio diaria de homicidios alcanzó 10.3 muertes violentas durante 2025, superando las 9.5 muertes diarias de 2024 y las 8.9 muertes diarias de 2023. El indicador refleja que Guatemala registró aproximadamente 72 homicidios semanales durante 2025, equivalentes a 314 muertes violentas mensuales en promedio. La cifra representa que cada hora se produjo 0.43 homicidios en promedio durante el año, consolidando Guatemala entre los países con mayores tasas de violencia homicida en Centroamérica según estándares internacionales de medición.
Los municipios con mayor incidencia absoluta durante 2025 concentraron porcentajes significativos del total nacional. Ciudad de Guatemala registró 847 homicidios representando 22.5% del total nacional y consolidando una tasa municipal estimada en 80.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. Mixco acumuló 243 muertes violentas equivalentes a 6.4% del agregado nacional con una tasa municipal de 48.7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Villa Nueva documentó 187 casos representando 5.0% del total con tasa de 35.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que Escuintla municipal registró 123 homicidios equivalentes a 3.3% del total nacional.
La relación entre homicidios y actividad de estructuras criminales muestra correlación significativa en zonas específicas. Los departamentos con mayor presencia de maras y pandillas registraron tasas superiores al promedio nacional de 21.6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Guatemala capital con tasa de 80.1, Escuintla con tasa estimada de 54.3 e Izabal con tasa de 59.8 por cada 100,000 habitantes superan ampliamente el indicador nacional, mientras que departamentos con menor influencia de estructuras territoriales mantuvieron tasas inferiores a 15 homicidios por cada 100,000 habitantes durante 2025.
El incremento de 8.2% en homicidios entre 2024 y 2025 ocurrió en contexto de reformas legislativas durante el segundo semestre de 2025. El Decreto 11-2025 entró en vigencia el 11 de noviembre de 2025 según publicación en el Diario Oficial, estableciendo el marco jurídico para designación de organizaciones terroristas y reformas penales sustantivas. Los meses posteriores a la publicación del Decreto (noviembre-diciembre 2025) registraron 646 homicidios, representando 17.1% del total anual y manteniendo niveles similares a bimestres anteriores sin evidenciar reducción inmediata atribuible a la nueva normativa.
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