Eugenio Chicas detenido por Enriquecimiento Ilícito, defendido por el FMLN y ONG’s

Por Alessia Genoves

Eugenio Chicas Martínez, ex-funcionario público salvadoreño, ha sido detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), éste 13 de febrero de 2025. Su detención se justificó por la comisión ndel delito de enriquecimiento ilíctio en contra de la administración pública, delito por el que fue hayado culpable por la Cámara Segunda de lo Civil, en noviembre de 2024; y por el que le fue suministrada la condena de responsabilidad civil, junto a su grupo familiar, en devolver un monto de $202,557.51 dólares, que se deduce de su trabajo en la administración pública, desde 2009 a 2021.

No obstante, la detención de Chicas fue controvertida, y disasociada a sus antecedentes judiciales y a la justificación oficial de la FGR. De acuerdo con el pronunciamiento de la Comunidad Santa Marta, la detención ocurrió “mientras dejaba a su pequeño hijo en el colegio donde estudia“. La organización califica el arresto como “arbitrario” y sostiene que “el cuestionado proceso judicial por un supuesto enriquecimiento ilícito sería sólo el pretexto para perseguirlo políticamente”, en virtud a que el ex-funcionario sería uno de los testigos en la defensa de 6 ambientalistas y ex-combatientes que fueron detenidos en febrero de 2023, tras ser acusados del asesinato de María Inés Alvarenga, en 1989.

Irregularidades por período de función pública

La actual detención administrativa tiene su origen en una investigación de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, según consta en el Acta No. 91 del 8 de diciembre de 2022, identificó 29 inconsistencias que sumaban $305,250.59 en el patrimonio del ex funcionario. De este monto, “se descontó la cantidad de $22,756.38 que representa el 7.45% del monto total observado por haber presentado la documentación que justificaba, quedando $282,494.21”, establece el documento.

Durante su gestión como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia (2015-2018), el Acta de Corte Plena documenta “una disponibilidad negativa de $135,331.22 de la que no se justificó nada”. En su período como Diputado del Parlamento Centroamericano (2018-2021), se registraron irregularidades por “$53,131.49 y solo se identificaron algunas justificaciones”.

Como Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral (2009-2014), la investigación detectó pagos de deuda de tarjetas de crédito por $42,200, de los cuales “justificó $4,000 producto de retiros bancarios lo no justificado fue de $38,200”. En su rol como Director Propietario de la Junta Directiva del RNPN (2011-2014), se documentó “la adquisición de vehículos por un valor de $5,998 presentó documentación que justificó del origen de los fondos producto de la venta de otro vehículo”.

Eufenio Chicas, al ser requerido en Corte Plena, solicitó una prórroga, en su momento, para enviar los elementos de descargo en su favor, y buscando reducir el monto de las inobservancias a cero. Según lo expresó en sus redes sociales “en el país no existen garantías para procesos justos, sin embargo, estoy listo para demostrar que esto no es más que una venganza política”. Sin embargo, el prceso transcurrió, y las justificaciones no fueron suficientes. Mientras Corte Plena procedió, por unanimidad, a dar marcha al proceso, la Magistrada Sánchez de Muñoz manifestó su desacuerdo: “no concurrió con su voto, pues cuando el señor Chicas solicitó prórroga no estuvo de acuerdo con que se denegara, ya que el resultado pudo ser distinto”.

Eugenio Chicas, familia y enriquecimiento ilícito

Posteriormente, la Cámara Segunda de lo Civil validó en noviembre de 2024 las acusaciones de la Fiscalía General de la República, aunque redujo el monto de la última justificación de ingresos de $282,494.21 a $202,557.51, tras una revisión de la documentación presentada. La resolución de la Cámara Segunda de lo Civil estableció una distribución específica de las responsabilidades financieras entre los miembros del grupo familiar.

El ex funcionario Eugenio Chicas Martínez deberá reintegrar $173,705.57, mientras que su cónyuge Blanca Estela Martínez tiene la obligación de devolver $11,282.00. El hijo del ex-funcionario, Ernesto Carlos Chicas González, fue condenado a restituir $1,080.44, monto que según el Acta de Corte Plena corresponde parcialmente a “depósitos bancarios todos en efectivo $10,344.10, de los que justificó $4,855.40 que fue producto de reintegro de seguro”. Por su parte, la ex cónyuge Ana Lucía Ramírez Ayala deberá reintegrar $16,489.50.

En su defensa, Chicas ha sostenido que “cada dólar que tengo corresponde a mis ingresos legalmente recibidos” y que administró “sin reparos de CCR $116 millones en TSE y $24 millones en secretaría”, según lo indicó en sus redes sociales. Pero el proceso judicial que transcurrió durante más de un año y medio, no habría establecido medidas administrativas en contra de la libertad del ex-funcionario; esa facultad la tomó la FGR en los dos meses y medio posteriores.

De modo que, tras su detención, indicó que el ex-funcionario: “Deberá responder por el delito de Enriquecimiento Ilícito, en perjuicio de la Administración Pública. Deberá responder penalmente, ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días”. Tras ello, organizaciones sociales como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BPR), sostuvo que la “captura fue realizada sin informar a la persona detenida los motivos, la PNC se lo ha llevado con rumbo desconocido”. E imperó: “exigimos la inmediata liberación de Eugenio Chicas y respeto a su integridad física”.

Polémicas tras la detención de Chicas

Pero, pese a que la FGR hizo explícitos los motivos de la detención de Eugenio Chicas, otras organizaciones sociales, como la Comunidad Santa Marta advierte en su pronunciamiento que “no descartamos que su captura también tenga que ver con que él es un importante testigo de la defensa en el proceso penal contra nuestros compañeros ambientalistas criminalizados por oponerse a la minería metálica”. Pero las declaraciones de la Comunidad de Santa Marta tienen sus controversias.

En primer lugar, los cinco ambientalistas que habían sido detenidos, en el proceso penal que buscaba justicia a María Inés, fueron absueltos por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en octubre de 2024. Es decir que, los ambientalistas que respondían a los nombres de “Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio”, fueron liberados apenas un mes antes que la Cámara Segunda de lo Civil declarara la culpabilidad de Eugenio Chicas en el delito de enriquecimiento ilícito, y cuatro meses antes de su liberación. Ambos procesos, que transcurrieron en fechas paralelas, no se vieron interrumpidos entre sí.

Santa Marta argumenta que la detención responde a “represalias por la postura crítica de Eugenio Chicas frente a los abusos de poder, las violaciones de derechos humanos y la corrupción del régimen autocrático que somete al país”. Sin embargo, Eugenio Chicas no ha sido judicializado por protestar en contra de politicas de gobierno, como la promoción de la Ley del Bitcoin, la promoción de la Ley de Minería Metálica, y la promoción de las sucesivas prórrogas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, en el contexto de la Guerra Contra Pandillas. Por otra parte, la FGR no ha anunciado la detención de los familiares de Chicas, implicados en la resolución de la Cámara Segunda de lo Civil.

Contrario a las justificaciones de los ambientalistas, Eugenio Chicas y su familia ya fueron vencidos en juicio; y la Fiscalía procedió a su detención. El oficio responde a que, entre otras cosas, el artículo 333 del Código Penal establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”. Por otra parte, el artículo 324 del Código Procesal Penal establece que “el fiscal podrá ordenar, antes del requerimiento, la detención administrativa del imputado cuando estime que concurren los presupuestos que justifican la detención provisional”.

Pero, añade que, “en todo caso, el fiscal deberá presentar requerimiento en un plazo no mayor de diez días”. Y, de hecho, la aprehensión de Eugenio Chicas se ejecutó transcurridos dos meses y medio después de la resolución de la Cámara Segunda de lo Civil; mientras que la FGR no ha detallado cuándo se ordenó la captura del ex-funcionario. En cualquier caso, el proceso penal será ventilado de forma regular, en los períodos que la CSJ lo establezca, y abordará las pruebas de cargo y de descargo en torno a los señalamientos.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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