Por Alessia Genoves, Neftalí Pereira y Carlos Arita
47 prórrogas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa. El evento legislativo tuvo lugar durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 95, mediante la Pieza de Correspondencia 1-A, con 57 votos a favor en votación nominal y pública tras dispensa de trámite. La extensión se produce mientras los homicidios intencionados registraron una reducción de 496 casos al cierre del año fiscal 2022 a 114 casos en 2024, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre enero-octubre de 2022 (323 homicidios) y el mismo período de 2025 (82 homicidios), la FGR evidencia una caída del 74.6%. Sin embargo, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) documentó 470 presuntas muertes en centros penales desde marzo de 2022, cifra que supera los 435 decesos reportados durante la 44ª prórroga y los 462 de la 45ª prórroga. No obstante, el reporte del SJH establece que certa del 87% de las personas muertas en prisión han sido imputadas por delits relacionados con organizaciones terroristas, pero no todos vencidos en juicio. Y, a la fecha, las detenciones contra sujetos relacionados siguen:
En diciembre de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó capturas de pandilleros de alto perfil, incluyendo a Vanessa Marjorie Crespín Medrano (alias “la mujer del Sayper”) de la 18R, Hermógenes Humberto Rivas Pérez (alias“Burra”) de la MS13, Carlos Alberto Elizondo Portillo (alias “Campana”) de la MS13 deportado desde Estados Unidos, y José Mauricio Rivas (alias “Ejote”) quien modificó tatuajes para evadir captura.
91,000 personas vinculadas a estructuras criminales han sido capturadas durante la vigencia del régimen de excepción, incluyendo sus principales líderes y una diversidad de sus miembros, según el Decreto Legislativo de la 47ª prórroga, desde marzo de 2022. La cifra supera los 82,963 detenidos reportados hasta octubre de 2024 y los 86,400 identificados hasta junio de 2025. El presidente Nayib Bukele declaró en noviembre de 2024, durante su visita a Costa Rica, la liberación de más de 8,000 personas tras el sobreseimiento de los delitos que justificaron su detención.
47ª prórroga de Régimen de derechos constitucionales exceptuados
La 47ª prolongación del Régimen de Excepción fue establecida mediante decreto legislativo que entró en vigencia el 31 de enero de 2026, con efectos por 30 días hasta el 1 de marzo de 2026. El instrumento legal prorroga las suspensiones establecidas por el Decreto No. 333 de fecha 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial número 62, Tomo 434. El artículo 29 de la Constitución de la República establece que "el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron".
La medida excepcional mantiene suspendidos tres derechos constitucionales específicos. El artículo 12 inciso 2º exceptúa el derecho de "ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención". El artículo 13 inciso 2º extiende el plazo de detención administrativa de 72 horas hasta 15 días. El artículo 24 constitucional permite "la revisión e interceptación de comunicaciones privadas sin necesidad de orden judicial previa", suspendiendo la inviolabilidad de la correspondencia.
El decreto legislativo enfatiza el contexto regional señalando que "demanda especial atención el contexto regional, en el cual han sido cometidos graves hechos delictivos por el crimen organizado; elevando y acelerando la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente los hechos ocurridos en la República de Guatemala". La justificación añade que "estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de pandillas en la región; y pone en riesgo la paz, el orden y la seguridad alcanzada en nuestro país".
Pero organizaciones de derechos humanos presentaron solicitudes formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la suspensión del régimen, fundamentadas en un balance de supuestas arbitrariedades. Cristosal señaló que "las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados", añadiendo que sus registros indican que "el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la PNC".
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Azul Originario, Amate LGBT y otras organizaciones de la sociedad civil argumentan que las 47 prórrogas consecutivas constituyen una aplicación desproporcionada y prolongada de las facultades excepcionales del Estado. Estas organizaciones documentan patrones de detenciones masivas, falta de acceso a defensa legal y condiciones carcelarias inhumanas que exceden los límites temporales razonables para medidas de emergencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe "Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador" de 2024, señaló problemas como "el aislamiento prolongado, afectaciones a la salud, la suspensión del régimen de visitas y la desaparición forzada de personas por cortos períodos debido a la falta de documentación oportuna". La sentencia de inconstitucionalidad 21-2020AC de fecha 8 de junio de 2020 estableció que "si transcurrido ese plazo de 30 días continúa la circunstancia que motivó el régimen de excepción, es posible prolongar con la debida razonabilidad la suspensión de derechos fundamentales mediante un nuevo decreto de una duración que no exceda de esos mismos 30 días".
Homicidios intencionados caen un 74.6%
2,398 homicidios intencionados registró la FGR en 2019, cifra que estableció la línea base para medir el impacto de las políticas de seguridad implementadas posteriormente. La reducción a 1,341 casos en 2020 representó una disminución del 44.1% respecto al año anterior, marcando el inicio de una tendencia descendente sostenida. El año 2021 cerró con 1,147 homicidios, implicando una reducción adicional del 14.5% respecto a 2020 y del 52.2% en comparación con 2019.
La implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022 coincidió con una aceleración en esta tendencia descendente. El año 2022 cerró con 496 homicidios intencionados, lo que implica una reducción del 56.7% respecto a 2021 y del 79.3% respecto a 2019. El primer trimestre de 2022 (enero-marzo) fue particularmente crítico, con 323 homicidios distribuidos en 82 casos en enero, 76 en febrero y 165 en marzo, mes en que se decretó el régimen excepcional.
La categorización para 2022 muestra que la delincuencia general fue responsable de 429 casos (86.5%), la intolerancia social de 36 casos (7.3%) y la intolerancia familiar de 31 casos (6.2%). Esta distribución evidencia que la mayoría de los homicidios estaban vinculados a actividades de estructuras criminales organizadas durante el primer año del régimen de excepción.
154 homicidios intencionados registró 2023, marcando una disminución del 68.9% respecto a 2022. La distribución por categorías evidenció un cambio significativo en el patrón criminal: la delincuencia general registró 53 casos (34.4%), la intolerancia social 54 casos (35.1%) y la intolerancia familiar 47 casos (30.5%). Este cambio porcentual indica una reducción más pronunciada en los homicidios vinculados a crimen organizado y un incremento relativo en casos de intolerancia social y familiar.
114 homicidios intencionados cerró el año 2024, una reducción del 26.0% respecto a 2023 y del 77% respecto a 2022. La delincuencia general representó 33 casos (28.9%), la intolerancia social 34 casos (29.8%) y la intolerancia familiar 47 casos (41.2%). El incremento porcentual de la intolerancia familiar como categoría principal sugiere un cambio en la naturaleza de los homicidios, concentrándose más en conflictos interpersonales que en actividades de crimen organizado.
82 homicidios intencionados reportaron los datos preliminares para el período de enero a octubre de 2025, según registros de la FGR y PNC. Esta cifra contrasta con los 323 homicidios registrados en el mismo período de 2022 (enero-octubre), lo que representa una reducción del 74.6%. El promedio mensual de homicidios pasó de 203 casos en 2019 a aproximadamente 8.2 casos en los primeros diez meses de 2025, una disminución del 96.0% en el promedio mensual durante el período analizado.
87% de fallecidos en prisión eran acusados de pandilleros
6,300 denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos documentó el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad "José Simeón Cañas" (OUDH), en conjunto con organizaciones independientes durante el Régimen de Excepción. Cristosal registró el mayor volumen, con 3,786 denuncias hasta abril de 2024, tipificadas como: detenciones arbitrarias (45.3%), allanamientos ilegales (23.7%), tortura y tratos crueles (18.2%), negación de acceso a defensa legal (8.9%) y desapariciones temporales (3.9%).
1,283 casos registró Idhuca, enfocándose en la proporcionalidad de las medidas y documentando extensiones de la detención administrativa más allá de los 15 días establecidos por el decreto de excepción. Fespad, con 383 casos, reporta violaciones al debido proceso y garantías judiciales, mientras que Azul Originario (354 casos) documenta patrones de detenciones masivas en comunidades específicas. Amate LGBT aportó documentación especializada sobre presuntas detenciones arbitrarias basadas en orientación sexual o identidad de género.
470 muertes en centros penales documentó el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) desde el inicio del régimen el 27 de marzo de 2022 hasta diciembre de 2025, cifra que supera los 435 decesos reportados durante la 44ª prórroga y los 462 de la 45ª prórroga. Ingrid Escobar, representante legal del SJH, declaró en diciembre de 2023 que "el 94% eran inocentes" refiriéndose a 213 muertes, pero en febrero de 2024 modificó su caracterización, señalando que "cerca del 99%" de 236 muertes "habrían sido señalados como colaboradores de pandillas".
Escobar añadió que "a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas", sugiriendo una categorización sistemática que podría no reflejar el nivel real de participación criminal. Estas cifras contrastan con los 224 decesos registrados por Cristosal y otras organizaciones para un período similar hasta abril de 2024.
114,420 personas privadas de libertad (PPL) albergaba el sistema penitenciario salvadoreño hasta junio de 2025, frente a una capacidad instalada de 30,864 en el Antiguo Sistema Penitenciario (ASP) y 40,000 en el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT). Esta situación se traduce en un hacinamiento global estimado del 250%, alcanzando el 322% en el ASP, según datos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos.
8,000 personas liberadas declaró el presidente Nayib Bukele en noviembre de 2024, durante una visita a Costa Rica, afirmando que "ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes", reconociendo implícitamente errores en las detenciones masivas. Esta cifra representa aproximadamente el 9.6% del total de 82,963 detenidos reportados hasta octubre de 2024.
Bukele cuestionó las estimaciones de organizaciones de derechos humanos, acusando al SJH, Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) de "inventar la cifra de 30 mil inocentes detenidos" y afirmando que estas "organizaciones pertenecen al FMLN". El SJH respondió categóricamente que "ningún miembro de la Junta Directiva del SJH son miembros del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)".
419 personas fallecidas en centros penales registró el SJH hasta junio de 2025, según el boletín del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de abril-junio 2025. Este reporte indica que 46 personas fallecieron en centros penales entre abril y junio de 2025, representando un incremento del 91% respecto al primer trimestre de 2025, evidenciando un deterioro acelerado de las condiciones penitenciarias.
Mareros y homicidas detenidos
Vanessa Marjorie Crespín Medrano, alias "la mujer del Sayper", fue capturada el 1 de diciembre de 2025 en un patrullaje policial sobre la 21 avenida Norte y 6ª calle oriente en Santa Ana. La homegirl de la 18R tenía antecedentes desde 2017 por extorsión agravada y fue ubicada mediante la plataforma ONI. Ese mismo día, Hermógenes Humberto Rivas Pérez, alias "Burra", de la clica Cobras Locos Salvatruchos, fue capturado en el caserío Príncipe de Paz, Tacuba, Ahuachapán. El homeboy de la MS13 con función de gatillero tenía orden de captura por agrupaciones ilícitas y había huido a Guatemala desde 2017.
Elmer Gómez Ascencio, alias "Patrón" o "Nerón", homeboy de la MS13, fue capturado en la colonia San Luis, distrito de San Marcos, San Salvador Sur el 1 de diciembre. En La Libertad Sur, seis pandilleros del programa Libertad de la MS13 fueron capturados: María de los Ángeles López de Ortiz (alias "Mari Piojo"), Reyna Isabel López de López (alias "Mujer de Calavera"), Luis Antonio Hernández (alias "Fogel"), José Arístides Pérez Mendoza (alias "Pan Dundo"), José Edgardo López Palacios (alias "Calavera") y Edith Veraliz Romero de Ortiz (alias "Mujer del Catrín"). En el procedimiento se incautaron dos celulares y todos contaban con orden de captura vigente por agrupaciones ilícitas.
Carlos Alberto Elizondo Portillo, alias "Campana", de la clica Opico Locos Salvatruchos de la MS13, fue capturado el 5 de diciembre tras ser deportado desde Estados Unidos. El terrorista tenía orden de captura vigente por homicidio agravado y fue entregado a la PNC. Ruth Nohemi Cortez Torres, de 37 años, alias "la Chuquera", pandillera de la clica Armenia Locos Salvatruchos de la MS13, fue capturada el 6 de diciembre en Izalco, Sonsonate. La mujer se valió de ser compañera de vida de un palabrero para exigir extorsión, delito por el que tiene antecedentes.
Jaime Oswaldo Cortez Gutiérrez, alias "Monge", gatillero de la 18S, fue capturado el 7 de diciembre en un patrullaje preventivo sobre el bulevar Las Palmeras, colonia Santa Marta, Sonsonate Centro. El pandillero cuenta con antecedentes delictivos desde 2002 por homicidio en grado de tentativa, lesiones, robo y amenazas. José Mauricio Rivas, alias "Ejote", pandillero de la MS13, fue capturado el 8 de diciembre en el barrio Veracruz, Sonsonate Centro. El terrorista modificó el diseño de los tatuajes de su pandilla para evadir la Guerra Contra Pandillas y tiene antecedentes delictivos por desórdenes públicos.
Un homicidio se reportó el 10 de diciembre en San Juan Nonualco, La Paz Este, donde la víctima, una mujer de 22 años, presentó varias lesiones ocasionadas con arma blanca. José Amadeo Maradiaga Franco fue detenido en La Unión con orden de captura por homicidio agravado girada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán Sur. Óscar Alberto Bustillo Espinal, alias "Dumbo" o "Nuca Torcida", de la MS13, clica Guanacos Little Cycos, fue capturado en San Miguel por robar a una persona a punta de pistola. El pandillero tiene antecedentes delincuenciales por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito (2000), lesiones y resistencia (2012), y robo con decomiso de dos pistolas (2015).
Isaías Alexander Mejía Cerna, presunto responsable del homicidio en San Juan Nonualco, fue capturado horas después del reporte. El sujeto tenía antecedentes por agrupaciones ilícitas en 2007 y en sus detenciones previas (2009, 2011) se hacía acompañar por homeboys de la pandilla 18. El acusado atacó con arma blanca a la víctima de 22 años al no ser correspondido como pretendiente, según reportó la PNC.
Tres homeboys fueron identificados y capturados el 11 de diciembre mediante la plataforma ONI en diferentes puntos del país. Julio Alejandro Ángel González, alias "el Coludo", de la MS13, fue capturado en San Cristóbal, Cuscatlán Sur, con antecedentes desde 2017 por tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de arma de fuego. José Adolfo Miranda Castañeda, alias "Slayer", de la 18R, fue capturado en Cojutepeque, Cuscatlán Sur. Jonas Eliseo Barrientos Trujillo, alias "Cheyo", de la MS13, fue detenido en el Barrio Las Flores, La Unión Sur, con antecedentes delincuenciales desde 2011 por lesiones y amenazas.
Un homicidio se reportó el 11 de diciembre en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate Este, donde la víctima, un hombre de 28 años, fue lesionado con un corvo por su padre con quien departía bebidas alcohólicas. Miguel Ángel Sánchez Chávez, de 50 años, fue capturado como responsable del homicidio. En el hecho, la compañera de vida del victimario también resultó lesionada.
Ricardo Alonso Bonilla Sarmiento, homeboy de la MS13, clica Monserrat Little Criminal Salvatruchos, fue intervenido el 13 de diciembre en el kilómetro 16 de la carretera Panamericana, La Libertad Sur, donde ocasionó un accidente de tránsito por manejar con 198° de alcohol una motocicleta. El pandillero tiene tatuajes alusivos a su pandilla y fue remitido por agrupaciones ilícitas y conducción peligrosa. Ese mismo día se reportó un homicidio en Jayaque, La Libertad Oeste, donde la víctima, un hombre de 31 años, recibió un disparo con arma de fuego.
Levi Martín Cerritos Quinteros, de 40 años, fue capturado el 18 de diciembre en el distrito de San Francisco Gotera, Morazán Sur, con orden de captura por homicidio simple. El acusado había huido hacia Estados Unidos pero regresó al país. Juan Antonio Rivas Cerritos, de 50 años, homeboy de la MS13, clica Chilamates Locos Salvatruchos, fue capturado el 22 de diciembre en el cantón San Antonio, San Juan Opico, La Libertad Centro. El pandillero tiene antecedentes desde 2008 por homicidio en grado de tentativa y daños, dedicándose a mover los ilícitos de la pandilla y modificando tatuajes alusivos a la MS13 para evadir captura.
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