Por: Neftalì Hernàndez Pereira
Isaac Moreno Garcés, un joven venezolano de 17 años, perteneciente a la comunidad LGBTQ+ de Venezuela desapareció en marzo de 2025 durante su travesía migratoria por Centroamérica. Semanas después, fue hallado en buen estado de salud en un centro comunal de El Salvador, tras una intensa búsqueda liderada por organizaciones humanitarias y su familia. Su caso reavivó el debate sobre los riesgos que enfrentan miles de migrantes venezolanos en su ruta hacia Estados Unidos.
Desde 2023, más de 5,000 venezolanos han cruzado El Salvador en su trayecto hacia EE.UU., enfrentando políticas migratorias restrictivas y un aumento de la violencia en Centroamérica. Su situación refleja una crisis humanitaria que combina desesperación, xenofobia y vacíos legales.
Por Carlos Martínez | 16 de abril de 2025
Canal de Youtube de jovenes venozolanos inmigrantes en el salvador. Cortesia/ Venezolanos en El Salvador
La desaparición y posterior hallazgo de Isaac Morena Garcés conmocionó a la comunidad internacional y puso de relieve la difícil situación que atraviesan los migrantes venezolanos en su intento por alcanzar territorio estadounidense.
El joven de 17 años inició su viaje desde Venezuela el 15 de enero de 2025, dejando atrás a sus madre en Caracas y a la discriminacion en su pais y a su hermana mayor en Chile. Según relató Rosa Garcés, madre de Isaac, la comunicación con su hijo era regular hasta principios de marzo, cuando dejó de responder llamadas y mensajes tras informar que se encontraba en la frontera entre Guatemala y El Salvador.
“Nos dijo que cruzaría por un punto ciego porque no tenía suficiente dinero para pagar a los coyotes en la ruta principal”, explicó un familiar de Garcés desde Venezuela, quien inmediatamente activó las alarmas contactando a organizaciones de derechos humanos y a la embajada venezolana en Guatemala.
La búsqueda se extendió por 16 días, período durante el cual familiares difundieron la fotografía de Isaac en redes sociales y contactaron a grupos de migrantes que realizaban la misma ruta. Fue el 27 de marzo cuando autoridades salvadoreñas confirmaron su localización en un centro comunal de San Salvador, donde había sido llevado por vecinos que lo encontraron desorientado en la calle.
“Lo hallamos deshidratado, con signos de exposición prolongada al sol, pero sin lesiones de gravedad”, informó Héctor Mendoza, funcionario de la Dirección General de Migración de El Salvador. “El ciudadano venezolano no portaba documentos de identidad ni medios de comunicación, lo que dificultó su identificación inicial”.
Según el testimonio del propio Isaac, recogido por funcionarios consulares venezolanos, viajaba con un grupo de diez compatriotas cuando sufrieron un asalto en la frontera. “Nos quitaron todo: dinero, teléfonos y documentos. Yo me separé del grupo porque me quedé buscando mi mochila donde tenía fotos familiares”, relató el joven, quien perdió el rumbo y caminó por días hasta llegar a una comunidad rural salvadoreña.
Javier Durán, representante en Centroamérica de la organización Caminantes Sin Fronteras, señaló que el caso de Isaac no es aislado. “Solo en el primer trimestre de 2025 hemos documentado 47 desapariciones temporales de migrantes venezolanos entre Guatemala y México, muchos de ellos víctimas de robos o abandonados por traficantes tras cobrarles sumas que oscilan entre 3,000 y 7,000 dólares”, precisó.
El rescate de Moreno Garcés evidenció además las deficiencias en los protocolos de búsqueda transnacionales. La familia reportó la desaparición simultáneamente en Venezuela, Guatemala y Chile, pero la información tardó días en ser procesada por las respectivas cancillerías, según denunció Luz Marina López, asesora jurídica de la ONG Migrantes Por la Vida.
LA RUTA SALVADOREÑA
La ruta migratoria de venezolanos por El Salvador se intensificó a partir de 2023, cuando Nicaragua y Honduras endurecieron sus controles fronterizos, desviando el flujo hacia territorio salvadoreño. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2024 más de 70,000 venezolanos ingresaron al país, muchos pagando a coyotes para evitar deportaciones bajo el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele.
El cambio de ruta coincidió con el incremento de redadas policiales en territorio hondureño, donde las autoridades reportaron la detención de 12,500 migrantes venezolanos durante 2023, frente a 3,200 en 2022. Esta presión migratoria provocó que los traficantes de personas establecieran nuevas rutas a través de Guatemala y El Salvador, utilizando pasos fronterizos menos vigilados pero más peligrosos.
En enero de 2024, el gobierno salvadoreño habilitó tres albergues temporales en las localidades de La Unión, Santa Ana y San Miguel, con capacidad para 450 personas. Sin embargo, estos espacios resultaron insuficientes ante el flujo creciente, obligando a muchos migrantes a dormir en parques y estaciones de autobús.
Durante 2025, las autoridades salvadoreñas registraron la desaparición de al menos 30 migrantes venezolanos en la zona norte del país, casos vinculados a redes de trata de personas y extorsión. La Fiscalía General logró desarticular dos bandas criminales dedicadas a secuestrar migrantes para exigir pagos a sus familiares en Venezuela o Estados Unidos.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado que la militarización de fronteras impulsada por el gobierno de Bukele ha aumentado los riesgos para los caminantes. “La presencia militar no disuade la migración, solo la obliga a buscar rutas más remotas y peligrosas”, señaló Rafael Gordillo, investigador para Centroamérica de HRW.
El Ministerio de Seguridad salvadoreño rechazó estas críticas, argumentando que las medidas han permitido reducir la influencia de pandillas en el tráfico de personas. “Nuestros protocolos incluyen asistencia humanitaria para migrantes vulnerables, pero no podemos permitir el uso de nuestro territorio como puente para la migración irregular”.
LA FRONTERA NORTE: ESPERA INDEFINIDA
La llegada masiva de venezolanos a la frontera México-Estados Unidos ha generado respuestas contrastantes entre las administraciones estadounidenses. Durante el primer gobierno de Donald Trump (2017-2021), se aplicó el Título 42 para realizar expulsiones inmediatas, complementado con el programa “Remain in Mexico” que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano.
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, se implementó en 2022 un programa de “parole humanitario” que permitía el ingreso ordenado de hasta 30,000 venezolanos mensuales con patrocinadores en Estados Unidos. Sin embargo, en 2023, bajo presión política interna, la administración Biden restableció las deportaciones a México para venezolanos que cruzaban la frontera sin autorización.
Actualmente, más de 50,000 venezolanos esperan en campamentos instalados en ciudades mexicanas como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros para resolver su estatus migratorio. Estos migrantes enfrentan obstáculos para acceder a empleos formales y servicios básicos, quedando expuestos a la captación por grupos criminales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que las medidas adoptadas resultan insuficientes ante el colapso de los sistemas de asilo y la creciente explotación laboral en estados fronterizos mexicanos. Un informe publicado en febrero de 2025 documentó que el tiempo promedio de espera para la resolución de solicitudes de asilo alcanza los 14 meses.
Ricardo Montalbán, cónsul de Venezuela en México, informó que tras el hallazgo de Isaac Morena en El Salvador, las autoridades venezolanas gestionaron su traslado a Ciudad de México, donde permanece en una casa de acogida mientras se completa la emisión de nuevos documentos de identidad.
“Su caso representa el de miles de venezolanos que buscan mejores condiciones de vida enfrentando múltiples peligros”, manifestó Montalbán. “Estamos trabajando para establecer un corredor humanitario que garantice la seguridad de nuestros nacionales, independientemente de su estatus migratorio”.
Por su parte, Isaac Morena declaró a este medio su intención de continuar su viaje hacia Estados Unidos, donde le espera un primo en Houston. “Lo que pasé fue difícil, pero más difícil sería regresar a Venezuela sin lograr mi objetivo. Mi familia depende de lo que pueda enviarles desde allá”, afirmó el joven, quien espera reanudar su travesía en mayo.
Mientras tanto, organizaciones como ACNUR, OIM y Cruz Roja Internacional han reforzado sus operaciones en el corredor centroamericano, instalando puntos de hidratación y ofreciendo asistencia legal a los migrantes en tránsito. También han lanzado campañas informativas sobre rutas seguras y protocolos a seguir en caso de emergencia.
El caso de Isaac Moreno Garcés, con un final esperanzador tras días de angustia, contrasta con el de cientos de migrantes que continúan desaparecidos. Su historia evidencia la urgencia de implementar mecanismos regionales de protección que reconozcan la complejidad del fenómeno migratorio venezolano y respondan efectivamente a sus necesidades humanitarias.
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