Por Alessia Genoves y Carlos Arita
75 años de prisión a feminicida de activias de derechos humanos, Edwin Antonio Cáceres Ramírez. La sanción máxima ha sido impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV), en contra del condenado tras ser vencido en juicio por los delitos de feminicidio agravado (50 años) y desaparición de personas (25 años), ambos en perjuicio de Rosa Elvira Flores Martínez, activista de la Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) y lideresa comunitaria de Santa Isabel Ishuatán, en Sonsonate. El crimen tuvo lugar el 19 de marzo de 2024, cuando Flores Martínez, de 47 años, fue asesinada con un traumatismo contuso en el cráneo tras acudir a un encuentro con su pareja de vida luego de retirar $2,500 de un banco.
La sentencia, dictada el 20 de marzo de 2026, aplicó las penas máximas previstas en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), al establecerse que el condenado se aprovechó de una relación de confianza y de la condición de vulnerabilidad de la víctima para perpetrar el hecho. Cáceres Ramírez se encuentra en condición de rebelde —prófugo de la justicia salvadoreña—, por lo que el tribunal ratificó la orden de captura en su contra. La complicidad de terceros también fue objeto de procesamiento judicial en este caso. Tres personas —Lizbeth Hernández del Carmen Coreto, Karla Esmeralda Siguach García y Daniel Adonay García Mauricio— fueron acusadas por la FGR del delito de encubrimiento del feminicidio. Según informes de la FGR, familiares del imputado procedieron a movilizar a Cáceres hasta un punto ciego de la frontera para encubrirlo y que pudiera huir de la justicia salvadoreña. Sin embargo, el Juzgado Leiv de Santa Ana otorgó a los cómplices la “suspensión condicional del procedimiento por un año”, tiempo en el que deberán demostrar buena conducta bajo supervisión judicial, mientras que Cáceres Ramírez fue declarado como el principal responsable.
El feminicidio de Rosa Elvira Flores Martínez se circunscribe en el registro de 46 feminicidios documentados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) durante el año fiscal 2024, en contraste con los 26 feminicidios registrados por la misma organización al cierre del año fiscal 2025, lo que representa una reducción del 43.4%. En el año fiscal 2023, Ormusa registró un número superior, sin que los documentos consultados especifiquen la cifra exacta para ese período. El mes de marzo de 2024, en el que ocurrió el asesinato de Flores Martínez, registró 13 homicidios intencionados según la base de datos del Equipo Operativo de Homicidios de la FGR —desglosados en 4 casos de delincuencia general, 2 de intolerancia social y 7 de intolerancia familiar—, frente a los 13 homicidios de marzo de 2023 (8 delincuencia general, 1 intolerancia social y 4 intolerancia familiar) y los 13 de marzo de 2025 (0 delincuencia general, 7 intolerancia social y 6 intolerancia familiar), según la organización.
Desaparición, hallazgo y juicio: caso Rosa Elvira Flores Martínez
19 de marzo de 2024: Rosa Elvira Flores Martínez, de 47 años, desaparece en San Julián, Sonsonate, después de realizar una operación bancaria por $2,500. Según el auxiliar fiscal que presentó el requerimiento, tal como documentó La Prensa Gráfica, “el imputado y la víctima mantenían una relación sentimental y de acuerdo a las investigaciones la víctima retiró $2,500 de un banco, luego acudió a encontrarse con Cáceres Ramírez. Después de esta reunión la familia de la víctima no volvió a saber nada de ella.” La plataforma de búsqueda Desaparecidos S.O.S El Salvador publicó la denuncia de desaparición el mismo 19 de marzo, identificando a Flores Martínez como “Defensora de DD.HH. de su localidad.”
El 20 de marzo de 2024, la familia de Rosa Elvira interpone la denuncia formal por desaparición ante la Policía Nacional Civil (PNC). 27 de marzo de 2024: el cadáver de la lideresa es encontrado semienterrado en un cañal del cantón Los Lagartos, San Julián, Sonsonate Este. La PNC emitió el comunicado: “fue imposible determinar la causa de la muerte y es necesario esperar los resultados de la autopsia”, añadiendo que “se presume” que los restos corresponden a la lideresa “debido a la vestimenta.” Un hermano de la víctima declaró al medio Cacaluta Noticia SV: “Lo que nos han dicho es que una hija la reconoció por la vestimenta que tiene y que estaba semienterrada.” La autopsia posterior determinó que la causa de muerte fue un traumatismo contuso en el cráneo. La PNC no incluyó a Flores Martínez en su reporte diario de homicidios del día del hallazgo. La muerte de Flores Martínez tampoco fue incorporada en las estadísticas de muertes violentas de la institución policial.
Para el 4 de abril de 2024, el Instituto de Medicina Legal entregó los restos de Rosa Elvira Flores Martínez a su familia, con instrucciones de no abrir el ataúd. Isabel López, directora del MSM, declaró a La Prensa Gráfica: ro, pero era un momento tan doloroso que respetamos el duelo de la familia. Como organización “Le dijeron a la familia que no se abriera la caja. Para nosotros sí fue sospechoso como ella pudo caber en esa cajita, se nos hizo radesconocemos por el momento cuál fue el resultado del procedimiento (autopsia).” Los restos fueron sepultados ese mismo día en el cementerio de Santa Isabel Ishuatán, departamento de Sonsonate, en presencia de mujeres, familiares y compañeras de organización que portaban consignas como “Ya no buscamos a Elvira, exigimos justicia por Elvira. Vivas nos queremos, ni una menos.”
El 17 de abril de 2024, la FGR presentó el requerimiento en contra de Edwin Antonio Cáceres Ramírez ante el Juzgado de Paz de San Julián, Sonsonate, por el delito de feminicidio de Rosa Elvira Flores Martínez. En la misma fecha, el ministerio público fiscal presentó requerimiento en contra de Lizbeth Hernández del Carmen Coreto, Karla Esmeralda Siguach García y Daniel Adonay García Mauricio por el delito de encubrimiento del feminicidio. La investigación fiscal determinó que Cáceres Ramírez sustrajo el teléfono celular de la víctima y lo entregó a una tercera persona para que se deshiciera de él, además de apropiarse del dinero retirado del banco.
El auxiliar fiscal estableció que, según las investigaciones, el imputado habría citado a la víctima para proceder al robo y posterior asesinato. La directora del MSM, Isabel López, expresó cuestionamientos al proceso al señalar que “Conozco a Elvira, sé que es una persona muy humilde, trabajadora, del campo. Era una mujer cristiana evangélica y esto de Fiscalía es una cortina de humo para no seguir la investigación. Ella está siendo revictimizada. Aparte de no investigar la están acusando de que andaba con otro hombre”, según consigna La Prensa Gráfica en su edición del 17 de abril de 2024.
Posteriormente, en la fecha del 6 de septiembre de 2025, el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de Santa Ana decretó apertura a juicio en contra de Edwin Antonio Cáceres Ramírez, quien ya había sido declarado rebelde. El juzgado ratificó la orden de captura en su contra. En el mismo proceso, Walter Daniel Melara fue detenido como imputado por encubrimiento y, junto a los otros tres ya procesados, se le otorgó suspensión condicional del procedimiento.
La Prensa Gráfica documentó que “en la audiencia preliminar el juzgado determinó que hay pruebas suficientes para que el caso avance a la etapa de juicio y ratificó la orden de captura en contra de Cáceres.” El proceso se tramitó conforme a las reformas al Código Procesal Penal contenidas en el Decreto Legislativo número 507, publicado en el Diario Oficial el 26 de septiembre de 2022, que permiten el juzgamiento en rebeldía.
Finalmente, el 20 de marzo de 2026, el Juzgado Especializado de Sentencia LEIV de Santa Ana dictó sentencia condenatoria en ausencia en contra de Edwin Antonio Cáceres Ramírez: 50 años de prisión por feminicidio agravado y 25 años por desaparición de personas, para un total de 75 años de prisión. Ambas penas corresponden a los máximos previstos en la legislación vigente. La CSJ, en comunicado oficial del 20 de marzo de 2026, estableció que “por ambos delitos se impusieron las penas máximas previstas en la ley, al establecerse que el condenado se aprovechó de una relación de confianza y de la condición de vulnerabilidad de la víctima para cometer los hechos.”
El juzgado ratificó la orden de captura para la ejecución de la pena. Además de la condena penal, Cáceres Ramírez fue declarado responsable civilmente. El tribunal ordenó, como parte de las medidas de reparación integral, brindar acompañamiento psicológico a los familiares de la víctima. La Prensa Gráfica consignó en su edición del 21 de marzo de 2026 que “fuentes judiciales detallaron que la sentencia establece 50 años por el delito de feminicidio agravado y 25 años por desaparición de personas, imponiendo en ambos casos las penas máximas contempladas en la ley.”
2024: Caso Elvira Flores acumuló 46 feminicidios
13 homicidios intencionados registró la FGR durante el mes de marzo de 2024, según la base de datos del Equipo Operativo de Homicidios. El desglose por categorías indica: 4 casos de delincuencia general, 2 de intolerancia social y 7 de intolerancia familiar. El caso de Rosa Elvira Flores Martínez no fue incorporado en el reporte diario de homicidios de la PNC correspondiente al 27 de marzo de 2024 —fecha del hallazgo del cuerpo—, según registros de La Prensa Gráfica. El feminicidio de Flores Martínez forma parte de los 46 feminicidios documentados por Ormusa a lo largo del año fiscal 2024.
En contraste, la FGR registró en el mes de marzo de 2023 un total de 13 homicidios intencionados (8 delincuencia general, 1 intolerancia social y 4 intolerancia familiar), mientras que marzo de 2025 reportó también 13 homicidios intencionados, con una composición diferenciada: 0 delincuencia general, 7 intolerancia social y 6 intolerancia familiar. La equivalencia numérica mensual en los tres años contrasta con la transformación cualitativa de las categorías, donde la delincuencia general —vinculada a estructuras criminales organizadas— pasó de representar el 61.5% en marzo de 2023 (8 de 13 casos) al 30.8% en marzo de 2024 (4 de 13 casos) y al 0% en marzo de 2025.
El año fiscal 2024 cerró con 114 homicidios intencionados en total, según la FGR: 33 de delincuencia general (28.9%), 34 de intolerancia social (29.8%) y 47 de intolerancia familiar (41.2%). Esta cifra contrasta con los 154 homicidios de 2023 (53 de delincuencia general, 34.4%; 54 de intolerancia social, 35.1%; 47 de intolerancia familiar, 30.5%) y los 82 homicidios de 2025, para los cuales la base de datos disponible consigna: 5 de delincuencia general (6.1%), 27 de intolerancia social (32.9%) y 15 de intolerancia familiar (18.3%), con datos parciales en algunas categorías mensuales. La reducción interanual de homicidios intencionados totales fue del 26.0% entre 2023 y 2024, y del 28.1% entre 2024 y 2025.
26 feminicidios en 2025, caen a más del 40%
26 feminicidios fueron documentados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) durante el período de enero a diciembre de 2025, la cifra más baja registrada por esta organización en los últimos tres años fiscales. Los 46 feminicidios de 2024 representaron una reducción respecto al año anterior, mientras que los 26 de 2025 configuran una caída adicional del 43.4% respecto a 2024. Los documentos de Ormusa consultados no especifican el número exacto de feminicidios para el año fiscal 2023, aunque consignan que la tendencia de 2025 representa el nivel más bajo de los tres períodos comparados.
La reducción del 43.4% entre 2024 y 2025 constituye la disminución porcentual más significativa registrada en este indicador en años recientes, según los informes de violencia de Ormusa. Al 6 de septiembre de 2025, La Prensa Gráfica documentó que “de acuerdo con los datos de la Organización Mujeres por la Paz (Ormusa), de enero hasta mediados de agosto de 2025 se reportaron 14 feminicidios en El Salvador”, mientras que organizaciones de derechos humanos y defensa de la mujer documentaron dos casos adicionales después de esa fecha: el de Alma de la Paz Peraza, asesinada el 30 de agosto, y el de Sonia Carolina Campos Sorto, el 1 de septiembre.
Los 26 feminicidios de 2025 se producen en el contexto de los 82 homicidios intencionados reportados por la PNC al 31 de diciembre de 2025, cifra que representa una reducción del 28.1% respecto a los 114 de 2024 y del 46.8% respecto a los 154 de 2023. El titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, declaró en el balance de seguridad del Gabinete Ampliado:
“En datos planos, cerramos el año 2025 con 82 homicidios, de los cuales los 82 están resueltos. Lo cual implica que de aquel país de 2019 que recibimos con el 97% de impunidad, para el año 2024, cerramos con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes y, para este año 2025, cerramos con 1.3 y cero impunidad.” El titular de la FGR, Rodolfo Delgado, añadió: “Durante el 2025, El Salvador registró 82 homicidios y los 82 fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100% en la resolución de estos delitos, la más alta en toda la historia del país.”
Los 82 homicidios intencionados de 2025
La base de datos del Equipo Operativo de Homicidios de la FGR registra la distribución mensual de homicidios intencionados en El Salvador para los años 2023, 2024 y 2025. En el año fiscal 2025, la distribución mensual fue la siguiente: enero 7, febrero 5, marzo 13, abril 6, mayo 7, junio 5, julio 4, agosto 4, septiembre 9, octubre 8, noviembre 3, diciembre 5, para un total de 82 homicidios. En el año fiscal 2024, la distribución mensual correspondió a: enero 9, febrero 7, marzo 13, abril 7, mayo 17, junio 5, julio 15, agosto 20, septiembre 9, octubre 5, noviembre 6, diciembre 1, para un total de 114. En el año fiscal 2023, los registros mensuales fueron: enero 13, febrero 13, marzo 11, abril 9, mayo 17, junio 12, julio 9, agosto 16, septiembre 10, octubre 21, noviembre 7, diciembre 16, para un total de 154 homicidios intencionados.
La reducción de diciembre de 2025 (5 homicidios) respecto a diciembre de 2024 (1 homicidio) constituye un dato inverso: en el último mes de 2025 los homicidios fueron superiores a los de diciembre de 2024, aunque inferiores a los 16 de diciembre de 2023. El mes de mayor concentración de homicidios en 2025 fue marzo (13), seguido de septiembre (9) y octubre (8). En 2024, agosto fue el mes con mayor número de homicidios (20), seguido de mayo y julio (17 y 15, respectivamente). En 2023, octubre fue el mes más violento (21), seguido de agosto (16) y diciembre (16). El promedio mensual de homicidios intencionados pasó de 12.8 casos en 2023 a 9.5 en 2024 y a 6.8 en 2025, una reducción acumulada del 46.9% entre 2023 y 2025 en el indicador de promedio mensual.
Mientras tanto, 496 homicidios intencionados registró la FGR en el año fiscal 2022, distribuidos en 429 de delincuencia general (86.5%), 36 de intolerancia social (7.3%) y 31 de intolerancia familiar (6.2%), según el Equipo Operativo de Homicidios. Para 2023, los 154 homicidios se distribuyeron en 53 de delincuencia general (34.4%), 54 de intolerancia social (35.1%) y 47 de intolerancia familiar (30.5%). En 2024, los 114 homicidios se descompusieron en 33 de delincuencia general (28.9%), 34 de intolerancia social (29.8%) y 47 de intolerancia familiar (41.2%). Para 2025, los datos disponibles por categoría consignan 5 de delincuencia general (6.1%), 27 de intolerancia social (32.9%) y 15 de intolerancia familiar (18.3%), con categorías sin desagregar para los meses de agosto a diciembre en algunas celdas de la base de datos. El desplazamiento estructural desde la delincuencia general —que en 2022 representaba el 86.5% del total— hacia la intolerancia social y familiar evidencia un cambio en los patrones de violencia letal, con reducción sostenida de los homicidios vinculados a estructuras criminales organizadas.
La comparación interanual de enero a octubre —período para el que la base de datos dispone de datos completos en los tres años— muestra que los homicidios intencionados pasaron de 323 en enero-octubre de 2022 (161 delincuencia general, 3 intolerancia social, 1 intolerancia familiar) a 82 en el mismo período de 2025 (según los datos parciales hasta octubre: 7 homicidios en enero, 5 en febrero, 13 en marzo, 6 en abril, 7 en mayo, 5 en junio, 4 en julio, 4 en agosto, 9 en septiembre, 8 en octubre, acumulando 68 casos en el período enero-octubre de 2025 contra los 323 de 2022 en el mismo lapso), lo que representa una reducción del 78.9%. La FGR reportó en enero-octubre de 2025 un promedio mensual de 6.8 homicidios frente a los 32.3 del mismo período de 2022.
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