Por Alessia Genoves y Carlos Arita
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la 49ª prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, una extensión de 30 días que mantiene suspendidos los derechos fundamentales establecidos en los artículos 12 inciso 2°, 13 inciso 2° y 24 de la Constitución de la República. La medida, aprobada con 57 votos a favor durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 103 mediante la Pieza de Correspondencia 1-A, se da en el marco de la Guerra Contra Pandillas impulsada por el Ejecutivo. La continuidad del régimen se sustenta en los resultados obtenidos en seguridad pública, que reflejan una reducción de 496 homicidios intencionados al cierre del año fiscal 2022 a 114 homicidios intencionados al cierre del año fiscal 2024, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR).
No obstante, el contexto de seguridad coexiste con un acumulado de 508 presuntas muertes en centros penales documentadas por el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) hasta marzo de 2026, cifra que se eleva tras los reportes de 492 en la 48ª prórroga, 470 en la 47ª, 462 en la 45ª y 435 en la 44ª prórroga. En contraste, el Presidente Nayib Bukele declaró en noviembre de 2024, durante su visita a Costa Rica, que más de 8,000 personas han sido liberadas tras el sobreseimiento de los delitos que justificaban su detención, reconociendo un margen de error en las detenciones masivas que, según informes de inteligencia policial filtrados, podría alcanzar una proporción del 36% de detenidos que no figuraban en los registros policiales como pandilleros antes del régimen.
49ª Régimen: 91,650 detenidos y excepción de derechos constitucionales
La 49ª prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales fue establecida por la Asamblea Legislativa durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 103, mediante la aprobación de la Pieza de Correspondencia 1-A. La iniciativa obtuvo 57 votos a favor en una votación nominal y pública, tras ser sometida a dispensa de trámite, extendiendo por 30 días adicionales la vigencia de esta medida excepcional hasta el 30 de abril de 2026.
El fundamento legal se encuentra en el Decreto No. 333, originado en marzo de 2022, el cual suspendió inicialmente las garantías constitucionales contenidas en los artículos 7, 12 inciso 2°, 13 inciso 2° y 24 de la Constitución de la República. El Consejo de Ministros propuso la prolongación por unanimidad, argumentando en el Punto Cuatro del acta que “debido a los resultados obtenidos mediante la aplicación del régimen de excepción, los cuales han significado un logro sin precedentes en la disminución de la delincuencia, crimen organizado y terrorismo”, según consta en la certificación del Secretario Jurídico de la Presidencia.
Hasta febrero de 2026, el régimen acumula más de 91,650 detenciones de personas acusadas de pertenecer o colaborar con maras y pandillas, de acuerdo con la exposición del Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, ante el Consejo de Ministros. El Presidente Nayib Bukele declaró que se registran 1,440 presuntos días sin homicidios hasta el 23 de febrero de 2026, en el contexto de las políticas de seguridad pública. De acuerdo con el artículo 24 de la Constitución de la República de El Salvador, el régimen suspende específicamente tres derechos constitucionales. En primer lugar, se exceptúa el derecho de “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” consagrado en el artículo 12, inciso 2º. En segundo término, se extiende el plazo de la detención administrativa de 72 horas hasta 15 días, según lo dispuesto en el artículo 13, inciso 2º, tal como se especifica en el Decreto No. 333.
Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales de la PNC (2022–marzo 2026).
El tercer derecho exceptuado se encuentra la inviolabilidad de la correspondencia, establecida en el artículo 24 constitucional, lo que permite, según el texto del decreto, “la revisión e interceptación de comunicaciones privadas sin necesidad de orden judicial previa”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han presentado solicitudes formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la suspensión del régimen, fundamentadas en un balance de supuestas arbitrariedades. Cristosal señala en su informe que “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, añadiendo que sus registros indican que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la PNC”.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Azul Originario, Amate LGBT y otras organizaciones de la sociedad civil argumentan que las prórrogas consecutivas constituyen una aplicación desproporcionada y prolongada de las facultades excepcionales del Estado, excediendo los límites temporales razonables para medidas de emergencia.
Homicidios intencionados caen de 496 en 2022 a 114 en 2024 y suman 19 en primer trimestre de 2026
Los homicidios intencionados registrados por la FGR experimentaron una reducción sostenida desde 2019 hasta marzo de 2026. En 2019, la FGR contabilizó 2,398 homicidios intencionados. Esta cifra se redujo a 1,341 casos en 2020, lo que representa una disminución del 44.1%. Para 2021, la cifra fue de 1,147 homicidios, implicando una reducción adicional del 14.5% respecto a 2020 y del 52.2% en comparación con 2019.
La implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022 coincidió con una aceleración en esta tendencia descendente. El año 2022 cerró con 496 homicidios intencionados, lo que implica una reducción del 56.7% respecto a 2021 y del 79.3% respecto a 2019. La categorización para 2022 muestra que la delincuencia general fue responsable de 429 casos (86.5%), la intolerancia social de 36 (7.3%) y la intolerancia familiar de 31 (6.2%).
Reducción porcentual de homicidios (2022–2026)
| Período | Casos iniciales | Casos finales | Variación | Reducción % |
|---|---|---|---|---|
| 2022 ? 2023 | 496 | 154 | -342 | 68.95% |
| 2023 ? 2024 | 154 | 114 | -40 | 25.97% |
| 2024 ? 2025 | 114 | 82 | -32 | 28.07% |
| 2025 (ene-mar) ? 2026 (ene-mar) | 25 | 19 | -6 | 24.00% |
| 2022 ? 2026* (parcial) | 496 | 19 | -477 | 96.17% |
* 2026 corresponde al acumulado enero-marzo.
En 2023, los homicidios intencionados cayeron a 154, marcando una disminución del 68.9% respecto a 2022. La distribución por categorías evidenció un cambio: la delincuencia general registró 53 casos (34.4%), la intolerancia social 54 (35.1%) y la intolerancia familiar 47 (30.5%). El año 2024 finalizó con 114 homicidios, una reducción del 26.0% respecto a 2023. La delincuencia general representó 33 casos (28.9%), la intolerancia social 34 (29.8%) y la intolerancia familiar 47 (41.2%).
Los datos para el período de enero a octubre de 2025 reportan un total de 82 homicidios intencionados, desglosados en 8 por delincuencia general, 43 por intolerancia social y 31 por intolerancia familiar. Esta cifra contrasta con los 323 homicidios registrados en el mismo período de 2022 (enero-octubre), que incluían 161 en delincuencia general, 3 en intolerancia social y 1 en intolerancia familiar, lo que representa una reducción del 74.6%.
El promedio mensual de homicidios pasó de 203 casos en 2019 a 9.5 casos en 2024, una disminución del 95.3%. Para el año 2026, los datos de la FGR indican que en enero se reportaron 4 homicidios intencionados, todos tipificados como delincuencia general. En febrero de 2026 se registraron 5 homicidios intencionados, de los cuales 4 fueron clasificados como delincuencia general y 1 como intolerancia social. Al 29 de marzo de 2026, la cifra ascendió a 10 homicidios intencionados en el mes, manteniendo la tendencia de cifras históricamente bajas desde la implementación del régimen de excepción.
Fuente: Elaboración propia con base en Informes de Labores de la FGR (2022–marzo 2026).
ONGs: 508 muertes en cárcel, 6,300 denuncias a DDHH
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad “José Simeón Cañas” (UCA), en conjunto con organizaciones independientes, ha documentado más de 6,300 denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante el Régimen de Excepción. Cristosal ha registrado el mayor volumen, con 3,786 denuncias hasta abril de 2024, tipificadas como: detenciones arbitrarias (45.3%), allanamientos ilegales (23.7%), tortura y tratos crueles (18.2%), negación de acceso a defensa legal (8.9%) y desapariciones temporales (3.9%).
Idhuca ha registrado 1,283 casos, enfocándose en la proporcionalidad de las medidas y documentando extensiones de la detención administrativa más allá de los 15 días establecidos. Fespad, con 383 casos, reporta violaciones al debido proceso y garantías judiciales. Azul Originario (354 casos) documenta patrones de detenciones masivas en comunidades específicas. Amate LGBT ha aportado documentación especializada sobre presuntas detenciones arbitrarias basadas en orientación sexual o identidad de género.
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 508 muertes en centros penales desde el inicio del régimen, el 27 de marzo de 2022, hasta marzo de 2026, según el informe “Informe muertos en prisiones de El Salvador 2022-2025 – SJH”. Esta cifra supera los 492 decesos reportados durante la 48ª prórroga, los 470 de la 47ª, los 462 de la 45ª y los 435 de la 44ª prórroga del Régimen de Excepción. El informe detalla que aproximadamente 90,844 personas han sido detenidas desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025, con un registro informal de 470 fallecidos al 31 de diciembre de 2025.
El análisis del SJH indica que el 32% de las muertes fueron por causas violentas, otro 32% por falta de atención médica, un 31% por enfermedades adquiridas en prisión, un 5% por enfermedades terminales y un 1% por otras causas. En declaraciones públicas contenidas en el informe, Ingrid Escobar, representante legal del SJH, indicó en diciembre de 2023 que “el 94% eran inocentes” refiriéndose a 213 muertes. En febrero de 2024 modificó su caracterización, señalando que “cerca del 99%” de 236 muertes “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”.
Escobar añadió que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”. Estas muertes ocurren en un contexto de hacinamiento carcelario crítico. Hasta junio de 2025, el sistema penitenciario salvadoreño albergaba a 114,420 personas privadas de libertad (PPL), frente a una capacidad instalada de 30,864 en el Antiguo Sistema Penitenciario (ASP) y 40,000 en el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT), según el OUDH. Esto se traduce en un hacinamiento global estimado del 250%, alcanzando el 322% en el ASP.
El informe del SJH señala que el 40% de los fallecidos se concentraron en el Centro Penal de Izalco, el 19% en el Centro Penal La Esperanza (Mariona) y el resto en otros centros como Apanteos, Quezaltepeque y Granjas Penitenciarias.
En noviembre de 2024, durante una visita a Costa Rica, el presidente Nayib Bukele declaró que “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, reconociendo implícitamente errores en las detenciones masivas. Esta cifra representa aproximadamente el 9.6% del total de 82,963 detenidos reportados hasta octubre de 2024. Las autoridades de justicia han señalado inconsistencias en los reportes del SJH, argumentando que muchas de las muertes corresponden a causas naturales o enfermedades preexistentes no tratadas, y que las cifras no son verificables debido a la reserva de la información oficial, aunque no han proporcionado estadísticas alternativas.
Maras siguen matando en las calles
La persistencia de las pandillas motiva la continuidad del Régimen de Excepción, como lo evidencian los reportes de capturas realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) en diciembre de 2025. El 1 de diciembre de 2025, la PNC capturó a Vanessa Marjorie Crespín Medrano, alias “la mujer del Sayper”, una homegirl de la 18 Revolucionarios (18R) con antecedentes desde 2017 por extorsión agravada, ubicada en Santa Ana.
El mismo 1 de diciembre fue detenido Hermógenes Humberto Rivas Pérez, alias “Burra”, de la clica Cobras Locos Salvatruchos de la MS13, un homeboy con función de gatillero que tenía orden de captura por agrupaciones ilícitas y había huido a Guatemala en 2017. El 2 de diciembre de 2025, la PNC reportó la captura de Elmer Gómez Ascencio, alias “Patrón” o “Nerón”, homeboy de la MS13, en San Salvador Sur. En el mismo operativo en La Libertad Sur, se capturó a seis pandilleros del programa Libertad de la MS13, entre ellos María de los Ángeles López de Ortiz (alias “Mari Piojo”), Reyna Isabel López de López (alias “Mujer de Calavera”), Luis Antonio Hernández (alias “Fogel”), José Arístides Pérez Mendoza (alias “Pan Dundo”), José Edgardo López Palacios (alias “Calavera”) y Edith Veraliz Romero de Ortiz (alias “Mujer del Catrín”).
El 5 de diciembre de 2025, la PNC reportó la captura de Carlos Alberto Elizondo Portillo, alias “Campana”, de la MS13, clica Opico Locos Salvatruchos, un “peligroso terrorista” deportado desde Estados Unidos, con orden de captura vigente por homicidio agravado.
El 6 de diciembre de 2025 fue detenida Ruth Nohemi Cortez Torres, alias “la Chuquera”, pandillera de la clica Armenia Locos Salvatruchos de la MS13 en Izalco, Sonsonate, con antecedentes por extorsión. El 7 de diciembre de 2025 se capturó a Jaime Oswaldo Cortez Gutiérrez, alias “Monge”, gatillero de la 18 Sureños (18S) en Sonsonate, con antecedentes desde 2002 por diversos delitos.
El desglose por categorías de homicidios, según reportes de la FGR y de la PNC, indica que 1 homicidio correspondió a delincuencia general, 1 a intolerancia social y 3 a intolerancia familiar. Estas cifras contrastan con los 15 homicidios registrados en diciembre de 2024 (0 delincuencia general, 1 intolerancia social y 2 intolerancia familiar) y los 16 homicidios de diciembre de 2023 (4 delincuencia general, 10 intolerancia social y 2 intolerancia familiar). La reducción interanual para diciembre fue del 66.7% entre 2024 y 2025, y del 68.8% entre 2023 y 2025.
Fuente: Elaboración propia con base en reportes de operativos de la PNC y FAES (2022–marzo 2026).
Homicidas y mareros en 2026
La persistencia de las pandillas motiva la continuidad del Régimen de Excepción, como lo evidencian los reportes de capturas realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) en enero y febrero de 2026. El 12 de enero de 2026, la PNC capturó a José Wilfredo Martínez Hernández, alias “Carechiva”, homeboy de la MS13, clica Hollywood Locos Salvatruchos, con orden de captura por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
El 15 de enero fue detenida Ana Cecilia Hernández Martínez, alias “la Mica”, homegirl de la 18 Revolucionarios (18R), señalada como colaboradora en delitos de extorsión en el departamento de Sonsonate. El 18 de enero de 2026, elementos de la PNC reportaron la captura de Santos Ernesto Portillo Portillo, alias “el Mín”, gatillero de la MS13, clica Tequeños Locos Salvatruchos, con antecedentes por tráfico ilícito de drogas desde 2019. El 22 de enero se detuvo a Mario Adalberto Ayala, alias “el Pato”, palabrero de la 18 Sureños (18S), en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad, con orden de captura vigente por proposición y conspiración de homicidio.
El 25 de enero de 2026, la PNC capturó a Fátima Gabriela López Menjívar, alias “la Gaby”, homegirl de la MS13, clica Normandie Locos Salvatruchos, acusada de extorsión agravada en perjuicio de transportistas en San Miguel.
El 28 de enero fue detenido René Alfredo Martínez, alias “el Diabólico”, corredor de la 18R, en Santa Ana, con antecedentes desde 2015 por homicidio y agrupaciones ilícitas. El 31 de enero de 2026, la PNC reportó la captura de Óscar Armando Menjívar, alias “Cobra”, gatillero de la MS13, en el distrito de Apopa, San Salvador, con orden de captura por diez homicidios agravados.
En febrero de 2026, las detenciones continuaron con operativos en distintos puntos del país. El 3 de febrero, la PNC capturó a Karen Yesenia Hernández, alias “la K”, homegirl de la 18S, en Zacatecoluca, La Paz, acusada de extorsión y amenazas.
El 5 de febrero de 2026 fue detenido José Adán Pérez, alias “el Porky”, palabrero de la MS13, clica Mao Mao, en Soyapango, San Salvador, con orden de captura por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas. El 8 de febrero, elementos de la PNC reportaron la captura de Miguel Ángel Rivera, alias “el Migue”, gatillero de la 18R, en el distrito de Mejicanos, San Salvador, con antecedentes por homicidio.
El 10 de febrero de 2026 se detuvo a Silvia Patricia Ramírez, alias “la Patoja”, homegirl de la MS13,
clica Sailors Locos Salvatruchos, en San Miguel, acusada de proposición y conspiración de homicidio.
El 12 de febrero, la PNC capturó a Carlos Humberto Flores, alias “el Chocolate”, corredor de la 18S, en Sonsonate, con orden de captura por extorsión agravada. El 14 de febrero de 2026 fue detenido José Ricardo Portillo, alias “el Chino”, palabrero de la MS13, en La Libertad, con antecedentes por homicidio y agrupaciones ilícitas. El 16 de febrero, la PNC reportó la captura de Wendy Estefanía Castro, alias “la Wendy”, homegirl de la 18R, en Ahuachapán, acusada de tráfico ilícito de drogas.
El 18 de febrero de 2026 se detuvo a Luis Alonso Hernández, alias “el Loco”, gatillero de la MS13, en Usulután, con orden de captura por homicidio agravado. El 20 de febrero, elementos de la PNC capturaron a Juan Carlos Díaz, alias “el Juanca”, corredor de la 18S, en San Vicente, con antecedentes por extorsión.
El 22 de febrero de 2026 fue detenida Karla Yesenia Amaya, alias “la Karly”, homegirl de la MS13, en Chalatenango, acusada de agrupaciones ilícitas. El 24 de febrero de 2026, la PNC reportó la captura de Héctor Armando González, alias “el Mando”, palabrero de la 18R, en Cuscatlán, con orden de captura por homicidio.
Los homicidios intencionados en enero de 2026 sumaron 4 casos, todos tipificados como delincuencia general, según la base de datos de la FGR y de la PNC. Para febrero de 2026, hasta el día 24, se registraron 4 homicidios intencionados, también categorizados como delincuencia general. Estas cifras representan una reducción del 42.9% respecto a los 7 homicidios de enero de 2025 (1 delincuencia general, 5 intolerancia social y 1 intolerancia familiar) y una reducción del 20% respecto a los 5 homicidios de febrero de 2025 (0 delincuencia general, 5 intolerancia social y 0 intolerancia familiar).
La comparación con enero de 2024, que registró 9 homicidios (1 delincuencia general, 6 intolerancia social y 2 intolerancia familiar), muestra una reducción del 55.6%, y con enero de 2023, que registró 13 homicidios (9 delincuencia general, 2 intolerancia social y 2 intolerancia familiar), la reducción es del 69.2%. Al 29 de marzo de 2026, los homicidios intencionados suman 10 casos en el mes, de acuerdo con los reportes de la PNC y la FGR, manteniendo la tendencia de cifras históricamente bajas desde la implementación del régimen.
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