Por Alessia Genoves y Carlos Arita
Unos US$26,59 millones en corrupción pública resultó en condenas, de un total de 343 sentencias emitidas por la Corte de Cuentas de la República (CCR). El deto lo consata el Informe de Labores 2025 de la institución, donde los montos patrimoniales en presuntas irregularidades contabilizan un saldo de US$40,246,872.06. De ese total, US$23,736,432.48 corresponden a las ocho Direcciones de Auditoría de la sede central y US$16,510,439.58 a las tres Direcciones de Auditoría Regionales —Santa Ana, San Miguel y San Vicente—.
Las cámaras de Primera Instancia emitieron 343 sentencias definitivas, con montos condenados totales de US$26,222,999.30 y absueltos de US$9,830,588.44, de las cuales 245 (71.43 %) correspondieron a municipalidades —con US$20,112,679.37 condenados y US$7,747,905.84 absueltos— y 98 (28.57 %) al sector público —con US$6,110,319.93 condenados y US$2,082,682.60 absueltos—.
Montos condenados (US$) en sentencias definitivas. Fuente: CCR.
Las mismas cámaras reportaron US$471,848.20 en montos cancelados por servidores públicos y terceros, distribuidos en US$298,790.12 por responsabilidad administrativa y US$173,058.08 por responsabilidad patrimonial. La Cámara de Segunda Instancia, con 2,099 expedientes en trámite al cierre del período, confirmó condenas por US$367,353.20, de los que US$307,829.65 corresponden a recursos de apelación y US$59,523.55 a revisión (pág. 61).
Hallazgos patrimoniales: US$40,246,872.06 en Audutorías
“Los hallazgos que incluyen posibles montos patrimoniales de las acciones de control por direcciones de auditoría ascienden a $40,246,872.06”, los cuales están sujetos a determinación de responsabilidad patrimonial por parte de las cámaras de Primera Instancia. Del total, las Direcciones de la sede central acumulan US$23,736,432.48, mientras que las regionales registran US$16,510,439.58.
Por Dirección de Auditoría, los montos de posibles hallazgos patrimoniales se desglosan: DA1, US$1,148,406.73; DA2, US$8,507,873.69; DA3, US$1,686,776.44; DA4, US$224,596.97; DA5, US$1,570,201.60; DA6, US$795,979.47; DA7, US$5,526,800.75; y la Dirección de Auditoría Forense (DAF), US$4,275,796.83. En las regionales: Santa Ana registró US$7,582,661.40; San Miguel, US$8,498,453.18; y San Vicente, US$429,325.00.
Montos acumulados anuales (US$ millones). Fuente: CCR.
En la fase administrativa se determinaron 2,285 hallazgos, distribuidos en 175 financieros, 176 de control interno y 1,934 de cumplimiento legal. Del total, 109 correspondieron a auditorías y 2,176 a exámenes especiales (pág. 42).
Las acciones de control finalizadas ascendieron a 486 informes de auditoría, distribuidos entre sede central —353— y regionales: Santa Ana 62, San Vicente 33 y San Miguel 38. Del total de 656 acciones planificadas, la sede central ejecutó 353.
Auditoría Forense: 14 informes, 60 peritajes y 29 reportes de ilícitos
“Con más de un año de funcionamiento, la Dirección de Auditoría Forense (DAF) ha demostrado ser un pilar esencial en la lucha contra el fraude y la corrupción en las entidades del sector público, consolidándose como una herramienta clave para la prevención, detección e investigación de irregularidades”.
En 2025, la DAF concluyó 14 informes de auditoría finalizados, 60 peritajes contables y 29 reportes de ilícitos penales. Los 60 peritajes fueron realizados en atención a requerimientos de la Fiscalía General de la República, tribunales del Órgano Judicial y cámaras de Primera Instancia de la CCR. Los hallazgos patrimoniales de la DAF ascendieron a US$4,275,796.83 (págs. 46–47).
Total 343 sentencias. Fuente: CCR 2025.
“Esta unidad ha sido estratégica para el Plan Masivo de Fiscalización Gubernamental 2025, contribuyendo significativamente con peritajes contables y auditorías especializadas para identificar y mitigar riesgos financieros en la gestión pública” .
Cámaras de Primera Instancia: US$26,222,999.30 de condenados
“Las cámaras de Primera Instancia administraron un total de 716 expedientes, emitiendo 343 sentencias definitivas, mediante las cuales se determinaron montos condenados y absueltos por responsabilidad administrativa y patrimonial, conforme al análisis técnico y jurídico de cada expediente de juicio de cuentas”, según detalla el Informe, en su página 56.
El 71.43 % (245) de las sentencias correspondió a municipalidades, con US$20,112,679.37 condenados y US$7,747,905.84 absueltos. El 28.57 % (98) se relacionó con entidades del sector público, con US$6,110,319.93 condenados y US$2,082,682.60 absueltos. El total condenado en ambas clasificaciones suma US$26,222,999.30 y los absueltos US$9,830,588.44, detalla el informe.
De las 343 sentencias definitivas, el 89.21 % (306) corresponde a sentencias mixtas con responsabilidad patrimonial y administrativa; el 6.42 % (22) con responsabilidad administrativa; y el 4.37 % (15) con responsabilidad patrimonial. Los montos totales condenados por responsabilidad administrativa suman US$5,522,375.56 y por responsabilidad patrimonial, US$20,700,623.74 (pág. 57).
Posibles montos patrimoniales identificados en auditorías. Fuente: CCR 2025.
Sólo pagaron US$471,848.20 de Primera Instancia
“Las cámaras de Primera Instancia reportaron un total de US$471,848.20 provenientes de montos cancelados por servidores públicos y terceros, en concepto de responsabilidad patrimonial y administrativa”, setalla el infore en su página 59.
El desglose por cámara es el siguiente: Primera, US$83,196.25 (responsabilidad administrativa US$29,414.56 + patrimonial US$53,781.69); Segunda, US$76,234.97 (US$49,635.66 + US$26,599.31); Tercera, US$42,580.84 (US$33,470.64 + US$9,110.20); Cuarta, US$35,909.29 (US$33,027.14 + US$2,882.15); Quinta, US$86,851.40 (US$58,853.77 + US$27,997.63); Sexta, US$89,922.03 (US$56,857.44 + US$33,064.59); y Séptima, US$57,153.42 (US$37,530.91 + US$19,622.51). El total por responsabilidad administrativa suma US$298,790.12 y por responsabilidad patrimonial, US$173,058.08, para un gran total de US$471,848.20 (pág. 59).
Montos cancelados por servidores y terceros (US$). Fuente: CCR 2025.
La Quinta Cámara concentró el mayor monto por responsabilidad administrativa (US$58,853.77), en tanto la Primera registró la mayor responsabilidad patrimonial (US$53,781.69). La Sexta Cámara acumuló el total general más alto entre todas: US$89,922.03.
Cámara de Segunda Instancia: US$367,353.20 en condenas confirmadas
La Cámara de Segunda Instancia administró un total de 2,147 recursos: 1,920 de apelación y 227 de revisión; y emitió 163 resoluciones de sustanciación. Al 31 de diciembre de 2025, los expedientes en trámite sumaban 2,099: 1,878 de apelación y 221 de revisión (pág. 60).
“De los recursos sentenciados por esta Cámara, el monto total de condenas confirmadas fue de $367,353.20; de los cuales $307,829.65 correspondieron a recursos de apelación y $59,523.55 a recursos de revisión”, según el informe en su página 61.
De las 48 sentencias definitivas emitidas, 45 fueron confirmadas, 42 de apelación y 3 de revisión. No se registraron sentencias reformadas, revocadas, ampliadas ni anuladas. Adicionalmente, se emitieron 3 autos definitivos.
Total 2.285 hallazgos. Fuente: CCR 2025.
Presupuesto de US$50,448,939.00 ejecutado al 98.39 %
“La Dirección Financiera efectuó una administración eficiente y oportuna de los recursos del Estado, ejecutando el 98.39 % del presupuesto asignado”, segùn el informe en su página 67.
En el ejercicio fiscal 2025, el presupuesto institucional modificado fue de US$50,448,939.00, con una ejecución de US$49,636,809.40 (98.39 %). La distribución fue: Dirección y Administración Institucional, US$21,083,145.00 presupuestado y US$20,582,051.50 ejecutado (97.62 %); Control y Auditoría de la Gestión Pública, US$29,365,794.00 presupuestado y US$29,054,757.90 ejecutado (98.94 %), de los cuales US$22,815,434.00 para Auditoría —ejecutado US$22,565,711.07, 98.91 %— y US$6,550,360.00 para Juicio de Cuentas —ejecutado US$6,489,046.83, 99.06 %—, según el informe en su página 67.
Informes de auditoría finalizados. Fuente: CCR 2025.
La Unidad de Cumplimiento implementó el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) conforme a la norma ISO 37001:2016. En la Unidad de Atención de Denuncias (DAD) se reportó el ingreso de 70 denuncias: 37 por correo electrónico (53 %), 29 de forma presencial (41 %), 2 por medios de comunicación social y 2 vía telefónica (pág. 64). La Unidad de Notificaciones diligencias 3,643 actos de comunicación, cumpliendo al 100 % la meta programada (pág. 51).
Año 2024 superó con $34,9 millones
El Informe de Labores 2024 registró US$34,994,615.25 en posibles montos patrimoniales, de los cuales US$16,071,089.66 (46 %) correspondieron a sede central y US$18,923,525.59 (54 %) a regionales. En 2025, ese total escala a US$40,246,872.06, con sede central en US$23,736,432.48 (59 %) y regionales en US$16,510,439.58 (41 %), lo que implica un incremento del 15.0 % en los posibles montos patrimoniales identificados.
En sentencias, el período 2024 registró 342 resoluciones —222 contra municipalidades (64.91 %) y 120 contra el sector público (35.09 %)— con montos condenados de US$25,723,093.61. En 2025, las 343 sentencias concentraron US$26,222,999.30 en condenas, con municipalidades representando el 71.43 % (245) y el sector público el 28.57 % (98) (pág. 53). La diferencia entre condenados de ambos ejercicios es de US$499,905.69.
Evaluación técnica de proyectos (DECOP). Fuente: CCR.
En 2024, los montos condenados a municipalidades sumaron US$15,499,587.05 y los del sector público, US$10,223,506.56. En 2025, las municipalidades acumulan US$20,112,679.37 —un incremento de US$4,613,092.32— y el sector público reduce a US$6,110,319.93, una caída de US$4,113,186.63 respecto al período anterior.
La responsabilidad patrimonial sentenciada en 2024 totalizó US$21,244,916.52 (82.56 %) y la administrativa, US$4,478,177.09 (17.44 %). En 2025, la patrimonial asciende a US$20,700,623.74 y la administrativa a US$5,522,375.56. En 2024, los pagos por responsabilidades alcanzaron US$362,743.16 —US$256,347.97 en multas administrativas y US$106,395.19 en reparaciones patrimoniales—; en 2025 ese monto sube a US$471,848.20, con US$298,790.12 en responsabilidad administrativa y US$173,058.08 en patrimonial.
En obra pública, el DECOP evaluó 827 proyectos en 2024 por US$168,556,355.51; en 2025, el DECOP evaluó 344 proyectos por US$428,154,995.17, con un monto promedio por proyecto que pasa de US$203,811 a US$1,244,637, evidenciando proyectos de mayor envergadura individual bajo fiscalización.
La percepción ciudadana calificó con 8.47/10 la gestión institucional en 2024 en materia anticorrupción. El histórico de irregularidades municipales acumuladas desde 2018 registra: US$23,505,948.33 (2018), US$55,816,052.00 (2019), US$15,276,862.70 (2020), US$33,402,104.23 (2021), US$39,626,664.65 (2022), y los datos del presente informe para 2025 elevan la serie con US$20,112,679.37 en condenas a municipalidades en el ejercicio fiscal reportado.
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