Docente supera promedio para Escalafón y se lo niega la UES

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Por Alessia Genoves


Docente Fredis Santos Pereira Joya denuncia que a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador (UES) obstaculiza su ascenso escalafonario, pese a superar las calificaciones establecidas por el Comité de Administración de la Carrera del Personal Académico de la Facultad de Ciencias Económicas (CACPA), en sus cinco años de carrera docente (2019-2023). La CCR ordenó investigar si la Junta Directiva incurrió en irregularidades. El caso se enmarca en un gasto público de $61,610,450 dólares asignados en el Presupuesto General de la Nación 2024 y 2025 para sostener 3,329 plazas docentes y administrativas bajo la Ley de Salarios.

Pereira alegó que la negativa de su ascenso fue una represalia por denunciar presuntas irregularidades financieras, incluyendo un gasto irregular de $35,000 dólares; y la contratación de una docente en la Unidad de Vinculación de la Junta Directiva, que fue re-admitida por la Corte de Cuentas de la República (CCR), en la denuncia No. DAD-82-2024. Mientras que los resultados del “Informe Individual sobre la Evaluación de Desempeño de Santos Fredis Pereira Joya” del CACPA, documentarían que Pereira sí encajaba en sus facultades, dado que involucraba “la legalidad, eficiencia y economía en el uso de recursos humanos”,

Pereira sostuvo que la Junta Directiva, liderada por la Decana Celina Amaya De Calderón, actuó con “venganza política” al negar su ascenso, luego de que él presentara denuncias ante la CCR. En una carta dirigida al Rector de la UES, cuestionó: “¿Por qué se obstaculiza mi derecho escalafonario si el Comité de Administración de Carrera avaló mi cumplimiento?”. También señaló que la Fiscalía de la UES respaldó la inhibición de autoridades centrales para intervenir, alegando que “corresponde a la Junta Directiva de la Facultad resolver sobre ascensos”.

Fredis Pereira superó los puntajes de ascenso

El informe del CACPA detalló que Pereira superó los requisitos para ascender a Profesor Universitario II (PU II). En Labor Académica, obtuvo 21.92 puntos para su desempeño de 2019 a 2023, con evaluaciones estudiantiles que fluctuaron entre 8.95 a 9.20 en una escala de 10. En Tiempo de Servicio, acumuló 5 años a tiempo completo, equivalentes a 5 puntos (frente a 4 exigidos).

No obstante, en Proyección Social registró 0 puntos, pese a ser un área que, según el Reglamento, “debe contribuir a la solución de problemas sociales”; siendo requeridos 3 puntos, para docentes PU II; 6 puntos para docentes PU III y 9 puntos para docentes PU IV. Este vacío contrasta con su desempeño en Especialización, donde sumó 12.50 puntos (frente a 2 requeridos) gracias a una maestría y un curso de más de 240 horas. En Investigación y Publicaciones, obtuvo 1.50 puntos (1 necesario) por una publicación en revista arbitrada con índice de impacto (p. 24).

El CACPA concluyó que Pereira “cumplió con el puntaje total de 46.92, superando los 25 puntos exigidos para PU II” (p. 23). Sin embargo, la Junta Directiva rechazó la propuesta sin explicación detallada. Según lo expresó, en un comunicado en el que solicitó firmas de aprobación, “es particularmente inquietante y repudiable porque existen mas personas que sufren en silencio los atropellos”; y aseguró que, “aunque el Comité de Administración de Carrera del Personal Académico dictaminó favorablemente para aprobar la promoción laboral… la Junta Directiva, liderada por la decana Celina de Calderón, se opuso a ésta aprobación”.

Pero Pereira Joya denunció los actos ante otras instancias; y las instituciones internas re-afirmarían su posición. En una resolucion firmada por la coordinadora de la Escuela de Administración de Empresas, María Margarita de Jesús Martínez, el secretario Daniel Nehemías Reyes López y Gustavo Alexánder Medrano Chavarrías, que “las competencias son irrenunciables y corresponden a la Facultad”. También, el vice-rector administrativo de la UES, Roger Arias, indicó que “corresponde al Comité de Administración de la Carrera del Personal Académico, velar por el cumplimeinto de sus casificaciones”; y que las desiciones de la Junta Directiva Facultad de Ciencias Económicas, no pueden “transgredir sus competencias, violentando con ello las normas legales”.

Una respuesta similar emitió el rector Juan Roja Quintanilla Quintanilla, indicando, en su oficio REF. REC. 2023-2027/0076/2025, que corresponde a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dentro de sus competencias, resolver sobre nombramientos, traslados, licencias, sanciones y remociones del personal académico de la Facultad, de conformidad con el sistema de escalafón y demás leyes aplicables, según lo dispuesto en el literal e) del artículo 32 de la Ley Orgánica de la UES”.

Denuncias de gastos e irregularidades

Pereira vinculó la negativa de su ascenso a sus denuncias previas. En 2024, presentó un recurso ante la CCR señalando que la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, para el período 2021-2023, tomó “acuerdos contrarios al principio de economía y de verdad material” establecidos en la legislación, destinando “más de 35 mil dólares de los recursos públicos para la contratación del Lic. Luis Edgar Morales Joya, para asesorar y representar a la Junta Directiva ante la FGR”.

El denunciante alega que esto se hizo “bajo el pretexto de haber sido denunciados ante la FGR, sin que esta alegación sea conforme a la verdad material, pues nunca ha sido presentada denuncia contra tales miembros de la Junta Directiva, tal como se indica en los acuerdos”. La CCR admitió investigar si hubo “erogaciones de fondos públicos sin sustento legal”, en el marco de un presupuesto nacional que asigna $61,610,450 dólares para plazas universitarias (p. 5). Pereira insistió en que “la única manera de contratar un cargo es mediante Acuerdo de la Asamblea General Universitaria” (p. 7), requisito que, según él, no se cumplió.

En el caso que compete al ascenso escalafonario de Fredis Pereira, denunció que “la Decana Celina Amaya De Calderón prioriza intereses políticos sobre los académicos”. Esto coincide con la postura de la CCR, que en su resolución subrayó la necesidad de examinar “la eficiencia en el uso de recursos humanos” (p. 10). Mientras que la Vicerrectoría Administrativa de la UES argumentó que no podía intervenir en decisiones de la Junta Directiva, ya que “la competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos facultados”. Y el Rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla reiteró que “los funcionarios deben actuar dentro de los límites legales” (p. 13), pero omitió referirse a las acusaciones de retaliación.

Pereira, en cambio, enfatizó que “los hechos evidentes no requieren prueba” (p. 12), al adjuntar documentos que respaldan su cumplimiento escalafonario. La CCR, al ordenar investigar, reconoció que la denuncia “sí está enmarcada en su competencia” (p. 10), marcando un precedente en la fiscalización de decisiones internas de la UES.

El presupuesto

En el periodo de 2019-2025, bajo la presidencia de Nayib Bukele, el presupuesto pasó de $99.61 millones a $124.70 millones, un aumento del 25.19%, respecto al del ex-presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019. Sin embargo, el presupuesto para 2024 ($124.70 millones) representa una reducción del 5.87% respecto al de 2023 ($132.48 millones).

Ingeniería y Arquitectura recibió $6,340,480, mientras que la Multidisciplinaria de Occidente obtuvo $5,616,640. Ciencias Económicas mantuvo $4,250,810, Ciencias Agronómicas $4,171,230 y Ciencias Naturales y Matemática $4,033,530. Jurisprudencia y Ciencias Sociales recibió $3,842,000, Química y Farmacia $3,288,455, Odontología $2,686,325 y la Multidisciplinaria Paracentral $2,240,540.

La denuncia de Pereira Joya sobre el uso de más de $35,000 en fondos públicos para asesoría legal se da en un contexto de la reciente reducción en 2024, que se sostiene en el presupuesto 2025. El monto denunciado representa aproximadamente el 0.82% del presupuesto 2024 de la Facultad de Ciencias Económicas ($4,250,810) y el 0.03% del presupuesto general 2024 de la UES ($124,696,935). En ese contexto, la admisión de la denuncia por la CCR implica que ésta se investigará si los gastos cumplen con los principios de legalidad, eficacia y economía del uso de recursos públicos.

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