Por Alessia Genoves y Carlos Arita
53 prórrogas al Régimen de Excepción aprueba la Asamblea Legislativa, con lo que se extiende por treinta días la suspensión de garantías constitucionales. La medida, vigente desde el 30 de julio hasta el 28 de agosto de 2026, se sustenta en la reducción histórica de homicidios: 496 homicidios intencionados al cierre de 2022, 114 en 2024 y 82 en 2025. La comparación entre los primeros diez meses de 2022 y 2025 muestra un descenso de 323 a 82 casos, una caída del 74,6%. En 2026, los registros mensuales de homicidios intencionados son: 4 en enero, 5 en febrero, 5 en marzo, 3 en abril, 10 en mayo, 1 en junio y 3 en julio, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC). El gobierno reporta 92.480 detenciones de presuntos pandilleros o colaboradores desde el inicio del régimen y 1.169 días sin homicidios hasta el 23 de febrero de 2026.
53 prórrogas del Régimen que oposición busca derogar
El Decreto Legislativo número 333, aprobado el 27 de marzo de 2022, suspendió originalmente los derechos contemplados en los artículos 7, 12 inciso 2º, 13 inciso 2º y 24 de la Constitución, relativos a libertad de asociación, derecho de defensa, plazo de detención administrativa, inviolabilidad de la correspondencia e intervención de telecomunicaciones. La 53ª prórroga mantiene únicamente la suspensión de los artículos 12 inciso 2º, 13 inciso 2º y 24, es decir, el derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia. El Consejo de Ministros justificó la prolongación al señalar que “las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 92.480 terroristas”.
No obstante, organizaciones de derechos humanos han solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la suspensión del régimen por considerar que vulnera el debido proceso y genera detenciones arbitrarias. El último informe de la CIDH de 2026 evaluó a El Salvador con un bajo nivel de cumplimiento de las 23 recomendaciones emitidas en 2024: ninguna alcanza cumplimiento total o parcial sustancial, tres se consideran parcialmente cumplidas (13 %), dieciséis permanecen pendientes (70 %) y cuatro fueron calificadas como incumplidas (17 %). El promedio general de cumplimiento es del 42 %. La CIDH exhortó al Estado salvadoreño a poner fin al régimen de excepción.
38 homicidios intencionados a julio 2026
38 homicidios intencionados se han registrado en el acumulado de enero a julio de 2026, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC). Esta cifra representa una reducción del 95,5 % en comparación con los 838 homicidios contabilizados en el mismo período de 2022, año en que se decretó el primer Régimen de Excepción. La tendencia descendente se ha mantenido desde 2019, cuando se reportaron 2.398 casos anuales; en 2020 la cifra bajó a 1.341 (-44,1 %); en 2021 a 1.147 (-14,5 %); en 2022 a 496 (-56,8 %); en 2023 a 154 (-68,9 %); en 2024 a 114 (-26,0 %); y en 2025 a 82 (-28,1 %). El descenso acumulado entre 2019 y 2025 es del 96,6 %, pasando de 2.398 a 82 homicidios anuales. Si se toma como referencia el pico histórico de 2015, cuando se contabilizaron 6.656 homicidios, la reducción hasta 2025 es del 98,8 %.
La tipificación de la FGR muestra una transformación en la composición de los homicidios. En 2022, la “Delincuencia General” representó 429 de los 496 casos (86,5 %); en 2023 descendió a 53 de 154 (34,4 %); en 2024 a 33 de 114 (28,9 %); y en 2025 a 8 de 82 (9,8 %). La “Intolerancia Social” pasó de 36 en 2022 a 54 en 2023, 34 en 2024 y 43 en 2025, lo que evidencia un cambio en la dinámica criminal, con una mayor proporción de homicidios vinculados a conflictos interpersonales y sociales. La “Intolerancia Familiar” se mantuvo relativamente estable: 31 en 2022, 47 en 2023, 47 en 2024 y 43 en 2025. En el acumulado de enero a octubre, los homicidios cayeron de 323 en 2022 a 82 en 2025, una reducción del 74,6 %.
Los meses de 2026 confirman la tendencia: enero registró 4 homicidios; febrero, 5; marzo, 5; abril, 3; mayo, 10; junio, 1; y julio, 3. El mes de mayo de 2026 presentó un repunte de 10 casos, pero aún así es un 73,7 % inferior a los 38 homicidios de mayo de 2025 y un 97,2 % menor que los 364 de mayo de 2022, mes en que se declaró el estado de excepción. El promedio mensual de homicidios en 2026 es de 5,4 casos, frente a los 6,8 de 2025 y los 41,3 de 2022. El año 2025 cerró con 303 días sin homicidios, y en lo que va de 2026 se contabilizan 183 días sin muertes violentas, lo que representa una tasa de 0,86 homicidios por día en lo que va del año.
La comparación retrospectiva con décadas anteriores refuerza la magnitud del cambio. En 2014 se reportaron 3.921 homicidios; en 2015, 6.656 (el año más violento); en 2016, 5.276; en 2017, 3.942; en 2018, 3.340; y en 2019, 2.398. La reducción entre 2015 y 2025 es del 98,8 %. La variación interanual muestra caídas sostenidas: entre 2016 y 2017 bajó un 25,3 %; entre 2017 y 2018 un 15,3 %; entre 2018 y 2019 un 28,2 %; entre 2019 y 2020 un 44,1 %; entre 2020 y 2021 un 14,5 %; entre 2021 y 2022 un 56,8 %; entre 2022 y 2023 un 68,9 %; entre 2023 y 2024 un 26,0 %; y entre 2024 y 2025 un 28,1 %. En los primeros siete meses de 2026, la proyección anual sería de aproximadamente 65 homicidios, lo que supondría una caída adicional del 20,7 % respecto a 2025.
Los homicidios por tipología reflejan que la “Delincuencia General” ha perdido peso relativo, mientras que las categorías de intolerancia han ganado protagonismo. En 2022, la “Delincuencia General” representaba el 86,5 % del total; en 2025, solo el 9,8 %. En contraste, la “Intolerancia Social” pasó del 7,3 % en 2022 al 52,4 % en 2025; y la “Intolerancia Familiar” del 6,3 % al 52,4 %. Esto sugiere que los homicidios actuales están más vinculados a conflictos personales que a la actividad de pandillas, lo que podría explicar la persistencia de algunos casos pese al régimen de excepción. En 2023, la “Intolerancia Social” y “Familiar” representaron el 35,1 % y 30,5 % respectivamente; en 2024, el 29,8 % y 41,2 %; y en 2025, el 52,4 % y 52,4 %. La suma de ambas categorías en 2025 es de 86 casos, muy cercana al total de 82, lo que indica que los homicidios por delincuencia organizada han sido prácticamente erradicados.
Los datos de la FGR también muestran que en el acumulado de enero a octubre, la reducción fue aún más pronunciada: de 323 homicidios en 2022 a 82 en 2025, una caída del 74,6 %. En el mismo período, la “Delincuencia General” bajó de 282 casos en 2022 a 8 en 2025; la “Intolerancia Social” pasó de 21 a 43; y la “Intolerancia Familiar” de 20 a 31. Esto refleja que, aunque los homicidios totales han disminuido drásticamente, los de tipo social y familiar han aumentado en términos relativos y absolutos, lo que podría indicar que las medidas de seguridad han sido más efectivas contra el crimen organizado que contra la violencia interpersonal.
El año 2022 cerró con 496 homicidios, de los cuales 429 fueron por delincuencia general, 36 por intolerancia social y 31 por intolerancia familiar. En 2023, los totales fueron 154 (53, 54 y 47 respectivamente); en 2024, 114 (33, 34 y 47); y en 2025, 82 (8, 43 y 31). La tendencia muestra que la delincuencia general ha caído un 98,1 % desde 2022, mientras que la intolerancia social ha aumentado un 19,4 % y la familiar se ha mantenido estable. Esto sugiere que el régimen de excepción ha logrado desarticular las estructuras criminales organizadas, pero no ha eliminado los conflictos interpersonales que generan homicidios.
En términos de días sin homicidios, 2025 registró 303 días sin muertes violentas, lo que equivale al 83,0 % de los días del año. En 2024, los días sin homicidios fueron 251 (68,8 %); en 2023, 211 (57,8 %); y en 2022, 119 (32,6 %). En lo que va de 2026, se contabilizan 183 días sin homicidios hasta el 31 de julio, lo que representa el 86,3 % de los días transcurridos. El promedio de días sin homicidios por mes en 2026 es de 26,1 días, frente a los 25,3 de 2025 y los 9,9 de 2022.
El mes de mayo de 2026 registró un repunte de 10 homicidios, el más alto del año, pero aún así es el segundo mayo con menos homicidios desde que se tienen registros, solo superado por mayo de 2025 (1 homicidio). En mayo de 2022, el primer mes del régimen, se reportaron 18 homicidios; en mayo de 2023, 17; en mayo de 2024, 17; y en mayo de 2025, 1. El repunte de mayo de 2026 podría estar asociado a factores estacionales o a conflictos puntuales, pero no altera la tendencia general. Junio de 2026 registró solo 1 homicidio, el más bajo en la historia mensual, y julio cerró con 3 casos.
La comparación con el período 2014-2021 muestra que los homicidios anuales superaban los 3.000 en la mayoría de los años, con picos de 6.656 en 2015 y 5.276 en 2016. La reducción a 82 en 2025 representa una caída del 98,8 % respecto al máximo histórico. Incluso en 2019, antes de la pandemia y del régimen, la cifra era de 2.398, lo que hace que la reducción actual sea del 96,6 % respecto a ese año. El promedio anual de homicidios entre 2014 y 2021 fue de 4.114 casos; el promedio entre 2022 y 2025 es de 211,5 casos, una reducción del 94,9 %.
554 presuntas muertes en cárcel
554 presuntas muertes en centros penales documenta el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) hasta julio de 2026, según su publicación en la red social X: “Se confirman 554 víctimas mortales durante la medida Régimen de Excepción. Personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud”. La cifra ha crecido en cada prórroga del Régimen de Excepción: 435 muertes en la 44ª prórroga, 462 en la 45ª, 470 en la 47ª, 492 en la 48ª, 530 en la 51ª y 554 en la 53ª. Ingrid Escobar, directora del SJH, afirmó: “Un Estado que viola el debido proceso para combatir el delito no erradica la violencia: se convierte en la fuente principal de la impunidad”.
La organización indica que el 94 % de los fallecidos no eran pandilleros, basándose en el análisis de 470 casos documentados hasta diciembre de 2025. Del total de fallecidos, el 87 % (411 personas) estaba siendo procesado por delitos relacionados al Régimen de Excepción, de los cuales el 84 % (396) solo por agrupaciones ilícitas y el 3 % por agrupaciones ilícitas y otro delito. Solo el 9 % (41) estaba detenido o condenado por otros delitos no relacionados, como violación, homicidio tentado, extorsión o tenencia de drogas. El 93 % de los fallecidos se encontraba en etapa de proceso judicial, sin haber tenido audiencia preliminar, mientras que solo el 6 % tenía condena firme. En cuanto al tiempo de reclusión, de los 150 casos en que se pudo conocer la fecha de detención, 175 fallecieron antes de cumplir 4 meses en prisión, lo que representa más de la mitad de la muestra. El 26 % de los fallecidos tenía menos de 30 años; el 42 % estaba entre 30 y 50 años; y el 15 % superaba los 50 años, con 25 personas mayores de 61 años. San Salvador y Usulután registran la mayor tasa de fallecidos, sitios donde hubo más personas detenidas de manera arbitraria.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), que integra a organizaciones como FESPAD, Azul Originario, Amate LGBT y Cristosal, reportó que entre abril y junio de 2025 se estimaron 1.400 capturas bajo el régimen, de las cuales el 85 % fueron hombres y el 65 % tenían entre 18 y 35 años. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibió 81 denuncias por detenciones arbitrarias en ese trimestre, lo que representa una reducción del 40 % en comparación con el mismo período de 2024. El OUDH también documentó que, entre abril y junio de 2025, se registraron 23 muertes violentas estimadas, de las cuales 12 fueron hallazgos de cadáveres en cementerios clandestinos en el departamento de La Libertad. Las denuncias ante la PDDH por actos que vulneran derechos humanos sumaron 98 en ese período, una disminución del 36 % respecto al mismo período de 2024. El 66 % de las denuncias señalaron a la PNC como responsable. En cuanto a la violencia sexual, la FGR reportó 2.801 delitos de violencia sexual y 791 casos de feminicidio entre junio de 2024 y mayo de 2025, lo que representa una reducción del 9,2 % y 10,5 % respectivamente en comparación con el período anterior.
El hacinamiento carcelario se agrava de manera crítica, según el OUDH. La capacidad instalada del sistema penitenciario es de 70.864 plazas: 30.864 en el Antiguo Sistema Penitenciario (ASP) y 40.000 en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT). Sin embargo, alberga a 114.230 personas privadas de libertad, lo que supone un hacinamiento global del 250 %. El ASP, con capacidad para 30.864, alberga a 99.410 personas, lo que se traduce en un hacinamiento del 322 %. El CECOT, con capacidad para 40.000, alberga a 14.820 personas, un nivel de ocupación del 37 %. La tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes se estima en 1.894, la más alta del mundo, según datos del SSPAS hasta noviembre de 2025. En marzo de 2022, antes del Régimen de Excepción, El Salvador tenía 39.538 reclusos, y a diciembre de 2025 la cifra alcanzó 119.200, un aumento del 201,5 %. La tasa de reclusos pasó de 610 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 1.820 en 2025, un incremento del 198,4 %.
El presidente Nayib Bukele declaró en noviembre de 2024, durante su visita a Costa Rica, que más de 8.000 personas inocentes habían sido liberadas tras el sobreseimiento de los delitos que motivaron su detención, lo que representa aproximadamente el 30 % del total de detenidos. Sin embargo, organizaciones como el SJH han señalado que estas personas no han sido declaradas inocentes formalmente, sino que se encuentran bajo medidas sustitutivas o alternas a la detención provisional, por lo que siguen siendo procesadas. El SJH estima que al menos 27.000 detenciones (30 % de las 90.844 detenciones reportadas hasta diciembre de 2025) fueron arbitrarias o ilegales.
La PDDH documentó 293 hechos violatorios de derechos de personas privadas de libertad entre 2022 y 2024, de los cuales el 55,6 % (163 casos) corresponden a vulneraciones del derecho a la salud. La modalidad más frecuente fue la omisión o negligencia en el traslado a centros hospitalarios (39 denuncias), seguida de la omisión de adoptar medidas para dotar de medicamentos especiales (38 denuncias). El derecho a un proyecto de vida digna registró 52 denuncias, siendo la ejecución extrajudicial el principal hecho denunciado con 46 casos. El derecho a ser tratado humanamente y con respeto a la integridad física y psíquica sumó 113 denuncias, con malos tratos como la principal modalidad (29 casos). El SJH también reportó que el 62 % de los fallecidos en centros penales murieron en hospitales, principalmente en el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, el Hospital Zacamil de Mejicanos y el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, debido a la falta de atención médica oportuna.
El SJH documentó 4 casos de bebés fallecidos mientras estaban con sus madres en prisión. En el caso de la bebé de Carmen, falleció el 10 de agosto de 2022 en el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, tras un parto prematuro a los 7 meses de gestación, atribuido a malos tratos y tortura. El caso fue denunciado en la FGR el 10 de enero de 2024 sin resultados de investigación a la fecha. En el caso de Génesis, una bebé de 17 meses, falleció el 17 de mayo de 2023 por neumonía bilateral adquirida en el penal de Izalco y Apanteos, tras 8 meses de reclusión con su madre. En el caso de Carlitos, falleció el 26 de junio de 2023 a los 6 meses de edad por insuficiencia renal aguda y neumonía, enfermedades adquiridas durante los 172 días que vivió en prisión con su madre. En el caso de Karen, falleció al momento del parto el 7 de abril de 2024, cuando su madre, Dina Hernández, defensora de derechos humanos, se encontraba detenida con 38 semanas de gestación. El SJH también documentó que al menos 3 cuerpos fueron encontrados en fosas comunes, enterrados por las autoridades sin avisar a sus familias y con nombres cambiados para ocultar su identidad. En el caso de Rafael López Castellón, de 53 años, detenido el 11 de julio de 2022 y fallecido el 1 de junio de 2022 en el Penal de Mariona, su cuerpo fue enterrado en fosa común y su familia no fue informada hasta 2 meses después. Su hermano declaró: “Fue una injusticia porque a mi hermano lo agarraron trabajando en su molino. Se le suplicó a la policía que no se lo llevarán y hasta me amenazaron de llevarme. Es una injusticia porque cinco meses después lo recibimos en una caja sellada y desecho”.
El 32% de los fallecidos según el SJH murió por causas violentas, en su mayoría torturas físicas, mientras que otro 32 % falleció por falta de suministro de medicamentos y auxilios médicos para enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, neumonía o desnutrición severa. Un 5 % falleció por enfermedades terminales como insuficiencia renal crónica o cáncer, muchas veces adquiridas en prisión. Los custodios de centros penales son señalados como los principales torturadores, con rituales de bienvenida en el Penal de Izalco que incluyen golpizas y humillaciones para obligar a los recién ingresados a aceptar su pertenencia a pandillas. En 2025, el caso de Humberto Adonay Mónico Escobar, detenido por contrabando y fallecido 45 días después en el Penal de Mariona, evidencia la persistencia de torturas: presentaba severos golpes en las costillas y rostro, aunque las autoridades registraron la muerte como “edema pulmonar” y “sobreaveriguar muerte”. El SJH denunció que la PNC y la FGR no investigan estos casos como homicidios. La organización también señala que la cantidad real de fallecidos podría triplicar la cifra documentada, debido a que toda la información oficial se encuentra reservada y muchas familias callan por temor a represalias. Según el SSPAS, al menos 320 personas han muerto bajo custodia estatal desde el inicio del régimen, basado en el monitoreo de medios de prensa. La PDDH, por su parte, ha documentado 29 denuncias por omisión de gestionar atención de salud y 15 por denegación de información a familiares sobre el estado de salud de los detenidos.
El SJH también documentó que los centros penales con mayor número de fallecidos son el Penal de Izalco (40 %), el Penal de Mariona (19 %), el Penal de Quezaltepeque (12 %) y el Penal de Apanteos (8 %). En contraste, el CECOT, donde se concentran los verdaderos pandilleros, solo registra 4 muertes documentadas, lo que el SJH atribuye a que los pandilleros controlan la prisión y no permiten actos de tortura, además de tener mejores condiciones que en los penales anteriores. El SJH afirma que el CECOT alberga a 15.000 reos, de los cuales el 90 % son pandilleros que ya estaban presos antes del Régimen de Excepción, provenientes de prisiones cerradas o desalojadas. El 10 % restante serían detenidos del Régimen que no pertenecen a pandillas.
Entre los casos documentados se encuentran Mario Davis Arias Rivera (44 años, pastor y director de colegio), Mauricio Quintanilla Medrano (53 años, predicador), Raquel Avelar (60 años, veterana militar), José Leonidas Bonilla (45 años, sindicalista) y Manuel Mira (55 años, profesor y directivo de ANDES 21 de Junio). Todos ellos fallecieron en prisión por tortura o falta de atención médica.
Maras en las calles, y homicidios siguen
En julio de 2026, la PNC reportó múltiples homicidios y capturas de pandilleros que evidencian la persistencia de las estructuras criminales. El 31 de julio, se registró un homicidio en El Divisadero, Morazán Sur, donde un hombre de 66 años fue hallado con quemaduras en una quebrada; los responsables, Rubén Alonso Sánchez López y Juan Pablo Mata Reyes, confesaron que fue un ajuste de cuentas.
La PNC informó: “Con engaños, llevaron a la víctima con el pretexto de mostrarle un terreno para vendérselo. Ya en el lugar, lo golpearon, le rociaron gasolina, le quitaron el dinero que llevaba, abandonaron el vehículo y se deshicieron del celular”. Ese mismo día, Diego Gerardo Morales Menjívar, de 20 años, fue capturado en Soyapango por hacer señas alusivas a la pandilla 18S, y será remitido por pertenencia a organización terrorista. También se reportó un homicidio en San Miguel Centro, donde Manuel de Jesús Sol Molina agredió con un objeto contundente a un hombre de 51 años.
El 30 de julio, la PNC decomisó 1.362 kilogramos de cocaína en una lancha a 947 millas náuticas de la Bocana El Cordoncillo, con un valor aproximado de 34 millones de dólares. Los detenidos, Jhony Eugenio Garay Véliz y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de nacionalidad colombiana, fueron puestos a disposición judicial. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró: “Este país hoy por hoy es el único dentro del continente americano que tiene impunidad cero para este tipo de narcotraficantes”. Asimismo, en operación “Génesis” se capturó a cinco sujetos por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, incautándose marihuana, cocaína, metanfetaminas, un revólver y 395 dólares en efectivo.
El 29 de julio, José Rodolfo Quintanilla Hernández fue capturado en San Salvador Centro con 215 porciones de cocaína, dinero en efectivo, tres celulares y un vehículo. Ese día, Ricardo Antonio Guzmán Jorge fue detenido por homicidio culposo tras atropellar a un adulto mayor en Panchimalco; el motociclista huyó pero fue localizado. Josué Arturo Elías Roque, estudiante de bachillerato, fue capturado con siete porciones de marihuana antes de ingresar a clases en Zacatecoluca.
El 28 de julio, Nelson Ernesto Quevedo Arévalo fue capturado por agredir físicamente a su hermana en Ahuachapán; será remitido por lesiones y amenazas. Juan Alexander Ramírez Flores fue detenido por homicidio culposo tras causar un accidente en La Libertad que dejó una mujer fallecida y un hombre lesionado; huyó pero fue localizado. José Enrique Guardado Sifontes fue grabado haciendo señas alusivas a la MS13 y capturado en Santa Ana. Juan Carlos Landaverde Sermeño fue detenido en Colón con porciones de marihuana, metanfetamina, dinero y una balanza.
El 27 de julio, Fernando Orlando González López lesionó con un corvo a otro hombre en Cuscatlán y fue capturado. Josué Leonel Portillo Pérez fue detenido en Morazán con cocaína, marihuana y 1.965 dólares que no pudo justificar; tiene antecedentes por agrupaciones ilícitas. El 26 de julio, Nelson Alberto Mármol, con orden de captura por feminicidio agravado desde 2012, fue detenido en Guatemala y entregado en la frontera Las Chinamas. Wilber de Jesús Ramos Castro fue capturado por conducción peligrosa tras atropellar a un menor en Usulután. El 25 de julio, Luis Alberto Castillo Montecino, homeboy de la MS13, fue capturado en Santa Rosa de Lima. El 24 de julio, Ciriaco Martínez Martínez, de 71 años, fue detenido por intento de homicidio tras disparar contra un vecino por disputa de linderos; se le incautó un arma sin documentos.
El 23 de julio, tres menores de edad fueron capturados en San Juan Opico por realizar grafiti alusivo a la MS13; serán remitidos por pertenencia a organización terrorista. Tony Mauricio Viera Gutiérrez, pandillero de la 18 Sureños, fue expulsado de Honduras y capturado en la frontera El Amatillo. José Daniel Morataya Vásquez lesionó con un corvo a su vecino en Cuscatlán y fue detenido. El 22 de julio, se reportó un homicidio en Sensuntepeque: una mujer de 42 años fue asesinada por su compañero de vida, Fabricio Antonio Meza, quien falleció en un accidente de tránsito tras huir. Ese día, Yahir R., de 15 años, fue encontrado con una pistola y 15 cartuchos en su mochila en un centro escolar de San Vicente.
El 21 de julio, Elmer Vladimir Rivas Ayala, alias “Pirata”, homeboy de la MS13 con orden de captura por homicidio agravado, fue deportado desde Estados Unidos y detenido al ingresar al país. El 20 de julio, se reportó un homicidio en Yucuaiquín, La Unión Sur: un hombre de 45 años fue asesinado por su hermano, Fredis Antonio Campos Álvarez, durante una discusión mientras bebían alcohol.
El 18 de julio, Julio César Martínez Contreras fue capturado por homicidio culposo y conducción peligrosa tras atropellar a un menor de 13 años en Ahuachapán; la prueba de alcotest arrojó 215 grados de alcohol. El 17 de julio, Pedro Antonio Quinteros, alias “Pericón”, gatillero de la clica Vatos Locos Salvatruchos, fue capturado por el homicidio de otro pandillero en Usulután. El ministro Villatoro declaró: “Este terrorista es el responsable del homicidio de Carlos Mario Ramírez, alias ‘Wiza’, otro gatillero de esa estructura criminal, hecho ocurrido el pasado 13 de julio”. Lucas Adrián Hernández Sosa, alias “Pato”, con orden de captura por triple homicidio agravado, fue intervenido en San Rafael Cedros.
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