Desarticulan red de estafadores de inmuebles

Por: Neftali Hernandez Pereira

La Fiscalía General de la República procedio a la captura de 20 personas que integraban una red dedicada a la apropiación ilegal de inmuebles mediante documentos falsificados. Los detenidos vendían y hipotecaban propiedades ajenas utilizando escrituras apócrifas, causando perjuicios económicos a múltiples víctimas en territorio nacional.

Las operaciones permitieron resolver 12 casos que afectaron a 17 víctimas, incluyendo propietarios legítimos y compradores engañados por estas transacciones fraudulentas. Entre los inmuebles recuperados figuran dos propiedades ubicadas en San Martín, San Salvador, con un valor conjunto de $225,000, adquiridas en 2020 y transferidas ilegalmente sin consentimiento de sus dueños originales.

Operativo conjunto contra la estructura criminal

Los allanamientos ejecutados mediante ordenes judiciales, ademas se desarrollaron en múltiples ubicaciones donde operaba dicha red delictiva. Durante estos procedimientos se incautaron dispositivos electrónicos, sellos notariales y documentación contable que sustenta el proceso judicial contra los imputados.

La investigación reveló que los miembros de esta organización criminal utilizaban métodos sofisticados para falsificar documentos legales. Los estafadores reproducían sellos oficiales y firmas de notarios para darle apariencia de legalidad a las transacciones inmobiliarias fraudulentas que realizaban.

Modalidad operativa de la red

La estructura identificaba propiedades de alto valor comercial cuyos propietarios residían en el extranjero o mantenían escaso control sobre sus bienes. Los criminales elaboraban escrituras falsas que los acreditaban como nuevos dueños de estos inmuebles, procediendo posteriormente a su venta o hipoteca.

Los compradores de buena fe adquirían estas propiedades creyendo realizar transacciones legales, mientras los verdaderos propietarios desconocían la situación hasta enfrentar problemas legales o intentar recuperar sus bienes. Esta modalidad generó conflictos jurídicos complejos que requirieron intervención judicial especializada.

La red mantenía contactos con personas que facilitaban la identificación de propiedades vulnerables y proporcionaban información sobre sus características legales. Estos colaboradores recibían comisiones por cada inmueble incorporado al esquema fraudulento que operaba la organización.

Perfil de los capturados

Entre los detenidos figuran segun la FGR: 2 mujeres entre ellas: Evelyn Guadalupe Ardón Guevara, y Yancy Patricia Marín Nerio, y 4 hombres: Carlos de Jesús Campos Zelaya, Edwin Efraín Avilés, Edwin Armando Rodríguez Zarco y Óscar Alexander Torres Ramírez. El resto de los imputados se desconocen sus identidades por el momento. Estos individuos desempeñaban roles específicos dentro de la estructura criminal, desde la falsificación documental hasta la comercialización de los inmuebles apropiados.

Los investigadores establecieron que los capturados poseían conocimientos técnicos en procedimientos notariales y registrales, lo que les permitía crear documentos con apariencia de autenticidad. Otros miembros se encargaban de establecer contacto con potenciales compradores y gestionar las transacciones comerciales.

La participación de cada integrante se determinó mediante análisis de comunicaciones interceptadas, testimonios de víctimas y documentación incautada durante los allanamientos. Las evidencias recopiladas permitieron establecer la estructura jerárquica y distribución de responsabilidades dentro de la organización.

Cargos formulados contra los imputados

La Fiscalía atribuyó a los miembros de esta red delitos de falsedad documental agravada, falsedad ideológica, estafa agravada y uso y tenencia de documentos falsos. Estos cargos contemplan sanciones penales que pueden alcanzar varios años de prisión, dependiendo del grado de participación de cada individuo.

Condiciones para la pena de estafa agravada:

Según el artículo 216 del Código Penal salvadoreño, la pena de estafa agravada es de prisión de cinco a ocho años, y esta puede incrementarse significativamente en los siguientes casos: 

Si la defraudación supera los $87,500 colones: Afecta a la víctima o a un gran número de personas.  Si involucra a múltiples víctimas: Un aumento de la pena puede darse por la cantidad de perjudicados, como en el caso de la oferta fraudulenta de visas canadienses, donde la pena se multiplicó por cada víctima. 

Artículo 284 del Código Penal de El Salvador Concepto:La falsedad ideológica o intelectual consiste en hacer que un documento, que es válido en su forma y autenticidad, no corresponda a la realidad histórica que se pretende probar. En otras palabras, se añade una declaración falsa sobre un hecho que el documento debería probar.

Acción:El delito se comete al insertar o hacer insertar una declaración falsa.

Objeto:Debe ser un documento público o auténtico que dé fe de un hecho o que deba probar algo.

Consecuencia:La falsedad debe afectar la veracidad del documento, es decir, la declaración incorporada al objeto material y la realidad histórica.

Ejemplo para comprender la falsedad ideológica

Si se inserta una declaración falsa en un certificado de nacimiento que afirma que una persona tiene una edad distinta a la real, este sería un caso de falsedad ideológica. 

Importancia del tipo de documento  Documentos públicos o auténticos: Para la configuración de este delito, el documento debe ser público o auténtico, y se requiere la participación de un funcionario o notario para formalizarlo.

Penalidad Penalidad: La sanción es de prisión de tres a seis años.

La falsedad documental agravada se configura por la elaboración de escrituras públicas con información inexacta sobre la titularidad de los inmuebles. La falsedad ideológica corresponde a la inserción de datos falsos en documentos que aparentan ser legítimos ante las autoridades competentes.

La estafa agravada se estableció por el perjuicio económico causado tanto a propietarios originales como a compradores que adquirieron inmuebles mediante transacciones basadas en documentos apócrifos. El uso y tenencia de documentos falsos complementa el cuadro delictivo por la posesión de sellos y firmas falsificadas.

Impacto económico y social

Los perjuicios económicos generados por esta estructura criminal superan los $400,000, considerando el valor de los inmuebles apropiados y las pérdidas sufridas por compradores engañados. Estas cifras no incluyen gastos legales ni costos asociados con la recuperación de propiedades afectadas por las transacciones fraudulentas.

Las víctimas enfrentaran procesos judiciales prolongados para demostrar la legitimidad de sus derechos sobre los inmuebles. Propietarios originales debieron comprobar su titularidad mediante documentos históricos, mientras compradores afectados iniciaron acciones legales para recuperar el dinero invertido en transacciones falsas.

El impacto social trasciende el aspecto económico, generando desconfianza en el mercado inmobiliario y afectando la seguridad jurídica de las transacciones de bienes raíces. Las autoridades implementaron medidas adicionales de verificación para prevenir la repetición de estos esquemas fraudulentos.

Fortalecimiento del sistema judicial

Las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía incluyeron coordinación con el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas para identificar irregularidades en inscripciones de inmuebles. Esta colaboración interinstitucional permitió detectar patrones que facilitaron la identificación de transacciones sospechosas y la ubicación de los responsables.

Los procedimientos judiciales implementados establecen precedentes para futuras investigaciones de delitos similares. Las técnicas de investigación aplicadas y las evidencias recopiladas servirán como referencia para desarticular otras estructuras criminales que operen con modalidades parecidas.

La Fiscalía reafirmó su compromiso de garantizar justicia para las víctimas de estructuras que defraudan ciudadanos salvadoreños. Las autoridades mantienen investigaciones activas para identificar posibles cómplices y recuperar bienes adicionales que pudieran estar vinculados con las actividades de esta organización criminal.

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