Por Alessia Genoves y Carlos Arita
El 73.76% de las personas LGBTIQ+ en El Salvador ha experimentado violencia en espacios públicos o en el entorno familiar, mientras que el 70.99% ha sufrido violencia emocional o psicológica, de acuerdo con la Investigación sobre medios de vida de las personas LGBTIQ+ en El Salvador, realizada por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) en 2026. El estudio documenta que el 84.53% de los participantes experimentó al menos una forma de violencia asociada a su orientación sexual o identidad de género, y que la precariedad laboral y la exclusión social operan como barreras estructurales que limitan el acceso a derechos fundamentales. Los resultados muestran que solo el 40.33% de las personas participantes cuenta con empleo formal, mientras que el 25.41% se encuentra desempleada. El 17.96% trabaja de forma independiente y el 8.29% lo hace en condiciones de informalidad, lo que refleja trayectorias laborales inestables y limitada protección social.
La investigación evidencia que el 26.77% de los participantes señaló haber enfrentado dificultades para acceder a un empleo o generar ingresos debido a su orientación sexual o identidad de género, y el 47.51% manifestó que no podía identificar estas dificultades porque evita expresar abiertamente su identidad en los espacios laborales. “Este resultado sugiere que, para muchas personas, ocultar su identidad constituye una estrategia para reducir el riesgo de discriminación durante la búsqueda de empleo o en el lugar de trabajo”, señala el informe de ORMUSA.
Brecha laboral y costo de vida frente a personas LGBT
La situación de la población LGBTIQ+ contrasta con los indicadores generales del mercado laboral salvadoreño. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025, elaborada por el Banco Central de Reserva, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 4.7%, con 147,726 personas desocupadas. La población desocupada aumentó en 7,104 personas respecto a 2024, un incremento del 5.05%. Por género, los hombres tienen una tasa de desempleo de 4.3%, mientras que las mujeres de 5.2%. La tasa de empleo informal se estima en 59.5% según datos de la OIT.
En el sector formal, la EHPM 2025 registró 1,139,486 ocupados, de los cuales 104,694 se encuentran en pobreza; en el sector informal, 707,386 ocupados, con 164,518 en pobreza. El salario total promedio mensual en el país es de $437.39, con una brecha significativa entre hombres ($485.30) y mujeres ($377.60). Los trabajadores no calificados perciben en promedio $303.96, mientras que los directores y funcionarios ganan $1,053.09.
El costo de vida se ha incrementado de manera sostenida. La Canasta Básica Urbana (CBAU) alcanzó los $259.95 en junio de 2026, su nivel más alto desde agosto de 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC). Esto representa un aumento de $6.89 respecto a los $253.05 de junio de 2025, una variación del 2.72%. En el área rural, la Canasta Básica Rural (CBAR) subió de $184.56 a $189.56 en el mismo período, un incremento de $4.99 que equivale al 2.71%. El promedio anual de la canasta básica al cierre del primer semestre de 2026 se ubicó en $255.5 en el área urbana y en $185.57 en la rural.
La inflación interanual de junio de 2026 se ubicó en 2.76%, la tasa más alta desde octubre de 2023. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó los 134.48 puntos en junio de 2026, su nivel más alto desde que fue creado en 2009. El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una inflación de 3.02% en junio, la tasa más alta desde agosto de 2024. El sector transporte subió 5.78% interanual, influenciado por el costo del petróleo. Los rubros de restaurantes y hoteles (4.70%), recreación y cultura (3.93%) y salud (2.44%) también presentaron aumentos significativos.
Los salarios mínimos vigentes desde junio de 2025 son de $408.80 para industria, comercio y servicios; $402.32 para maquila textil y confección; y $272.72 para el sector agrícola. La CBAU familiar de $259.95 representa el 63.59% del salario industrial ($408.80), dejando un remanente de $148.85. Para el sector agrícola, cuyo salario es de $272.72, la CBAU consume el 95.34% del ingreso, dejando un remanente de apenas $12.72. La CBAR familiar de $189.56 representa el 46.37% del salario industrial y el 69.52% del salario agrícola.
La población LGBTIQ+ enfrenta una brecha aún más pronunciada: el 49.72% de los participantes consideró que sus ingresos fueron insuficientes para cubrir sus necesidades básicas durante el último año, y el 27.35% reportó no tener ingresos personales al momento de responder la encuesta.
Discriminación laboral LGBT+
La investigación de ORMUSA muestra que la discriminación se manifiesta en todos los espacios donde las personas desarrollan su vida cotidiana. Los espacios públicos concentran la mayor proporción de experiencias de discriminación reportadas (40.06%), seguidos por el entorno familiar (33.70%) y las comunidades (21.82%). Particular preocupación generan las experiencias reportadas en instituciones responsables de garantizar derechos fundamentales (18.51%), donde los servicios públicos de salud, centros educativos e instituciones del sistema de justicia fueron señalados como escenarios donde persisten prácticas discriminatorias.
El 56.63% de las personas participantes experimentó situaciones de discriminación por su orientación sexual o identidad de género durante los últimos tres años. Una de cada cinco personas (19.89%) atribuyó la ausencia de experiencias de discriminación al hecho de no expresar abiertamente su identidad, lo que revela que el ocultamiento continúa siendo una estrategia de protección frente al rechazo y la exclusión.
Las consecuencias de estas experiencias trascienden el momento de la agresión. Más de un tercio de las personas participantes (37.02%) manifestó sentir miedo de regresar al lugar donde fue discriminada, mientras que el 22.38% señaló haber evitado buscar nuevamente determinados servicios. El informe de ORMUSA subraya que “los medios de vida de las personas no dependen únicamente de los ingresos o del acceso al empleo, sino también de las oportunidades para ejercer sus derechos, participar en la vida social y desarrollarse en entornos libres de discriminación y violencia”.
Violencia LGBT: 84.53% ha sufrido agresiones
La investigación documenta que el 84.53% de los participantes experimentó al menos una forma de violencia asociada a su orientación sexual o identidad de género. La violencia emocional y psicológica fue la más frecuente (70.99%), seguida por la violencia económica (12.98%), física (12.43%) y sexual (8.56%).
Un testimonio recogido en los grupos focales evidencia el rechazo que enfrentan las personas con expresiones de género visibles, especialmente mujeres trans: “Yo me fui a parar a una fábrica textil porque según estaban contratando personal. Tuve como dos horas esperando. Cuando llegué, el vigilante me dijo: ‘Usted no puede entrar’. Le pregunté por qué y me respondió: ‘Vestida así no puede venir, tiene que venir vestida de hombre’. Esas son las barreras que uno enfrenta; le cierran las puertas en la cara”.
El acceso al crédito continúa siendo limitado para la población LGBTIQ+: aunque el 73.76% dispone de una cuenta de ahorro, solo el 16.57% tiene acceso a créditos formales y el 14.64% no utiliza ningún mecanismo financiero, lo que restringe las posibilidades de fortalecer emprendimientos y mejorar las condiciones económicas.
Homicidios LGBT caen al 80%, frente a la reducción general de la Guerra Contra Pandillas
A nivel regional, el Informe anual 2023 sobre Homicidios de Personas LGBT en América Latina, de la Red Sin Violencia de América Latina y Comcavis Trans, documentó 364 homicidios de personas LGBT en 10 países de América Latina y el Caribe, lo que representa un aumento del 5.5% en comparación con 2022. Las mujeres trans fueron las más afectadas con 146 casos (40.1%), seguidas por los hombres cis gay con 129 casos (35.4%).
El Salvador registró seis homicidios de personas LGBT durante 2023, un aumento significativo respecto al único caso reportado en 2022. Este incremento contrasta con la tendencia general de disminución de homicidios en el país. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), El Salvador registró 496 homicidios intencionales en 2022, 154 en 2023 y 114 en 2024. En el acumulado de enero a julio de 2026, se han registrado 38 homicidios intencionales, según datos de la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC).
La tipificación de la FGR muestra una transformación en la composición de los homicidios. En 2023, los homicidios por delincuencia general fueron 53, por intolerancia social 54 y por intolerancia familiar 47. En 2024, los casos por delincuencia general descendieron a 33, mientras que la intolerancia social registró 34 y la familiar 47. Esto significa que el 70% de los asesinatos registrados en el país no fue atribuido a pandillas.
Régimen de Excepción: 53 prórrogas, 92,480 detenciones y 554 muertes en cárcel
La Asamblea Legislativa aprobó la 53ª prórroga del Régimen de Excepción, extendiendo por treinta días la suspensión de garantías constitucionales, vigente desde el 30 de julio hasta el 28 de agosto de 2026. La medida se sustenta en la reducción histórica de homicidios: 496 en 2022, 114 en 2024 y 82 en 2025. El gobierno reporta 92,480 detenciones de presuntos pandilleros o colaboradores desde el inicio del régimen.
Sin embargo, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) documenta 554 presuntas muertes en centros penales hasta julio de 2026. La organización señala en su publicación: “Se confirman 554 víctimas mortales durante la medida Régimen de Excepción. Personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud”. Ingrid Escobar, directora del SJH, afirmó: “Un Estado que viola el debido proceso para combatir el delito no erradica la violencia: se convierte en la fuente principal de la impunidad”. El SJH indica que el 94% de los fallecidos no eran pandilleros, basándose en el análisis de 470 casos documentados hasta diciembre de 2025.
El hacinamiento carcelario se agrava de manera crítica. La capacidad instalada del sistema penitenciario es de 70,864 plazas, pero alberga a 114,230 personas privadas de libertad, lo que supone un hacinamiento global del 250%. La tasa de personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes se estima en 1,894, la más alta del mundo.
El Informe anual 2023 sobre Homicidios de Personas LGBT en América Latina establece recomendaciones para El Salvador. Sugiere que la Asamblea Legislativa analice nuevamente la propuesta de Ley de Identidad de Género para reconocer la identidad de las personas trans a nivel nacional. Recomienda que la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) actualice y asegure el cumplimiento de protocolos específicos para poblaciones vulnerables, incluyendo a la población LGBTI+.
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