Por Alessia Genoves
Un monto de $992,699.52 dólares es la cantidad controvertida del patrimonio del ex-alcalde de Santa Tecla y ex-diputado de la Asamblea Legislativa, José Roberto d’Aubuisson Munguía, y su grupo familiar. El señalamiento lo detalla la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, que admitió las pruebas del proceso, en el que se acusa a los involucrados en la comisión del delito de “enriquecimiento ilícito”, con base al Acta No. 67-14-09-2023 de Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
#Audiencia | Esta mañana, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió en su totalidad las pruebas presentadas por la @FGR_SV en contra del exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, José Roberto d'Aubuisson y su grupo familiar, acusados de enriquecerse… pic.twitter.com/HNWvWHzrFs
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 11, 2024
La Cámara Ambiental también aprobó “la solicitud de la Fiscalía para hacer un análisis de los documentos contables de los imputados”, según registros de la FGR. El período de controversia, pues, corresponde a los últimos años del ejercicio de sus funciones administrativas, desde el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, en su último período como Diputado Propietario del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); y como alcalde municipal de Santa Tecla por dos periodos consecutivos, comprendidos entre el 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2021.
Investigación de Probidad y hallazgos iniciales
La investigación fiscal, procesada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), detalla que los registros oficiales, plasmados en el Acta 67 de la sesión de Corte Plena del 14 de septiembre de 2023, indican que se identificaron “81 inconsistencias y 3 resultados negativos de ingresos/egresos cuyo informe preliminar ascendía a $2,170,178.59″. Esta cifra experimentó una reducción significativa tras la evaluación de las pruebas presentadas por la defensa.
Hallazgos de Presunto Enriquecimiento Ilícito
El análisis del Acta de Corte Plena, señala que durante su gestión como diputado propietario de la Asamblea Legislativa, del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, d’Aubuisson acumuló un monto no justificado de $224,828.09, con una disponibilidad obtenida de $33,395.04. Esta cifra, según los magistrados, “supera el ingreso que tuvo durante ese período”.
Mientras que, en su primer período como alcalde de Santa Tecla, del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018, “se mantuvo un monto no justificado de $587,299.37”, constituyendo el período con mayores irregularidades financieras detectadas. Durante su segundo período como alcalde, del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021, “el monto no justificado fue de $180,572.06”, según el informe.
La investigación determinó que “todo lo no justificado asciende a la cantidad de $992,699.52 con una disponibilidad a favor de $129,844.83”, por lo que el monto final observado se estableció en $862,854.69, cifra sobre la cual la Corte Suprema de Justicia declaró “que existen indicios de enriquecimiento ilícito” según consta en el acta de la sesión.
Supuestas responsabilidades familiares
La investigación fiscal documentó que Roberto José d’Aubuisson registra “26 irregularidades en depósitos a cuentas bancarias y pagos de tarjetas de crédito que suman un total de $450,851.01”. Esta cifra presenta una discrepancia con el monto señalado en el informe inicial de noviembre de 2023 por la FGR, que reportó $480,851.01 en irregularidades, una diferencia de $30,000 que las autoridades deberán aclarar en el proceso judicial.
Además, a Jackeline Janet López d’Aubuisson, la esposa del exfuncionario, la Fiscalía le señala “24 irregularidades por un monto de $513,428.64”, constituyendo el mayor monto individual cuestionado dentro del grupo familiar; monto que se mantienen consistente con el registro de Corte Plena, como de la acusación de la FGR ante la Cámara Ambiental.
Investigación Fiscal de la Familia D’aubuisson
Roberto José d’Aubuisson López, hijo del exalcalde, “no pudo justificar 3 irregularidades de $15,480.00 en total”, según los últimos documentos presentados por la FGR. Esta cifra representa una modificación en el número de irregularidades respecto al acta de demanda inicial, que reportaba dos irregularidades por el mismo monto. Mientras que a Johanna d’Aubuisson, hija del exfuncionario, “se le demanda por 8 inconsistencias por un total de $12,939.87”, siendo el monto menor entre los miembros del grupo familiar investigado, e inmutable en el proceso.
Proceso judicial sobre su trayectoria política
La FGR presentó la demanda civil ante la Cámara Ambiental con una doble pretensión: la restitución íntegra al Estado del monto cuestionado y la inhabilitación del exfuncionario para ejercer cargos públicos durante una década. Ello impacta sobre la trayectoria política de d’Aubuisson, que incluye su desempeño como “diputado propietario por el departamento de La Libertad por el partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), cargo que desempeñó desde el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, y como alcalde municipal de Santa Tecla por dos periodos consecutivos, comprendidos entre el 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2021”.
La decisión de la Corte Plena de iniciar el juicio por enriquecimiento ilícito se tomó con “13 votos” de los magistrados presentes, según consta en el acta oficial, incluyendo un “voto concurrente” del Magistrado Rivera Márquez, lo que refleja el consenso institucional sobre la existencia de indicios suficientes para proceder con la investigación judicial. Cabe destacar que, desde el primer año, la alcaldía contaba con un presupuesto de $31,205,525.07 dólares, de los que unos $14,546,772.19 dólares era remuneraciones. Al cierre de sus funciones edilicias, el presupuesto apenas aumentó a los $31,402,757.00 dólares; pero las remuneraciones bajaron a los $924,664.34 dólares.
Propiedades Inmovilizadas de d’Aubuisson
La CSJ no rinde detalles sobre el uso administrativo de los fondos de la Comuna, ni detalla el uso patrimonial de los fondos.
Lo que sí deja claro es que ésta ordenó inmovilizar 8 de sus propiedades: Una de ellas en en la colonia Miramundo, en el Cantón Río Chiquito, Chalatenango, que adquirió por un monto de $74,058 dólares. La segunda estaría ubicada en la Urbanización Arcos de Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, por un valor de $62,500.00 dólares.
También la CSJ ordenó la inmovilización de otras dos propiedades alojadas en el Condominio Siena, en Colonia Hipódromo, ubicada en el departamento de San Salvador, que fueron adquiridas por un monto de $17,371.42 dólares. Las últimas darían una suma más cuantiosa, de $454,000 dólares, localizadas en la Residencial Bella Vista, en los Suburbios de Barrio El Calvario.
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