Por Alessia Genoves
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una demanda por enriquecimiento ilícito contra Francisco José Cáceres Zaldaña, quien se desempeñó como Secretario Privado de la Presidencia durante la gestión de Mauricio Funes, entre 2009 y 2014. El monto total de las irregularidades asciende a $3,892,095.46 dólares, involucrando a Cáceres y su grupo familiar. Ésta acusación se añade a la del delito de peculado en el Caso denominado Saqueo Público, por el que fue sometido en 2018 ante la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección Centro, por un monto de $351,035,400.49 dólares.
#CombateALaCorrupción I El exsecretario privado de la presidencia Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar son procesados por el enriquecimiento ilícito de $3,892,095.46. de dólares.
Francisco Cáceres se desempeñó en su cargo durante la gestión del expresidente… pic.twitter.com/wxHshu3KhB
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 14, 2024
Cargos por enriquecimiento ilícito contra Cáceres y su familia
La Unidad de Delitos Contra la Corrupción de la FGR ha detallado los cargos contra el ex funcionario y su círculo cercano. A Cáceres se le reclaman $3,541,407.87 dólares por 44 irregularidades en depósitos, pagos de préstamos y tarjetas de crédito que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“En total, a su grupo familiar se le está demandando por un monto de $3,892,095.46 dólares. Estamos hablando de 32 piezas (de material probatorio), que conforman 15 cajas de documentos, y parte de ellas incorporan pruebas bancarias. En éste proceso será el momento procesal que él deberá justificarlas. Y en caso de que él no las pueda justificar, va a tener que re-integrar toda esa cantidad de dinero al Estado,” declaró la representación fiscal.
La cónyuge de Cáceres, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, también enfrenta cargos por 11 inconsistencias en depósitos, adquisición de vehículos e inmuebles por $346,553.85 dólares. Por su parte, su hija Mariana Cáceres Flores tiene una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74.
Esta demanda surge después de que la Corte Suprema de Justicia, en su Sesión de Corte Plena del 21 de marzo de 2024 (Acta/No. 21), declarara que existen indicios de enriquecimiento ilícito por parte de Cáceres durante su cargo como Secretario Privado. La Corte ordenó un juicio y designó a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia con sede en Santa Tecla para llevarlo a cabo.
Cargos por peculado en el Caso Saqueo Público
Además de los cargos por enriquecimiento ilícito, Cáceres enfrenta acusaciones por su presunta participación en el denominado “Caso Saqueo Público”, donde se investiga la malversación de $351,035,400.49 de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial durante la gestión de Funes.
Según el expediente 285-2018 de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección Centro, a Cáceres se le atribuye la compra irregular de “vehículos de lujo” por $4,565,000, la adquisición de 4 inmuebles valuados en $1,615,000, remodelaciones suntuosas en Casa Presidencial por $1,2 millones, y gastos en viajes al exterior por $335,186.43.
El ex presidente Funes ha acusado directamente a Cáceres de manejar el presupuesto de la partida de gastos reservados, afirmando que “ningún gasto realizado por CAPRES en mi período presidencial tienen mi firma y mi autorización de puño y letra”. Funes alega que Cáceres solicitó una “excesiva confianza” para liberarlo de la carga administrativa.
La FGR sostiene que parte de los fondos sustraídos provenían del Banco Hipotecario, donde se habrían instrumentalizado transacciones irregulares por $292,218,371.38. Según la Fiscalía, durante la administración de Carlos Ortiz y Carlos Enrique Cruz Arana en el BH (2009-2011), “se procesaron 1,651 cheques hasta por el monto de $97,456,424.26”, provenientes de la cuenta del Tesoro de Casa Presidencial.
Otros funcionarios señalados en el Caso incluyen a David Munguía Payés, ex titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, quien cumple una condena de 16 años por su participación en el Caso Tregua. También se menciona a José Miguel Antonio Avelar, ex director del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), vencido en juicio en 2021 por lavado de dinero.
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