Por Alessia Genoves
El 21 de agosto de 2023, el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador condenó a David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Mauricio Funes Cartagena (2009 – 2014), por los delitos de enriquecimiento ilícito por un monto de $248,195.18, tras dos años de celebrarse su condena en la participación del delito de Lavado de Dinero y Activos por $135,536.1 dólares, según lo detalla el expediente 2852018 de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección Centro.
La sentencia, confirmada por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia con sede en Santa Tecla, se vincula al desvío de $351,035,400.49 del presupuesto de Gastos Reservados de la Presidencia, denominado “Caso Saqueo Público”. Según la Fiscalía General de la República (FGR), Rivas participó en un esquema sistemático de corrupción que incluyó el uso de testaferros, transferencias irregulares y ocultamiento de bienes.
Marciano Rivas y Familia, enriquecimiento ilícito
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una demanda judicial en contra de David Marciano Rivas en marzo de 2024, detallando que, durante su adminitración en la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia entre 2009 y 2014, se identificó un “incremento patrimonial y de capital no justificado durante su periodo en el cargo”, específicamente en movimientos financieros por $308,252.08, distribuidos en “depósitos bancarios, pagos a tarjetas de crédito y otras transacciones opacas”.
El 12 de marzo de 2025, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió “casi en su totalidad las pruebas presentadas por la Fiscalía”, incluido un peritaje financierocontable que analizó 12 irregularidades documentales. Durante la audiencia preparatoria, se reveló que Rivas, junto a su exesposa e hijo, recibió fondos mediante contratos con empresas fantasma vinculadas a la administración de Funes. “Los demandados no pudieron demostrar el origen lícito de los $308,252.08, ni presentar facturas o justificantes para gastos en tarjetas de crédito y adquisiciones de bienes”, señaló el fiscal adjunto durante su intervención.
El proceso avanzó el 17 de marzo de 2025 con la audiencia probatoria, donde se incorporaron testimonios de excolaboradores de Casa Presidencial y registros bancarios que demostraron transferencias a cuentas offshore. La defensa de Rivas argumentó que los fondos provenían de “ahorros familiares y préstamos personales”, pero el tribunal desestimó estas alegaciones al no presentar documentos respaldatorios.
El fallo definitivo, emitido el 17 de marzo de 2025, declaró “la existencia de enriquecimiento ilícito” y ordenó a Rivas y su grupo familiar —su exesposa e hijo— la devolución de $248,195.18 al Estado salvadoreño, cantidad que representa el monto recuperable identificado en el peritaje. Además, se le prohibió “ejercer cargos públicos por 10 años” y se impuso una multa equivalente al 50% del monto no justificado, según la resolución de la Cámara Ambiental de la Sección Centro de San Salvadot de 2025.
La sentencia detalló que los fondos ilícitos se utilizaron para “adquirir una residencia en una zona exclusiva de San Salvador, pagar colegiaturas privadas de familiares y realizar viajes al extranjero sin justificación oficial”. Según el expediente judicial, Rivas también transfirió $45,000 a cuentas de su hijo, quien figuraba como titular de una empresa sin actividad comercial registrada. “El grupo familiar actuó como una estructura coordinada para ocultar el origen ilícito de los recursos”.
Marciano Rivas en el Caso Saqueo Público
El 21 de agosto de 2023, el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rivas por su participación en el lavado de $135,536.1, parte de los $351,035,400.49 desviados del presupuesto de Gastos Reservados de la Presidencia. La sentencia, basada en el expediente 285-2018 de la CSJ, estableció que Rivas se beneficiaría de las transferencias desde la cuenta del Tesoro de Casa Presidencial hacia cuentas de testaferros, incluyendo a José Miguel Antonio Méndez Avelar (Mecafé) y Manuel Rivera Castro, exdirector del Banco Hipotecario.
Del monto total, 292,218,871.28 dólares fueron sustraídos del Banco Hipotecario, mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios y testaferros. La condena por lavado de activos se enmarcó en la misma audiencia donde se procesó a Vanda Pignato, ex primera dama, y a Miguel Menéndez Avelar, quienes recibieron sentencias de 3 años y 14 años de prisión, respectivamente. Rivas fue vinculado directamente a la compra de 4 inmuebles de lujo valorados en $1.6 millones, registrados a nombre de intermediarios.
Según el Informe Presupuestario y Financiero de la CSJ (2009-2014), el expresidente Funes y su círculo cercano —incluyendo a Rivas— utilizaron estos fondos para “viajes familiares al exterior, compras de propiedades y pagos a aliados políticos”.
La fase de investigación recayó en la Sección de Probidad de la CSJ, que elaboró el informe técnico financiero clave para demostrar el enriquecimiento ilícito. El expediente 285-2018, que acumula 715 piezas de evidencia, incluye testimonios de arrepentidos, como el de Luis Antonio Flores Mancía, quien admitió haber otorgado un “préstamo simulado” de $95,000 a Regina María Cañas Rivera, exesposa de Funes. Este caso también vinculó a 32 imputados, entre ellos exministros, militares y familiares de Funes, cuyos procesos siguen en distintas etapas.
Tras la condena, David Marciano Rivas se encontraba cumpliendo detención domiciliaria, en espera de recursos de apelación. La FGR solicitó en marzo de 2025 un informe al Tribunal de Vigilancia Penitenciaria para exigir el traslado a prisión de otros imputados, como Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro de Funes, quien aún no cumple su condena de 8 años.
Mientras tanto, el expresidente Mauricio Funes, prófugo en Nicaragua y presuntamene fallecido en enero de 2025, acumula condenas de 14 años de prisión por agrupaciones ilícitas , según lo determinó el el Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador y 10 años de prisión por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. , según lo determinó el juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador.
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