ASOCAMBIO: Exministro de Seguridad Ramírez Landaverde, a 3 meses de trabajo comunitario

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Por Alessia Genoves

Muuricio Ramírez Landaverde, ex-titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) recibe una condena de 3 años de prisión, los cuales fueron permutados por 3 meses de trabajos de utilidad pública por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, tras ser vencido en juicio por el delito de “Actos Arbitrarios”. El ex-ministro, además, acumula una sanción establecida por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) que le impuso una sanción de $9,733 dólares por infracciones a la Ley de Ética Gubernamental, mientras ejercía su función pública y administración sobre la Asociación Yo Cambio (Asocambio).

La FGR sostuvo que la participación de Ramírez Landaverde, y otros 21 empleados del MJSP y de Asocambio habrían defraudado un monto aproximado de $14,7 millones de dólares en perjuicio del Estado. Las acusaciones fueron consistentes en los delitos de Actos Arbitrarios (art. 320 Cód. Pen.), Desacato Judicial (art. 339) y Privación de Libertad (art. 290 Cód. Pen.) en la administración de Asocambio.

Asocambio, que inició sus operaciones desde el año 2019, contaba con al menos 21 de sus instalaciones operaban al interior de los recintos penitenciarios, hasta los meses posteriores. De acuerdo con las declaraciones de Landaverde, la instalación de la tiendas buscaba ser una respuesta al “mal uso de los recursos y que la definición del carácter público o privado de los ingresos” y a “la informalidad y desprotección de los trabajadores, que carecían de un contrato laboral formal y de toda seguridad social, ya que no cotizaban al ISSS ni a las AFP’s”.

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Sentencia contra Ramírez Landaverde

En el fallo del Tribunal Quinto de Sentencia, se condenó a Ramírez Landaverde por el delito de “actos arbitrarios”. La condenado se estableció a 3 años de prisión por el delito de “actos arbitrarios”; que , sin embargo, fue permutada por 3 meses de trabajos de utilidad pública. No obstante, el exministro declaró que los jueces no dieron un “fallo independiente” y que la resolución “contradice muchos pasajes de la vista pública”.

Landaverde señaló que “los argumentos vertidos por el señor Juez, contradicen muchos pasajes de la misma Vista Pública. Al final, todo esto, ¿en qué quedó?: Si ya le dieron tres años presos, siquiera eso les dieron”. Y sostiene que el Quinto de Sentencia “se vio obligado a dar lo que podemos llamar una Condena Simbólica, condenando por el delito de actos arbitrarios a tres años de cárcel, permutables por trabajos de utilidad pública, pena que ya cumplimos con el tiempo que nos tuvieron ilegalmente en la cárcel”, declaró Ramírez Landaverde.

El exministro argumentó que los jueces no dieron un “fallo independiente” y que la resolución “contradice muchos pasajes de la vista pública”. Landaverde señaló que “los argumentos vertidos por el señor Juez, contradicen muchos pasajes de la misma Vista Pública. Al final, todo esto, ¿en qué quedó?: Si ya le dimos tres años presos, siquiera eso démosle”. No obstante, Landaverde calificó el fallo como un “triunfo de la legalidad y de la justicia en nuestro país”, ya que, a pesar de la condena, podrá recuperar su libertad después de haber estado detenido por más de dos años.

La FGR, por su parte, no ha anunciado públicamente sus intenciones de apelar tras el fallo de sentencia. Entretanto, Jenette Ramírez, voluntaria de la Comisión de Familiares de Presos y Presas Políticos (COFAPPES) sostiene que los montos que presumen los actos de corrupción de los ex-funcionarios han ido variando.

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“Es que mirá -me dice- nosotros hicimos una presentación en Power Point, y dijimos que en no sé cuantos años podía llegar ASOCAMBIO hasta por $14 millones. Era una presentación en Power Point, con una de esas técnicas de proyección a futuro”, citó Jeannette Landaverde . “Después, la Fiscalía dijo que lo que recibió ASOCAMBIO ya no eran los $14 millones, sino que eran $500 mil. Y de esos $500 mil, dice la FGR, que todo se utilizó en la utilidades de ASOCAMBIO. Y que no hubo ninguna transferencia de fondos para las cuentas de ellos”.

Landaverde vecido por el TEG

Por otra parte, el TEG impuso una sanción de $9,733 dólares en contra de Ramírez Landaverde por infringir la Ley de Ética Gubernamental. Según la resolución del TEG, Landaverde incurrió en la infracción al artículo 6 letra g) de la Ley de Ética Gubernamental, por “aceptar o mantener responsabilidades en el sector privado” mientras se desempeñaba como Ministro. Por esta infracción se le impuso una multa de $4,866 dólares.

También habría incurrido en la infracción al artículo 5, letra a) de la Ley de Ética Gubernamental, por la “transferencia de fondos y bienes de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) a la mencionada asociación privada que él mismo presidía”. Por esta infracción se le impuso una multa de $2,433 dólares.

El TEG señaló que Landaverde, al ser miembro de la Junta Directiva de Asocambio, incurrió en un conflicto de intereses al anteponer un “supuesto interés particular por la asociación por encima del interés general que debían velar desde sus cargos en el Estado”.

La defensa de Landaverde argumentó que no existía infracción porque el exfuncionario no obtenía beneficios económicos de Asocambio y que la asociación había sido creada en cumplimiento de recomendaciones de la Corte de Cuentas. Sin embargo, el TEG desestimó estos argumentos y ratificó las infracciones.

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Caso Asocambio lleva más detenciones

El caso Asocambio se originó en 2019, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) acusó, ante el Juzgado de Paz Sexto de Paz de San Salvador, contra 21 personas. En el proceso se señalaba a Ramírez Landaverde, por delitos como peculado, falsedad material y cohecho impropio relacionados con un supuesto desvío de $14.7 millones de las tiendas institucionales administradas por la Asociación Yo Cambio. Pero no fue sino hasta el 3 de diciembre de 2021, la FGR impugnó la resolución del Juzgado, solicitando la detención.

Entre los acusados, además de Ramírez Landaverde, se encontraban otros 20 ex-funcionarios públicos, como Fernando Roque Mártir, ex-inspector general de Centros Penales. La FGR sostenía que Asocambio habría funcionado entre 2018 y 2019, período en el que se registró la extracción ilícita de fondos depositados por familiares de privados de libertad.

Sin embargo, Ramírez Landaverde defendió la legalidad de las operaciones de Asocambio, asegurando que esta asociación se creó en 2019 bajo la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro para transparentar el manejo informal que existía previamente en las tiendas penitenciarias. Landaverde alegó que la constitución de Asocambio “permitiría seguir contando con recursos vitales para la DGCP”, como el “mantenimiento de las Clínicas Medico-Odontológicas”.

El proceso se prolongó, y llegó a la etapa de instrucción el 5 de julio de 2023, en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador. La FGR sostenía las acusaciones de “actos arbitrarios y de cómplice necesario de peculado”, contra los imputados. Sin embargo, concluida la fase de sentencia, el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador re-afirmó la orden de libertad provisional a favor de los acusados; pero contrario a su cumplimiento, el abogado Rudy Joya, sostiene que ni la DGCP ni su titular, Osiris Luna Meza, están respetando la resolución.

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Landaverde y los otros 20 imputados fueron sometidos a medidas alternas a la detención provisional, como pagar una fianza de $10 mil dólares como condena de responsabilidad civil, no salir del país y presentarse a firmar al juzgado. Sin embargo, la FGR impugnó esta resolución y solicitó la detención provisional de los acusados. Después de más de dos años de prisión preventiva, en diciembre de 2023, el Juzgado Quinto de Sentencia ordenó medidas sustitutivas a la detención a favor de Landaverde y de Roque Mártir. No obstante, la DGCP se opuso al cumplimiento de esta orden judicial, hasta el fallo dictaminado por el Quinto de Sentencia, en octubre de 2024.

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