Por Alessia Genoves
Multas de tan sólo US$22,410.92 acumulados reclamó el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a tan sólo 20 funcionarios públicos -de un total de 569 resoluciones (el 7.75%)-, según registra su “Informe de Rendición de Cuentas de septiembre 2023 a agosto 2024”. La cifra contrasta con los US$25,7 millones en irregularidades y corrupción municipal detectados por la Corte de Cuentas de la República (CCR) en su Informe de Labores 2024, tras evidenciar un total de US$34.9 millones en un total de 2,552 hallazgos por irregularidades en el Estado.
Tribunal de Ética Gubernamental: sólo 20 sanciones de 569 casos
Un total de 569 resoluciones relacionadas con procedimientos administrativos sancionadores emitió el TEG curante el período de septiembre 2023 a agosto 2024. De éstas, 388 fueron resoluciones de trámite y 181 de finalización de procedimientos. Entre las resoluciones de finalización, 159 correspondieron a terminaciones anticipadas o anormales de procedimientos, representando un 87.8% del total. Apenas 22 casos (12.2%) llegaron a resolución final, con 20 sanciones y 2 absoluciones.
El TEG inició 258 procedimientos administrativos sancionadores en el período reportado, 109 iniciados por denuncia (42.24%) y 149 por aviso (57.76%). El promedio mensual de casos iniciados fue de 21.5, con un incremento significativo en el porcentaje de denuncias presentadas en comparación con el período anterior (36.90% versus 42.24%), lo que según el informe refleja “un aumento en la confianza de los denunciantes hacia el TEG”.
Las instituciones con mayor número de personas investigadas fueron el Ministerio de Educación (60 casos), la Corte Suprema de Justicia (hasta 25), la Universidad de El Salvador (sólo 18), la Procuraduría General de la República (un total de 14) y el Ministerio de Salud (unos 12). En el ámbito municipal, se iniciaron 72 procedimientos contra 114 servidores públicos.
El TEG impuso 27 multas sancionatorias a 24 personas entre servidores y exservidores públicos, sumando US$22,410.92. Pero, durante éste período, se cancelaron multas por un monto total de US$19,980.42. Además, se remitieron a la Fiscalía General de la República 28 multas para su cobro debido al incumplimiento de pago.
Del total de sanciones, 10 fueron por transgresiones a deberes éticos (el 37%) y 17 por transgresiones a prohibiciones (el 63%). De las instituciones sancionadas, 7 corresponden a transgresiones cometidas en municipalidades y 20 a instituciones del gobierno central y autónomas. Los servidores públicos sancionados por nivel organizacional fueron, en total, unos 14 empleados, 3 jefaturas/directores/gerentes, 2 autoridades/titulares/miembros de órganos colegiados, 1 director de escuela/instituto/universidad/hospital, 3 ex-alcaldes y 1 juez/magistrado.
El TEG destacó una disminución significativa en los sobreseimientos comparado con el período inter-anual anterior (32 frente a 11), lo que según la institución “refleja que se han realizado mejores investigaciones en los procedimientos administrativos sancionadores”.
Corte de Cuentas: US$25,7 millones en irregularidades
En contraste con las cifras del TEG, la CCR detectó US$34.9 millones en montos patrimoniales identificados como irregulares en la administración pública, de los cuales US$25.7 millones fueron confirmados como corrupción institucional mediante sentencias condenatorias; del total de 2,552 hallazgos por irregularidades en el Estado.
La CCR emitió 342 sentencias, de las cuales 222 (el 64.91%) fueron contra municipalidades y 120 (el 35.09%) contra otras instituciones del sector público. Pero los montos condenados sumaron US$25,723,093.61, divididos en US$15,499,587.05 correspondientes a municipalidades y US$10,223,506.56 al resto del sector público. Las sanciones por responsabilidad patrimonial representaron US$21,244,916.52 (82.56%), mientras que las administrativas sumaron US$4,478,177.09 (17.44%).
La fiscalización municipal reveló 2,552 hallazgos irregulares: 227 en auditorías financieras, 203 en control interno y 2,189 en cumplimiento legal. La CCR administró 720 expedientes, de los cuales 341 resultaron en sentencias y uno en auto definitivo. Los pagos por responsabilidades alcanzaron los US$362,743.16, divididos en US$256,347.97 por multas administrativas y US$106,395.19 en reparaciones patrimoniales.
Desde 2018, la CCR ha documentado un incremento sostenido en irregularidades en la gestión municipal. En ese año el monto cuestionado fue de US$23,505,948.33, ascendiendo a US$55,816,052.00 en 2019. Para 2020, año de la interrupción del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES), se identificaron US$15,276,862.70. En 2021, año de recortes del 1.5% en las entregas del FODES, se reportaron US$33,402,104.23. Para 2022, las irregularidades alcanzaron los US$39,626,664.65, incluyendo US$433,848.00 por manejo irregular de fondos durante la pandemia COVID-19 y las tormentas Amanda y Cristóbal.
De acuerdo con el informe, la CCR invirtió US$168.5 millones en proyectos de obra pública evaluados, pero solo finalizó el 55% de las auditorías planificadas. De los resultados de auditorías financieras, 53 dictámenes revelaron 38 opiniones favorables (72%) y 15 desfavorables (28%). Los análisis de percepción ciudadana calificaron con 8.47/10 las labores de la institución frente al combate de la corrupción.
CCR contra la corrupción municipal
Las municipalidades son parte de la lucha anticorrupción. Según datos de la CCR, desde 2018 se acumulan US$167.4 millones en irregularidades en la gestión municipal. Esta cifra supera significativamente los montos identificados por la Fiscalía General de la República (FGR), que encontró 45 presuntas irregularidades por US$35,167,627.60.
Las auditorías de la CCR revelan que las irregularidades municipales están relacionadas con diversos factores: manejo inadecuado de fondos FODES, gestión deficiente durante la pandemia COVID-19 y las tormentas tropicales, retención ilegal de cuotas laborales, y malversación de fondos propios.
Algunos casos emblemáticos incluyen los exalcaldes de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo (La Paz), con irregularidades por más de US$350,000; el exalcalde de San Salvador, Ernesto García Muyshondt, con presuntas irregularidades por US$5.2 millones; y la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, implicada en la retención de remuneraciones por US$387,042.
Roberto Antonio Anzora, presidente de la CCR, catalogó estas irregularidades como “malversación de fondos, peculado, falsedad documental, incumplimiento de deberes” en su informe ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, durante las discusiones sobre la Ley Especial para la Reestructuración Municipal.
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