Por Alessia Genoves
El 6% de los Ingresos Corrientes ya no será la proporción obligatoria que se disgnará al Ramo del Órgano Judicial. Ésta nueva decisión ha sido legislada, tras una reciente reforma al artículo 172 de la Constitución de la República, aprobada mediante la Pieza de Correspondencia 2-A con 57 votos a favor en la Sesión Plenaria No. 89. En lugar de dicha proporción de financiamiento, las designaciones se darán “según las necesidades razonables que dicha institución presente”.
Los Ramos de Hacienda, Educación, Obras Públicas y Legislativos, en consecuencia, se han visto afectados, según lo identificó la representación del Ramo de Hacienda en la Comisión de Hacienda y Especial del Prespuesto, y que dio lugar al Dictamen Favorable No. 177 que desfila en la Sesión Plenaria No. 90.
El Dictamen No. 177, pues, incorpora una redistribución de US$164,210,965.00, recursos que originalmente estaban previstos para el Órgano Judicial y que fueron reasignados a otros ramos del gobierno central. Conforme a las notas oficiales del Ministerio de Hacienda leídas en comisión, estos fondos se canalizarán específicamente al Ramo de Hacienda por US$30,847,215.00, al Ramo de Agricultura y Ganadería por US$23,363,750.00; al Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología por US$40,000,000.00; y al Ramo de Obras Públicas y de Transporte por US$50,000,000.00. Mientras que el Legislativo sube a US$10,000,580
El Órgano Judicial ya no deberá tener el 6% de Ingresos Corrientes
La reforma al inciso cuarto del artículo 172 de la Constitución fue ratificada mediante el Decreto Legislativo No. 482 del 16 de diciembre de 2025, publicado en el Diario Oficial No. 239, Tomo 449. El texto reformado, según se desprende de la discusión en la Comisión de Hacienda, elimina el mandato que establecía que “las asignaciones para el Presupuesto General de la Nación que correspondan al Órgano Judicial no serán inferiores al seis por ciento de los ingresos corrientes del Estado”.
En su lugar, se establece que dichas asignaciones se determinarán “según las necesidades razonables que dicha institución presente”. Esta modificación fue presentada como la “reforma constitucional número 5” y su aprobación en el pleno legislativo, con US$60 votos, activó un mecanismo de ajuste presupuestario inmediato para el proyecto de ley del ejercicio fiscal 2026 que ya se encontraba en discusión.
El ministro de Hacienda, en una nota oficial dirigida al presidente de la Comisión de Hacienda, licenciado Cristian Reynaldo Guevara Guadrón, solicitó “incorporar en el dictamen favorable de aprobación de la Ley del Presupuesto General del Estado y de Presupuestos especiales del ejercicio fiscal 2026, una modificación de asignaciones presupuestarias de diferentes instituciones del sector público no financiero”.
La fuente directa, la nota número tres del Ministerio de Hacienda, detalla: “institución, órgano judicial, fuente de financiamiento, fondo general, monto a disminuir, US$164,210,965″. Esta reducción en la previsión para el Órgano Judicial, derivada directamente de la nueva interpretación constitucional de “necesidades razonables”, liberó un monto significativo que fue redistribuido. El mismo documento oficial especifica los montos a incrementar en otros ramos:
El Dictamen Favorable No. 177, que recoge estas modificaciones, aclara en su página 16 que “el monto total del proyecto de Ley de Presupuesto en referencia no sufre modificaciones, manteniéndose conforme a lo aprobado por el Consejo de Ministros”. Esto indica que la operación fue una reasignación interna de recursos dentro del monto global ya establecido de US$10,555,580,928.00, sin generar un aumento del gasto total.
Órgano Judicial se reducirá unos $122,6 millones
La reforma constitucional al artículo 172 representa un cambio cualitativo profundo en el principio de autonomía financiera del Órgano Judicial. El texto original, que garantizaba un piso del 6% de los ingresos corrientes, fue diseñado como un mecanismo de blindaje presupuestario para asegurar la independencia judicial. La nueva redacción, al sustituir ese porcentaje fijo por el criterio de “necesidades razonables”, somete la definición del presupuesto judicial a un proceso de negociación y evaluación dentro del poder ejecutivo y legislativo, tal como ocurre con el resto de ramos del Estado.
Esta modificación debe analizarse en el contexto de las fluctuaciones históricas del presupuesto de dicho órgano. Según los datos Dictamen, en el Cuadro “Reformas del Presupuesto General de la Nación”, del Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, el presupuesto programado para el Órgano Judicial en 2025 era de US$491,848,845.00. Para 2024, la cifra programada fue de US$442,659,735.00, y para 2023 fue de US$442,750,025.00. En 2022, el monto programado ascendió a US$393,514,495.00, mientras que en 2021 fue de US$341,448,683.00. Retrocediendo a 2020, la programación inicial fue de US$302,250,265.00, y en 2019 de US$103,856,298.00.
Estas cifras muestran una tendencia general de crecimiento nominal en las asignaciones programadas durante el período, con un incremento particularmente significativo entre 2019 y 2020, y otro salto importante proyectado para 2025. Sin embargo, el dato más relevante para el análisis es la comparación entre lo “programado” y lo “devengado” (ejecutado). En 2023, contra un presupuesto programado de US$442,750,025.00, el devengado fue de US$337,542,172.75, lo que indica una ejecución del 76.3%.
En 2022, con US$393,514,495.00 programados, se devengaron US$324,509,832.24, equivalentes al 82.5%. En 2021, la ejecución fue de US$284,519,571.97 sobre US$341,448,683.00 programados, es decir, un 83.3%. La brecha persistente entre lo programado y lo ejecutado podría haber sido uno de los argumentos utilizados para sustentar la reforma bajo el principio de “necesidades razonables”, ajustando la asignación constitucional a la capacidad real de ejecución y gasto.
El presupuesto modificado para el Órgano Judicial en 2026, tras la reforma, queda establecido en US$369,244,035.00, según se detalla en la página 16 del Dictamen 177. Esta cifra representa una reducción de US$122,604,810.00 frente a lo programado para 2025 (US$491,848,845.00), y es inferior incluso al monto devengado en 2024, que fue de US$382,959,077.12. La nueva asignación constitucional, por lo tanto, se materializa en una disminución presupuestaria concreta para el próximo ejercicio fiscal.
Ramo de Hacienda sube $3,78 mil millones
El Dictamen Favorable No. 177, que contiene el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2026, detalla las asignaciones para los diferentes ramos, incluyendo aquellos beneficiados por la redistribución de recursos derivada de la reforma al artículo 172.
Para el Ramo de Hacienda, el presupuesto programado para 2026 asciende a US$3,786,543,142.00, según el cuadro histórico. No obstante, este monto se ve incrementado por la redistribución de US$30,847,215.00 provenientes del ajuste al Órgano Judicial.
En comparación con años anteriores, el presupuesto programado para Hacienda en 2025 fue de US$3,215,945,043.00, en 2024 de US$3,215,945,043.00, en 2023 de US$3,612,246,154.00, en 2022 de US$2,714,322,879.00, en 2021 de US$0.00, en 2020 de US$111,843,473.00 y en 2019 no se especifica en los datos proporcionados.
La ejecución (devengado) muestra variaciones significativas: en 2024 se devengaron US$5,366,357,823.16 contra US$3,215,945,043.00 programados, una ejecución del 166.8%, explicada por modificaciones presupuestarias durante el ejercicio. En 2023, el devengado fue de US$3,536,374,629.98 sobre US$3,612,246,154.00 programados (97.9%), y en 2022 fue de US$3,484,518,142.54 sobre US$2,714,322,879.00 programados (128.4%).
Ramo de Agricultura sube a $52,9 millones
Para el Ramo de Agricultura y Ganadería, el presupuesto programado para 2026, según el dictamen, incluye una partida específica de US$52,915,000.00 para “abastecimiento y seguridad alimentaria” y US$46,600,000.00 para el “Bono Agrícola”.
Además, recibe un incremento de US$23,363,750.00 por la redistribución. Los datos históricos muestran que su presupuesto programado en 2025 fue de US$92,031,842.00, en 2024 de US$91,352,199.00, en 2023 de US$91,970,164.00, en 2022 de US$77,182,769.00, en 2021 de US$74,749,018.00, en 2020 de US$65,702,865.00 y en 2019 de US$66,577,685.00.
La ejecución supera la programación inicial: en 2025 el devengado ya era de US$146,530,257.43, en 2024 de US$132,779,726.06, en 2023 de US$129,610,153.20, y en 2022 de US$121,555,906.40. El “programado modificado”, que refleja ajustes durante el año, para 2025 fue de US$198,612,323.62, para 2024 de US$168,148,826.47, y para 2023 de US$146,020,989.23.
Ramo de Educación sube a $1,6 mil millones
El Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología recibe un incremento directo de US$40,000,000.00 por la redistribución. Su presupuesto total para 2026, según el dictamen, es de US$1,641,150,290.00, equivalente al 15.5% del presupuesto total. Históricamente, su presupuesto programado en 2025 fue de US$1,539,441,954.00, en 2024 de US$1,569,743,857.00, en 2023 de US$1,502,339,974.00, en 2022 de US$1,471,727,566.00, en 2021 de US$1,345,546,753.00, en 2020 de US$1,039,242,490.00 y en 2019 de US$997,158,780.00.
La ejecución en 2024 fue de US$1,341,378,451.15, en 2023 de US$1,165,260,322.55, y en 2022 de US$1,251,926,955.43. El “programado modificado” para 2024 alcanzó US$1,728,111,754.04, para 2023 fue de US$1,471,061,017.04, y para 2022 de US$1,554,813,325.42. El dictamen también asigna para este ramo en 2026 US$140,000,000.00 para infraestructura “Mi Nueva Escuela” y US$717,826,645.00 para programas sociales en el área de educación.
Ramo Legislativo sube a $10,000,580
Para el Ramo del Órgano Legislativo, los datos históricos muestran un presupuesto programado en 2025 de US$46,935,407.00, en 2024 de US$53,959,060.00, en 2023 de US$57,450,000.00, en 2022 de US$57,450,000.00, en 2021 de US$58,250,000.00, en 2020 de US$58,300,000.00 y en 2019 de US$58,300,000.00. La ejecución en 2024 fue de US$45,505,973.89, en 2023 de US$54,176,799.82, y en 2022 de US$54,435,154.94.
El “programado modificado” para 2024 fue de US$54,082,988.62, para 2023 de US$60,563,272.47, y para 2022 de US$57,496,980.06. El dictamen No. 177 no muestra una asignación explícita de recursos redistribuidos del Órgano Judicial hacia el Órgano Legislativo; los incrementos se concentraron en los ramos ejecutivos antes mencionados. La comparación interanual evidencia que, mientras el presupuesto del Órgano Judicial se reduce tras la reforma, los ramos de Hacienda, Agricultura y Educación registran incrementos en sus asignaciones para 2026.
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