Oposición se une contra Bukele a Elecciones 2027

Por: Neftali Hernandez Pereira

Oposición legislativa se reúne en el Colegio Médico para desafiar la votación legislativa contra el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Manifiestan su oposición a las reforma políticas aprobadas por la mayoría parlamentaria de Nuevas Ideas, y sus correligionarios del Partido de Concertación Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Gran Alianza por la Unidad Nacional.

El encuentro, que congregó a figuras de diversos partidos y organizaciones civiles, ocurre en un momento crítico: las reformas han adelantado las elecciones de 2027 a 2024, extendido el período presidencial de 5 a 6 años, permitido la reelección indefinida y retirado a El Salvador del PARLACEN, transformando radicalmente el panorama político del país.

Sin embargo, el debate sobre el futuro electoral está marcado por las sombras del pasado. Las condenas históricas contra figuras clave del FMLN y ARENA por pactos con pandillas han generado un contexto en el cual la oposición tradicional no solo carece de credibilidad, sino que enfrenta la posibilidad real de su extinción legal.

Con sentencias que suman más de 200 años de prisión acumulados entre 14 condenados, y evidencias de entregas de al menos $169,000 dólares a la Mara Salvatrucha y Barrio 18, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está bajo presión para cancelar la inscripción de ambos partidos.

La reunión del Colegio Médico: ¿resistencia democrática o nostalgia política?

Según declaraciones recogidas por diversos medios, la reunión en el Colegio Médico convocó a representantes de partidos políticos minoritarios, organizaciones de la sociedad civil, académicos y figuras opositoras que expresaron su preocupación por las reformas constitucionales que califican como un retroceso autoritario. Los participantes argumentaron que las modificaciones concentran poder en el ejecutivo, eliminan contrapesos democráticos y rompen con el orden constitucional establecido tras los Acuerdos de Paz de 1992.

Nathan Vaquis, en su programa “Las cosas como son News”, cuestionó la legitimidad de quienes se reunieron: “¿Pueden los partidos que negociaron con pandillas, que entregaron dinero del Estado a terroristas, presentarse ahora como defensores de la democracia? ¿Tiene alguna credibilidad moral una oposición cuyos líderes históricos están presos o prófugos?”.

Sectores oficialistas caracterizaron la reunión como un intento desesperado de figuras políticas que perdieron el respaldo popular de recuperar relevancia mediante el discurso de la defensa institucional. En redes sociales, voceros cercanos al gobierno de Nayib Bukele calificaron el encuentro como “la reunión de los derrotados” y “el club de la nostalgia”, argumentando que los mismos actores que destruyeron el país durante tres décadas ahora se presentan como víctimas de supuestas violaciones constitucionales.

Sin embargo, constitucionalistas críticos del gobierno señalan que las reformas de 2025 efectivamente representan una ruptura con principios fundamentales. La eliminación de la elección de 2029 mediante la unificación con la de 2027 (adelantada a 2024), el alargamiento del período presidencial y la reelección indefinida constituyen, según estos análisis, una concentración de poder sin precedentes en la historia democrática salvadoreña post-guerra civil.

Las reformas de agosto 2025: un nuevo orden constitucional

Las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas desde 2021, transforman estructuralmente el sistema político salvadoreño:

El Salvador ha experimentado cambios políticos significativos: se adelantaron las elecciones de 2027 a 2024, se extendió el mandato presidencial de 5 a 6 años, se permitió la reelección indefinida eliminando la prohibición constitucional previa, y el país se retiró permanentemente del PARLACEN, rompiendo con el Acuerdo de Esquipulas. Además, se consolidó el sistema electoral D’Hondt, que reemplazó al modelo de cociente y residuo y favorece a los partidos mayoritarios.

Estas reformas modifican la Constitución de 1983, documento fundacional de la democracia salvadoreña surgida tras décadas de dictadura militar (1931-1979) y la brutal guerra civil (1980-1992). La Constitución de 1983 fue redactada en un ambiente cruento, con la Junta Revolucionaria de Gobierno operando de forma tripartita entre 1979 y 1982, en medio de fuertes tensiones entre sectores radicales y democristianos.

En 1982 se realizó la elección de Álvaro Magaña Borja como presidente interino, mientras la guerrilla del FMLN continuaba su lucha armada. Ese período fue uno de los más brutales en materia de seguridad: masacres perpetradas tanto por el ejército salvadoreño como por la guerrilla diezmaron a campesinos y estudiantes por cuestiones políticas. La primera ofensiva guerrillera de 1981 resultó en un rotundo fracaso militar, pero marcó el inicio de once años de conflicto.

José Napoleón Duarte fue el primer presidente en estrenar la Constitución de 1983, pero los altos mandos militares aún controlaban efectivamente las políticas de seguridad y defensa. Solo con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 los militares perdieron su influencia política directa, dando paso a un período de tres décadas de gobierno civil bipartidista entre ARENA y el FMLN.

Analistas críticos argumentan que el gobierno de Bukele, especialmente tras la aprobación del régimen de excepción en 2022 y las reformas de 2025, ha revertido ese proceso, regresando a un esquema donde las fuerzas armadas recuperan protagonismo en la seguridad pública y el control político, similar al período de Duarte cuando los militares ejercían poder efectivo detrás de la fachada civil.

Tres décadas de ARENA y FMLN: del dominio bipartidista al colapso

ARENA gobernó El Salvador desde la Asamblea Constituyente de 1982 hasta 2024, manteniendo presencia legislativa continua. De 1989 a 2009 controló la presidencia, mientras que después de 2009 permaneció como principal fuerza de oposición hasta su virtual colapso electoral en 2021 y 2024, cuando quedó reducido a 14 diputados y posteriormente apenas dos.

El FMLN, surgido como partido político tras deponer las armas en 1992, gobernó desde 1994 con presencia legislativa y conquistó la presidencia de 2009 a 2019 con Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Su declive electoral fue aún más dramático: de ser la primera fuerza legislativa pasó a la virtual extinción, con apenas 4 diputados antes de su colapso final.

Durante estas tres décadas, ambos partidos trazaron con los Acuerdos de Paz un entorno que prometía el fin de la violencia política y el establecimiento de una oposición institucional funcional. Por primera vez en la historia salvadoreña desde principios del siglo XX, existía un sistema bipartidista con oposición política con poder real, en contraste con el pasado donde la única alternativa de oposición era el poder civil beligerante o la insurgencia armada, ambas con poco éxito.

Sin embargo, el balance de esas tres décadas es devastador: Proliferación de pandillas: De 5,000 miembros en los años 90 a más de 76,000 identificados antes del régimen de excepción de 2022, y hasta 90,000 según algunas estimaciones. Violencia homicida: La tasa de homicidios alcanzó 103 por cada 100,000 habitantes en 2015, convirtiendo a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo fuera de zonas de guerra, con un promedio de 25 asesinatos por cada 100,000 habitantes durante el período. Fracaso de políticas de seguridad: Planes como Mano Dura, Super Mano Dura, Plan El Salvador Seguro y otros programas fracasaron rotundamente en contener la violencia. Cambio del modelo económico: El modelo agroexportador tradicional fue desmantelado en favor de un modelo liberal basado en remesas y servicios, diezmando la agricultura y convirtiendo al país en dependiente de importaciones alimentarias. Estigmatización juvenil: Jóvenes de comunidades pobres fueron criminalizados y quedaron atrapados entre la presión de pandillas, la represión policial y la falta de oportunidades. Debilitamiento institucional: La nueva Policía Nacional Civil (PNC), creada tras los Acuerdos de Paz, fue formada sin experiencia en combate y con adiestramiento deficiente, a diferencia de los antiguos cuerpos (Policía Nacional, Policía de Hacienda y Guardia Nacional) que tenían experiencia militar previa pero habían sido disueltos por su brutalidad y doctrina anticomunista extremista durante la dictadura.

Las pandillas evolucionaron de bandas callejeras juveniles a organizaciones criminales sofisticadas con armamento de guerra (fusiles M-16, escopetas, armas automáticas), capacidad de control territorial, experiencia en combate y, lo más grave, con financiamiento y apoyo político de partidos tradicionales.

El Caso Tregua: cuando el Estado pactó con el crimen organizado

Entre 2009 y 2014 se divulgaron videos y evidencias de políticos de ARENA y FMLN ofreciendo dádivas, apoyo económico, respaldo electoral y control sobre civiles, policías y militares a cambio de apoyo pandilleril. Lo que inicialmente se presentó como un “Proceso de Pacificación” resultó ser, según las sentencias judiciales, un esquema sistemático de negociaciones ilícitas que fortalecieron las estructuras criminales a cambio de beneficios electorales y reducción artificial de homicidios.

El Juzgado Especializado de Sentencia “C” emitió sentencias históricas contra los principales responsables:

Diversas figuras políticas salvadoreñas de los gobiernos del FMLN y ARENA fueron condenadas por delitos como fraude electoral, agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, acumulando más de 200 años de prisión entre 14 sentenciados. Entre ellas destacan los expresidentes Mauricio Funes (14 años, prófugo en Nicaragua) y Salvador Sánchez Cerén (28 años, también asilado), así como exministros como David Munguía Payés (18 años, único que cumple condena en El Salvador), Benito Lara y Arístides Valencia (28 años cada uno). También fueron condenados el exalcalde Ernesto Muyshondt, el periodista Paolo Lüers y el exasesor Wilson Alvarado, todos con penas de 18 años por su participación en fraudes electorales y estructuras ilícitas vinculadas a las elecciones de 2014 y 2015.

El testimonio del testigo criterio “Noé”, colaborador de la justicia que participó directamente en las negociaciones, fue contundente y detallado. Sus declaraciones, contenidas en los expedientes “145-HASTA-185-BIS-APE-2020AC” de la Corte Suprema de Justicia y “52-53-54-APE-2018” de la Cámara Especializada de lo Penal de Santa Tecla, proporcionaron evidencia directa del funcionamiento del sistema criminal.

Sobre la Tregua (2012-2014) y el gobierno de Funes:

“Noé” declaró que “la negociación había sido entre la Pandilla Dieciocho, MS y el Gobierno”. Detalló que “ellos habían tomado la decisión de sacar al grupo hacia un penal de menor seguridad, para poder establecerse y tener control de las calles y los penales” y que este proceso contaba con “el fortalecimiento y apoyo que tenían del presidente de la República y el Ministro de Seguridad Munguía Payés”.

Describió cómo los traslados permitieron “establecer una ranfla en los penales, la creación de una estructura al mando que tuviera la fuerza de controlar tanto dentro como fuera de los penales”. La estructura de mando se estableció en Ciudad Barrios, Gotera y Chalatenango, controlando una población de casi 5,000 internos de la Mara Salvatrucha. El testigo confirmó que en estos penales ingresaban “ilícitos como drogas, teléfonos, chips, órdenes hacia las calles” y que “los mediadores trasladaban los teléfonos en los jugos Jumex”.

Las entregas de dinero se realizaron en seis partes: primero $24,500, seguido quince días después por $35,000; luego $25,000 una semana antes de la primera vuelta; una cuarta entrega de $5,000 una semana después; posteriormente $35,000 para la segunda vuelta electoral; y finalmente $7,000 tras la proclamación del triunfo del FMLN.

Sobre el financiamiento del FMLN (elecciones 2014):

El testigo detalló seis entregas de dinero realizadas por el FMLN a las pandillas:

Total FMLN: $131,500 dólares

“Noé” declaró que “el encargado por parte del FMLN para hacer esas entregas de dinero fue ARÍSTIDES VALENCIA” y que las entregas se efectuaron en la Iglesia Anglicana y en la sede del FMLN ubicada en el número 1316 del centro de San Salvador.

Sobre las reuniones, testificó: “En diciembre de 2013 se reunieron con el FMLN; se reunieron en la Iglesia Anglicana; en la reunión estuvieron personas del gobierno y ambas partes de la pandilla; llegaron Arístides Valencia, el señor Benito Lara, W y el obispo Martín Barahona”. Después de las elecciones presidenciales de 2014, “se reunieron primero para hablar del triunfo, después para recibir un bono de $5,000 para cada parte; se refiere al triunfo electoral del FMLN”.

Sobre el financiamiento de ARENA (elecciones 2015):

El testimonio sobre la participación de ARENA es aún más detallado en sus aspectos logísticos. “Noé” declaró: “La tercera reunión se dio como un mes o quince días antes de las elecciones de alcaldes y diputados del año 2015; la reunión se efectuó en la oficina de la San Benito; a la reunión llegaron” representantes de ambas pandillas, y por parte de ARENA, Ernesto Muyshondt.

“El resultado de esa reunión fue obtener el dinero prometido por ARENA con antelación; sesenta y nueve mil dólares exactos que se le entregaron a su persona únicamente para la MS; el dinero se lo entregaron en una mochila; treinta y cinco fajos de billetes; la mochila era de color azul; un fajo es un rollo de billetes envuelto con una línea de papel con el monto oficial por cada manojo; cada fajo era de treinta y cuatro de dos mil dólares y uno a la mitad era de mil dólares”.

Total ARENA: $69,000 dólares (solo para la MS-13, sin contar entregas a Barrio 18)

El testigo también identificó el papel de Paolo Lüers: “Paolo Lüers le dijo a su persona que había un ofrecimiento por parte del COENA (Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA) que a toda costa querían lograr un resultado favorable para ellos en la Asamblea Legislativa; a toda costa es que no importaba el monto monetario que se exigiera para recibir ayuda de las partes representantes de las pandillas”. Además, “les dijeron que también tenían que comer el señor Raúl Mijango y el señor Paolo Lüers”, indicando que parte de los fondos fue desviada a estos intermediarios.

“Clave Franco”, exagente de seguridad infiltrado, declaró que David Munguía Payés habría recibido dos entregas que acumularon $50,000 dólares provenientes de la Partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República. Además, testificó sobre una entrega de más de $100,000 dólares a la MS-13 durante el “Proceso de Pacificación”.

Las defensas: negación y desresponsabilización

Mauricio Funes, desde su exilio en Nicaragua, ha mantenido una postura de negación absoluta. En declaraciones públicas afirmó: “Nunca entregué dinero a Munguía Payés para financiar la Tregua. Ni siquiera tuve conocimiento que habían infiltrado a las pandillas. Ese no era una función de CAPRES. Eso lo hacía la inteligencia policial y entiendo que para esas labores había presupuesto”.

Sobre los traslados de pandilleros, alegó: “Cuando fui informado en CAPRES por Munguía Payés del traslado inicial de los jefes de pandillas del Penal de Máxima Seguridad a otros Penales, los traslados ya habían ocurrido y en esa reunión no había nadie más”. Y añadió: “No es cierto que yo haya autorizado traslados de pandilleros como asegura el criterio. No tenía facultad para hacerlo”.

Funes también responsabilizó a miembros de su propio partido: “Claro que estaban de acuerdo [con la tregua], en la medida que les traía beneficios electorales. Yo lo que buscaba es que en la medida en que facilitábamos ese proceso se reducían los homicidios. Si se cometieron delitos, hay que individualizarlos”. Específicamente señaló a Benito Lara como quien se comprometió con pandillas “a cambio de beneficios electorales”.

David Munguía Payés ofreció una versión distinta, reconociendo el proceso pero caracterizándolo como operación legítima de Estado. En declaraciones a la prensa en 2021, explicó: “El término Tregua es un término mediático. Lo que nosotros estábamos instalando era el proceso de pacificación. Y este proceso de pacificación tenía dos direcciones: 1) la pacificación a través de los mediadores en el diálogo entre las pandillas. 2) Y la otra, insertado en medio de eso, insertar una operación que nos iba a tener informados de lo que estaba pasando y nos iba a ayudar a perfilar las operaciones que se estaban operando, y que se reunían con los mediadores”.

Payés también alegó: “En ámbito táctico yo no me metía. No me involucraba. Sencillamente, dábamos las facilidades para que tanto la Organización de Estados Americanos, que era el observador y el garante de este proceso, y los mediadores realizaran su trabajo. Había detalles que a mí no se me comunicaban”.

El abogado defensor de Payés, Manuel Chacón, intentó desacreditar los testimonios “alegando que éstos no ofrecerían una individualización de hechos, y que tampoco rendirían información de primera mano”, argumentando que se trataba de referencias indirectas sin valor probatorio.

Sin embargo, los tribunales consideraron que la evidencia testimonial, documental y las intervenciones telefónicas demostraban inequívocamente la participación directa de los funcionarios en la estructura criminal.

Frente a las condenas y el llamado a su cancelación, los actuales dirigentes de ambos partidos han intentado distanciarse de las acciones de sus miembros condenados, con resultados contraproducentes.

La postura de ARENA:

Carlos Araujo, actual dirigente de ARENA, declaró sobre el caso de Ernesto Muyshondt: “No sé en qué año habrá sido, pero como le digo, habría que ver si él actuó de forma personal o si actuó por mandato. Yo estoy seguro que mandato no hubo dentro del partido. La posibilidad puede existir, pero no creo que vaya a pasar. Yo no le temo a eso. Desde hace mucho tiempo vienen queriendo cancelar al partido y no ha sucedido. En todo caso, eso fue lo que sucedió con Neto: fue algo que él hizo personal, porque dentro del partido no hay acuerdo ni nada que permita ver que se le indicó que fuera a hacer lo que supuestamente hizo, que tampoco estoy muy seguro de eso”.

Esta declaración fue duramente cuestionada por Nathan Vaquis: “Habla con una frialdad… pero además con una desfachatez que da pena ajena. ¡Pena ajena! Ernesto Muyshondt era vicepresidente de ideología. No era ningún pelagato, no era cualquiera”.

Vaquis señaló que Muyshondt “era el segundo al mando en ARENA cuando se tomó la decisión de entregarle dinero a las pandillas: era el vicepresidente de ideología del partido. Eso no hay que perderlo de vista, aunque usted trate de negarlo y de confundir a la opinión pública —que, dicho sea de paso, ya no se deja confundir—, diciendo que él probablemente actuó solo. Eso es un acto cobarde, una forma de tirarlo a los leones y desecharlo”.

La postura del FMLN:

El FMLN ha optado por una estrategia de contraataque, acusando a quienes promueven su cancelación de estar financiados por el gobierno. Manuel Flores, secretario general del partido, afirmó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI es financiado por instituciones del Estado, lo que derivó en una demanda por difamación de $250,000 dólares por parte del Círculo, monto que según anunciaron será donado al Hospital Nacional Psiquiátrico en caso de ganar.

El Círculo respondió que la demanda actúa “como una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales”.

Hasta el momento, ningún dirigente actual del FMLN ha condenado públicamente las acciones de Funes, Sánchez Cerén, Lara o Valencia, ni ha propuesto expulsarlos formalmente del partido, lo que refuerza la percepción pública de complicidad institucional.

El llamado a la cancelación: argumentos jurídicos y políticos

El Círculo de Reflexión Política Siglo XXI lidera el movimiento para cancelar legalmente a ARENA y FMLN. En su boletín informativo número 9, argumentan que ambos partidos “atraviesan un proceso de deslegitimación institucional frente a la población, se han convertido en cuasi-organizatio criminalis, con exfuncionarios y dirigentes procesados y condenados en procesos judiciales, a quienes no se atreven a expulsar de sus filas, erosionando su capital político y su vínculo con la ciudadanía, generando una percepción social de distanciamiento, falta de renovación interna y pérdida de credibilidad partidaria”.

El grupo basa su postura en la Ley de Partidos Políticos de El Salvador, argumentando que “las acciones criminales de sus miembros y directivos, cuando estas se realizan en nombre del partido o aprovechando su estructura, pueden conllevar su disolución”.

Específicamente señalan: “El fraude en las elecciones presidenciales de 2014, acción que fue condenada por Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador con penas de 18 a 28 años de prisión a los políticos, que en nombre de ARENA y del FMLN negociaron los votos con la Mara Salvatrucha 13 y la Mara Barrio 18, a favor de los prófugos Salvador Sánchez Cerén y Norman Quijano”.

Sin embargo, el Círculo ha adoptado una estrategia peculiar: “No demandaremos la cancelación de ARENA y del FMLN, porque no le quitaremos la oportunidad a la ciudadanía salvadoreña que ella misma los elimine como partidos políticos, al no votar por ARENA ni el FMLN en las próximas elecciones del 2027 por ser organizaciones delincuenciales”.

Esta postura contrasta con la del doctor Aldo Álvarez, quien anunció en el programa de Nathan Vaquis: “Paralelamente va a avanzar la parte política y la parte jurídica. Si no se cancelan de una forma, se cancelan de otra. Ya han habido condenas, aunque no hay cosa juzgada todavía; van a apelar. Pero si la Cámara confirma, y luego la Sala de lo Penal ratifica, entonces el fraude está consumado y habrá causal de cancelación. Si el 27 de febrero aún no ha llegado la sentencia firme, yo me presentaré ante el TSE a presentar la solicitud de cancelación de ambos partidos. Lo anuncio aquí en tu programa”.

Walter Araujo ofreció una perspectiva complementaria: “Esa es la gran disyuntiva. Yo creo que el tema debe ser abordado por el Tribunal Supremo Electoral jurídicamente. Deben prestar atención tanto a aquella denuncia que yo presenté en 2018, como a la presentada por el grupo de académicos del ‘Círculo de Reflexión Política Siglo XXI’. Deben ser evacuadas procedimentalmente. Independientemente del resultado, el tribunal debe emitir una postura o resolución: ‘carece de elementos por esto o por lo otro’. Para mí, el punto definitorio es que el proceso de extinción política de ARENA y del FMLN lo está haciendo el pueblo. El FMLN ya está reducido a su mínima expresión, y ARENA apenas conserva una alcaldía y dos diputados”.

Difamación y propaganda: la guerra de narrativas

Sectores oficialistas han caracterizado tanto la reunión del Colegio Médico como los llamados a defender la institucionalidad democrática como intentos de sectores corruptos de recuperar poder perdido. En redes sociales y medios afines al gobierno, se difunden mensajes que equiparan cualquier crítica a las reformas constitucionales con defensa de los pactos con pandillas.

Esta narrativa sostiene que quienes se oponen al régimen de excepción, a las reformas constitucionales o al modelo de seguridad implementado desde 2022 están, de facto, favoreciendo el regreso de la violencia y la impunidad que caracterizó las gestiones de ARENA y FMLN.

Los opositores, por su parte, argumentan que esta es una estrategia de difamación que busca silenciar cualquier crítica legítima mediante la asociación con el pasado criminal. Señalan que es posible reconocer los crímenes de ARENA y FMLN mientras simultáneamente se c

cuestiona la concentración de poder, la eliminación de contrapesos institucionales y las modificaciones constitucionales que rompen con el orden democrático establecido en 1983 y consolidado en 1992.

El analista Nathan Vaquis planteó la disyuntiva central: “¿Pueden los actuales dirigentes de esos partidos lavarse las manos y tirar a los leones a sus exdirigentes, como lo está haciendo ARENA con Ernesto Muyshondt? Él era vicepresidente de ideología. No actuó solo. Lo dijo varias veces. ¿Y en el caso del FMLN? ¿Van a dejar solos a Benito Lara y a Arístides Valencia? Terrible”.

El gobierno de Bukele ha negado categóricamente estas acusaciones. El presidente respondió: “¿Cómo podemos manipular las cifras, si antes los cadáveres estaban en las calles? ¿Cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en las calles? ¿Cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar la extorsión? Porque ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros”.

¿Supervivencia electoral o extinción definitiva?

La pregunta que resuena en el debate público salvadoreño, planteada tanto en la reunión del Colegio Médico como en programas de análisis político, es si ARENA y FMLN lograrán sobrevivir como instituciones políticas.

Nathan Vaquis lo formuló directamente: “Entonces, la gran pregunta que dejo planteada para todos ustedes es: ¿Llegarán el FMLN y ARENA vivos al 28 de febrero? ¿Lograrán sobrevivir a las elecciones de 2027? Son preguntas que aún no tienen respuesta, porque no tenemos una bola mágica. Pero el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra. Es el soberano, y es quien ha sido más afectado por las decisiones perversas de los políticos del pasado”.

Walter Araujo advirtió: “Si el tribunal los deja vivos y les permite participar en las elecciones de 2027, el pueblo se encargará de extinguirlos”.

Aldo Álvarez reiteró: “En guerra anunciada no hay soldados muertos. Lo cierto es que hay mucha gente interesada en que, después de lo que ha pasado, el pueblo salvadoreño —afectado por estos grupos criminales— respalde la cancelación”.

Conclusión: la reunión del Colegio Médico en contexto histórico

La reunión en las instalaciones del Colegio Médico de El Salvador representa un momento paradójico en la historia política del país. Por un lado, constituye un intento de articular una oposición política frente a reformas constitucionales que concentran poder de manera inédita desde la dictadura militar. Por otro lado, ocurre en un momento en el que los principales partidos de oposición tradicionales están judicial y electoralmente desacreditados por haber pactado con estructuras terroristas durante años.

Los $169,000 dólares documentados en entregas directas a MS-13 y Barrio 18, los testimonios de testigos criterio como “Noé” y “Clave Franco”, las sentencias que acumulan más de 200 años de prisión contra 14 condenados, y la evidencia de traslados penitenciarios que permitieron a las pandillas “establecer una ranfla” con control territorial dentro y fuera de las cárceles, constituyen un expediente histórico que trasciende el ámbito judicial.

Sectores oficialistas tienen razón al señalar la hipocresía de figuras que durante décadas permitieron o facilitaron el fortalecimiento de estructuras criminales y ahora se prersentan como defensores de la institucionalidad democrática. La pregunta de Nathan Vaquis es legítima: “¿Pueden los partidos que negociaron con pandillas, que entregaron dinero del Estado a terroristas, presentarse ahora como defensores de la democracia?”.

Pero los críticos de las reformas constitucionales también tienen argumentos válidos al señalar que el adelanto electoral, la extensión del mandato presidencial, la reelección indefinida y la salida del PARLACEN constituyen modificaciones estructurales que concentran poder de manera incompatible con el sistema de contrapesos establecido tras los Acuerdos de Paz.

La paradoja salvadoreña es que el descrédito absoluto de la oposición tradicional por sus crímenes documentados ha creado un vacío político que facilita la implementación de reformas que, en un contexto democrático normal, enfrentarían resistencia institucional efectiva. Cuando los principales partidos de oposición están encabezados por condenados, prófugos o cómplices de pactos con terroristas, cualquier crítica a la concentración de poder puede ser fácilmente desacreditada como defensa de la impunidad pasada.

La reunión del Colegio Médico, difamada por sectores oficialistas como “el club de la nostalgia” y defendida por sus participantes como un acto de resistencia democrática, encapsula esta contradicción fundamental: ¿Cómo se articula una oposición política legítima cuando quienes históricamente ocuparon ese espacio están judicialmente comprobados como criminales organizados?

La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro de ARENA y FMLN, sino la naturaleza del sistema político salvadoreño en las décadas por venir. Lo que está en juego es si el país logrará construir una democracia con contrapesos efectivos después de superar tanto la violencia criminal patrocinada por los partidos tradicionales como las tentaciones autoritarias que surgen en respuesta a ese pasado.

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Neftalí Hernández Pereira

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