Por: Neftali Hernandez Pereira
$3 millones de dólares en corrupción implican al ex-presidente de Perú, Ollanta Humala Tasso, junto con su esposa Nadine Heredia en la realización del delito de “Lavadode Dinero y Activos”, según lo estableció el Poder Judicial, Los señalamientos de la sentencia contra el expresidente se enmarcan durante su gestión administrativa en el poder, desde el año 2006 al 2011; y la sanción carcelaria, para ambos, se determinó en un plazo de 15 años de condena.
El expresidente #OllantaHumala y su esposa #NadineHeredia fueron condenados a 15 años de prisión por #lavadodeactivos en relación con los aportes ilícitos al #PartidoNacionalistaperuano. Ambos cumplirán su condena en penal hasta el 28 de julio de 2039. pic.twitter.com/LjlUhUpyj3
— Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) April 15, 2025
La sentencia contra Humala
El Poder Judicial peruano condenó al expresidente Ollanta Humala Tasso a 8 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos, tras comprobar su participación en un esquema de financiamiento ilegal para sus campañas presidenciales. La sentencia establece que Humala y su esposa, Nadine Heredia, recibieron aproximadamente 3 millones de dólares en fondos ilícitos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano durante las campañas electorales de 2006 y 2011.
El colegiado que integran las juezas Nayko Coronado Salazar (directora de debate), Juana Caballero García y el juez Max Vengoa Valdiglesias da inicio a la audiencia verificando la presencia y representación legal de las partes procesales. pic.twitter.com/2ft4OcU4xX
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La resolución judicial determina que el matrimonio Humala-Heredia implementó un sistema sofisticado para ocultar el origen de estos recursos. Utilizaron testaferros, empresas fantasma y una contabilidad paralela para enmascarar los fondos que posteriormente financiaron la exitosa campaña que llevó a Humala a la presidencia en 2011. La sentencia también alcanza a Nadine Heredia, quien fue condenada a igual pena por considerarse coautora de estas prácticas ilícitas.
Los magistrados concluyeron que estos fondos no solo constituían financiamiento irregular de campaña, sino que representaban compromisos adquiridos con importantes actores económicos y políticos externos, configurando un caso de captura del Estado por intereses privados. La investigación demostró que parte de los recursos provenientes de Odebrecht estaban vinculados a futuras concesiones de obras públicas durante el mandato presidencial de Humala, mientras que los fondos venezolanos se asociaban a compromisos geopolíticos con el gobierno de Hugo Chávez.
Cronología de delitos
La investigación contra Ollanta Humala se inició formalmente en febrero de 2017, cuando la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos comenzó las diligencias preliminares basadas en las revelaciones del caso Lava Jato y las declaraciones de Marcelo Odebrecht, exCEO de la constructora brasileña. El ejecutivo confirmó pagos por 3 millones de dólares a la campaña de Humala, información que se encontraba registrada en su famosa “agenda electrónica” bajo el código “OH”, que los investigadores identificaron como las iniciales del expresidente peruano.
En julio de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva para Humala y su esposa, medida que se mantuvo hasta abril de 2018, cuando ambos fueron liberados por orden del Tribunal Constitucional. Durante la fase de investigación preparatoria, los fiscales recopilaron evidencias cruciales, incluyendo la “Caja 2” o contabilidad paralela de Odebrecht, testimonios de colaboradores eficaces como Jorge Barata (exrepresentante de Odebrecht en Perú) y documentación incautada en la residencia de los Humala-Heredia.
En mayo de 2019, el fiscal Germán Juárez Atoche formalizó la acusación contra el matrimonio y otros implicados. El juicio oral se inició en febrero de 2022, tras varios aplazamientos debido a la pandemia de COVID-19 y estrategias dilatorias de la defensa. Durante el proceso judicial se presentaron más de 70 testigos y peritos, incluyendo a exfuncionarios venezolanos que confirmaron transferencias ordenadas directamente por Hugo Chávez.
En enero de 2023, el Tercer Juzgado Penal Colegiado emitió la sentencia condenatoria en primera instancia, fallo que fue apelado por la defensa de Humala. La Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia en diciembre de 2023, y finalmente, tras un recurso de casación, la Corte Suprema ratificó la condena en abril de 2025, ordenando la captura inmediata del expresidente para el cumplimiento efectivo de la pena.
La defensa de Humala anunció que acudirá a instancias internacionales alegando violaciones al debido proceso, mientras que el expresidente, mediante sus redes sociales, calificó el fallo como “persecución política” y “lawfare”, términos que han sido utilizados por otros exmandatarios latinoamericanos procesados por corrupción.
Corrupcion en Latam
La condena a Ollanta Humala no constituye un caso aislado en el panorama político latinoamericano. El expresidente peruano se suma a una extensa lista de exmandatarios procesados o condenados por actos de corrupción, configurando un patrón que trasciende fronteras y evidencia debilidades estructurales en los sistemas democráticos de la región.
Presidentes peruanos 🇵🇪
— BlackMaps 🗺️ (@maps_black) April 15, 2025
🔴 Pedro Castillo
Destituido y en prisión preventiva por intento de golpe de estado
🟠 Manuel Merino
Renunció a su cargo luego de numerosas protestas
🟣 Martín Vizcarra
Destituido por el congreso por presuntos pagos ilícitos, no hay condena
🟠 Pedro…
En Perú, prácticamente todos los presidentes desde 2001 han enfrentado procesos judiciales: Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos para enfrentar cargos por recibir sobornos de Odebrecht; Alberto Fujimori cumplió condena por diversos delitos antes de su indulto; Pedro Pablo Kuczynski fue sometido a prisión domiciliaria; Alan García se suicidó cuando iba a ser detenido; y Pedro Castillo fue destituido tras un intento de autogolpe y enfrenta múltiples investigaciones. Esta situación ha generado una profunda crisis de representación política en el país andino.
Brasil protagonizó la operación anticorrupción más grande de la historia latinoamericana con el caso Lava Jato, que alcanzó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (luego absuelto y actual presidente) y contribuyó al impeachment de Dilma Rousseff. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por administración fraudulenta. En Guatemala, Otto Pérez Molina cumple prisión por casos de corrupción aduanera. En El Salvador, Antonio Saca fue condenado por desvío de fondos públicos. En Panamá, Ricardo Martinelli enfrenta múltiples procesos judiciales.
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