Por Alessia Genoves
44 prórrogas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa. La política extraordinaria de seguridad acumula más de 1,260 días de vigencia. Esta extensión se produce en un escenario marcado por una reducción de los homicidios intencionados reportados por la Fiscalía General de la República (FGR), que pasaron de 496 casos al cierre del año fiscal 2022 a 114 al finalizar 2024, lo que representa una disminución del 77%. De manera más específica, el comparativo entre los primeros diez meses de 2022 (323 homicidios) y el mismo período de 2025 (68 homicidios) evidencia una caída del 79%.
No obstante, este panorama de seguridad se ve contrapuesto por las 435 muertes documentadas en centros penales por el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) durante la vigencia del régimen, y el reconocimiento presidencial de la liberación de más de 8,000 personas tras el sobreseimiento de los delitos que justificaron su detención. Mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) para un período de referencia en octubre revela la captura de pandilleros de alto perfil como Wilber Edgardo Escobar (alias “Chele”) de la 18R, Luis Antonio García Rivera (alias “El Sapo”) de la MS13, y Sergio Antonio Gil Gil (alias “Violento”) de la MS13, entre otros, lo que subraya la persistencia de pandillas en libertad.
44ª Prórroga del Régimen de Excepción
La 44ª prórroga del Régimen de Excepción fue establecida por la Asamblea Legislativa durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 81, mediante la aprobación de la Pieza de Correspondencia 1-A. Este instrumento obtuvo 57 votos a favor en una votación nominal y pública, tras ser sometido a dispensa de trámite, extendiendo por 30 días adicionales la vigencia de esta medida excepcional. El fundamento legal se encuentra en el Decreto No. 333, originado en marzo de 2022, el cual suspende específicamente tres derechos constitucionales.
De acuerdo con el artículo 24 de la Constitución de la República de El Salvador, el régimen suspende el derecho de “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” del artículo 12, inciso 2º. Asimismo, extiende el plazo de la detención administrativa de 72 horas hasta 15 días. El tercer derecho exceptuado es la inviolabilidad de la correspondencia, establecida en el artículo 24 constitucional, lo que permite “la revisión e interceptación de comunicaciones privadas sin necesidad de orden judicial previa”.
Organizaciones de derechos humanos han presentado solicitudes formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la suspensión del régimen, fundamentadas en un balance de supuestas arbitrariedades. Cristosal señala que “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, añadiendo que sus registros indican que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la PNC”.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Azul Originario, Amate LGBT y otras organizaciones de la sociedad civil argumentan que las 44 prórrogas consecutivas constituyen una aplicación desproporcionada y prolongada de las facultades excepcionales del Estado, excediendo los límites temporales razonables para medidas de emergencia.
68 homicidios a octubre 2025
Desde 2019, la FGR registró 2,398 homicidios, cifra que se redujo a 1,341 casos en 2020 (una disminución del 44.1%). Para 2021, la cifra fue de 1,147 homicidios, lo que representa una reducción adicional del 14.5% respecto a 2020 y del 52.2% en comparación con 2019. La implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022 coincidió con una aceleración en esta tendencia descendente. El año 2022 cerró con 496 homicidios intencionados, lo que implica una reducción del 56.7% respecto a 2021 y del 79.3% respecto a 2019. El primer trimestre de 2022 (enero-marzo) fue particularmente crítico, con 323 homicidios (82 en enero, 76 en febrero y 165 en marzo).
La categorización para 2022 muestra que la delincuencia general fue responsable de 429 casos (86.5%), la intolerancia social de 36 (7.3%) y la intolerancia familiar de 31 (6.2%).En 2023, los homicidios intencionados cayeron a 154, marcando una disminución del 68.9% respecto a 2022. La distribución por categorías evidenció un cambio: la delincuencia general registró 53 casos (34.4%), la intolerancia social 54 (35.1%) y la intolerancia familiar 47 (30.5%).
El año 2024 finalizó con 114 homicidios, una reducción del 26.0% respecto a 2023. La delincuencia general representó 33 casos (28.9%), la intolerancia social 34 (29.8%) y la intolerancia familiar 47 (41.2%). Los datos preliminares para 2025, de enero a octubre, reportan un total de 68 homicidios intencionados. Esta cifra contrasta con los 323 homicidios registrados en el mismo período de 2022 (enero-octubre), lo que representa una reducción del 78.9%. El promedio mensual de homicidios pasó de 203 casos en 2019 a aproximadamente 6.8 casos en los primeros diez meses de 2025, una disminución del 96.7%.
Presuntas Vulneraciones a Derechos Humanos y Situación Penitenciaria
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad “José Simeón Cañas” UCA, en conjunto con organizaciones independientes, ha documentado más de 6,300 denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante el Régimen de Excepción. Cristosal ha registrado el mayor volumen, con 3,786 denuncias hasta abril de 2024, tipificadas como: detenciones arbitrarias (45.3%), allanamientos ilegales (23.7%), tortura y tratos crueles (18.2%), negación de acceso a defensa legal (8.9%) y desapariciones temporales (3.9%).
Idhuca ha registrado 1,283 casos, enfocándose en la proporcionalidad de las medidas y documentando extensiones de la detención administrativa más allá de los 15 días establecidos. Fespad, con 383 casos, reporta violaciones al debido proceso y garantías judiciales, mientras que Azul Originario (354 casos) documenta patrones de detenciones masivas en comunidades específicas. Amate LGBT ha aportado documentación especializada sobre presuntas detenciones arbitrarias basadas en orientación sexual o identidad de género.
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 435 muertes en centros penales desde el inicio del régimen, el 27 de marzo de 2022, hasta noviembre de 2024. Ingrid Escobar, representante legal del SJH, declaró en diciembre de 2023 que “el 94% eran inocentes” refiriéndose a 213 muertes, pero en febrero de 2024 modificó su caracterización, señalando que “cerca del 99%” de 236 muertes “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”.
En declaraciones posteriores, Escobar indicó que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”, sugiriendo una categorización sistemática que podría no reflejar el nivel real de participación criminal. Estas cifras contrastan con los 224 decesos registrados por Cristosal y otras organizaciones para un período similar. Las condiciones de hacinamiento son críticas, con más de 82,963 detenidos en un sistema cuya capacidad instalada original era significativamente inferior, superándose el 200% de ocupación en múltiples centros.
En noviembre de 2024, durante una visita a Costa Rica, el presidente Nayib Bukele declaró que “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, reconociendo implícitamente errores en las detenciones masivas. Esta cifra representa aproximadamente el 9.6% del total de 82,963 detenidos reportados hasta octubre de 2024. Bukele también cuestionó las estimaciones de organizaciones de derechos humanos, acusando al SJH, Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) de “inventar la cifra de 30 mil inocentes detenidos” y afirmando que estas “organizaciones pertenecen al FMLN”. El SJH respondió categóricamente que “ningún miembro de la Junta Directiva del SJH son miembros del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)”.
Mareros siguen matando
La persistencia de las pandillas motiva la continuidad del Régimen de Excepción, como lo evidencian los reportes de capturas realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC). El 30 de octubre, la PNC capturó a Wilber Edgardo Escobar, alias“Chele”, descrito como “un terrorista de la pandilla 18R de la tribu Las Palmas” quien fungía como “poste, es decir, avisaba al resto de pandilleros sobre los movimientos de nuestros policías”. Ese mismo día fue detenido Luis Antonio García Rivera, alias “El sapo”, “homeboy de la pandilla MS13” de la clica Las Delicias Criminal Locos Salvatruchos, quien “aparece como uno de los más buscados” en el sistema ONI.
También el 30 de octubre, “capturamos a José Francisco Sarceño Cañas, homeboy de la 18S, con función de gatillero” quien “con pistola en mano y en estado de ebriedad amenazaba a los residentes de la colonia Paz 92 y sus alrededores, en Izalco, Sonsonate”. Ese mismo día, Sergio Antonio Gil Gil, alias “Violento”, “homeboy de la MS13, programa Cuscatlán” con “dos órdenes de captura por organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas”, fue detenido en Soyapango.
El 29 de octubre, mediante “trabajo de Inteligencia Policial capturamos a Luis Abraham Portillo Flores, alias Pastor, palabrero de la clica MiraIvalle Locos Salvatruchos, de la MS13”. Para “pasar desapercibido se hacía pasar por predicador, pero mantenía atemorizados a los habitantes del sector”. Ese mismo día fue capturado Sandor Bryan López Franco, “homeboy de la clica San Cocos Locos Salvatruchos, de la MS13, con función de distribuidor de droga”, a quien se le incautaron porciones de marihuana, metanfetamina, una balanza digital y un celular.
El 28 de octubre, la PNC reportó la captura de Sandra Iveth Flores Osorio, de 32 años, “pandillera de la MS13” con un extenso historial delictivo que incluye agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, privación de libertad, extorsión, robo agravado, amenazas, receptación y resistencia.
El 27 de octubre, las Fuerzas Especiales ubicaron y capturaron a Silvia Leticia Portillo López, alias “Little One”, de la 18S, quien “fue parte del documental ‘La Vida Loca'” y cuenta con antecedentes por homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas desde 2008.
El 26 de octubre, se reportó un homicidio en San Francisco Menéndez, Ahuachapán Sur, donde la víctima, un hombre de 34 años, fue lesionado con arma blanca. El presunto responsable, Carlos Alexander Murcia Silva, fue capturado. Ese mismo día, en Colón, La Libertad Oeste, fue capturado José Francisco Hernández Alvarado, alias “Garrobo”, “Chicote”o “Enano”, de la 18 Revolucionarios, quien “intentó ocultar un tatuaje con un número 18 en su espalda por uno artístico, pero fue en vano” y posee un amplio récord delictivo que incluye homicidio agravado en 2011.
El 24 de octubre, en Mejicanos, fue capturado Jorge Guillermo Abarca Hernández, alias “Colocho”, homeboy de la 18 Revolucionarios, con antecedentes por robo. Ese mismo día se reportó la captura de Edgar Alexis Clímaco Hernández, alias “Chele”, “Gato” o “Mota”, también de la 18 Revolucionarios, quien “intentó ocultar los tatuajes que lo vinculan con la pandilla”.
El 23 de octubre, en coordinación con autoridades de México, se capturó a Eleazar Vladimir Sigarán Núñez, alias “Cadáver”, homeboy de la pandilla 18 Sureños, quien “se encontraba huyendo del #RégimenDeExcepción en territorio mexicano” y tiene antecedentes por resistencia, intento de homicidio, organizaciones terroristas y tenencia ilegal de arma de fuego. Ese mismo día fue capturado Óscar Armando Guerrero Espinal, alias “Molota”, de la pandilla Mirada Loca, con antecedentes por “violación en menor e incapaz”.
El 22 de octubre, en La Libertad Oeste, fue capturado Héctor Mauricio Pérez Sánchez, alias “Calavera” o “Perjuicio”, homeboy de la MS13, con antecedentes desde 1997 por portación ilegal de arma de guerra. El 21 de octubre, las Fuerzas Especiales capturaron a Óscar René Tepas Ajcat, alias “Ticuco” o “Luco”, gatillero de la 18S, con “3 órdenes de captura” por “2 homicidios agravados en grado de coautoría” y organizaciones terroristas.
El 20 de octubre, fue capturada Katherine M., de 17 años, quien “se mostraba orgullosa en redes sociales de ser pandillera de la MS13”. Ese mismo día fue detenido Kevin Alexander Rivas Mercado, homeboy de la 18S, “conocido por distribuir la droga de la pandilla”. También fue capturado Josué Alexander Romero López, alias “Zuri”, de la MS13, denunciado en redes sociales “por sus vínculos con la pandilla y por amedrentar a los habitantes” de Soyapango, donde se desempeñaba como encargado de narcomenudeo.
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