Donald Trump libera a Juan Orlando Hernández

Por Alessia Genoves

Donald J. Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha ejecutado la ex-carcelación y liberación del ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El actor político hondureño obtuvo una amnistía total frente a las acusaciones de narcotráfico y de lavado de dinero, por las que fue declarado culpable a 45 años de prisión por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 26 de junio del año 2025.

La concesión del indulto presidencial responde a la promesa de Trump, que había condicionado inicialmente a la victoria electoral del candidato hondureño por el Partido Nacional, Nasry Asfura. Sin embargo, la liberación se ha materializado antes de que se confirme un resultado oficial favorable, para Asfura, quien, si bien encabeza los escrutinios preliminares con el 40.03% de los votos, de una cifra de 1,080,176 sufragios, mantiene una diferencia mínima sobre Salvador Nasralla, con 1,073,547 votos, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya proclamado un ganador.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó y defendió la decisión presidencial el 1 de diciembre de 2025. En respuesta a las preguntas de la prensa, Leavitt argumentó que “el presidente escuchó las preocupaciones de muchas personas… y por supuesto está dentro de su autoridad constitucional firmar un indulto para quien él considere merecedor de ello”. Sostuvo que el caso contra Hernández fue una “sobre-procesación clara de Biden”, alegando que el exmandatario fue incriminado por su oposición política y que su condena se basó en testimonios de criminales que buscaban reducir sus penas. “Su abogado designado por el tribunal solo tuvo tres semanas para preparar el juicio… su condena fue lawfare por parte del partido de izquierda”, afirmó Leavitt, utilizando el término que denuncia el uso judicial con fines políticos.

Horas después, el propio Juan Orlando Hernández, desde su perfil de x.com, confirmó su libertad con un mensaje de agradecimiento a Trump: “GRACIAS A DIOS. Toda la gloria sea para Él. Soy un hombre libre… Mi profundo agradecimiento va para el Presidente Donald Trump por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad. Usted revisó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con firmeza. Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar”. En su declaración, Hernández reiteró su inocencia y se declaró víctima de un “montaje del gobierno de Biden y Harris y del Deep State a través de un juicio manipulado”.

Elecciones Honduras 2025: Trump por el Partido Nacional salpicado de corrupción

La declaración original de Donald Trump en Truth Social el 30 de noviembre condicionaba el indulto a la victoria de Nasry Asfura: “Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández… especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura…”. Entre otras cosas, Trump se decantó por el partido Nacional, por encima del Liberal y del Libre, último al que tildó como “narco-comunista” por su inclinación política de izquierda.

Frente a las expectativas de Trump, según datos del CNE consultados por éste medio el 3 de diciembre, el candidato Nasry Asfura encabeza el conteo con 1,080,176 votos, el 40.03% de los escrutaros; superando por escasos 6,629 votos a Salvador Nasralla, quien tiene 1,073,547 votos. Pese a esta ventaja, aún no hay un resultado oficial proclamado por el CNE.

No obstante, la excarcelación de Juan Orlando Hernández ya es un hecho consumado. La Casa Blanca, a través de Karoline Leavitt, justificó la acción como una corrección de una injusticia, independientemente del resultado electoral final en Honduras. Esta decisión desvincula en la práctica el indulto de la condición inicialmente planteada por Trump, ejecutándolo en un momento de alta incertidumbre política.

La promesa concreta del indulto fue formulada al día siguiente, el 30 de noviembre: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no desperdiciará dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras. Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero”.

Por otra parte, las actividades de narcotráfico y de lavado de activos ha alcanzado a varias figuras del Partido Nacional, del cual Juan Orlando Hernández y el candidato Nasry Asfura son miembros. Los casos definen un patrón de infiltración del crimen organizado en las esferas políticas y económicas hondureñas, trascendiendo líneas partidarias. Nasry “Tito”Asfura, el candidato presidencial que actualmente lidera el escrutinio del Partido Nacional en las Elecciones 2025, a la sombra de los hechos de corrupción de la institución política.

Entre las piezas de la política partidaria más señaladas del partido Nacional, figura el hermano del ex-presidente, Juan Antonio “Tony” Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua por ser un capo narcotraficante que operaba desde dentro de la estructura del partido y del estado, según lo estableció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

También se enumera el empresario Jaime Rolando Rosenthal Oliva, quien también fungió como vicepresidente y figura histórica del Partido Liberal (aliado en ocasiones con el Nacional). Entre los hechos consumados, fue implicado junto a su hijo Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello en un esquema de lavado para el cartel “Los Cachiros”. El 15 de diciembre de 2017, Yani Rosenthal fue sentenciado a 36 meses de prisión en EE.UU. por lavar dinero de narcotráfico. 

La fiscalía describió cómo usaban su conglomerado empresarial, “Inversiones Continental”, para lavar millones comprando ganado con dinero del narcotráfico y luego exportando la carne a Estados Unidos. “Rosenthal era un prominente político y empresario hondureño que lavaba dinero en paralelo para Los Cachiros, una violenta organización de drogas hondureña”, declaró el fiscal Joon H. Kim del Departamento de Justicia de EE.UU., 15 de diciembre de 2017. La familia Rosenthal y sus empresas fueron designadas como “Narcotraficantes Especialmente Designados” bajo la Ley de Designación de Capos de la Droga Extranjeros.

Narco-Política: Juan Orlando Hernández comenzó con fraude electoral

La liberación de Hernández ocurre pese a un extenso historial de investigaciones y señalamientos de corrupción y vínculos con el narcotráfico que se remontan, públicamente, al menos a 2015. Ese año, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) presentaron el denominado Caso “Narcopolítica“. Esta investigación reveló cómo una red utilizaba contratos del Estado para lavar activos del narco-tráfico, implicando a figuras cercanas al entonces presidente Hernández.

El caso se centró en la empresa INRIMAR, propiedad del cartel de narcotráfico Los Cachiros, liderado por Devis Leonel Rivera Maradiaga. Según la MACCIH, INRIMAR obtuvo al menos 21 contratos por más de 68 millones de lempiras (casi US$3 millones) con la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), presidencia bajo la cual Hernández fue presidente del Congreso Nacional (2010-2014). Los contratos, muchos por obras nunca realizadas, tenían como objetivo “prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional”, según lo informó la revista Contracorriente, el 4 de junio de 2019. 

Según la misión, estos contratos se otorgaron bajo figuras de emergencia, que requieren aprobación presidencial. El artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado hondureño establece: "Los contratos que se suscriben en situaciones de emergencia, requerirán de aprobación posterior, por acuerdo del Presidente de la República...".

Entre los imputados figuraron el exministro de SOPTRAVI, Miguel Pastor, y el ex-director de Carreteras, Walter Maldonado, acusados de otorgar esos contratos. La investigación documentó que Pastor y Maldonado viajaban en helicóptero pagado por el narco Devis Rivera durante campañas electorales. Además, se señaló a Fabio Lobo, hijo del ex-presidente Lobo Sosa, como el encargado de gestionar la adjudicación de contratos a INRIMAR. Un informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre un contrato supervisado por la empresa Vanvitelli S. de R.L. (vinculada a los imputados) encontró que se presentaron fotografías falsas de obras no ejecutadas, incumpliendo la ley.

Hernández, en su defensa, niega los cargos. En su carta de 2025, afirma que las leyes que él promovió como presidente del Congreso y luego como presidente (como la extradición y leyes antinarcóticos) fueron precisamente las que desmantelaron a los grupos que luego testificaron en su contra. Se pregunta: "Pero fue precisamente con las leyes que yo promoví... que el Estado hondureño incautó casi mil millones de dólares en bienes a ese grupo criminal. ¿Donde está entonces la supuesta protección? Nunca la hubo".

Hermanos Hernández condenados en EEUU por narcotráfico

La ex-carcelación de Hernández invierte la situación judicial creada por su condena en marzo de 2024 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Un jurado lo declaró culpable de encabezar una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas. El Departamento de Justicia estadounidense presentó evidencia de que, desde al menos 2004, Hernández participó en "una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos", abusando de su posición para operar Honduras como un “Narco-Estado”, según el proceso penal federal del caso 1:15-cr-00379-PKC.

El documento detalla que Hernández "abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narco-estado" y que, junto a sus co-conspirarios, "transportaron más de aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras". La acusación específica tres cargos: (i) conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos; (ii) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer dichas armas para promover, la conspiración de importación de cocaína; y (iii) conspiración para usar y portar dichas armas. 

La evidencia presentada, según documentos judiciales, incluyó testimonios de narcotraficantes, como Geovanny Fuentes Ramírez, y registros que mostraban pagos de sobornos. Un dato cuantitativo clave de la acusación establece que la conspiración liderada por Hernández movilizó "más de 400 toneladas" de cocaína con destino a Estados Unidos. En la sentencia, el Departamento de Justicia precisó: "Hernández y sus co-conspiradores traficaron más de 400 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras durante el mandato de Hernández en el gobierno hondureño. Esto equivale a aproximadamente más de 4.500 millones de dosis individuales de cocaína" de acuerdo con la Oficina de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, en un informe publicado el 26 de junio de 2024.

Un pilar clave de la acusación fue el caso contra su hermano, Juan Antonio "Tony" Hernández, exdiputado hondureño. El 30 de marzo de 2021, Tony Hernández fue sentenciado a “cadena perpetua” y a la confiscación de US$138.5 millones, deducibles de los activos en narco-tráfico, dinero en efectivo, y otros emolumentos. La fiscalía demostró que, en un período de 15 años, él solo había participado en la distribución de al menos “185,000 kilogramos (185 toneladas) de cocaína” , según lo señala la Fiscalía de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York, 30 de marzo de 2021. El veredicto detalló que Tony Hernández actuó como un capo, coordinando el tráfico, sobornando a funcionarios, comandando seguridad armada con miembros del ejército y la policía, y estando implicado en al menos dos asesinatos.

La fiscal Audrey Strauss declaró entonces: "Hernández (Tony) sobornó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para proteger embarques de drogas, organizó seguridad fuertemente armada para cargamentos de cocaína y gestionó grandes sobornos de importantes narcotraficantes a figuras políticas poderosas, incluidos los expresidentes y el actual presidente de Honduras".

La Fiscalía Federal de Nueva Yorik señaló que "Hernández (Tony) aseguró millones de dólares de los ingresos de las drogas para las campañas del Partido Nacional de Honduras en relación con las elecciones presidenciales de 2009, 2013 y 2017". También presentó testimonios que indicaban que, durante la campaña presidencial de 2013, Juan Orlando Hernández solicitó y recibió sobornos de narcotraficantes. Un testimonio clave afirmó que Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, pagó US$1 millón de dólares a Tony Hernández para apoyar la campaña de su hermano. Además, se testificó que el narcotraficante y exalcalde Amilcar Ardón Soriano pagó sobornos por protección a figuras del Partido Nacional, incluyendo a Juan Orlando Hernández.

Frente a estas acusaciones, Juan Orlando Hernández ha mantenido consistentemente su inocencia, sobre la condena individual que fue procesada en 2024, y en la que le recaían los 48 años de cárcel. En una carta pública fechada el 5 de noviembre de 2025, lanzó una extensa diatriba acusando a la izquierda radical y a narcotraficantes de conspirar en su contra. 

Respecto a la evidencia, hizo un alegato específico sobre la falta de pruebas materiales en su contra: "Durante mi juicio, el mismo 'testigo' que grabó los narco videos fue interrogado sobre si tenía pruebas que respaldaran sus acusaciones. Reconoció que NUNCA TUVO NI TENÍA VIDEOS, NI DOCUMENTOS, NI EVIDENCIA ALGUNA". JOH argumentó, en cambio, que su condena se basó únicamente en el testimonio de criminales que buscaban beneficios, y que él fue víctima de un "lawfare" orquestado por la administración Biden-Harris y el partido hondureño Libre.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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