Por Alessia Genoves y Carlos Arita
54 prórrogas del Régimen de Excepción han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, resultando en la contracción del 83.4% de homicidios desde su vigencia en 2022 y en respuesta a la contención de maras y pandillas. La prórroga número 54 fue aprobada con 57 votos de los 60 diputados en la sesión plenaria No. 123, con vigencia desde el 29 de agosto hasta el 27 de septiembre de 2026. El decreto legislativo argumenta que “es indispensable prorrogar el régimen de excepción para dar continuidad a la acción estatal firme y sostenida que ha posibilitado garantizar los extraordinarios resultados en materia de seguridad pública, otorgando a los salvadoreños condiciones de orden, paz y tranquilidad”. La medida mantiene suspendidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12 inciso 2°, 13 inciso 2° y 24 de la Constitución, referidas al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia.
44 homicidios intencionados se han registrado al 27 de agosto de 2026, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC). 1,299 días sin homicidios acumula el actual gobierno, según lo consignado por la Asamblea Legislativa en el decreto de prórroga. 92,959 personas vinculadas a estructuras terroristas han sido capturadas durante la vigencia del Régimen de Excepción, de acuerdo con los datos oficiales citados en el decreto legislativo. De estas, más de 8,000 personas fueron liberadas por ser consideradas “inocentes”, según declaró el presidente Nayib Bukele en noviembre de 2024 durante su visita a Costa Rica.
564 muertes en centros penales documenta el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) hasta el 26 de agosto de 2026, según su publicación en la red social X. La cifra representa un incremento de 10 casos desde su última actualización del 3 de agosto de 2026. El SJH señala que se trata de “personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud”, y reitera que “el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad, sin haber sido vencidas en juicio”. La organización ha documentado que el 87% de los fallecidos estaba siendo procesado por delitos relacionados al Régimen de Excepción, de los cuales el 84% solo por agrupaciones ilícitas.
1,299 días sin homicidios en el Régimen
44 homicidios intencionados al 27 de agosto de 2026 representan una contracción del 83.4% en comparación con los 496 homicidios registrados al cierre de 2022, año de inicio del Régimen de Excepción. La comparación entre los primeros ocho meses de 2022 y el mismo período de 2026 muestra un descenso de 323 a 44 casos, una caída del 86.4%. 1,299 días sin homicidios acumula el actual gobierno, según el decreto de la 54ª prórroga. El año 2025 cerró con 303 días sin homicidios, y en lo que va de 2026 se contabilizan 183 días sin muertes violentas hasta el 27 de agosto.
La tipificación de la FGR muestra una transformación en la composición de los homicidios. En 2022, la “Delincuencia General” representó 429 de los 496 casos (86.5%); en 2023 descendió a 53 de 154 (34.4%); en 2024 a 33 de 114 (28.9%); y en 2025 a 8 de 82 (9.8%). La “Intolerancia Social” pasó de 36 en 2022 a 54 en 2023, 34 en 2024 y 43 en 2025. La “Intolerancia Familiar” pasó de 31 en 2022 a 47 en 2023, 47 en 2024 y 43 en 2025. En el acumulado de enero a octubre, los homicidios cayeron de 323 en 2022 a 82 en 2025, una reducción del 74.6%.
Los meses de 2026 confirman la tendencia: enero registró 4 homicidios; febrero, 5; marzo, 5; abril, 3; mayo, 10; junio, 1; julio, 3; y agosto, 6 hasta el 27 de agosto. El mes de mayo de 2026 presentó un repunte de 10 casos, pero aún así es un 73.7% inferior a los 38 homicidios de mayo de 2025 y un 97.2% menor que los 364 de mayo de 2022. El promedio mensual de homicidios en 2026 es de 5.4 casos, frente a los 6.8 de 2025 y los 41.3 de 2022.
92,959 capturas actuales, más 8,000 liberaciones desde 2024
92,959 personas vinculadas a estructuras terroristas han sido capturadas durante la vigencia del Régimen de Excepción, según los datos oficiales citados en el decreto de la 54ª prórroga. En el primer año de implementación del régimen, se registró un promedio de 5,535 personas capturadas cada mes. En los últimos dos años, el promedio de capturas mensuales ha disminuido a 980 capturas mensuales en el segundo año y 569 en el tercer año. Según estimaciones del Servicio Social Pasionista (SSPAS), hasta noviembre de 2025 la tasa de personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes en El Salvador corresponde a 1,894, la más alta a nivel mundial.
Más de 8,000 personas liberadas tras sobreseimiento de delitos, según declaró el presidente Nayib Bukele en noviembre de 2024 durante su visita a Costa Rica. Bukele reconoció que “aproximadamente 8,000 inocentes fueron detenidos y posteriormente liberados”, lo que representa aproximadamente el 30% del total de detenidos. Sin embargo, organizaciones como el SJH han señalado que estas personas no han sido declaradas inocentes formalmente, sino que se encuentran bajo medidas sustitutivas o alternas a la detención provisional, por lo que siguen siendo procesadas.
El gobierno justifica la continuidad del Régimen de Excepción en la persistencia de dinámicas criminales. El decreto de la 54ª prórroga señala que “las autoridades de seguridad pública han ejecutado acciones orientadas a la identificación y captura de integrantes de pandillas y de personas vinculadas a dichas estructuras, quienes intentan realizar actividades ilícitas, establecer nexos delincuenciales y recuperar presencia territorial”. Asimismo, se ha identificado “la presencia de miembros de pandillas en otros países de la región con objetivos criminales dirigidos al territorio nacional, incluso mediante acciones de reclutamiento”.
564 muertes en cárceles: SJH
564 muertes en centros penales documenta el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) hasta el 26 de agosto de 2026. La cifra ha crecido en cada prórroga del Régimen de Excepción: 435 muertes en la 44ª prórroga, 462 en la 45ª, 470 en la 47ª, 492 en la 48ª, 530 en la 51ª, 554 en la 53ª y 564 en la 54ª. El SJH señala que “se confirman 564 víctimas mortales durante la medida RégimenDeExcepción. Personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud”. Ingrid Escobar, directora del SJH, afirmó anteriormente: “Un Estado que viola el debido proceso para combatir el delito no erradica la violencia: se convierte en la fuente principal de la impunidad”.
La organización indica que el 94% de los fallecidos no eran pandilleros. Del total de fallecidos, el 87% (411 personas) estaba siendo procesado por delitos relacionados al Régimen de Excepción, de los cuales el 84% solo por agrupaciones ilícitas y el 3% por agrupaciones ilícitas y otro delito. Solo el 9% (41) estaba detenido o condenado por otros delitos no relacionados. El 93% de los fallecidos se encontraba en etapa de proceso judicial, sin haber tenido audiencia preliminar. En cuanto al tiempo de reclusión, de los 150 casos en que se pudo conocer la fecha de detención, 175 fallecieron antes de cumplir 4 meses en prisión.
El SJH también documentó que el 62% de los fallecidos en centros penales murieron en hospitales, principalmente en el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, el Hospital Zacamil de Mejicanos y el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, debido a la falta de atención médica oportuna. Los centros penales con mayor número de fallecidos son el Penal de Izalco (40%), el Penal de Mariona (19%), el Penal de Quezaltepeque (12%) y el Penal de Apanteos (8%). En contraste, el CECOT, donde se concentran los pandilleros, solo registra 4 muertes documentadas.
El hacinamiento carcelario se agrava de manera crítica. La capacidad instalada del sistema penitenciario es de 70,864 plazas: 30,864 en el Antiguo Sistema Penitenciario y 40,000 en el CECOT. Sin embargo, alberga a 114,230 personas privadas de libertad, lo que supone un hacinamiento global del 250%. El Antiguo Sistema Penitenciario, con capacidad para 30,864, alberga a 99,410 personas, lo que se traduce en un hacinamiento del 322%. El CECOT, con capacidad para 40,000, alberga a 14,820 personas, un nivel de ocupación del 37%.
Más mareros presos, pero siguen matando
Durante el mes de agosto de 2026, la Policía Nacional Civil (PNC) ha reportado múltiples capturas de pandilleros y homicidios que evidencian la persistencia de las estructuras criminales. El 26 de agosto, la PNC arrestó a Mónica Yasmin Moisés Girón, alias “Crazy”, de la pandilla 18 Sureños (18S), en el distrito de Sonsonate, Sonsonate Centro. Las autoridades corroboraron su pertenencia a la estructura criminal mediante el sistema ONI. Ese mismo día, en Ahuachapán Centro, la PNC y la Fuerza Armada capturaron a Franklin Omar Lima Flores, señalado como integrante de la MS-13 y con antecedentes por homicidio agravado desde 2017.
El 25 de agosto, la PNC reportó un homicidio en Apopa, San Salvador Oeste. La víctima fue un hombre de 25 años de edad, lesionado con arma blanca. El responsable fue capturado, identificado como José Abelino Amaya Amaya, de 30 años. En la misma fecha, también fue detenido Kevin Samuel Baires Serrano, de 33 años, bajo los cargos de “actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas”, a la par de “agrupaciones ilícitas”.
El 13 de agosto, la PNC arrestó a un pandillero de la MS-13 identificado como “Only”, alias “Lola” o “Largo”, señalado como gatillero de la MS-13 y acusado de homicidio en San Salvador. Ese mismo día, la PNC informó de la detención de Ulises Alejandro Ramírez Ortiz, de 20 años, quien intentó asesinar a una mujer y un hombre en el cantón Las Delicias.
El 5 de agosto, la PNC arrestó a Ángel Alberto Granados Masferrer, de 48 años, acusado de herir a dos mujeres en la colonia Bethania, San Miguel Centro. La PNC también reportó que el fin de semana del 17 de agosto cerró sin homicidios en El Salvador. Los tribunales de San Salvador y La Libertad condenaron a pandilleros homicidas a penas de 57 y 30 años de prisión por los delitos de privación de libertad y homicidio.
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