Por Alessia Genoves y Neftalí Pereira
Nasry Asfura gana la presidencia de Honduras con el 40.27% del escrutonio nacional (1,481,414 votos), en las Elecciones Generales de 2025. El candidato del Partido Nacional superó a su contrincante del Partido Liberal, Salvador Nasralla Salume, con apenas 26,397 sufragios, tras obtener el 39.55% del escrutinio nacional (1,455,017 votos); mientras que superó con creces a Rixi Moncada, quien apenas cosechó el 19.19% (706,199 votos), en unos comicios que registraron una participación del 58.17% del padrón electoral (6,522,577 ciudadanos inscritos), de una poblacion de 10,5 millones de hondureños.
“Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE… Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!”, expresó Asfura.
La victoria de Asfura por el Partido Nacional llegó tras una campaña marcada por la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de indultar al exmandatario Juan Orlando Hernández (JOH), condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, delitos de armas y fraude electoral. El caso de JOH trascendió a la Justicia Federal de EEUU, donde se demostró que “Hernández y sus co-conspiradores traficaron más de 400 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras durante el mandato de Hernández en el gobierno hondureño”, según el expediente judicial del Departamento de Justicia. El hermano de JOH, Juan Antonio “Tony” Hernández, cumple cadena perpetua por la misma conspiración, mientras el indulto presidencial ejecutado por Trump revirtió la sentencia que calificó el caso como operación de un “narco-estado”.
La corrupción destacada los miembros del Partido Nacional reavivó críticas; que evocaron a las previas emitidas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien había cuestionado públicamente los resultados electorales de 2017 cuando JOH fue declarado ganador, afirmando en redes sociales en diciembre de 2017 que “da asco lo qué pasa en Honduras” tras conocer los resultados que dieron la victoria a Hernández. Por si no fuera poco, Bukele descalificó a JOH en 2021, cuando el hermano de éste, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por distribuir “185,000 kilogramos (185 toneladas) de cocaína” durante 15 años, según se divulgó la sentencia de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Asfura ganó con menos del 1% a Nasralla
Sólo el 0.72% de diferencia en votos válidos definieron la victoria de Asfura sobre Nasralla, y no el 1%. Contrario a El Salvador, la Constitución de Honduras establece que “el Presidente y Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría de votos”; lo que implica que no se necesita que el presidente electo supere a sus contrincantes por un margen igual o superior al 1%.
El conteo final certificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) reveló 1,481,414 votos para el candidato del Partido Nacional de Honduras (PNH), 1,455,017 para Salvador Nasralla del Partido Liberal de Honduras (PLH) y 706,199 para Rixi Moncada del partido Libertad y Refundación (Libre). El total de votos válidos alcanzó 3,679,108, con 42,930 votos en blanco (1.13%) y 71,830 votos nulos (1.89%), en unas elecciones donde participaron 3,793,868 ciudadanos, representando el 58.17% del padrón electoral de 6,522,577 hondureños registrados, según datos de la propia institución electoral.
En el nivel legislativo, el Partido Nacional de Honduras obtuvo 49 diputados (35.29% de votos), el Partido Liberal de Honduras 41 diputados (34.55% de votos) y el Partido Libertad y Refundación 35 diputados (24.29% de votos). Para el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el Partido Nacional y el Partido Liberal obtuvieron 8 escaños cada uno, mientras Libre alcanzó 4 escaños, según declaró el CNE, en su certificación 3014-2025, emitida el 24 de diciembre del año 2025.
La declaratoria se realizó a las “11:00 am del 24 de diciembre, proclamando a Asfura como Presidente de Honduras, por el período de 4) años, que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030″. El CNE designó como Primera Designada Presidencial a María Antonieta Mejía Sánchez, como Segundo Designado a Carlos Alberto Flores Guifarro , y como Tercera Designada a Diana Baleska Herrera Portillo.
42,930 votos en blanco (el 1.13%) y 71,830 votos nulos (el 1.89%) completaron los 3,793,868 sufragios totales emitidos, configurando 96.98% de votos válidos sobre el total de participación. Nelson Ávila del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata alcanzó 30,028 votos (el 0.82%), mientras Mario Rivera del Partido Demócrata Cristiano obtuvo 6,450 votos (el 0.18%), según datos oficiales del sistema de resultados del CNE.
El documento de declaratoria del CNE establece que “existen alternativas jurídicas concretas que favorecen la realización de la declaratoria en el nivel electivo presidencial (Presidente y Designados) y Diputados al PARLACEN, bajo principios de certeza y preclusión electoral sustentado en los artículos 51, 56 y 59 constitucionales y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. La certificación especifica que permanecían 316 actas bajo escrutinio especial, señalando “imposibilidad matemática de revertir el resultado” con base en la diferencia de 26,397 votos entre los Asfura sobre Nasralla.
Más del 1.73% de las actas en corrupción
“Se tiene en inconsistencias el 1.73% del total de 19,167 actas, es decir que se cuenta con un total del 98.18% de actas divulgadas y consistentes, con una diferencia entre el primer candidato y segundo candidato de 0.74%”. identificó el CNE, en su certificación 3014-2025.
El documento detalla que en el escrutinio se procesaron 18,820 actas electorales (98.18% del total), con 18,757 actas contabilizadas para Asfura y 333 actas con inconsistencias. El CNE, no obstante estableció en su certificación 3014-2025 que “se tiene en inconsistencias el 1.73% del total de 19,167 actas, es decir que se cuenta con un total del 98.18% de actas divulgadas y consistentes, con una diferencia entre el primer candidato y segundo candidato de 0.74%”.
La declaratoria se realizó “sin perjuicio del análisis y verificación que en el CNE se deberá hacer sobre las actas especiales en virtud de que las Juntas Especiales de Verificación y Recuento han incurrido en la dinámica de colocar resultados en cero en ellas, sin que existan facultades ni presupuestos legales que los habiliten a dicha práctica”, según el documento oficial
El margen mínimo de victoria generó impugnaciones y solicitudes de recuento por parte del candidato opositor, quien presentó una impugnación para “que, después del escrutinio especial, se hiciera un reconteo adicional en 8,845 actas presidenciales con presuntas inconsistencias” según reportes del 27 de diciembre de 2025. Ese margen mínimo, de hecho, definiría el resultado final de las elecciones de Asfura por encima de Nasralla, quien, por otra parte, sostuvo que más de 2 millones de votos de más de 10 mil actas estarían en controversia electoral, y que la declaración a favor de su contrincante sería ilegal.
“Hemos presentado las impugnaciones, pero ni siquiera quisieron contar las 10,000 actas o sea 2 millones de votos, más de la mitad que correspondía por ley contar voto por voto, simplemente porque no quisieron. Y las consejeras del CNE tienen Jefe superior. Las impugnaciones que presenté en 2013 que fue la primera vez que me robaron y en 2017 que fue la segunda, sigo esperando y no me las han contestado porque son tribunales de justicia electoral, cuyos representantes son impuestos por los mismos delincuentes que se roban las elecciones en el CNE”, manifestó Nasralla a la opinión pública.
“Certificar resultados sin resolver recursos pendientes: 1. Viola el debido proceso electoral; 2. Rompe la cadena de legalidad; 3. Expone nulidad parcial o total del acto”. El candidato argumentó que “el recurso sí es procedente, porque la vía administrativa fue ignorada burlándose de 2 millones de votantes. El Consejo Nacional Electoral omitió resolver en tiempo y forma las solicitudes de recuento y revisión presentadas oportunamente, incumpliendo su deber legal”, añadió Nasralla.
4,084 actas, por otra parte, fueron corregidas manualmente por decisión de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, evitando revisión en Escrutinio Especial, según denunció Nasralla el 27 de diciembre. “Entre el 1 y el 15 de junio 2025 la entonces consejera presidente del CNE cometió el delito de falsificación de documentos públicos, metiendo 8 párrafos nuevos a lo que previamente había aprobado el pleno del CNE (páginas 39 y 40 adjuntas de lo aprobado y lo falsificado) con lo cual lo transmitido por el TREP pasaba a un cuarto secreto (lo cual era prohibido por los pliegos aprobados) en el cual cambiaron los datos de las actas reales”, afirmó Nasralla el 24 de diciembre.
“Hubo 7 millones de lempiras que le pagaron a la entonces consejera presidenta según el audio que ya fue verificado por expertos y debe ratificar también el Ministerio Púlbico de Honduras”, denunció Nasralla el 24 de diciembre. El candidato advirtió: “Complicidad también es penada por la ley y los abogados lo saben. Una prueba la podrán verificar ustedes cuando ambas consejeras que traicionaron al pueblo hondureño viajen fuera de Honduras en las próximas horas”.
Más de 1,492 millones de lempiras (US$60.2 millones) constituyó el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional el 7 de septiembre de 2024 para celebración de comicios primarios y generales. Mientras 19,167 Juntas Receptoras de Votos fueron instaladas en 5,756 centros de votación establecidos en 18 departamentos del país más el D-19 (Voto en el Extranjero) el domingo 30 de noviembre de 2025.
Congreso Nacional se divide en tres
49 diputados del Partido Nacional de Honduras fueron electos al Congreso Nacional con 7,138,761 votos (35.29%), estableciendo mayoría relativa en el órgano legislativo de 128 escaños, según resultados oficiales del CNE. El Partido Liberal de Honduras obtuvo 41 diputados con 6,988,261 votos (34.55%), mientras Libertad y Refundación alcanzó 35 escaños con 4,912,816 votos (24.29%). El Partido Innovación y Unidad Social Demócrata logró 2 diputados con 634,168 votos (3.14%), y el Partido Demócrata Cristiano obtuvo 1 diputado con 552,739 votos (2.73%) del total de 20,286,745 votos válidos para el nivel legislativo.
El Partido Nacional incrementó su representación en 5 escaños respecto a la composición legislativa anterior, mientras el Partido Liberal ganó 19 diputados adicionales. Libertad y Refundación experimentó una reducción de 15 escaños, y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata mantuvo 2 diputados sin variación. La distribución departamental otorgó al Partido Nacional su mayor representación en Cortés con 4 diputados, Francisco Morazán con 5 diputados, y Choluteca con 2 diputados.
20 diputados propietarios al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) fueron distribuidos proporcionalmente según el resultado presidencial: 8 escaños para el Partido Nacional, 8 para el Partido Liberal, y 4 para Libertad y Refundación. La declaratoria del CNE establece que “para la elección de diputados al Parlamento Centroamericano se aplicará el mismo procedimiento de integración establecido en la Ley Electoral de Honduras para los diputados al Congreso Nacional, tomando como base la votación obtenida a nivel nacional en el nivel electivo presidencial”, según su certificación oficial.
Gladis Aurora López Calderón del Partido Nacional encabeza la lista de diputados propietarios electos al PARLACEN, seguida por Arnulfo Jesús Miralda Bueso del Partido Liberal, según consta en el Acta Extraordinaria número 60-2025 del Pleno del CNE. Teresa Concepción Cálix Raudales del Partido Nacional lidera la nómina de diputados suplentes al PARLACEN.
Bukele rechazó al Partido Nacional desde elecciones 2017, a favor de Nasralla
“Según amigos observadores en Honduras, con el 70% escrutado, este sería el resultado y la razón por la cual el TSE no ha dado ni un solo resultado oficial, a las 11 de la noche, mientras militarizan las ciudades”, declaró Nayib Bukele el 26 de noviembre de 2017 mediante su cuenta de X (anteriormente Twitter), cuestionando el proceso electoral que otorgó victoria a Juan Orlando Hernández por el Partido Nacional, en su reelección presidencial.
“Si el magistrado del TSE de Honduras decía que los resultados eran ‘irreversibles’ y que CUALQUIER CAMBIO ‘no iba a ser significativo’, cuando Salvador Nasralla estaba 5% arriba, ¿cómo es que ahora JOH está arriba? Da asco lo qué pasa en Honduras”. Cuatro años después, Bukele manifestó el 30 de marzo de 2021, tras la condena de Tony Hernández: “¿Y los que hicieron escándalo y me llamaron de irresponsable para arriba, por no haber invitado al Presidente de Honduras a la toma de posesión?” sobre su decisión de excluir a JOH de su ceremonia de investidura presidencial en 2019.
La declaración respondió a la noticia publicada por Diario El Salvador: “Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras condenado en EEUU a cadena perpetua por narcotráfico”.
Bukele emitió el 27 de noviembre de 2021 una recomendación electoral directa a ciudadanos hondureños: “No iba a decir nada sobre las elecciones en Honduras, pero les recomiendo a mis hermanos hondureños hacer exactamente lo CONTRARIO de lo que diga ARENA. Nada de lo que recomiende ARENA puede ser bueno, lo comprobamos con 3 décadas de saqueo y muerte en El Salvador”. La declaración respondió al anuncio de ARENA: “Adelante Partido Nacional y Tito Asfura por la democracia y por la Libertad en Honduras. Presentes por la Patria”.
Juan Orlando Hernández condenado a 45 años cárcel en EEUU por narco
Juan Orlando Hernández “participó desde al menos 2004 hasta 2022 en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, según acusación substitutiva presentada el 27 de enero de 2022, según se destaca en el dictamen 1:15-cr-00379-PKC de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El expediente judicial establece que Hernández “abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narco-estado” y que “junto a sus co-conspiradores, transportaron más de aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras”.
Tres cargos específicos configuran la acusación: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína, y conspiración para usar y portar dichas armas. El Departamento de Justicia precisó en sentencia del 26 de junio de 2024: “Hernández y sus co-conspiradores traficaron más de 400 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras durante el mandato de Hernández en el gobierno hondureño. Esto equivale a aproximadamente más de 4.500 millones de dosis individuales de cocaína”.
El Poder Judicial de Honduras informó el 16 de febrero de 2022 que “Juez de Extradición de Primera Instancia realizó este día la Audiencia de Información en la solicitud de Extradición para el ex presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, quién es requerido por la Corte del Distrito Sur de New York… luego de finalizar la Audiencia Informativa, el Juez Natural Designado… en atención a lo establecido en el Auto Acordado le impuso la medida de Detención Provisional misma que deberá cumplirse en el Comando de Operaciones Especiales (Fuerte COBRA)”.
El 16 de marzo de 2022 marcó la concesión de extradición por el juez hondureño. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia anunció el 28 de marzo de 2022: “luego de valorar los agravios establecidos en el Recurso de la Apelación presentado a favor del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado por parte de su defensa técnica, declaró No Ha Lugar dicho recurso, por lo que se confirma la decisión de Juez de Primera Instancia quien otorgó la solicitud de extradición para el ex-mandatario solicitado por la Corte del Distrito Sur de New York”. El fallo fue unánime para narcotráfico y por mayoría para cargos de armas.
El 21 de abril de 2022 materializó la extradición física tras determinación del Tribunal Ad Hoc de la Sala Constitucional el 6 de abril de 2022 declarando inadmisible apelación final. El Departamento de Justicia reportó: “Hernández fue arrestado y detenido por las autoridades hondureñas a petición de los Estados Unidos… El 13 de abril, el gobierno de Honduras certificó la finalización de los procedimientos de extradición de conformidad con las órdenes judiciales anteriores, lo que resultó en la entrega de Hernández a los Estados Unidos el 21 de abril”.
JOH fue declarado culpable el 8 de marzo de 2024 por el Jurado Federal, que estableció el veredicto de culpabilidad en los tres cargos por la Corte Federal de Manhattan. El Fiscal General Merrick B. Garland declaró: “Juan Orlando Hernández abusó de su posición como Presidente de Honduras para operar el país como un narco-estado donde a los traficantes de drogas violentos se les permitió operar con impunidad virtual, y el pueblo de Honduras y Estados Unidos se vio obligado a sufrir las consecuencias”, según comunicado del Departamento de Justicia del 8 de marzo de 2024.
Una condena de 540 meses de prisión (45 años) más 60 meses de libertad supervisada definieron la sentencia impuesta por el tribunal, con pena mínima obligatoria por cargos de armas cumplida consecutivamente. El Fiscal Federal Damian Williams afirmó: “Ahora, después de años de narcotráfico destructivo de la magnitud más alta imaginable, Hernández pasará 45 años donde pertenece: en una prisión federal”.
Testimonios de narcotraficantes, incluido Geovanny Fuentes Ramírez, y registros de pagos de sobornos conformaron la evidencia presentada. Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, pagó US$1 millón de dólares a Tony Hernández para apoyar la campaña presidencial de su hermano en 2013, según testimonio clave presentado en juicio. Amilcar Ardón Soriano, narcotraficante y exalcalde, pagó sobornos por protección a figuras del Partido Nacional, incluyendo a Juan Orlando Hernández, según consta en expediente judicial.
Tony Hernández recibió cadena perpetua por 185 toneladas de cocaína
30 de marzo de 2021 estableció sentencia de “cadena perpetua” y confiscación de US$138.5 millones contra Juan Antonio “Tony” Hernández, exdiputado hondureño. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York demostró que “en un período de 15 años, él solo había participado en la distribución de al menos 185,000 kilogramos (185 toneladas) de cocaína”. El veredicto detalló que Tony Hernández actuó como capo, coordinando tráfico, sobornando funcionarios, comandando seguridad armada con miembros del ejército y policía, y estando implicado en al menos dos asesinatos.
La fiscal Audrey Strauss declaró: “Hernández (Tony) sobornó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para proteger embarques de drogas, organizó seguridad fuertemente armada para cargamentos de cocaína y gestionó grandes sobornos de importantes narcotraficantes a figuras políticas poderosas, incluidos los expresidentes y el actual presidente de Honduras”. La Fiscalía señaló que “Hernández (Tony) aseguró millones de dólares de los ingresos de las drogas para las campañas del Partido Nacional de Honduras en relación con las elecciones presidenciales de 2009, 2013 y 2017”.
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) presentaron en 2015 el Caso “Narcopolítica”, revelando red que utilizaba contratos del Estado para lavar activos del narcotráfico. La empresa INRIMAR, propiedad del cartel Los Cachiros liderado por Devis Leonel Rivera Maradiaga, obtuvo 21 contratos por más de 68 millones de lempiras (US$3 millones) con la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) durante gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), cuando Hernández presidía el Congreso Nacional.
Contratos por obras nunca realizadas tenían como objetivo “prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional”, según informó la revista Contracorriente el 4 de junio de 2019. Miguel Pastor, exministro de SOPTRAVI, y Walter Maldonado, ex-director de Carreteras, fueron imputados por otorgar contratos, viajando en helicóptero pagado por narcotraficante Devis Rivera durante campañas electorales. Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo Sosa, gestionó adjudicación de contratos a INRIMAR, según investigación MACCIH.
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