“Corrupción” y Transporte Gratis: 14 empresarios y 7 buseros arrestados

Por Alessia Genoves

21 personas vinculadas al sector del transporte público por la Policía Nacional Civil (PNC). Entre los detenidos, la corporación policial enumera a 14 empresarios y 7 transportistas del servicio público de pasajeros, por presunta corrupción e incumplimiento del servicio gratuito de transporte, anunciado por el Gobierno de Nayib Bukele del 5 al 11 de mayo de 2025, pero que ha tenido un costo anticipado de US$12 millones del patrimonio público del Estado. Ésta política social excepcional responde al cierre indefinido de la carretera Panamericana en el tramo conocido como Los Chorros, tras los deslizamientos de tierra registrados el 26 de abril, en medio la construcción de un viadúcto que cobró la vida de 3 obreros en diciembre de 2024.

La PNC detalló que los detenidos responden a los cargos de “incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, extorsión y peculado”. El presidente Bukele calificó las acciones como “un claro sabotaje al país” y ha advertido que “muchos transportistas creen que aún están en los tiempos de ARENA y del FMLN, cuando podían hacer paros de transporte con total impunidad”. Las autoridades han denunciado múltiples irregularidades en la prestación del servicio, incluyendo “unidades que no realizaron sus recorridos programados, otras que no permitieron el abordaje de pasajeros a pesar de circular vacías”, y casos donde se continuó “cobrando el pasaje a los usuarios, a pesar de que el gobierno ya había cubierto ese costo”. Esta situación ha detonado una crisis en el sistema de transporte público, afectando a miles de salvadoreños que dependen de este servicio para movilizarse durante el cierre de esta importante arteria vial.

Detenciones por incumplimiento de transporte gratuito

La PNC ha arrestado a 18 personas vinculadas al sector del transporte público, 14 de ellos empresarios y 7 transportistas, acusados de incumplir con el imperativo presidencial de proporcionar transporte gratuito al 11 de mayo. Las detenciones comenzaron el 5 de mayo, cuando las autoridades informaron sobre la captura de cinco empresarios del transporte que “no brindaron el servicio con normalidad o estaban cobrando el pasaje, a pesar de que el gobierno ya había cubierto ese pago”.

Entre los primeros detenidos se encontraban “Genaro Ramírez, AEAS; José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán; Alexander Sorto, empresario de la ruta 205 de Sonsonate; Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín; Nelson David Moreno, empresario de la ruta 79 de La Libertad”, según comunicado oficial de la PNC. No obstante, el último operativo tuvo lugar ésta mañana, según lo reportó la PNC. La corporación identificó a Julio Ovestes Mirón Escobar, empresario de las rutas 47 y 48″, quien fue arrestado, tras ser imputado bajo las acusaciones penales de Incumplimiento de deberes️ “denegación de auxilio, extorsión y peculado” 

El operativo continuó el día siguiente, 6 de mayo, con la detención de otros cinco transportistas tras las verificaciones realizadas a nivel nacional. La PNC informó que recibieron “denuncias de rutas que sacaron tarde sus unidades, estaban cobrando el pasaje o no hacían las paradas respectivas”. Los detenidos en esta segunda jornada fueron “Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa; Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38D, de Apopa; Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango; José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41D, de Soyapango; Wuilian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión”. El día 7 de mayo se reportó la captura de Nelson Saúl Villalta Platero, “otro transportista que incumplió las medidas establecidas para esta semana”, según informó la PNC.

Las autoridades señalan que los acusados “serán remitidos por los delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, extorsión y peculado”. El presidente Bukele, por su parte, ha destacado que “se suma el delito de PECULADO (es decir, ROBO DE FONDOS PÚBLICOS), ya que recibieron dinero del Estado a cambio de brindar un servicio que, en muchos casos, no cumplieron”. La calificación jurídica implica la presunción de un incumplimiento contractual, y la comisión presunta de delitos contra los recursos públicos y el bienestar de la población.

El último proceso administrativo lo anunció la Mesa Nacional del Transporte, éste viernes 9 de mayo. En el operativo, conformaron la detención efectiva de 4 empresarios del transporte público de pasajeros por parte de la Corporación Policial.

Los US$12 millones para el “transporte gratis”

Por otra parte, para dar lugar a la política social, el Gobierno de Bukele anunció un desembolso anticipado de US$12 millones a los empresarios del transporte público para financiar la semana de servicio gratuito a nivel nacional. Este pago fue anunciado por el presidente Nayib Bukele, quien explicó: “En estos momentos, estamos realizando el pago de más de 12 millones de dólares a los dueños de las unidades del transporte público. Este pago corresponde al 100% de la ocupación (en toda hora) de todas las unidades de transporte público en nuestro país, durante los siete días de transporte gratuito”. El mandatario destacó que esta medida incluye “buses y microbuses, tanto urbanos como interdepartamentales, especiales y ordinarios. Todos”.

Este significativo desembolso representa aproximadamente un 3.27% del valor trimestral del sector transporte y almacenamiento, que según los datos del Producto Interno Bruto Trimestral (PIB T) para el período 2022-2024, alcanzó un promedio trimestral de aproximadamente US$367.16 millones de dólares durante 2024. En términos del PIB total del país, que durante 2024 alcanzó US$35,364.96 millones de dólares, el desembolso para el transporte gratuito representa aproximadamente un 0.034%. Aunque porcentualmente pueda parecer modesto, en términos absolutos refleja la magnitud de la crisis de movilidad generada por el cierre de Los Chorros y la importancia estratégica que el gobierno otorga a mantener la movilidad ciudadana.

El presidente Bukele explicó que esta medida de transporte gratuito “ayudará en cuatro vías: 1. Como compensación económica por las molestias causadas. 2. Como incentivo para que más personas utilicen el transporte público. 3. Evita que los buses peleen vía, elimina las filas de pago y reduce los problemas derivados del manejo de efectivo. 4. Inyecta liquidez a la economía, ya que las personas podrán destinar ese ahorro a otros rubros”. La iniciativa buscaba facilitar la movilidad de los ciudadanos durante la emergencia vial, pero se ha visto empañada por los incumplimientos denunciados.

Todo pasó tras el colapso de Los Chorros

La actual crisis en el transporte público se produce en el contexto del cierre indefinido de la carretera Panamericana en el tramo conocido como Los Chorros, tras un significativo deslizamiento de tierra ocurrido el 26 de abril de 2025. Según informaron las instituciones del Gobierno, inmediatamente comenzaron a “trabajar en la carretera Panamericana, tramo Los Chorros, para despejar la zona, tras el deslizamiento de tierra ocurrido esta madrugada”. Durante los días posteriores, los equipos del Ministerio de Obras Públicas realizaron “labores de limpieza y remoción de tierra, para liberar la zona y rehabilitar el paso vehicular”.

El 27 de abril, las autoridades indicaron que estaban trabajando “en mitigar posibles riesgos para posteriormente habilitar el tránsito vehicular” y que estaban dando “forma al talud con la inclinación adecuada para garantizar su estabilidad y reforzar la seguridad en la zona”. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el 4 de mayo el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, anunció que “a este momento todavía hay cierta inestabilidad en la zona. No podemos habilitar la carretera hasta garantizar protección a todos los salvadoreños. Desde el 5 al 11 de mayo habrá una restricción temporal”.

La decisión de mantener cerrada la vía se fundamentó en la prioridad de proteger vidas humanas, como explicó el ministro Herrera: “No queremos tener fallecidos, por eso en estos días seguiremos con las restricciones, vamos a seguir trabajando en obras de mitigación para pronto habilitar la circulación en esta autopista”. Según datos proporcionados por el ministro, esta carretera tiene un flujo diario de “70,000 vehículos en promedio”, lo que dimensiona el impacto del cierre en la movilidad de los salvadoreños.

El cierre de Los Chorros y la subsecuente crisis en el transporte público se producen en un contexto marcado por la tragedia ocurrida en diciembre de 2024, cuando tres trabajadores perdieron la vida en un accidente laboral en la zona de construcción del viaducto. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, explicó el 10 de diciembre de 2024 que “Estamos investigando, no sólo con la Fiscalía General de la Republica (FGR), sino también con empresas internacionales. Tenemos un diagnóstico preliminar, donde lo que sucedió en la zona es que se estaba colocando acero en la zona, para poder colocar una de las 16 columnas del puente. Y, pues, se cortaron unos corflujos, unos cortavientos. Y eso generó que varias varillas de hierro cayeran”.

Tras este fatal accidente, se implementaron medidas de resarcimiento para las familias de las víctimas. Según informó el ministro Herrera, “Se firmaron unos documentos de compromiso, por un monto de cada persona fallecida de $80,000.00 dólares, aproximadamente, $75,000.00 que es parte de la compensación económica que se está dando, más formación educativa de las familias de las personas fallecidas”.

La empresa encargada de ejecutar el proyecto del viaducto en Los Chorros es Dongbu Corporation, una compañía surcoreana. El ministro Romeo Herrera explicó que el proyecto está “financiado con el BCIE y ha tenido aprobación de recursos por parte de Korea Eximbank (el 51% del financiamiento). Esto hizo que los procesos de contratación fueran para participación de empresas coreanas, es decir, la empresa principal era de esa nación y esa puede subcontratar empresas de El Salvador o de otros países”.

Las vías alternas

Para mitigar el impacto del cierre de Los Chorros, las autoridades han implementado diversas medidas alternativas, incluyendo la habilitación de rutas alternas y el mencionado transporte público gratuito. El Viceministerio de Transporte (VMT) informó el 4 de mayo de 2025 sobre las rutas alternas disponibles: “Calle al Volcán (El Boquerón), Bulevar Constitución, Calle a Comasagua y ctra. al Puerto de La Libertad, Ctra. Troncal del Norte”.

Por su parte, el ministro Herrera explicó que “hay medidas de agilización en las rutas alternativas en carretera a Quezaltepeque, bulevar Constitución, Integración, Claudia Lars, calle al Volcán y también la calle a Comasagua. También estamos garantizando que hayan buses para trasladar pasajeros“. Estas medidas buscan distribuir el flujo vehicular a través de diversas vías para evitar congestionamientos extremos en una sola ruta.

La PNC también ha gestionado de esta crisis: “Equipos se despliegan sobre la 10ª Avenida Norte, en las inmediaciones de la Coquera y Ruta Militar en San Miguel Centro, garantizando la seguridad a la población que aborda el transporte público” y que “Mantenemos la seguridad y el tránsito vehicular fluido en los alrededores de El Salvador del Mundo, en San Salvador, donde coinciden diferentes rutas del transporte público. Garantizamos que la población se desplace tranquilamente”.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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