Detenidos: empresarios del transporte publico

Por: Neftali Hernandez Pereira

El presidente Nayib Bukele al rededor de las 7 de la mañana, emitió una dura advertencia a los empresarios del transporte público tras la detención de varios dueños de rutas debido a quejas de usuarios por no encontrar rutas de buses en circulación debido al cierre temporal en la Carretera Los Chorros, afectando a miles de usuarios. “A los empresarios del transporte, les repito: o acatan las órdenes del gobierno o se abstienen a las consecuencias. No permitiremos que intereses particulares afecten a la población”, sentenció el mandatario en un mensaje dirigido a los transportistas.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la detención de cuatro prominentes empresarios del sector transporte tras el cierre ilegal de la Carretera Los Chorros, vía principal que conecta el centro del país con la zona occidental. Entre los detenidos figura Genaro Ramírez, AEAS Ruta 46, José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán, Alexander Sorto, empresario de la ruta 205 de Sonsonate, Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín y Nelson David Moreno, empresario de la ruta 79 de La Libertad.

Según las autoridades, estos empresarios están señalados por incumplir con su respectivo deber de brindad servicio a la poblacion todo esto por bloqueo temporal de la importante arteria vial dañada por derrumbes. Segun la PNC, los detenidos no brindaron el servicio con normalidad o estaban cobrando el pasaje, a pesar de que el gobierno ya había cubierto ese pago.

Esta es la segunda ocasion que empresarios del transporte son detenidos bajo vias de investigacion tal es el caso de Catalino Miranda, propietario de la ruta 42 y 52, quien cumple actualmente una condena de 8 años por delitos de extorsión dictada en noviembre de 2024.

El cierre de la carretera provocó severas afectaciones para miles de usuarios que dependen diariamente de las rutas 102, 201, 205, 79 y 101 en sus variantes A, B y D, todas con destino hacia la región occidental de El Salvador. Ciudadanos reportaron ausencias laborales, pérdidas económicas y complicaciones en traslados médicos debido a la suspensión del servicio.

Los transportistas, por su parte, no se han pronunciado por la medida por el retraso en los pagos de subsidios gubernamentales. Según declaraciones de representantes del sector a medios locales, el gobierno mantiene una deuda acumulada que compromete la operatividad de sus unidades y el pago de salarios a motoristas.

Cierre de la carretera Los chorros

El enfrentamiento en la zona de Los Chorros tiene raíces que se extienden a la semana anterior, cuando autoridades del Ministerio de Obras Públicas anunciaron formalmente la construcción de un viaducto diseñado para descongestionar el tránsito entre San Salvador y Santa Ana, un proyecto largamente esperado.

La iniciativa, valorada en millones de dólares, ha enfrentado múltiples obstáculos. Los desastres naturales registrados en la zona han complicado los estudios preliminares, mientras que varios accidentes laborales ocurridos durante las prospecciones técnicas en diciembre de 2024 generaron retrasos adicionales.

Las empresas de transporte que operan en el corredor, históricamente señaladas por mantener prácticas monopolísticas, han manifestado su rechazo al proyecto. Voceros del sector argumentan que el diseño del viaducto modificaría las rutas establecidas y reduciría sus ingresos al crear alternativas viales.

El caso de Catalino Miranda ejemplifica la compleja situación del transporte público salvadoreño. En 2022, Miranda fue encontrado culpable de extorsionar por el alto cobro excesivo del pasaje segun la PNC, ademas exigiendo “cuotas de protección” bajo amenazas. Su condena evidenció las prácticas ilegales enquistadas en el sector transporte, donde la competencia desleal y el control territorial han sido denunciados repetidamente.

El cierre de la Carretera Los Chorros representa un nuevo capítulo en esta confrontación entre Los transportistas y el gobierno de bukele con respecto al transporte publico.

Crisis del Transporte

El sistema de transporte público en El Salvador enfrenta problemas estructurales que trascienden el actual conflicto. Las rutas existentes sufren saturación en horas pico, mientras los costos operativos aumentan progresivamente. La regulación del sector presenta vacíos que han permitido prácticas anticompetitivas.

La detención de estos empresarios constituye la respuesta más contundente del gobierno a las presiones del sector transporte. Las autoridades han manifestado que no cederán ante medidas que afecten a la población general y han reforzado los controles en las principales carreteras.

El proyecto del viaducto de Los Chorros representa una pieza fundamental en la estrategia gubernamental para modernizar la infraestructura vial. Su construcción descentralizaría el flujo vehicular entre la capital y las provincias occidentales, reduciendo tiempos de traslado y costos logísticos.

El caso de Miranda resulta particularmente complejo debido a sus antecedentes penales relacionados con extorsión.

La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas adoptadas. Mientras el gobierno insiste en implementar soluciones inmediatas para garantizar la movilidad, expertos en planificación urbana señalan la necesidad de una reforma integral del sistema de transporte que incluya renovación de flota, optimización de rutas y mecanismos transparentes para la asignación de subsidios.

Los usuarios, principales afectados por el conflicto, exigen garantías para su derecho a la movilidad. Asociaciones de consumidores han documentado incrementos no autorizados en las tarifas de rutas alternativas durante el bloqueo, evidenciando aprovechamientos indebidos de la crisis.

El Ministerio de Obras Públicas ha ratificado que el proyecto del viaducto continuará según lo programado. Sin embargo se ofrecio a brindar transporte grauito desde el 5 hasta el 11 de mayo del presente año. Las autoridades señalan que la obra generará beneficios para todos los sectores, incluidos los transportistas, quienes podrán optimizar sus recorridos y reducir costos de mantenimiento.

Ademas tambien se ha decretado suspension de clases en forma virtual mientras despejan la carretera.

Los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. El sistema judicial deberá determinar responsabilidades individuales y colectivas en un caso que trasciende lo meramente delictivo para exponer las deficiencias estructurales del transporte público salvadoreño.

Las organizaciones empresariales no han reaccionado ante los acontecimientos. Si bien condenan las acciones que afectan a la población, también instan al gobierno a establecer mecanismos de diálogo para resolver los retrasos en pagos de subsidios y definir reglas claras para la operación del sector.

El conflicto en Los Chorros evidencia la tensión entre la modernización propuesta por las autoridades y la resistencia de grupos empresariales que operan bajo esquemas tradicionales. La resolución de esta crisis determinará el futuro del transporte público en el país centroamericano, marcando precedentes sobre la capacidad estatal para regular sectores estratégicos.

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Neftalí Hernández Pereira

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