Por Alessia Genoves
Francisco José Cáceres Zaldaña, ex-secretario Privado de la Presidencia de la República (2009-2014), ha sido vencido en juicio de cometer el delito de enriquecimiento ilícito. La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, en resolución emitida el 5 de septiembre de 2025, declaró la existencia del delito en el proceso seguido contra Cáceres Zaldaña, ex-secretario privado de la Presidencia de la República (2009-2014), y su esposa Reyna Guadalupe Flores de Cáceres. La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó un incremento patrimonial no justificado por un monto total de US$3,872,095.46, en el período comprendido entre el 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014.
#CombateALaCorrupción | La @FGR_SV logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 5, 2025
Como parte de la condena civil,… pic.twitter.com/q0C8D6EF9f
Familia de Cáceres con dinero público
La resolución judicial determinó que Francisco José Cáceres debía reintegrar al Estado US$3,539,407.87, mientras que su esposa Reyna Guadalupe Flores de Cáceres debía restituir US$332,687.59. Asimismo, se le impuso a Cáceres la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. En el caso de su hija, la Cámara desestimó la demanda al establecer que no existían elementos para imputarle responsabilidades, aunque inicialmente se le había atribuido un monto de US$6,133.74. La Cámara precisó en su fallo que “no se advierte un aumento injustificado que pueda imputarse a la hija de los demandados, por lo cual se le exime de toda responsabilidad”.
Distribución de Fondos por Responsabilidades Penales
| Miembro Familiar | Acusación Inicial (USD) | Condena Final (USD) | Diferencia (USD) | Porcentaje del Total Inicial | Porcentaje del Total Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco José Cáceres Zaldaña | 3,545,274.20 | 3,539,407.87 | -5,866.33 | 91.1% | 91.4% |
| Reyna Guadalupe Flores de Cáceres | 340,687.52 | 332,687.59 | -8,000.00 | 8.8% | 8.6% |
| Hija (exonerada) | 6,133.74 | 0.00 | -6,133.74 | 0.1% | 0.0% |
| TOTAL | 3,892,095.46 | 3,872,095.46 | -20,000.00 | 100% | 100% |
La decisión judicial estableció además una diferencia con respecto al monto inicial de la acusación fiscal, que ascendía a US$3,892,095.46, quedando finalmente en US$3,872,095.46. Esta corrección respondió a ajustes en los peritajes financieros y a la desestimación parcial de la demanda en contra de la hija de la familia Cáceres.
El enriquecimiento ilícito atribuido a la familia Cáceres se distribuyó en dos responsabilidades directas: US$3,539,407.87 a cargo de Francisco José Cáceres Zaldaña y US$332,687.59 a cargo de su esposa. El fallo de la Cámara Ambiental se sustentó en las investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que revelaron diferencias sustanciales entre los ingresos reportados y el patrimonio real de la familia. En el Acta N.º 21 de la Sesión de Corte Plena del 21 de marzo de 2024 se estableció que “los incrementos patrimoniales no guardan relación con los ingresos obtenidos por el exsecretario en el ejercicio de su cargo”, razón por la cual se ordenó dar curso al proceso judicial.
En dicha acta se consignó que los informes contables elaborados por la Corte de Cuentas y la Sección de Probidad reflejaban transferencias y depósitos que no podían justificarse con el salario y los ingresos reportados oficialmente por el exfuncionario. La Corte Plena concluyó que “existen suficientes indicios de responsabilidad civil derivada del ilícito de enriquecimiento patrimonial en perjuicio del Estado salvadoreño”.
José Cáceres y el Caso Saqueo Público
La participación de Francisco José Cáceres Zaldaña también quedó documentada en el expediente 285-2018 de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en el cual se le atribuyeron los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, en el marco del denominado Caso Saqueo Público. El requerimiento fiscal presentado ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador vinculó a Cáceres, junto con otros funcionarios, a la apropiación indebida de fondos públicos durante la gestión presidencial de Carlos Mauricio Funes Cartagena.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el ex-secretario privado de la Presidencia, junto con el ex-director ejecutivo Manuel Arturo Ayala Orellana, solicitó el incremento del presupuesto de los Gastos Reservados, que pasó de los 80 millones inicialmente previstos a un total de US$351,035,400.49, fondos que posteriormente fueron objeto de desvío y apropiación indebida. La FGR afirmó que “los incrementos presupuestarios no respondieron a necesidades institucionales reales, sino que fueron instrumentalizados para el desvío de recursos públicos en beneficio de funcionarios, familiares y allegados del expresidente Funes”.
El informe judicial documentó la utilización de estos fondos en la adquisición de bienes suntuosos. Se identificaron vehículos de lujo valorados en US$4,565,000, inmuebles por US$1,615,000, remodelaciones en Casa Presidencial por US$1.2 millones, y viajes internacionales por un monto de US$335,186.43. Los fiscales señalaron que estas adquisiciones “fueron realizadas a través de operaciones encubiertas y testaferros, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos”.
En relación con las responsabilidades penales, la Cámara Segunda de lo Penal precisó que el delito de peculado, previsto en el artículo 325 del Código Penal, contempla penas de 12 a 15 años de prisión cuando el monto supera los quinientos mil colones, mientras que el delito de lavado de dinero y activos, regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, establece sanciones de 5 a 15 años de prisión, además de multas que oscilan entre 50 y 2,500 salarios mínimos del sector comercio, industria y servicios. El tribunal subrayó que la sustracción de fondos públicos en cantidades millonarias representaba “una grave lesión a la Hacienda Pública y al orden socioeconómico del país, con afectación directa a las minorías más des-ventajadas”.
El expediente incluyó también los señalamientos del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, quien fue imputado como principal responsable en el Caso Saqueo Público. La FGR sostuvo que Funes dispuso de los fondos públicos para “beneficio personal, de familiares y allegados”, utilizando mecanismos de triangulación financiera y transferencias hacia cuentas de terceros. Entre los beneficiados se identificaron parejas, familiares y funcionarios cercanos al círculo presidencial.
Sacaron dinero del Banco Hipotecario
El Caso Saqueo Público documentó la utilización del Banco Hipotecario como pieza clave en el esquema de corrupción. Según la Fiscalía, entre 2009 y 2011 se procesaron 1,651 cheques por un total de US$97,456,424.26, provenientes de la cuenta del Tesoro de Casa Presidencial, los cuales fueron cobrados y trasladados posteriormente a cuentas particulares sin dejar trazabilidad contable. La FGR detalló en su informe de la Unidad Contra el Lavado de Dinero y Activos que “la forma en que operaban nunca generó una alerta en el sistema financiero, lo que permitió el desvío de millones de US$ del erario público sin un control efectivo”.
El informe señaló que los cheques eran endosados a testaferros, quienes se encargaban de retirar el dinero en efectivo o de depositarlo en cuentas vinculadas a funcionarios y allegados. Esta operativa permitió a los implicados disponer de fondos millonarios que fueron utilizados en gastos personales, adquisición de propiedades, viajes y transferencias internacionales.
La Corte Suprema de Justicia, en resoluciones posteriores, calificó estas acciones como un “sofisticado esquema de sustracción de recursos estatales que contó con la participación de funcionarios de alto nivel y con la omisión deliberada de controles bancarios en el Banco Hipotecario”.
Las investigaciones del enriquecimiento ilícito y del peculado convergen en la figura de Francisco José Cáceres Zaldaña, quien fue declarado responsable civilmente por la vía patrimonial, con la obligación de devolver más de US$3 millones al Estado, y vinculado penalmente a un desfalco que superó los US$351 millones durante la gestión presidencial de Carlos Mauricio Funes. En ambos procesos, los tribunales resaltaron la magnitud del perjuicio económico ocasionado al Estado y la gravedad de los delitos imputados.
About The Author
Descubre más desde Diario Fuentes
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
COMENTARIOS (0)