Por Alessia Genoves
Un total de $3,504,235.27 dólares en enriquecimiento ilícito implican al Ex-secretario Técnico de la Presidencia, Alexánder Ernesto Cáceres Segovia y a su familia, durante el gobierno del ex-presidente Mauricio Funes (2009-2014), señala la Fiscalía General de la República (FGR). El caso se desarrolla en medio de la judicialización del Caso Saqueo Público, en el que el ex-funcionarios públicos, principalmente el ex-presidente Funes y el ex-Secretario Privado Francisco José Cáceres Zaldaña, son acusados por el delito de peculado relacionado con la malversación de $351,035,400.49 de fondos públicos.
#CombateALaCorrupción I Hoy, la @FGR_SV solicitó que Alexander Segovia, exsecretario técnico de la presidencia, sea procesado penalmente por el delito de lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito, por un monto de $3,504,235.27.
Segovia se benefició de fondos públicos… pic.twitter.com/7rcdms5UL1
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2024
Segovia y familia
El proceso judicial contra Segovia Cáceres y su familia se inició tras una investigación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que señala irregularidades en el patrimonio del ex-funcionario, su esposa Ana María Jiménez de Segovia y su hija Elisa María Segovia Jiménez. Según la acusación presentada ante la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador. Según la institución, las irregularidades se produjeron durante el período en que Segovia Cáceres ocupó el cargo de Secretario Técnico, del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014.
La FGR identifica 19 irregularidades que los acusados no pudieron justificar, incluyendo “depósitos a cuentas, adquisiciones de vehículos, compra de inmuebles y pagos de tarjetas de crédito”, según consta en el documento de acusación. Como resultado, la FGR ha solicitado a la Cámara que declare la existencia de enriquecimiento ilícito y que condene a Segovia Cáceres a devolver al Estado la cantidad de $173,702.27, a su cónyuge Jiménez de Segovia el monto de $54,328.33 y a su hija la suma de $51,525.20, totalizando $279,555.80. Además, la Fiscalía solicita que el ex-Secretario Técnico sea inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un período de 10 años.
Segovia y familia
Caso Saqueo Público
El proceso contra la familia Segovia Cáceres se entrelaza con el Caso Saqueo Público, que involucra la malversación de $351,035,400.49 de fondos públicos durante la administración Funes. Según el Informe Presupuestario y Financiero de Gastos Reservados de la Presidencia de la República, Segovia Cáceres, en su calidad de Secretario Técnico de la Presidencia, fue uno de los funcionarios que solicitó refuerzos presupuestarios para los llamados “Gastos Reservados”.
El informe detalla que el presupuesto inicial de Gastos Reservados de $80,818,285.00 se incrementó drásticamente hasta alcanzar $351,035,401.17, de los cuales se ejecutaron $351,035,400.49, quedando un saldo de apenas $0.68. Este aumento desproporcionado y la falta de justificación adecuada para estos gastos forman parte central de la investigación del Caso Saqueo Público.
Malversación de Fondos – Caso Saqueo Público
El expediente 285-2018 de la Corte Suprema de Justicia, además, menciona que Segovia Cäceres, junto con Manuel Arturo Ayala Orellana (Director Ejecutivo de la Presidencia) y Francisco José Cáceres Zaldaña (Secretario Privado de la Presidencia), fueron los principales solicitantes de estos refuerzos presupuestarios, de de $61,902,560.00 para los Gastos Reservados, una cantidad significativa dentro del total malversado de $351,035,400.49.
Los acuerdos ejecutivos para estos aumentos fueron autorizados por Carlos Cáceres, entonces Ministro de Hacienda. En el documento de 2018 se establecen acusaciones contra un total de 18 personas; y, además del ex-presidente Funes, se señlan a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, Regina María Cañas Rivera y Vanda Pignato, que fueron parejas de Funes en diferentes momentos; así como a su hijo Diego Roberto Funes Cañas.
El Caso Saqueo Público involucra la sustracción de fondos a través del Banco Hipotecario. Según los informes de la FGR, se estima que unos $292,218,871.38 fueron sustraídos ilegalmente de esta institución financiera. El mecanismo utilizado para esta sustracción habría involucrado a varios funcionarios del banco, incluyendo a su ex-presidente Carlos Alberto Ortiz y al ex-vicepresidente Carlos Enrique Cruz Arana. Según el informe de la Unidad Contra el Lavado de Dinero y Activos (UECLA) de la FGR, “se instrumentalizó al BH para lavar los $97,456,424.26, dado que se procesaron 1,651 cheques hasta por el monto de $97,456,424.26” durante la Presidencia de Mauricio Funes.
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