Carteristas presos por hurto de 39 celulares

Por: Neftali Hernandez Pereira

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Contexto de la investigación y despliegue operativo

Las investigaciones iniciadas en enero de 2024 determinaron la existencia de una estructura criminal que operaba en rutas de transporte colectivo de todo el país, dedicada al hurto de teléfonos móviles dentro de las unidades de transporte y su posterior comercialización en el centro de San Salvador.

El operativo, denominado “Caso Carteristas”, fue ejecutado por la inteligencia de la Policía Nacional Civil con el respaldo del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Según informó el fiscal general Rodolfo Delgado, la Fiscalía giró 28 órdenes de captura el 31 de octubre, logrando la detención de los sospechosos en hoteles, colonias y comunidades, principalmente en la calle Concepción.

El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en conferencia de prensa junto al Fiscal General y el Director de Migración, presentó los resultados tras desarticular una banda conformada por salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos. Villatoro afirmó: “No estamos hablando de simples rateros improvisados. Nos referimos a una organización quirúrgica bien estructurada que pensó que se iba a salir con la suya como en sus países de origen”. La estructura operaba desde el año 2021 a la fecha, con un nivel de organización que la asemeja más a una célula del crimen organizado que a un grupo de delincuentes comunes.

Estructura jerárquica y modus operandi especializado

La banda operaba con una estructura jerárquica y roles definidos, identificándose roles de “distractores”, “sustractores”, “encubridores”, motoristas para la huida y una red de receptación para la venta de los objetos robados. El modus operandi consistía en abordar las unidades de transporte colectivo en grupos de dos a cinco personas, quienes fingían ser simples pasajeros con destinos cotidianos. Pagaban su pasaje y portaban mochilas voluminosas que colocaban estratégicamente sobre el pecho de la víctima. Mientras uno o dos sujetos se encargaban de distraer a la víctima, otro revisaba y extraía las pertenencias del bolsón o cartera, y un tercero guardaba el objeto de valor hurtado.

El fiscal general Rodolfo Delgado explicó: “Actuaban de forma coordinada para hurtar teléfonos móviles dentro de la unidad del transporte y posteriormente comercializar dichos aparatos en el centro de San Salvador. Esa estructura estaba dirigida por dos ciudadanos nicaragüenses”*.

Los líderes fueron identificados como Joel Isaías Guerrero Siu y Rodrigo José Guerrero Siu, ambos de nacionalidad nicaragüense. La logística de escape incluía vehículos particulares o alquilados que seguían el recorrido de las rutas a poca distancia, esperando el momento exacto en que los criminales se bajaban con el botín para facilitar su huida inmediata. Las zonas de operación no eran casualidad: San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad se convirtieron en el escenario predilecto de esta red de delincuentes. Rutas de Buses entre las rutas de buses 29, 38, 101B, 41A, 45AB y la 91 sufrieron el asedio constante de esta organización.

Composición nacional y estatus migratorio irregular

El operativo ha dado como resultado la captura de 44 personas: 13 salvadoreños, 14 nicaragüenses y 17 hondureños. Los detenidos se encontraban en condición migratoria irregular, según confirmó el director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón. Las investigaciones revelaron que los extranjeros ingresaron al país por puntos fronterizos no autorizados o “puntos ciegos”, mientras que otros fingieron ser turistas para permanecer en territorio nacional y delinquir.

Cucalón advirtió que las autoridades salvadoreñas tienen facultades legales para intervenir hospedajes, restaurantes, hoteles o lugares donde se hospeden los extranjeros en situación irregular.

Los miembros de la banda se escondían en hospedajes por tener irregularidades migratorias, y algunos de ellos ingresaron por pasos fronterizos habilitados como El Amatillo, San Cristóbal y El Poy. Un indicio clave para investigar a los acusados fue que remesaban diariamente entre $80 y $120 hacia otros países, lo que evidencia la exportación de las ganancias ilícitas. El titular de la FGR destacó que *“las víctimas de estos delitos son trabajadores, estudiantes, madres, padres y usuarios que utilizan el transporte público para ganarse la vida, a ellos son los que les debemos protección, justicia y respuestas”*.

Marco legal y delitos imputados

La calificación como “agrupaciones ilícitas” es clave en la estrategia procesal, ya que permite desarticular a la banda como una organización, y no solo castigar hurtos individuales. El Código Penal de El Salvador, en su Artículo 345, establece: *“Serán consideradas penalmente ilícitas las agrupaciones, asociaciones y organizaciones siguientes: 1) Aquellas con, al menos, estas características: que estén conformadas por tres o más personas; de carácter temporal o permanente; de hecho o de derecho; que posean algún grado de estructuración y que tengan la finalidad de delinquir”*. El Artículo 345 también sanciona a los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas con prisión de nueve a catorce años, y a quienes tomen parte en una agrupación ilícita con prisión de tres a cinco años. La estructura, liderada por los nicaragüenses Joel Isaías Guerrero Siu y Rodrigo José Guerrero Siu, operaba con roles definidos, lo que facilitó esta imputación.

En materia de hurto, el Artículo 207 del Código Penal establece: “El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere en su poder, será sancionado con prisión de dos a cinco años, si el valor de la cosa hurtada fuere mayor de doscientos colones”. El Artículo 208 agrava la sanción de cinco a ocho años de prisión cuando el hurto fuere cometido por dos o más personas, entre otras circunstancias.

La investigación no se limitó a los autores materiales del hurto. En una fase posterior, se realizaron allanamientos en siete comercios del Centro Histórico de San Salvador, donde se detuvo a seis personas por el delito de receptación. El Artículo 214-A del Código Penal sanciona con prisión de tres a seis años a “El que, sin cerciorarse previamente de su procedencia legítima, adquiera, reciba u oculte dinero o cosas que sean producto de cualquier delito o falta en el que no haya tenido participación”. Este delito de receptación demuestra una estrategia integral para atacar toda la cadena delictiva, desde el robo hasta la comercialización de los bienes ilícitos. Los detenidos también serán procesados por el delito de resistencia, tipificado en el Artículo 337 del Código Penal, que sanciona a “El que se opusiere mediante violencia, a la ejecución de un acto legal de un funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública”.

Política de no deportación y mensaje de firmeza

Un aspecto legislativo y político relevante fue la postura del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien afirmó que los capturados no serían expulsados del país, sino que serían sometidos al proceso penal salvadoreño y enviados a centros penales. Villatoro declaró: No vamos a expulsar a estos criminales, los vamos a someter a nuestro proceso penal y los vamos a tener en nuestras cárceles”.

Esta decisión, en lugar de una deportación inmediata, busca enviar un mensaje de firmeza y asegurar que los delincuentes enfrenten la justicia local. El ministro ratificó que “no tenemos empatía por criminales, tenemos empatía por los salvadoreños que se levantan temprano y tienen un oficio”. Villatoro también señaló: *“Haber atajado a esta organización cuando todavía era una banda de rateros, nos protege hacia adelante para no tener que estar lidiando con una organización formada por nicaragüenses o guatemaltecos que iban a venir a El Salvador a atentar contra el patrimonio de nuestros ciudadanos”*.

Analisis Delincuencia organizada vs. oportunista

A diferencia de un carterista solitario que actúa por oportunidad, esta banda operaba con una estructura jerárquica y roles definidos. Se identificaron roles de “distractores”, “sustractores”, “encubridores”, motoristas para la huida y una red de receptación para la venta de los objetos robados. Este nivel de organización la asemeja más a una célula del crimen organizado que a un grupo de delincuentes comunes.

La banda desplegaba una logística compleja: no solo actuaban dentro de los buses, sino que contaban con vehículos particulares o alquilados que seguían las rutas para facilitar la huida inmediata de los autores. Esta capacidad de movilidad y coordinación es un rasgo distintivo de las bandas transnacionales.

El accionar de la banda no se limitaba al hurto; crearon una cadena de valor completa: el robo en el transporte público, el desbloqueo de los dispositivos, su posterior venta en el centro de San Salvador y la remesa de las ganancias al extranjero. Este modelo de negocio ilegal es comparable al de redes de narcotráfico o trata de personas, aunque a menor escala. Durante los allanamientos, se ha recolectado abundante prueba material: 39 celulares, dinero en efectivo, recibos de transferencias bancarias, dispositivos electrónicos, un arma de fuego y municiones, y un vehículo. Además, al menos 16 personas fueron capturadas por comercializar los dispositivos robados en diferentes puntos de San Salvador, Apopa y San Miguel, donde se encontraron un total de 1,642 celulares y más de 3,000 piezas de teléfono para reuso, además de 170 tablets.

Percepción de inseguridad y criminalidad transnacional

La participación de ciudadanos de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador en una misma estructura delictiva refuerza la percepción de que la criminalidad es un problema regional.

La banda operaba con un método que erosiona la confianza en los espacios públicos, abordando las unidades de transporte público como pasajeros comunes y creando un clima de desconfianza y temor en un servicio esencial. El robo de un teléfono celular no es solo una pérdida material, sino que representa la pérdida de una herramienta de comunicación, trabajo y estudio, afectando gravemente la economía y la movilidad de los sectores más desfavorecidos. El ministro Villatoro enfatizó: “No estamos teniendo empatía por este tipo de rateros que se dedican a extraer bienes que nunca sudaron, que nunca trabajaron, que nunca devengaron. Sean nacionales o internacionales, los vamos a sacar de las calles”. La postura del gobierno ha sido categórica y resuena con fuerza en toda la región centroamericana: El Salvador ya no es el patio trasero de nadie ni el botín de bandas extranjeras. Los detenidos enfrentarán todo el peso de la ley salvadoreña sin contemplaciones ni privilegios, y serán enviados a centros penales de máxima seguridad.

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