Por Alessia Genoves
Más de 20 personas han sido arrestadas por la venta irregular de teléfonos inteligentes y artículos robados, o cuya procedencia no pudo ser declarada. Los detenidos han sido acusados por la comisión del delito de receptación. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se centraron en establecimientos comerciales que adquirían y comercializaban dispositivos electrónicos de origen ilícito, entre los que se identificaron equipos pertenecientes al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt).
Los arrestos e investigaciones se contextualizan dentro de las estadísticas de hurto y robo reportadas en las memorias de labores 2023-2024 y 2024-2025 de la FGR, las cuales detallan un volumen de 6,758 casos en el primer período y una des-agregación de 6,990 hurtos y 1,289 robos en el segundo. Paralelamente, los documentos oficiales registran la ejecución de un presupuesto de $40,097,169.03 para necesidades operativas y la recuperación de $21,923,904.62 a favor del Estado en el marco de la defensa de sus intereses.
Receptación de Dispositivos Electrónicos
Entre el 13 y el 15 de noviembre, la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC), coordinó allanamientos en diversos locales comerciales de Apopa y el centro de San Salvador. El objetivo fue desarticular una estructura dedicada a la compra y venta de dispositivos electrónicos obtenidos mediante hurto. La FGR señaló que “estos locales utilizan como fachada la reparación de aparatos, sin embargo, son talleres clandestinos en donde desarman los dispositivos que han sido hurtados”.
Como resultado de los registros, las autoridades incautaron 1095 teléfonos celulares, 136 tablets, 26 laptops, 10 computadoras y “1 computadora del MINED”, junto con 3,096 piezas de teléfono y $10,979.24 dólares en efectivo. Los detenidos en estos operativos fueron procesados por el delito de receptación, identificándose a Juan Carlos Pérez García, Marvin Raúl Cardoza Zaldaña, Héctor Armando Carranza Sevillano, Joel De Jesús Cerón Guadrón y Omar Alexander Rodríguez Hernández.
El 13 de noviembre, un operativo en los mercados Hula Hula y Sagrado Corazón, en el centro histórico de San Salvador, permitió la captura de seis individuos. La FGR reportó que “se han encontrado una gran cantidad de teléfonos celulares, tablets que fueron entregadas por el Ministerio de Educación para el uso de los estudiantes y otros artículos tecnológicos que no cuentan con ningún respaldo legal”.
Los capturados en esta acción fueron Juan Carlos Bautista Pérez, Julio César Pérez Pérez, Adrián Pérez Hernández, Gregorio Antonio Pacas López, Luis Ernesto González Esquivel y Vides Hernández Erazo. Ese mismo día, en el marco de las investigaciones contra el hurto en el transporte colectivo, se logró la incautación de 499 teléfonos celulares y “8 Tablet del MINED”.
El 14 de noviembre, la PNC realizó un operativo en San Miguel Centro que resultó en la captura de dos personas. Según el reporte oficial, se incautó a “Ángela Yamileth Osorio Mira, de 37 años de edad” un total de “22 celulares [y] 7 tablets”. A “Jorge Eduardo Ramos Ramírez, de 35 años de edad” se le incautaron “26 teléfonos [y] 3 tablets que el Gobierno entregó a estudiantes”.
La PNC indicó que “ambos no cuentan con ninguna documentación de la propiedad de los dispositivos” y que “serán remitidos por el delito de receptación”. Una publicación posterior de la PNC consolidó las capturas, listando a siete individuos más, entre los que se repiten nombres como Joel de Jesús Cerón Guadron y Marvin Raúl Cardoza Saldaña, confirmando la dimensión transdepartamental de la red desarticulada.
$21,923,904.62 recuperados a mayo 2025
Las memorias de labores de la Fiscalía General de la República para los períodos 2023-2024 y 2024-2025 proporcionan datos estadísticos sobre delitos de alto impacto y la ejecución de recursos. En la sección de “Delitos de mayor impacto social”, el informe 2023-2024 registra un total de “6,758” casos en la categoría “Hurto y robo”. Para el período 2024-2025, esta categoría se desglosa en “Hurto por 6,990″, “Robo por 1,289″, “Hurto de vehículos por 680″ y “Robo de vehículos por 51″, lo que representa un volumen sustancial de casos dentro de la criminalidad reportada.
Respecto a la tramitación judicial de los delitos de hurto, las estadísticas por etapa judicial muestran una evolución en el número de casos e imputados. En el informe 2023-2024, en la “Audiencia inicial/Imposición de medidas” se reportaron 640 casos y 731 Imputados. Para la “Vista pública/Vista de la causa”, las cifras fueron 159 casos y 192 imputados.
En el período 2024-2025, estas cifras aumentaron: “Audiencia inicial/Imposición de medidas” con 915 casos y 1,150 imputados, y “Vista pública/Vista de la causa” con 172 casos y 201 imputados. La eficacia condenatoria en la última etapa judicial para los delitos de hurto fue del 37.5% (72) en el primer período y del 45.10% (92) en el segundo. El total de sentencias condenatorias para hurto de todas las fases fue de 116 en 2023-2024 y 144 en 2024-2025.
En materia de gestión administrativa y financiera, el informe 2024-2025 detalla la “Ejecución presupuestaria” de la FGR. Hasta el 31 de mayo de 2025, la institución “ha ejecutado un total de $40,097,169.03 en necesidades operativas”, lo que representa “el 48.77% de la asignación total”. En el rubro de “Defensa de los Intereses del Estado” para el período junio 2024 a mayo 2025, la FGR recuperó “un monto de: $21,923,904.62 A FAVOR DEL ESTADO”.
Los principales conceptos de recuperación fueron “Impuestos sobre la renta $6,006,873.95“, “Evasión de impuestos penal (Renta+IVA) $4,193,415”, “Multas $2,735,656.29”, “IVA $1,729,422.25” y “Garantías $3,484,256.64”. El documento especifica que la partida por “Hurto” dentro de este rubro ascendió a “$35.04”. Adicionalmente, el presupuesto de la FGR para 2025 incorporó recursos de la Ley de Extinción de Dominio por “$429,667.93” y fondos por venta de bienes en desuso por “$348,088.30″.
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