Bukele y Trigueros prohíben Educación con Lenguaje Inclusivo

Por Alessia Genoves

El Lenguaje Inclusivo es prohibido en la comunicación formal del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) de El Salvador. La orden ha sido establecida por la ministra Carla Trigueros, con el respaldo explícito del presidente Nayib Armando Bukele, tras la emisión de un memorándum oficial que prohíbe de manera taxativa el uso del “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos y dependencias de esta cartera de Estado.

La orden ministerial, que califica estas formas lingüísticas como “deformación” y las vincula a “injerencias ideológicas o globalistas” que alude a la “ideología de género”, continúa tras la consolidación de una política educativa iniciada en 2022 con la reestructuración del INFOD para promover “una educación apegada a nuestra realidad y con la visión de este Gobierno”. Pero la postura misma contrasta con la emitida por el entonces alcalde Nayib Bukele expresó en 2014 ante activistas LGBTI en la Iglesia Magdala, donde afirmó: “yo quiero estar en el lado correcto de la historia” y se declaró “un aliado”.

El Gobierno, además, ha procedido a la “destitución de más de 300 empleados del Ministerio de Cultura” en junio de 2024 por promover “agendas que no son compatibles” y a la erradicación de “todo rastro de la ideología de género” de las escuelas en febrero de 2024. En paralelo, la re-organización institucional se ha desarrollado en un contexto de drástica reducción los homicidios intencionales reportados por la Fiscalía General de la República (FGR), que cayeron de 496 en 2022 a 154 en 2023 (una reducción del 69%) y a 114 en 2024; hasta agosto de 2025, la cifra provisional era de 60 homicidios. Los asesinatos de personas LGBTI también descendieron, de 26 en 2017 a 2 en 2024. La persecución penal de estos crímenes queda evidenciada en los expedientes judiciales, que detallan al menos 14 sentencias condenatorias por homicidios de personas LGBTI entre 2016 y 2025, con penas que alcanzan los 66 años de prisión por homicidio agravado, como en el caso de Rony Alexánder Jandres Orellana (Yasuri Orellana) y Daniel Antonio Rodríguez (Daniela Rodríguez), sentenciados el 1 de febrero de 2021 y calificado como “Crimen de Odio”.

“Ideología de Género” quedaría fuera de instituciones del Gobierno

La política de prohibición del lenguaje inclusivo representa el punto más reciente en una secuencia de medidas implementadas por el gobierno del presidente Bukele dirigidas a eliminar la influencia de lo que denominan “ideología de género” en las instituciones estatales.

El 26 de febrero de 2024, a través de una comunicación oficial en redes sociales, el Ministerio de Educación confirmó la expulsión de “todo rastro de la ideología de género” de las guías, libros y materiales educativos. “CONFIRMADO: todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, informó el predecesor de Trigueros, el ex-ministro del Mineducyt, José Mauricio Pineda. Ese mismo día, se emitió una aclaración ante lo que calificaron como “desinformación”, reiterando que “todos estos contenidos han sido expulsados de guías, libros y demás materiales educativos que fueron hechos y difundidos por gestiones anteriores”.

Anteriormente, el 27 de junio de 2024, el presidente Bukele anunció mediante un mensaje público la destitución de “más de 300 empleados del Ministerio de Cultura” bajo la gestión del entonces recién nombrado ministro Raúl Castillo. Bukele justificó la medida argumentando que estos empleados “promueven agendas que no son compatibles con la visión de este Gobierno”. El ministro y ex-diputado legislativo por el partido Nuevas Ideas, Raúl Castillo, al aceptar el cargo, se comprometió a “fortalecer nuestros valores como sociedad y su base: la familia salvadoreña”.

Este proceso de reestructuración y depuración ideológica no es nuevo dentro del sistema educativo. El 26 de septiembre de 2022, el Mineducyt anunció la remoción del director del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y el inicio de una “reestructuración profunda” de la institución. En un comunicado de prensa, el Ministerio señaló que esta reestructuración buscaba “promover cambios que permitan una educación apegada a nuestra realidad y con la visión de este Gobierno”, además de “velar por la niñez, proteger su salud mental y fomentar los valores familiares que son la base de la sociedad salvadoreña”. El compromiso de “revisar todos los programas que llegan desde el exterior, para no permitir materiales que atenten contra nuestros principios” ya estaba presente en aquella fecha.

El memorándum N.º 22-2025, fechado el 2 de octubre de 2025 y dirigido a todo el personal directivo, técnico-administrativo y docente a nivel nacional, establece de manera formal y obligatoria la prohibición del “denominado ‘lenguaje inclusivo’”. El documento, firmado desde el Despacho de Educación, Ciencia y Tecnología, tiene como objetivo declarado “consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”.

El texto del memorándum es explícito en la enumeración de las formas lingüísticas prohibidas: “Palabras como ‘amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs’ o cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia”. La medida se estipula como de “carácter obligatorio a nivel nacional” y debe aplicarse en “materiales, contenidos y libros” derivados del Mineducyt, así como en “comunicaciones formales como circulares, documentos administrativos, correspondencia, etc.”.

La fundamentación de la prohibición se basa en dos pilares: la preservación del idioma y la protección del estudiantado. El memorándum afirma que con esta medida “se garantiza el buen uso de nuestro idioma” y, al mismo tiempo, “se evita injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado”. La ministra Carla Trigueros, en su anuncio público del mismo día, reforzó este mensaje: “Con esta medida, de estricto cumplimiento a nivel nacional, garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la Primera Infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”. El presidente Bukele, respaldando la decisión, declaró: “Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país”.

El castellano no es completamente orgánico, ni el “lenguaje inclusivo”

El “lenguaje inclusivo” alude a una expresión de “lenguaje no sexista” se refiere a un conjunto de estrategias lingüísticas que buscan evitar el uso genérico del masculino gramatical y visibilizar la presencia de todos los géneros. Estas estrategias incluyen el desdoblamiento (“todos y todas”), el uso de la arroba (@), la “x” o la “e” como supuestos morfemas de género neutro (“amigxs”, “amigues”), y la feminización de títulos profesionales (“la doctora”, “la ingeniera”).

La Real Academia Española (RAE), en su postura institucional, no avala el uso de los sufijos neutros como “-e”, “-x” o “-@” por considerarlos ajenos al sistema morfológico del español. La RAE sostiene que el masculino gramatical funciona como término no marcado de la oposición de género, permitiendo referirse a colectivos mixtos. Sin embargo, la Academia sí acepta y promueve el uso de femeninos para designar cargos y profesiones cuando quien los desempeña es una mujer (“la médica”, “la jefa”), considerando que esta práctica contribuye al reconocimiento social de las mujeres. Asimismo, los desdoblamientos (“ciudadanos y ciudadanas”) son considerados válidos, aunque la RAE advierte que un uso excesivo puede afectar a la economía del lenguaje.

Las principales críticas al lenguaje inclusivo, más allá de los argumentos puramente lingüísticos esgrimidos por la RAE, provienen de sectores que lo consideran una imposición ideológica que busca alterar la estructura natural de la lengua. Sus detractores argumentan que se trata de una herramienta de ingeniería social que responde a una agenda política particular, en lugar de una evolución orgánica del idioma. Quienes defienden su uso, por el contrario, argumentan que el lenguaje no es neutral y que refleja y perpetúa estructuras de poder y desigualdad, por lo que modificar el lenguaje es un paso necesario hacia una sociedad más equitativa.

Por otra parte, el idioma Castellano ha sido, originalmente, identificado como una deformación del latín, hasta su consolidación actual. Asimismo, el castellano actual, que difiere con el medieval, recurre a expresiones fonéticas que hacen acepción a nuevas formas de pronunciación de grafías como la “z”, que no son iguales a las pronunciadas en otros idiomas indo-europeos de los que subyacen, pues se pronuncian como tanto como la expresión /ts/. Y es que ésta última no surge naturalmente, sino desde las mismas instituciones proscriptivas del Reino de España; es decir, como una imposición y que no es orgánica.

Bukele, de aliado y prohibir la “ideología de género”

En 2014, siendo alcalde de San Salvador, Bukele se reunió con activistas LGBTI en la Iglesia Magdala. En dicha reunión, según registros de la época, el entonces alcalde manifestó una posición de apoyo explícito. “Yo quiero estar en el lado correcto de la historia”, afirmó Bukele, tras indicar que “las luchas de hoy son las del lado correcto de la historia”. En un tono conciliador, aseguró: “De verdad, yo soy un aliado; y, estoy seguro que al final a la gente lo que hay es explicarles… En sí, yo lo que creo es que hay que cambiar la sociedad, pero extendiendo los brazos, y no lanzando la piedra”.

Esta declaración de alianza y su deseo de situarse en el “lado correcto de la historia” difieren significativamente del discurso y las políticas implementadas durante su presidencia, caracterizadas por la eliminación de contenidos relacionados con la diversidad sexual y de género de las escuelas, la destitución de funcionarios culturales por promover “agendas incompatibles” y la prohibición formal del lenguaje inclusivo e “ideología de género”, medidas que han sido celebradas por grupos abiertamente opuestos a los derechos LGBTI.

El término “ideología de género” es utilizado frecuentemente por grupos conservadores y líderes políticos para referirse de manera peyorativa a los estudios de género, la teoría queer y las reivindicaciones feministas y LGBTI, presentándolas como una doctrina dogmática que busca destruir los valores familiares tradicionales. Desde una perspectiva académica, lo que se suele englobar bajo esta etiqueta no es una ideología monolítica, sino un conjunto de marcos teóricos y activismos que analizan y cuestionan los roles sociales, las identidades de género y las normas sexuales, y abogan por la igualdad de derechos y la no discriminación.

Las declaraciones del presidente Bukele y sus colaboradores definen su postura en contra de lo que denominan “ideología de género” en la educación. En una entrevista con Catalina Stubbe, representante de la organización “Moms for Liberty”, el 26 de febrero de 2024, Bukele expuso su perspectiva de manera detallada. “Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios”, afirmó. “Creo que es importante no solo que la currícula no lleve esa ideología de género y todas esas cosas, sino que también es fundamental que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos”.

En la misma entrevista, Bukele vinculó estas “ideologías” con una agenda más amplia. “Justamente, nosotros confiamos a nuestros hijos —que es lo más valioso para nosotros— al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida: biología, matemáticas… en fin, cosas importantes para su aprendizaje. Y luego vienen y quieren meterles ideologías, cosas contrarias a la naturaleza”. Y añadió: “Hay que erradicar eso de las escuelas, porque no es algo que pase ‘así nomás’; es un plan premeditado para destruir a la futura generación”.

Respecto al financiamiento, el presidente señaló: “Además, todo esto pagado por los impuestos. Claro, pagado por los impuestos. Y, más allá de eso, yo creo que al final a mí no me molestaría pagar si recibieran una educación de verdad. Pero nos hacen pagar para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos. Ese es el verdadero peligro”.

Sobre su visión ideal de la educación, Bukele declaró: “Yo creo que es importante que se retome a Dios en las escuelas, que se retome la moral, el civismo; que se enseñen las cosas tradicionales como lo académico: matemáticas, historia, etcétera. Pero además, que se incorporen nuevas materias, no las que quieren meter con ideologías, sino, por ejemplo, finanzas. Claro, cosas útiles en la vida de la gente”.

Pero Bukele redujo los homicidios hasta de personas LGBT, y persiguió a sus homicidas

La reducción de homicidios a personas LGBTI en El Salvador es un hecho, tras la implementación de políticas de seguridad pública. En una entrevista con el cantante René Joglar Pérez (Calle 13), publicada el 24 de marzo de 2020, el presidente Bukele fue cuestionado sobre las garantías de seguridad para esta comunidad. El entrevistador mencionó: “¿Cómo su gobierno está garantizando la seguridad y tranquilidad a la comunidad LGTB? Le dije: el año pasado asesinaron a ocho mujeres trans y a un hombre gay. ¿Es cierta esta información?”. Bukele, en su respuesta, abordó el tema de la discriminación de manera genérica, comparándola con otros contextos históricos, pero no proporcionó datos específicos sobre las acciones de su gobierno para proteger a la población LGBTI.

Los datos cuantitativos sobre homicidios de personas LGBTI en El Salvador, extraídos de registros oficiales y judiciales, muestran una tendencia a la baja en el número de casos reportados en los últimos años. Las cifras indican 26 homicidios en 2017, 16 en 2018, 10 en 2019, 8 en 2020, 8 en 2021, 7 en 2022, 6 en 2023 y 2 en 2024. Esta reducción se enmarca en un contexto de disminución generalizada de la tasa de homicidios en el país. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), los homicidios intencionales totales pasaron de 496 en 2022 a 154 en 2023 y 114 en 2024 (hasta agosto). Hasta agosto de 2025, la cifra provisional era de 60 homicidios intencionales.

En cuanto a la judicialización de estos crímenes, los expedientes judiciales documentan varias sentencias condenatorias por homicidios de personas LGBTI entre 2014 y 2024. Por ejemplo, el caso de Rony Alexánder Jandres Orellana (Yasuri Orellana) y Daniel Antonio Rodríguez (Daniela Rodríguez), dos mujeres trans asesinadas el 1 de febrero de 2017, resultó en una sentencia condenatoria por homicidio agravado el 1 de febrero de 2021, con penas de 66 a 60 años de prisión para los responsables. Otro caso, el de Camila Díaz Córdova, una mujer trans golpeada mortalmente por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el 31 de enero de 2019, culminó con una sentencia condenatoria por homicidio agravado el 1 de julio de 2020, imponiendo 20 años de prisión a los tres agentes involucrados.

La resolución del caso de Miguel Angel Hernández Campos, una mujer trans decapitada y desmembrada el 1 de junio de 2014, se produjo más de una década después, con una sentencia condenatoria el 20 de mayo de 2025, que impuso 13 años y 4 meses de prisión. Otros casos, como el de Nahomy Alexándra López Orellana (2018), MEG (2018), Gerardo Alexander Landaverde (Alexa, 2021), Rigoberto Luis Morales Menjivar (2017), una víctima no identificada (2018), Stefanny Sarai Hernández Sánchez (2018), Bárbara (David Alexander Rodas Valiente, 2017), Anahi Miranda Rivas (2019) y Pedro Ángel Álvarez Ventura (2015), también han recibido sentencias condenatorias, con penas que oscilan entre 10 y 25 años de prisión por cargos de homicidio agravado o simple. Estos expedientes judiciales demuestran la existencia de procesos legales que han culminado con condenas por estos crímenes, aunque la eficacia y celeridad de la justicia en todos los casos puede variar.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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