Redacción Diario Fuentes
Fotoperiodista salvadoreño, acusado del tráfico ilegal de Bitcoin, es liberado en España. La jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional española, decretó la libertad del fotoperiodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales el 3 de enero de 2026. La resolución judicial se produjo tras su detención en Sevilla por una alerta roja de Interpol, activada a petición de El Salvador por el delito de hurto por medios informáticos de activos de Bitcoin. La jueza Tardón dispuso su libertad a la espera de que las autoridades salvadoreñas formalicen una solicitud de extradición, procedimiento que, según fuentes jurídicas citadas por EFE Noticias, aún no había sido iniciado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por otra parte, afirmaba que “a las autoridades españolas les gusta darle protección a los delincuentes” y que “basta con autodenominarse periodista para obtener impunidad total”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Red Centroamericana de Periodistas y el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) emitieron comunicados exigiendo el cese del hostigamiento judicial. APES señaló, en un comunicado del 2 de enero de 2026, que Rosales enfrentaba un “proceso judicial infundado” bajo el Régimen de Excepción. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) calificó los cargos de “infundados” y exigió a España aplicar el principio de no devolución. El contexto de la acusación por hurto informático coincide con la operación “Escudo Virtual” de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, que desarticuló una red que hurtó más de US$6 millones mediante criptoactivos y detuvo a 52 salvadoreños identificados como “mulas financieras”.
Fotoperiodista acusado en El Salador y en libertad en España
Organizaciones de la sociedad civil y gremiales emitieron comunicados exigiendo la libertad del periodista. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) publicó un comunicado el 2 de enero de 2026 señalando que la alerta roja de Interpol se basaba en cargos “infundados” como “agrupaciones ilícitas” y “hurto informático”, figuras que, a su juicio, “han sido utilizadas sistemáticamente para criminalizar el ejercicio periodístico y el activismo social”. La organización exhortó a las autoridades españolas a salvaguardar los derechos humanos de Diego Rosales conforme al principio de no devolución (non-refoulement) y a evitar la efectividad de la alerta roja, considerando que su ejecución “podría derivar en la entrega de un periodista a un país donde corre peligro de muerte”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió un comunicado de prensa con fecha 2 de enero de 2026, exigiendo “el cese inmediato del acoso, vigilancia y procesos judiciales infundados contra Diego Andrés Rosa Rosales y su familia”. APES indicó que el periodista había sido sometido a un “proceso judicial infundado por ‘agrupaciones ilícitas’ y ‘hurto informático’ bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022”. La organización hizo un llamado a la comunidad internacional “a estar al tanto de los graves retrocesos en cuanto a libertad de expresión”.
La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) celebró la decisión de la jueza española en un comunicado del 3 de enero de 2026. La RCP destacó la importancia de que “países como España garanticen el respeto al debido proceso y dejen sin efecto el uso abusivo de las alertas INTERPOL como mecanismo de persecución política contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos”. La red reiteró su llamado al Estado español para que otorgue el asilo político a Diego Rosales, “ante la posibilidad de una solicitud de extradición formal por parte de El Salvador, país en el que diversos organismos internacionales han documentado la falta de independencia judicial y el incumplimiento del debido proceso”.
Nayib Bukele emitió declaraciones en la red social X el 2 de enero de 2026, aunque no detalló ninguna implicación directa con el periodista. Bukele afirmó: “A las autoridades españolas les gusta darle protección a los delincuentes. Por nosotros no hay ningún problema: nos ahorran el costo de tenerlos acá. Pero qué lástima por el pueblo español, que luego tendrá que pagar el precio de llenar su sociedad de criminales”. En una segunda publicación, el mandatario salvadoreño señaló: “El nuevo fuero es ser ‘periodista’. El fuero político está desprestigiado y carece de validez internacional, pero basta con autodenominarse periodista para obtener impunidad total, protegida por las ONGs, medios de comunicación, gobiernos y organismos internacionales”.
Alerta Interpol y orden de liberación
Una consulta realizada por Diario Fuentes, en la base de datos pública de notificaciones rojas de Interpol el 2 de enero de 2026, utilizando los filtros “Rosa”, “Rosales”, “Andrés”, “Diego” y la combinación “Diego Andres Rosa Rosales”, no arrojó resultados públicos para el nombre completo del fotoperiodista. El número total de notificaciones rojas públicas en circulación en esa fecha era de 6,494. Para el filtro “Rosa”, la búsqueda arrojó 7 resultados, mostrando notificaciones para individuos con apellidos “Rosa Romero”, “Rosa Ayala” y combinaciones como “Pineda Rosales”. Para el filtro “Rosales”, se obtuvieron 5 resultados, con nombres como “Rosales Peñate”, “Rosales Somoza” y “Rosales Alfaro”. Para el filtro “Andres”, se listaron 3 resultados con variaciones como “Andres Mendez” y “Jandres Parada”. Para los filtros “Diego” y “Diego Andres Rosa Rosales”, el sistema indicó: “No hay resultados para su búsqueda”.
Los informes de APES de Agresiones a Periodistas de 2023 a 2025 documentan un total de 618 entradas individuales de agresiones presuntamente sufridas por trabajadores de la información entre los años 2023 y 2025. Para el año 2025, la base de datos contiene 335 registros. El género de la víctima fue categorizado como “Hombre cisgénero” en 333 de estos casos, el 99.4%. El tipo de víctima más frecuente fue “Periodista” con 245 registros, seguido por “Fotoperiodista” con 36 registros y “Comunicador” con 19 registros. Los tipos de medio más afectados fueron “Digital” con 132 registros y “Freelance” con 64 registros. La franja de edad de la víctima más común fue “30-40” años con 106 registros, seguida de “20-30” años con 89 registros y “40-50” años con 78 registros.
La caracterización del agresor para 2025 muestra que los “Usuario de redes sociales” aparecen en 66 registros, seguidos por “Funcionario público” con 53 registros, “Agentes de PNC” en 47 registros, y “Empleados públicos” en 32 registros. Las instancias agresoras más citadas fueron la “Policía Nacional Civil (PNC)” con 47 registros, la “Asamblea Legislativa” con 38 registros y “FAES” en 17 registros. Los cargos de funcionarios agresores mencionados incluyen “Diputado y jefe de fracción”, “Presidente de la República”, “Ministra de vivienda” y “Alcalde de San Salvador Centro”. El género del agresor fue identificado como “Hombre cisgénero” en 178 registros, “Mujer cisgénero” en 25 registros, “Colectivo” en 51 registros, e “Institución Pública” en 21 registros.
El tipo de agresión más documentado en 2025 fue “Restricción al ejercicio periodístico” con 118 registros, seguido por “Acoso digital” con 55 registros, “Intimidación” con 49 registros y “Declaraciones estigmatizantes” con 34 registros. La zona o espacio de agresión predominante fue “Digital” con 186 registros, seguido de “Central” con 135 registros, que comprende principalmente el departamento de San Salvador. La columna “Vinculación con el Régimen de Excepción” fue marcada con “Sí” en solo 6 de los 335 registros de 2025. Para el año 2024, el registro contiene 124 entradas, donde el tipo de agresión “Restricción al ejercicio periodístico” aparece en 123 de ellas, el 99.2%. En 2023, se documentaron 159 entradas, con el género de la víctima marcado como Masculino en 155 de los casos, el 97.5%. Los tipos de agresión más frecuentes ese año fueron “Restricción al ejercicio periodístico” con 28 registros, “Declaraciones estigmatizantes” con 26 registros y “Acoso digital” con 24 registros.
Hurtos informáticos de Bitcoin y el Caso Escudo Azul
La acusación formal contra Diego Andrés Rosa Rosales, según lo reportado por la abogada defensora a la agencia EFE, es por “tráfico de bitcóins”, un delito que se enmarca dentro de la tipificación de hurto o estafa por medios informáticos. Esta imputación coincide temporalmente con la operación “Escudo Virtual” o “Caso Escudo Azul”, desarticulada por la FGR. Según un reporte de la FGR, la investigación, iniciada en mayo de 2025, logró desarticular una estructura criminal transnacional que “hurtó, estáfó y movilizó” aproximadamente US$6 millones. Los fondos ilícitos fueron “convertidos en criptoactivos y enviados a diversas billeteras digitales”.
La FGR detalló que se presentaron “1,894 requerimientos contra personas que prestaban sus cuentas bancarias para casos de estafa”, individuos que el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, identificó como “mulas financieras”. De esos requerimientos, “1,327 casos se encuentran en la etapa de instrucción, con detención provisional; 300 casos en donde se han procesado con medidas alternas a la detención y 267 sentencias condenatorias”. La red criminal involucraba a “549 integrantes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras y otros países”, quienes utilizaban “falsas ofertas laborales, venta de productos, inversiones, préstamos” como señuelos en redes sociales. El modus operandi incluía el lavado de activos “a través de criptomonedas y cuentas bancarias de ciudadanos salvadoreños reclutados como mulas”, utilizando plataformas como Binance y Bingx.
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, afirmó que “muchas de estas cuentas bancarias han sido prestadas por los titulares para recibir fondos y posteriormente enviar los fondos al extranjero. Esto constituye un delito, estas personas también han sido parte de esta estructura criminal y serán puestas a las órdenes de los juzgados de nuestro país”. En el contexto de esta operación, se ha informado de la detención de 52 salvadoreños por delitos de estafa y hurto por medios informáticos vinculados a esta estructura. El Ministro Villatoro explicó la gravedad de la acción de las “mulas financieras”: “prestar la cuenta, recibir dinero que uno no se ha ganado, quedarse con una parte, transferir ese dinero o mandarlo para el Sur no es normal. Detrás de estas actividades hay una organización criminal”.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha establecido criterios jurisprudenciales en casos de estafa informática. En el expediente 267-2022, la Cámara Segunda de lo Penal analizó un recurso de apelación donde la Fiscalía argumentaba contra medidas sustitutivas para imputados por estafa informática. En el expediente APN 176-23, la Cámara de la Tercera Sección de Occidente confirmó medidas cautelares alternas para un imputado por estafa informática de US$15,664.13, añadiendo una caución económica por un monto similar, y enfatizó “la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad y de elegir la medida menos gravosa que asegurara los fines del proceso”.
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