Por Alessia Genoves, Carlos Arita y Neftalí Pereira
50 prórrogas del Régimen de Excepción han sido aprobadas al 29 de abril, por la Asamblea Legislativa y con 57 votos a favor. La política de seguridad se aprobó en la 107 sesión plenaria, y se extiende del 1 al 30 de mayo de 2026, con la suspensión de los artículos 12 inciso 2º (derecho de defensa), 13 inciso 2º (plazo de detención administrativa) y 24 (inviolabilidad de las comunicaciones) de la Constitución de la República, conforme al decreto legislativo 333 del 27 de marzo de 2022.
Unas 91,990 capturas de personas señaladas como pandilleros o colaboradores han sido reportadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MSJP), que consecuyó en 1,165 días sin homicidios desde la implementación del régimen, al 49 Régimen. En contraste, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) elevó a 522 las muertes confirmadas bajo custodia estatal —el 94% sin perfil de pandillero—, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) registró un cumulado anual de 22 homicidios intencionados hasta el 30 de abril. El presidente Nayib Bukele declaró en noviembre de 2024 en Costa Rica la liberación de 8,000 personas inocentes, cifra que equivale al 8.7% de los detenidos.
En consecuencia, el informe anual 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que de 23 recomendaciones emitidas, “ninguna alcanza un nivel de cumplimiento total o parcial sustancial, tres se ubican como parcialmente cumplidas (13%), 16 permanecen pendientes (70%) y cuatro fueron consideradas incumplidas (17%)”.
Derechos suspendidos, e “incumplimientos de la CIDH”
Los derechos constitucionales suspendidos por el Decreto No. 333, aprobado el 27 de marzo de 2022, incluyeron originalmente los artículos 7 (libertad de asociación), 12 inciso 2º, 13 inciso 2º y 24 de la Constitución. La libertad de asociación fue restituida en prórrogas posteriores.
Actualmente permanecen suspendidos: el derecho a ser informado de los motivos de la detención y a la asistencia de un defensor (artículo 12 inciso 2º), que establece que “la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo obligar a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales”; el plazo máximo de detención administrativa (artículo 13 inciso 2º), que dispone que “la detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá ponerse al detenido a la orden del juez competente”; y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones (artículo 24).
Organizaciones de derechos humanos han solicitado reiteradamente la suspensión del régimen ante la CIDH, argumentando un patrón sistemático de violaciones. La CIDH constató en su informe anual 2025 que “el Estado no ha adoptado acciones para poner fin a la suspensión de derechos ni ha establecido un plan de restitución progresiva de garantías” y que “no es posible identificar avances materiales orientados a su cumplimiento”, por lo que “la Comisión entiende que esta recomendación se encuentra incumplida”. Organizaciones humanitarias documentaron al menos 6,889 denuncias de violaciones de derechos humanos, de las cuales el 98% corresponde a detenciones arbitrarias; agentes de la Policía estarían implicados en el 75% de los abusos.
La CIDH también dio por incumplida la recomendación de retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, señalando que el Estado “ha adoptado y prorrogado medidas que mantienen y amplían el involucramiento militar”. Respecto a la prisión preventiva, “el propio Estado ha expresado su negativa a introducir las reformas legales necesarias para incorporar un mayor catálogo de medidas alternativas” y “la CIDH observa que el Estado manifestó rechazar categóricamente cualquier intento de la CIDH de asumir funciones legislativas”.
Caen Homicidios: de 3,980 en 2019 a 82 en 2025
Los datos de la FGR evidencian una contracción del 97.1% en los homicidios intencionados anuales entre 2019 y 2024. En 2019 se registraron 3,980 homicidios intencionados; en 2020, 3,478 (-12.6%); en 2021, 3,147 (-9.5%); en 2022, 496 (-84.2% respecto a 2021); en 2023, 154 (-69.0% respecto a 2022, -95.1% respecto a 2021); y en 2024, 114 (-26.0% respecto a 2023). La desagregación por categoría en 2024 arroja 33 homicidios por delincuencia general (28.9%), 34 por intolerancia social (29.8%) y 47 por intolerancia familiar (41.2%). En 2022, la delincuencia general concentró 429 de los 496 casos (86.5%), mientras que en 2023 descendió a 53 (34.4%) y en 2025 a 8 (9.8%). La intolerancia social pasó de 36 casos en 2022 a 54 en 2023, 34 en 2024 y 43 en 2025; la intolerancia familiar osciló entre 31 en 2022, 47 en 2023, 47 en 2024 y 31 en 2025.
El comparativo enero-octubre revela una reducción del 74.6%: de 323 homicidios en 2022 a 82 en 2025. En 2025, el desglose mensual muestra enero con 7 homicidios (1 por delincuencia general, 5 por intolerancia social, 1 por intolerancia familiar), febrero con 5 (0, 5, 0), marzo con 13 (0, 7, 6), abril con 6 (1, 3, 2), mayo con 7 (1, 3, 3), junio con 5 (2, 1, 2), julio con 4 (0, 3, 1), agosto con 7 (1, 2, 4), septiembre con 9 (0, 4, 5), octubre con 8 (1, 4, 3), noviembre con 6 (0, 5, 1) y diciembre con 5 (1, 1, 3), para un total de 82 homicidios, de los cuales 8 fueron por delincuencia general, 43 por intolerancia social y 31 por intolerancia familiar. La Policía Nacional Civil reportó que 2025 cerró con 303 días sin homicidios y una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En 2026, el primer trimestre cerró con 19 homicidios y un promedio diario de 0.20, el mejor resultado en la historia del país: enero reportó 4 homicidios (promedio diario de 0.12), febrero 5 (0.17) y marzo 10 (0.32). En enero de 2026 se registraron 27 días sin homicidios; en febrero, 24 días; en marzo, 23 días. El 74% de los homicidios en los últimos tres años han sido por intolerancia social y familiar. Abril de 2026 reportó 3 homicidios: un hombre de 34 años en Zacatecoluca, La Paz Este, asesinado por su cuñado José Armando Mancía García de 38 años; una mujer de 28 años en Santa Ana Centro, lesionada con arma blanca; y una mujer de 65 años en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste, también por arma blanca?Homicidios y capturas de pandilleros reportados de abril a mayo de 2026.pdf†L1-L8?. Con ello, el acumulado anual asciende a 22 homicidios intencionados hasta el 30 de abril de 2026. El país acumula 100 días sin homicidios en lo que va de 2026: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 26 en abril.
Bajo la administración del presidente Bukele, se contabilizan 1,202 días sin muertes violentas intencionales; desde la implementación del régimen de excepción, 1,088 jornadas sin homicidios, y en lo que va de 2026, 100 días sin asesinatos. El diputado Ángel Lobos aportó durante la sesión plenaria que “en 2024 se registraron 114 homicidios, mientras que en 2015 la cifra superaba los 6,600”. La génesis del régimen fue la escalada de homicidios del 25 al 27 de marzo de 2022, cuando 87 personas fueron asesinadas en 72 horas, según los decretos legislativos y la exposición de motivos del Consejo de Ministros.
Muertes en cárcel: 522 según el SJH, “94% sin perfil criminal”
El 30 de abril de 2026, el SJH publicó en su cuenta de X: “URGENTE Sube a 522 muertes bajo custodia estatal en El Salvador. Esto constituyen crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma”. La progresión de la cifra documentada por el SJH ha sido: 435 en la 44ª prórroga, 462 en la 45ª, 470 en la 47ª, 492 en la 48ª, 508 en la 49ª, 512 a principios de abril de 2026 y 520 durante la presente 50ª prórroga, hasta alcanzar 522 al cierre de abril. El 27 de marzo de 2026, al cumplirse cuatro años del régimen, el SJH presentó un informe que documentó 506 muertes. Ingrid Escobar, directora del SJH, declaró desde México, donde se encuentra exiliada:
“La causa principal de muerte que indican las esquelas de Medicina Legal es edema pulmonar, pero tenemos pruebas de violencia física, de golpes en el cráneo. Tenemos toda la prueba documental y los testimonios que vamos a presentar ante instancias internacionales”. Escobar contextualizó: “A partir de esa fecha inició una historia de detenciones injustificadas de personas inocentes”.
El desglose anual de fallecimientos presentado por el SJH muestra: 113 en 2022, 123 en 2023, 116 en 2024, 121 en 2025 y 27 en el primer trimestre de 2026, totalizando 500 hasta marzo de 2026. La geografía de las muertes se concentra en el Centro Penal de Izalco con 210 fallecidos (40% del total), seguido por el Penal de Mariona con 94 (19%), la Cárcel de Mujeres con 52, Quezaltepeque con 35 y diversas bartolinas policiales. Del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con capacidad para 40,000 internos, el SJH solo ha documentado 5 casos. Escobar denunció: “Las muertes no están ocurriendo donde están los pandilleros; están ocurriendo donde están los civiles, los pobres, los trabajadores”. El 64.3% de las víctimas fallecieron en hospitales, lo que según la organización “indica que fueron llevados cuando ya estaban agonizando o que no recibieron atención médica oportuna dentro de los penales”.
El informe del SJH detalla que el 32% de las muertes fueron violentas; el 31.8% correspondió a homicidios no investigados como tales; y el 31.6% falleció por falta de atención médica. El 94% de los fallecidos “no tenían perfil de pandilleros”, y la organización advirtió que “el número de muertes bajo custodia del Estado podrían superar las 2,000”. El 87% de los fallecidos estaba siendo procesado por delitos relacionados al régimen de excepción (84% solo agrupaciones ilícitas y 3% agrupaciones ilícitas más otro delito), mientras que el 93% “nunca tuvieron audiencia preliminar”, según el Informe muertos en prisiones de El Salvador 2022-2025 del SJH.
El 26% de los fallecidos tenía menos de 30 años; el 42% entre 30 y 50 años; y el 15% superaba los 50 años, “muchos de ellos personas que no tenían vínculo ilícito a pandillas, algunos eran familiares de pandilleros, que cuando no encontraron al que buscaban, se los llevaron a ellos, para cumplir las cuotas impuestas a Policías y Militares”.
El OUDH estimó en su boletín de abril-junio 2025 una población penitenciaria de 114,230 personas, con un hacinamiento global del 250%: el antiguo sistema penitenciario, con capacidad para 30,864, albergaba 99,410 personas (322% de hacinamiento), mientras el CECOT, con 40,000 plazas, albergaba 14,820 (37% de ocupación, según el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas” (UCA) de abril a junio de 2025. La tasa de encarcelamiento se situó en 1,889.5 por cada 100,000 habitantes, un 10.3% más que la tasa estimada en el segundo trimestre de 2024. El SJH estima que la capacidad instalada total del sistema —sumando el antiguo sistema y el CECOT— es de 70,864 plazas, mientras que la ocupación real estimada es de 119,200 reclusos, lo que eleva el hacinamiento al 369.5%. según el informe de la CIDH.
Detenciones, liberaciones y el 30% sin perfil criminal
El presidente Bukele declaró el 12 de noviembre de 2024 en Costa Rica: “Ellos han inventado esta cifra de 30,000 inocentes (detenidos)” y agregó: “Obviamente (…) no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. Ya hemos liberado 8,000 personas. Y vamos a liberar al 100% de inocentes”. El mandatario admitió: “Las operaciones (policiales) no son perfectas, y pues, sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes obviamente fueron capturados”. La cifra de 8,000 liberados equivale al 8.7% de los 91,990 capturados hasta abril de 2026. Sin embargo, diversas organizaciones —Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y MOVIR— sostienen que “hay unos 30,000 inocentes entre las 83,000 personas detenidas sin orden judicial”.
El SJH documentó que “a la PNC se le impuso cuotas diarias de detenciones de supuestos pandilleros, dándoles también potestad inconstitucional a los militares de capturar; pero los verdaderos pandilleros era difícil de detener, ya que habían buscado la forma de huir o de ocultarse; pero para cumplir esas cuotas y al no encontrar pandilleros, los policías y militares tuvieron que detener a miles de personas inocentes”, según el informe del SJH. La organización también señaló que “muchos policías y militares no estaban entrenados para identificar plenamente a los pandilleros, y al verificarlos y no encontrarlos en bases de datos policiales, instantáneamente les creaban ‘perfiles delincuenciales falsos de pandilleros o de colaboradores’, con el fin de detenerlos y así cumplir las estadísticas exigidas”.
De las 90,844 personas detenidas hasta diciembre de 2025, el SJH documentó que “la mayoría estaban siendo procesados por delitos relacionados al Régimen de Excepción (84% solo agrupaciones ilícitas y 3% agrupaciones ilícitas y otro delito)” y que “el 93% de los fallecidos estaban siendo procesados, la mayoría por delitos R.E.; nunca tuvieron audiencia preliminar”. En marzo de 2022, El Salvador tenía recluidos 39,538 personas, con una tasa de 610 por cada 100,000 habitantes; a diciembre de 2025, la población penitenciaria se estimó en 119,200, con una tasa de 1,820 por cada 100,000 habitantes.
13 homicidios reportados en marzo y abril de 2026
Durante el periodo cubierto por el régimen de excepción, la PNC ha reportado capturas de perfiles relevantes de estructuras criminales. El 30 de abril de 2026, en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste, equipos de Inteligencia e Investigaciones reportaron el homicidio de una mujer de 65 años lesionada con arma blanca. El 1 de mayo, en Puerto El Triunfo, Usulután Oeste, fue capturado Kelvin Vladimir Castro Ponce, alias “Gufy” o “El Chango Mayor”, gatillero de la pandilla Mao Mao, perfilado dentro de la estructura criminal y con récord delictivo por homicidio agravado y robo agravado. La PNC informó que “fue intervenido en el parque central del distrito, luego de ser ubicado mediante información ciudadana que alertaba sobre su presencia en la zona”.
El 7 de abril de 2026, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, publicó en X: “Este nuevo Estado está cumpliendo con su deber de erradicar a los pandilleros de nuestras comunidades y llevarlos directo a prisión por los delitos cometidos”.
Ese mismo día fue capturado William Joaquín Valenzuela García, alias “Crazy”, palabrero, gatillero y extorsionista de la MS13, quien registraba antecedentes por homicidio agravado, posesión y tenencia de droga, privación de libertad, agrupaciones ilícitas, resistencia, portación o conducción irresponsable de arma de fuego, comercio ilegal y depósito de armas de fuego, y conducción peligrosa de vehículo.
El 10 de abril, en Santa Ana Centro, fue capturado Wilber Edgardo Landaverde Sandoval, alias “Gordito” o “22”, homeboy de la MS13, reclamado por un tribunal de Santa Ana por desaparición de personas y homicidio agravado. El mismo día, Mario Ernesto Reyes Hernández, alias “Tontín”, palabrero de la MS13 con un historial delictivo que incluye homicidio agravado en 2008, 2010 y 2012, extorsión en 2008, favorecimiento a la evasión en 2010 y organizaciones terroristas en 2019, fue intervenido en el km 11 de la autopista a Comalapa, en San Marcos, San Salvador Sur.
El 14 de abril, Daniel Heriberto Vásquez Chinchilla, alias “Gato”, homeboy de la clica Tecla Locos Salvatruchos, fue capturado en Santa Tecla, La Libertad Sur. La PNC detalló que “al momento del registro, se le identificaron tatuajes alusivos a la estructura criminal, entre ellos, uno en forma de ‘La garra’ que intentó quemar y las letras M y S en cada una de las pantorrillas que ocultó con otro diseño para borrar su vínculo con la pandilla”. El 20 de abril, Eber David Canales Cerón, de 53 años, homeboy de la MS13 con función de gatillero y antecedentes por homicidio agravado en grado de tentativa y robo, fue intervenido en Santa María Ostuma, La Paz Centro.
El 23 de abril, Henry Ernesto Carballo Telule, de 26 años, homeboy de la MS13, clica Francis Locos Salvatruchos, con antecedentes desde 2017 por homicidio tentado y portación ilegal de arma de fuego, fue capturado. La PNC indicó que “según las investigaciones se encargaba de movilizar las armas y droga de la pandilla”. El 30 de abril, Gustavo Villatoro reportó la captura de Wilber Fredy Gómez, alias “Happy”, miembro de la pandilla 18 Sureños, quien “aparece en la película ‘La vida Loca’” y registra antecedentes penales por agrupaciones ilícitas en 2004, 2005, 2006 y 2007.
El 8 de abril, Walner Edenilson Quijada Cortez, alias “Roro”, de la MS13, clica Zapotitanes Criminals Salvatruchos, fue capturado por tercera vez en cuatro años. La PNC reportó que “ya había sido capturado en 2022 y 2023, sin embargo, la Ley de Menores y jueces de menores lo liberaron en ambas ocasiones”.
En el ámbito de la cooperación internacional, el 10 de abril el ministro Villatoro informó sobre la captura de Elvis Saúl Flores Sánchez, miembro activo de la MS13 detenido previamente por ICE en Los Ángeles, California: “Gracias al eficaz trabajo de nuestra PNC, en coordinación con autoridades de México, hemos logrado ubicar y capturar a Elvis Saúl Flores Sánchez (…) Ahora que se encuentra en territorio salvadoreño, nos encargaremos de que pague por cada uno de los delitos que ha cometido”.
Incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH: 70% pendientes, 17% incumplidas
El informe anual 2025 de la CIDH evaluó 23 recomendaciones emitidas al Estado salvadoreño, en su “Informe de seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH en el marco del régimen de excepción en El Salvador”. El resultado es que “ninguna alcanza un nivel de cumplimiento total o parcial sustancial, tres se ubican como parcialmente cumplidas (13%), 16 permanecen pendientes (70%) y cuatro fueron consideradas incumplidas (17%)”. Entre las incumplidas figura la recomendación de “poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción”. La CIDH constató que “el Estado no ha adoptado acciones para poner fin a la suspensión de derechos ni ha establecido un plan de restitución progresiva de garantías”, por lo que “la Comisión entiende que esta recomendación se encuentra incumplida”. También fue considerada incumplida la recomendación de retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, señalando que el Estado “ha adoptado y prorrogado medidas que mantienen y amplían el involucramiento militar”.
Respecto a la prisión preventiva, “el propio Estado ha expresado su negativa a introducir las reformas legales necesarias para incorporar un mayor catálogo de medidas alternativas” y “la CIDH observa que el Estado manifestó rechazar categóricamente cualquier intento de la CIDH de asumir funciones legislativas”. El informe también apunta que se habría incumplido la recomendación de habilitar la visita de familiares, representantes y autoridades a los centros penales. “Este resultado refleja que, aun cuando existen acciones puntuales o preparatorias, no hay evidencia suficiente de implementación ni de resultados materiales que permitan elevar los niveles de cumplimiento”. La CIDH agregó que “observa con preocupación que defensores y defensoras de derechos humanos habrían sido detenidos sin acceso a sus abogados y trasladados a lugares desconocidos, lo cual contraviene las garantías básicas del debido proceso y la protección judicial efectiva”.
El estado de cada eje temático es el siguiente: las 4 recomendaciones del Eje 1 (políticas públicas: 2, 4, 6 y 9) están pendientes de cumplimiento; las 6 del Eje 2 (reformas normativas: 1, 7, 8, 14, 17 y 22), pendientes; las 2 del Eje 3 (fortalecimiento institucional: 11 y 21), pendientes; las 3 del Eje 4 (condiciones mínimas de detención: 15, 16 y 19), pendientes; las 3 del Eje 5 (acceso a justicia: 10, 12 y 18), pendientes; las 4 del Eje 6 (acceso a la información: 3, 5, 13 y 20), pendientes; y la recomendación 23 (visita in loco), pendiente de cumplimiento.
En el informe anual 2025, la CIDH también constató retrocesos en la recomendación de mejorar el funcionamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General de la República (FGR), instituciones que “no cuentan con diagnósticos técnicos sobre sus necesidades actuales ni con hojas de ruta validadas que permitan mejorar su trabajo en lo referente a causas penales”.
El informe de seguimiento elaborado por organizaciones de la sociedad civil, que abarca de junio de 2024 a junio de 2025, documentó que la recomendación 1 (poner fin a la suspensión de derechos) registra un 1% de cumplimiento; la recomendación 6 (plan de reparación a víctimas) un 1%; la recomendación 9 (retiro de fuerzas armadas) un 1%; la recomendación 7 (adecuar legislación penal) un 1%; la recomendación 15 (remediar hacinamiento) un 1%; la recomendación 16 (condiciones mínimas de detención) un 6%; la recomendación 19 (finalidad socioeducativa juvenil) un 6%; la recomendación 21 (formación en derechos humanos) un 10%; la recomendación 3 (publicitar datos) un 11%; la recomendación 18 (sistema de denuncias) un 17%; y la recomendación 2 (política de seguridad integral) un 17%. En 22 de las 23 recomendaciones, el nivel de cumplimiento no supera el 17%, y en 16 de ellas es igual o inferior al 6%, lo que refleja, según el informe, “un panorama preocupante ante la falta de avances sustantivos en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas” .
About The Author
Descubre más desde Diario Fuentes
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
COMENTARIOS (0)