Por Alessia Genoves y Neftalí Pereira
Edgar Lisandro Winter Coronado, presbítero adscrito a la Arquidiócesis de San Salvador y párroco de la Parroquia de San Marcos, en el municipio de San Marcos, departamento de San Salvador, murió en la ciudad de Cobán, Guatemala, por suicidio. El hecho ocurrió un día después de que el Arzobispado de San Salvador emitió, el 11 de mayo de 2026, un comunicado oficial en el que confirmó haber recibido en su Curia Episcopal una denuncia por un presunto delito de abuso sexual de menores en su contra, y haber procedido de inmediato a imponerle medidas cautelares e iniciar el proceso jurídico conforme al Derecho Canónico.
La muerte del sacerdote no fue confirmada por la Policía Nacional Civil (PNC) ni la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador; tampoco por autoridades guatemaltecas equivalentes, ni por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ni sus Centros Judiciales. La única fuente oficial que confirmó públicamente tanto la acusación del delito sexual, el suicidio como su destino final fue el propio Arzobispado de San Salvador, en un segundo comunicado emitido el 14 de mayo de 2026.
El Arzobispado de San Salvador precisó, en el comunicado del 14 de mayo de 2026, que Winter Coronado “a finales del mes de abril recién pasado, viajó a los Estados Unidos para brindar un servicio pastoral, en una parroquia de ese país; sin embargo, nos hemos dado cuenta que aún sin cumplir dicha misión pastoral, por su propia iniciativa, viajó a Guatemala a su lugar de origen, la Ciudad de Cobán y allí el día 12 de mayo, recién pasado, por la noche, murió. Tristemente, la causa de su muerte fue el suicidio”.
Sólo confirmó el arzobispado ¿y la PNC, la FGR, la CSJ?
La totalidad de los detalles sobre el destino del sacerdote y las causas de su deceso provienen exclusivamente de los dos comunicados suscritos por la Vicaria Episcopal de Comunicaciones del Arzobispado de San Salvador: el primero, firmado por el Pbro. Simeón Leónidas Reyes García, Vicario Episcopal de Comunicaciones de la Arquidiócesis de San Salvador, con fecha del 11 de mayo de 2026; el segundo, emitido por la misma Vicaria el 14 de mayo de 2026.
Desde el 11 de mayo de 2026, el Pbro. Simeón Leónidas Reyes García, Vicario Episcopal de Comunicaciones de la Arquidiócesis de San Salvador, suscribió el primer comunicado oficial del Arzobispado de San Salvador relativo al caso Winter. El documento estableció textualmente: “habiéndose recibido en nuestra Curia Episcopal, la denuncia de un presunto delito de abuso sexual de menores contra el Pbro. Edgar Lisandro Winter Coronado, Esta Curia inmediatamente ha procedido a imponerle medidas cautelares, y a iniciar el debido proceso jurídico, conforme al Derecho Canónico” , según lo detalla el Comunicado del Arzobispado de San Salvador, 11 de mayo de 2026.
El comunicado no especificó el nombre de las víctimas, el número de menores involucrados, la naturaleza exacta de los actos denunciados, la fecha de los hechos ni el lugar en que habrían ocurrido. La Curia Episcopal tampoco indicó si la denuncia fue presentada simultáneamente ante la FGR o la PNC. El texto se limitó a confirmar la recepción de la denuncia, la imposición de medidas cautelares y el inicio del proceso canónico, anunciando que “En su momento les informaremos de la resolución que la iglesia dicte sobre el caso.” La figura canónica de las medidas cautelares, en el marco del Código de Derecho Canónico vigente —particularmente en su Libro VI relativo a las sanciones penales y los cánones 1717 a 1719 sobre la investigación previa— permite a la autoridad eclesiástica suspender preventivamente al clérigo acusado de sus funciones ministeriales mientras se sustancia el proceso, sin que ello implique una condena.
El 14 de mayo de 2026, la Vicaria Episcopal de Comunicaciones del Arzobispado de San Salvador emitió el segundo comunicado sobre el caso. Este documento confirmó que Winter Coronado abandonó su misión pastoral en Estados Unidos por iniciativa propia y viajó a Cobán, Guatemala, ciudad de su origen, donde murió la noche del 12 de mayo de 2026 por suicidio. El texto precisó: “nos hemos dado cuenta que aún sin cumplir dicha misión pastoral, por su propia iniciativa, viajó a Guatemala a su lugar de origen, la Ciudad de Cobán y allí el día 12 de mayo, recién pasado, por la noche, murió. Tristemente, la causa de su muerte fue el suicidio”, según la misma Vicaria Episcopal de Comunicaciones del Arzobispado de San Salvador.
El segundo comunicado tampoco aportó detalles sobre el método del fallecimiento, el establecimiento forense guatemalteco que determinó la causa de muerte, el número de expediente judicial o fiscal guatemalteco vinculado al deceso, ni la identidad de las autoridades guatemaltecas que informaron al Arzobispado. Tampoco se conoce al momento de la publicación de esta nota periodística ninguna declaración de la PNC de El Salvador, de la FGR, de la CSJ ni de los Centros Judiciales de El Salvador verificando el hecho, identificando el cuerpo o certificando la causa de muerte, circunstancias en conjunto que impiden la verificación independiente de los hechos narrados en los comunicados eclesiásticos.
Jurídicamente, la muerte de Winter Coronado, de confirmarse por autoridades competentes, extinguiría la acción penal en su contra conforme al artículo 31, numeral 1 del Código Procesal Penal de El Salvador, que establece la muerte del imputado como causal de extinción de la responsabilidad penal. En el plano canónico, el proceso iniciado por la Curia Episcopal quedaría igualmente sin efecto.
El delito denunciado contra Winter Coronado —abuso sexual en menor e incapaz— está tipificado en el Código Penal de El Salvador en sus artículos 159 y siguientes. El artículo 159 establece la agresión sexual en menor e incapaz como la realización de actos de naturaleza sexual distintos a la violación, con persona menor de quince años o incapaz, sancionándose con pena de prisión de seis a doce años. Cuando concurren circunstancias agravantes —como el abuso de autoridad, la relación de confianza o la condición de religioso o pastor— el artículo 162 del mismo Código eleva la pena a un rango de ocho a quince años de prisión en modalidad agravada.
Sacerdotes y pastores ya fueron penados hasta 26 años cárcel
Sacerdote José Adonay Chicas Campos: 16 años cárcel por agresión sexual en menor (Santa Tecla, 2019)
A 16 años de prisión, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla emitió el 18 de marzo de 2019 sentencia condenatoria contra el sacerdote José Adonay Chicas Campos, ex párroco de la iglesia Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, en La Libertad, por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz continuada. La pena ascendió a 12 años de prisión por dicho delito, más 4 años adicionales por una segunda imputación del mismo ilícito, sumando un total de 16 años.
El tribunal fijó además una responsabilidad civil de $1,200. La FGR estableció que Chicas Campos agredió sexualmente a la víctima —un menor de edad que asistía a la parroquia— durante aproximadamente dos años en el interior del recinto parroquial, donde el sacerdote había permanecido 25 años. A cambio de los actos, entregaba al menor cantidades de entre $10 y $50, que posteriormente dejó de pagar. La captura se ejecutó en junio de 2018. El sacerdote fue absuelto en el mismo juicio del cargo de remuneración por actos sexuales o eróticos y corrupción de niños por medios tecnológicos, por insuficiencia probatoria de la FGR en ese extremo, según lo detalla Centros Judiciales de la CSJ.
Sacerdote José Venancio Boror Uz: 2 absoluciones tras proceso por agresión sexual en menor (San Salvador, 2019–2021)
2 años, 1 mes de detención provisional, sin condena: El sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz, de 63 años, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes del barrio Lourdes de San Salvador, fue detenido el 13 de abril de 2019 y enfrentó tres acusaciones independientes por agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada, en perjuicio de menores de edad que eran parte de la comunidad parroquial.
El Juzgado 13° y 5° de Paz de San Salvador ordenaron instrucción formal con detención provisional el 9 de septiembre de 2019. En mayo de 2020, el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador denegó medidas alternas a la detención. El 9 de noviembre de 2020, el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador absolvió al sacerdote en el primer juicio, por contradicciones entre la acusación fiscal y la declaración rendida por la víctima en Cámara Gesell, así como porque el material pornográfico hallado en la computadora incautada tenía fecha posterior a la captura del religioso.
El 16 de febrero de 2021, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador lo absolvió en el segundo juicio, por duda razonable: “para ella no hubo certeza de que los hechos hayan existido, ya que en el transcurso del juicio hubo testimonios que desmintieron las declaraciones de las víctimas.”, detallan Centros Judiciales. En consecuencia, Boror Uz recuperó su libertad tras haber permanecido detenido desde el 13 de abril de 2019.
William González: 12 años cárcel por agresión sexual en menor en iglesia evangélica de Nejapa (San Salvador, 2017)
12 años de prisión: El Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador condenó el 23 de noviembre de 2017 a William González, de 27 años, asistente del pastor de una iglesia evangélica en Nejapa, por agresión sexual en menor e incapaz continuada en contra de dos adolescentes de 15 y 16 años. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2015, durante una actividad exclusiva para jóvenes en el recinto de dicha iglesia. Al término de la actividad, mientras las víctimas dormían en colchonetas, González ejecutó los delitos, según detalló Centros Judiciales, en la misma fecha.
Pastor Juan Antonio C.: 16 años cárcel por agresión sexual continuada en menor de 7 años (Chalatenango, 2022)
16 años de prisión: El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó el 2 de febrero de 2022 al pastor evangélico Juan Antonio C. por agresión sexual continuada en menor e incapaz en perjuicio de una niña de siete años. Los hechos ocurrieron entre enero y marzo de 2019 en el cantón Aguaje Escondido, municipio de Chalatenango.
El condenado, quien convivía con la madre de la víctima desde inicios de 2019, sometió a la menor a tocamientos impúdicos nocturnos, amenazándola con matarla a ella o a su hermano si lo revelaba. La víctima informó primero a su madre —quien no le creyó— y posteriormente a su padre, quien interpuso la denuncia en la FGR en abril de 2019. El juicio validó en la declaración de la víctima rendida en Cámara Gesell y en peritajes del Instituto de Medicina Legal, según detalló Centros Judiciales en la misma fecha del 2 de febrero de 2022.
Pastor Juan Antonio Jurado: acoso sexual en menor de 14 años, con medidas alternas (Soyapango, 2023)
El pastor Juan Antonio Jurado, de 67 años, que ejercía funciones pastorales en una iglesia evangélica ubicada contigua a un colegio en la colonia Las Flores de Soyapango y trabajaba en la oficina pastoral del mismo centro educativo, fue acusado por la FGR del delito de acoso sexual en menor por hechos ocurridos a principios de febrero y el 9 de mayo de 2022, en perjuicio de una adolescente de 14 años.
El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, en audiencia inicial, resolvió instrucción formal con medidas alternas a la detención provisional el 10 de enero de 2023: presentación cada 15 días ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango, prohibición de cambiar de domicilio o salir del país sin autorización judicial, y prohibición de acercarse a la víctima o sus padres, detalló Centros Judiciales, el 10 de enero de 2023.
Gilberto Andrés Linares Zavaleta: 4 años cárcel por acoso sexual en menor de 9 años en iglesia evangélica de Santa Ana (2023)
4 años de prisión, condenado prófugo: El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó el 17 de noviembre de 2023 a Gilberto Andrés Linares Zavaleta, identificado al interior de la comunidad eclesiástica como “hermano Beto”, por el delito de acoso sexual en menor e incapaz en perjuicio de una niña de nueve años.
Los hechos ocurrieron en julio de 2021 en una iglesia evangélica de Santa Ana, cuando Linares Zavaleta abrazó a la víctima por la espalda y le tocó sus partes íntimas mientras la menor jugaba en la bodega del templo. La niña logró escapar e informó a su abuela, quien confrontó al agresor sin que este mostrara remordimiento.
El tribunal determinó que la declaración de la víctima fue coherente y concordante, acreditando el dolo y el daño psicológico causado. Al momento de la sentencia, Linares Zavaleta se encontraba prófugo, manteniéndose la orden de captura, detalló Centros Judiciales el 17 de noviembre de 2023.
Sacerdote J.A.R.M.: 15 años cárcel por acoso sexual y agresión sexual agravada en menores de 12 y 14 años (Usulután, 2025)
15 años de prisión. $2,140 en reparación civil: El Tribunal de Sentencia de Usulután declaró culpable el 24 de noviembre de 2025 al sacerdote J. A. R. M. por acoso sexual y agresión sexual agravada en perjuicio de dos acólitos menores de edad de una parroquia del distrito de San Francisco Javier, Usulután Oeste. Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2024 en los cantones Los Horcones y El Jobal.
El sacerdote se aprovechó de su posición eclesiástica para abordar a las víctimas tras las actividades religiosas. La investigación se inició luego de que uno de los menores revelara los abusos a su madre, lo que permitió identificar al segundo afectado. Las condenas fueron diferenciadas: por la víctima de 12 años, 4 años de prisión por acoso sexual más $700 de reparación civil; por la víctima de 14 años, 4 años por acoso sexual y 7 años por agresión sexual agravada —11 años en total— más $1,440 de reparación civil. La sentencia se emitió en ausencia del condenado, emitiéndose orden de captura, detalló Centros Judiciales el 24 de noviembre de 2025.
Pastor Henry Giovanni Beltrán López: 26 años y 8 meses cárcel por violación agravada en menor de 15 años (Santa Tecla, 2025)
26 años y 8 meses de prisión: El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó el 23 de septiembre de 2025 al pastor evangélico Henry Giovanni Beltrán López, de 34 años, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista “Creeré” del municipio de Aguilares, por los delitos de violación agravada y agresión sexual continuada en perjuicio de una adolescente de 15 años. Los hechos iniciaron el 4 de octubre de 2014, cuando Beltrán López trasladó a la víctima en su vehículo desde su domicilio hacia la iglesia, en la colonia Las Mercedes, y comenzó a abusar de ella bajo amenazas. La condena de 26 años y 8 meses constituye la pena más alta registrada en los precedentes documentados relativos a líderes religiosos por delitos sexuales en El Salvador, detalló la CSJ el 23 de septiembre de 2025.
Pastor José Antonio V.: Detención por agresión sexual y exhibiciones obscenas en menor de 9 años (San Martín, 2023)
Detención provisional: El Juzgado Primero de Paz de San Martín resolvió el 27 de marzo de 2023 instrucción con detención provisional en contra de José Antonio V., de 72 años, quien se identificó como pastor evangélico desde hace más de 20 años, por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz y exhibiciones obscenas en perjuicio de una menor de nueve años.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2022 en la colonia San Fernando, municipio de San Martín: el acusado mostró videos y material pornográfico en televisión a la víctima y otro menor de edad, y en una tercera ocasión la tocó en sus partes íntimas mientras dormía. La menor se decidió a denunciar tras ver un caso similar en televisión. El imputado ingresó al Centro Penal La Esperanza en San Luis Mariona en calidad de detenido provisional, mientras la FGR continuaba las investigaciones, detalló la CSJ el 27 de marzo de 2023.
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