Liberan a 14 extranjeros acusados de “estafas gota a gota”

Por: Neftali Hernandez Pereira

El 8 de julio de 2025, quince ciudadanos extranjeros fueron liberados del sistema penitenciario salvadoreño tras aceptar formalmente cargos por lavado de dinero, receptación y agrupaciones ilícitas en el caso denominado “Gota a Gota”. El grupo estaba conformado por catorce colombianos y una ciudadana guatemalteca, quienes permanecían detenidos en diferentes centros penitenciarios del país centroamericano.

La liberación se materializó después de que el Juzgado Especializado Sexto de San Salvador aprobara un proceso abreviado que permitió reducir las penas mediante una negociación con los fiscales del caso. Los extranjeros confesaron su participación en la red de microcrédito ilegal que operaba en territorio salvadoreño, lo que facilitó el acuerdo judicial que condujo a su salida de prisión.

Antecedentes del caso

La investigación del caso “Gota a Gota” comenzó entre 2023 y 2024 cuando autoridades salvadoreñas detectaron movimientos financieros irregulares asociados a préstamos informales de alto interés. Este sistema de microcrédito ilegal, conocido popularmente como “gota a gota”, se caracteriza por otorgar préstamos de montos pequeños con intereses excesivos y cobros diarios.

Las autoridades identificaron que la red operaba principalmente en mercados, centros comerciales y zonas residenciales de San Salvador, Soyapango y Santa Tecla. Los investigadores determinaron que los implicados utilizaban documentos falsos y cuentas bancarias de terceros para ocultar el origen de los fondos prestados.

La Fiscalía General de la República estableció que la organización manejaba aproximadamente 2.5 millones de dólares en operaciones mensuales. Los préstamos oscilaban entre 100 y 5,000 dólares, con tasas de interés que superaban el 300% anual, muy por encima de los límites legales establecidos por el Banco Central de Reserva de El Salvador.

Desarrollo de la investigación

El proceso investigativo involucró a la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General, que trabajó en coordinación con la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en dieciocho inmuebles ubicados en diferentes municipios del área metropolitana de San Salvador.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron documentos contables, equipos electrónicos, vehículos y efectivo por un valor estimado en 800,000 dólares. También se identificaron propiedades adquiridas con recursos provenientes de la actividad ilícita, las cuales fueron sometidas a medidas cautelares.

La investigación reveló que la red contaba con una estructura jerárquica definida, donde los ciudadanos colombianos ocupaban posiciones de liderazgo en las operaciones financieras. Los implicados utilizaban códigos específicos para comunicarse y llevaban registros detallados de los préstamos otorgados y los pagos recibidos.

Proceso judicial

El caso fue asignado al Juzgado Especializado Sexto de San Salvador, que tiene competencia en delitos relacionados con lavado de dinero y crimen organizado. Durante las audiencias preliminares, la defensa de los implicados solicitó medidas sustitutivas a la detención provisional, petición que fue denegada por el riesgo de fuga.

Los fiscales presentaron pruebas documentales y testimoniales que demostraban la participación de los extranjeros en las operaciones ilícitas. Entre las evidencias se encontraban registros bancarios, comunicaciones interceptadas y testimonios de personas que habían recibido préstamos de la organización.

La estrategia de la defensa se centró en demostrar que algunos de los implicados tenían un papel secundario en la organización y que habían actuado bajo coacción. Sin embargo, las pruebas recopiladas por la fiscalía establecieron la participación activa de todos los procesados en diferentes niveles de la estructura criminal.

Negociación y acuerdo

La negociación entre la fiscalía y la defensa se desarrolló durante tres meses, período en el cual se evaluaron los alcances de la cooperación ofrecida por los implicados. Los extranjeros proporcionaron información sobre el funcionamiento de la red, incluyendo nombres de contactos en otros países y detalles sobre las rutas de transferencia de dinero.

El acuerdo alcanzado contempló la confesión formal de los delitos de lavado de dinero, receptación y agrupaciones ilícitas. A cambio, los fiscales recomendaron penas reducidas que permitieron la aplicación de beneficios procesales, incluyendo la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Las autoridades salvadoreñas destacaron que la cooperación brindada por los procesados contribuyó significativamente a desmantelar la red criminal y a identificar conexiones internacionales de la organización. Esta información será compartida con autoridades de otros países donde operan redes similares.

Procedimiento de deportación

Una vez liberados, los quince extranjeros quedaron bajo custodia de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, entidad encargada de ejecutar las órdenes de deportación. El proceso incluye la verificación de la documentación de identidad y la coordinación con las autoridades consulares de los países de origen.

Los ciudadanos colombianos serán trasladados a territorio colombiano en vuelos coordinados por la Cancillería salvadoreña y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Se espera que el proceso de deportación se complete en un plazo máximo de quince días hábiles.

La ciudadana guatemalteca seguirá un procedimiento similar, con la particularidad de que las autoridades migratorias guatemaltecas han solicitado información adicional sobre su participación en el caso antes de autorizar su ingreso al país.

Implicaciones legales en Colombia

Las autoridades colombianas han confirmado que los catorce ciudadanos deportados serán recibidos por funcionarios de Migración Colombia en el aeropuerto internacional de Bogotá. El proceso incluye la verificación de antecedentes penales y la evaluación de posibles investigaciones en curso en territorio colombiano.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha iniciado contactos con sus homólogos salvadoreños para obtener copias de las investigaciones realizadas. Esta información será analizada para determinar si existen bases para iniciar procesos penales adicionales relacionados con actividades similares en territorio colombiano.

Las autoridades migratorias colombianas han indicado que los deportados quedarán sujetos a medidas de control migratorio que incluyen la prohibición de salida del país por un período determinado. También se evaluará la imposición de restricciones adicionales según el nivel de participación de cada persona en las actividades ilícitas.

Impacto en la lucha contra el lavado de dinero

El caso “Gota a Gota” representa un precedente importante en la cooperación judicial internacional para combatir redes de lavado de dinero que operan en múltiples países. Las autoridades salvadoreñas han destacado la importancia de mantener canales de comunicación efectivos con sus homólogos regionales.

La investigación demostró la necesidad de fortalecer los controles sobre las operaciones financieras informales, particularmente aquellas que involucran a ciudadanos extranjeros. Las autoridades han anunciado la implementación de nuevos protocolos de supervisión para detectar actividades similares en etapas tempranas.

El desmantelamiento de esta red ha permitido recuperar recursos que serán destinados a un fondo de reparación para las víctimas del sistema de préstamos ilegales. Se estima que más de 500 personas resultaron afectadas por las prácticas abusivas de la organización criminal.

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