Feminicidios suben un 18%. 25 feminicidas son penados en lo que va de 2026

Por Alessia Genoves y Carlos Arita

Al 18% se elevan los feminicdios y muertes violenta por mujeres. El dato lo confirma la Organización de Mujeres Salvadoreñas pr la Paz (Ormusa), y refiere al incremento inter-anual de homicidios intencionados, llegando a los 13 registrados durante el 1 de enero al 31 de mayo de 2026; en contraste con los únicos 11 feminicidios y muertes violentas de mujeres en el mismo período del año 2025. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han constatado la condena de al menos 25 personas implicadas en los delitos de feminicidio durante el año 2026; mientras que otras 18 personas permanecen en detención provisional.

En comparación con mayo de 2024, el acumulado de feminicidios a mayo de 2024 ascendía a 15 casos considerando la distribución mensual de 2024, mientras que el total anual fue de 46 feminicidios, lo que implica un promedio mensual de 3.83 casos. De los 26 feminicidios reportados de enero a diciembre de 2025, según Ormusa, 14 casos correspondieron a feminicidios de pareja o expareja, representando el 54% del total, mientras que 12 casos (46%) correspondieron a otros feminicidios o muertes violentas; y, entre las que el“54% Feminicidios/ muertes violentas” y “46% (12 victimas) Suicidio feminicida”. Los datos globales contrasta con los 82 homicidios intencionados reportados por la PNC al 31 de diciembre de 2025, según datos globales de la FGR; pero que serían significativamente menores respecto a los 114 homicidios intencionados de 2024; y los 154 homicidios intencionados de 2023″.

La FGR acumula 28 homicidios intencionados al mes de mayo de 2026, según los datos de la institución, distribuidos en 4 casos en enero, 5 en febrero, 10 en marzo, 3 en abril y 6 en mayo, que suman un total de 28 homicidios intencionados en el primer cuatrimestre y un mes del año 2026. Entre los procesos judiciales resueltos por la FGR durante 2025 y 2026 se encuentran condenas contra Edwin Antonio Cáceres Ramírez (75 años por feminicidio agravado y desaparición de personas), Santos Umaña (56 años por feminicidio), Leonel Antonio Hernández Flores, Tomás Jiménez y Jorge Alexander Martínez Jiménez (50 años cada uno por feminicidio agravado), Ricardo Adalberto López Cruz, Marco Antonio Andrés Meléndez.

Los 13 feminicidios y 28 homicidios

Los 13 feminicidios documentados por ORMUSA del 1 de enero al 31 de mayo de 2026 superan en 2 casos los 11 feminicidios registrados en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 18%, según la página 2 del documento “13 feminicidios y muertes violentas de mujeres durante

los primeros cinco meses de 2026″. En comparación con mayo de 2024, el acumulado de feminicidios a mayo de 2024 ascendía a 15 casos considerando la distribución mensual de 2024: enero 2 casos -según datos de ORMUSA para 2024-, febrero 2, marzo 4, abril 2 y mayo 1. De modo que el total anual de 2024 fue de 46 feminicidios, lo que implica un promedio mensual de 3.83 casos.

Los 26 feminicidios reportados de enero a diciembre de 2025 dieron lugar a que en enero se registraran 2 casos, en febrero 2 casos, en marzo 4 casos, en abril 2 casos, en mayo 1 caso, en junio 2 casos, en julio 1 caso, en agosto 2 casos, en septiembre 4 casos, en octubre 3 casos, en noviembre 1 caso y en diciembre 2 casos. La distribución por tipología de los 26 feminicidios de 2025 indica que 14 casos correspondieron a feminicidios de pareja o expareja, representando el 54% del total, mientras que 12 casos (46%) correspondieron a otros feminicidios o muertes violentas.

Los 82 homicidios intencionados reportados por la PNC al 31 de diciembre de 2025, según datos estadísticos de la FGR, se distribuyeron por categoría en 8 casos de Delincuencia General, 43 casos de Intolerancia Social y 31 casos de Intolerancia Familiar. Los 114 homicidios intencionados de 2024 se distribuyeron en 33 casos de Delincuencia General, 34 de Intolerancia Social y 47 de Intolerancia Familiar.

Los 154 homicidios de 2023 se distribuyeron en 53 casos de Delincuencia General, 54 de Intolerancia Social y 47 de Intolerancia Familiar. Los 28 homicidios intencionados acumulados a mayo de 2026, según la misma base de datos de la FGR, se distribuyen en 4 casos en enero, 5 en febrero, 10 en marzo, 3 en abril y 6 en mayo, con un total acumulado de 28 casos, de los cuales 4 corresponden a Delincuencia General (enero), 0 a Intolerancia Social y 0 a Intolerancia Familiar en los meses de enero a marzo.

La distribución por categorías de los homicidios intencionados durante 2022, según el archivo “Homicidios Intencionados, datos de la Fiscalía General de la República (FGR) de enero 2022 a marzo 2026 – muestra que “la delincuencia general fue responsable de 429 casos (86.5%), la intolerancia social de 36 (7.3%) y la intolerancia familiar de 31 (6.2%)” del total de 496 homicidios registrados en 2022.

Para 2023, “la distribución por categorías evidenció un cambio: la delincuencia general registró 53 casos (34.4%), la intolerancia social 54 (35.1%) y la intolerancia familiar 47 (30.5%)” del total de 154 homicidios. Durante 2024, “la delincuencia general representó 33 casos (28.9%), la intolerancia social 34 (29.8%) y la intolerancia familiar 47 (41.2%)” del total de 114 homicidios.

25 feminicidas a cárcel, otros 18 en proceso

Unos 25 feminicidios intencionados han sido judicializados por la CSJ, según lo han anunciado las oficinas de Centros Judiciales y la FGR, y conforme a los últimos registros elaborados por Diario Fuentes durante los primeros cinco meses del año 2026. Por otra parte, ambas instituciones han detallado la identidad de otras 18 personas involucradas en muertes violentas de mujeres, son acusadas formalmente por el delito de feminicidio, pero aún son procesados mientras se determina su responsabilidad sobre los hechos; es decir, aún no han sido declarados culpables.

Datos de oficiales de la FGR detallan que Ricardo Adalberto López Cruz, Marco Antonio Andrés Meléndez, Christian Xavier Calderón Belloso y Víctor Christian Ángel Andrés fueron condenados a 50 años de prisión cada uno por el delito de feminicidio agravado, según resolución del Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, estableciendo que “el 22 febrero de 2022, alrededor de las 9:00 p. m., uno de los agresores le pidió que lo acompañara a otra comunidad; por la relación previa de amistad y confianza que ella tenía con él, aceptó y salió de su casa para reunirse con él“.

La misma institución reporta que el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a Leonel Antonio Hernández Flores, Tomás Jiménez y Jorge Alexander Martínez Jiménez a 50 años de prisión cada uno por feminicidio agravado, y a Sandra María Alfaro Argueta a 15 años de cárcel por desaparición de personas. El documento establece que “la investigación determinó que todos eran miembros del grupo terrorista Mara Salvatrucha (MS-13), que delinquía en la zona de Apopa, donde residía la víctima, a quien habían amenazado por rechazar tener una relación sentimental con Leonel Hernández, alias Demente”.

La FGR también reporta la condena de Edwin Antonio Cáceres Ramírez a 75 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado (50 años) y desaparición de personas (25 años), según resolución del Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de Santa Ana. El documento señala que “el imputado se encuentra rebelde, por lo que se ratificó la orden de captura en su contra, a fin de que, una vez detenido, cumpla la condena impuesta” y que “los hechos ocurrieron el 19 de marzo de 2024, cuando la víctima fue asesinada. Su cuerpo fue localizado el 27 de marzo en un cañal del distrito de San Julián, en Sonsonate Este. La autopsia determinó que presentaba un traumatismo contuso en el cráneo”.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a José Carlos Flores Hernández a 50 años de prisión por feminicidio agravado, estableciendo que “Flores Hernández, quien laboró en el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), mantuvo una relación de 34 años con la víctima, con quien procreó cuatro hijos” y que “durante la convivencia, ella estuvo inmersa en un ciclo de violencia emocional, psicológica y física, el cual se intensificaba cuando el imputado ingería alcohol”.

En uno de los casos, la Sala de lo Penal de la CSJ emitió la resolución 430C2025 el 28 de enero de 2026, con ponencia del magistrado Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, la magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes y el magistrado Roberto Carlos Calderón Escobar, mediante la cual declaró inadmisibles los motivos de impugnación dos y tres del recurso de casación interpuesto por la defensora particular del imputado, y admitió el motivo primero relativo a “si la sentencia se basa en prueba ilícita o que no haya sido incorporada legalmente al juicio”, conforme al art. 478 N° 2 CPP, para finalmente declarar no ha lugar a casar la sentencia que confirmó la condena de 30 años de prisión por el delito de Feminicidio regulado en el art. 45 literales b), c), y d) de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

La resolución 430C2025 establece que “el 29 de agosto de 2024, el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres del distrito de Cojutepeque, municipio de Cuscatlán Sur, departamento de Cuscatlán, celebró la audiencia preliminar y al finalizar la misma dictó auto de apertura a juicio por el delito de Feminicidio”, y que “el 24 de marzo de 2025, dictó sentencia condenatoria en contra del imputado, imponiéndole la pena de 30 años de prisión”. La Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, distrito de San Salvador, confirmó la sentencia el 11 de julio de 2025, y la Sala de lo Penal resolvió que “decláranse inadmisibles los motivos de impugnación dos y tres” y “declárase no ha lugar a casar, la sentencia de las 15:00 horas del 11 de julio de 2025”.

En otro caso, la Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió la resolución 740-2024 el 4 de marzo de 2026, mediante la cual declaró improcedente la petición de hábeas corpus presentada por un imputado condenado por feminicidio, estableciendo que “lo alegado está orientado a que este tribunal revise los resultados del análisis probatorio hecho por la autoridad judicial demandada en la sentencia condenatoria dictada en su contra, controvirtiendo ante esta sede los medios probatorios incorporados al proceso; sin embargo, tales aspectos no pueden ser determinados mediante el proceso constitucional que nos ocupa”. La resolución 740-2024 señala además que “los reclamos alegados han sido controvertidos en apelación y casación, confirmando la condena el tribunal de primera instancia y declarándose inadmisible el recurso respectivo por parte de la Sala de lo Penal”.

La Sala de lo Penal misma, en otro proceos, emitió la resolución 61EXC2026 el 22 de abril de 2026, que establece establece que “la magistrada solicitante junto a la magistrada emitieron resolución 16 de agosto de 2023, mediante la cual confirmaron la sentencia definitiva condenatoria pronunciada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres del distrito de Santa Ana, contra el imputado, por el delito de Feminicidio Agravado, en perjuicio de la víctima”. La CSJ designó en su lugar a una magistrada suplente de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.

La referencia judicial 56C2025, emitida el 24 de febrero de 2025 por la Sala de lo Penal de la CSJ, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensora particular contra la resolución que confirmó la sentencia condenatoria de 50 años de prisión impuesta al imputado JEAA por el delito de feminicidio agravado.

El documento “03-2025 del Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, San Miguel”, fechado el 30 de enero de 2025, documenta el proceso contra el procesado rebelde JJRH o JLHR, (a) El A***, por el delito de feminicidio agravado, previsto y sancionado en los artículos 45 literales b) y c), relacionado al artículo 46 literal b) de la LEIV.

El expediente señala que “el imputado que fue declarado rebelde, mediante la resolución de fecha 29/11/2024” y que la jueza procedió a excusarse del conocimiento del caso estableciendo que “al haber conocido del fondo de los hechos y la prueba practicados, respecto de un mismo contexto ilícito, es decir, la muerte violenta de la víctima, estoy prejuiciada para conocer en relación a la participación del imputado”. El tribunal ordenó “librar edicto judicial para su notificación. Para tales efectos, deberá librarse comunicación oficial al Departamento de Edictos Judiciales, del Órgano, en donde se solicite la publicación del edicto, durante tres días consecutivos en uno de los diarios de circulación nacional de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 163 del Código Procesal Penal”.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en periodismo de datos, marketing y redes sociales

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