Por Alessia Genoves y Neftalí Pereira
29 ediciones se cumplen a la Marcha del Orgullo LGBTI se celebran en San Salvador, la manifestación de su tipo más antigua de Centroamérica, organizada por la Federación Salvadoreña LGBTI bajo la consigna “No paremos la marcha”.El recorrido que inició del redondel Masferrer, atravesó el Paseo General Escalón y la avenida Roosevelt, hasta concluir en la 25 avenida sur, en la intersección con el parque Cuscatlán y el hospital Rosales, según lo detalló la institución.
La Federación, sin embargo, no divulgó una cifra oficial de asistentes. Activistas y participantes lamentaron la ausencia de la cantidad de marchistas que participaron en los últimos tres años, pero no siendo menor en número respecto a la del año anterior. La opinión general de los activistas, al respecto, respondía a la falta de insumos de transporte para incorporar a los asistentes de otras localidades del país, el recorte de presupuestos y donaciones que no llegaron a las instituciones organizadoras ante la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros; y un presunto miedo generalizado de marchistas y de organizaciones por las políticas del Gobierno del Presidente Nayib Bukele frente a las agendas que a las que señala como“ideología de género”, que no identifican plenamente las consignas del movimiento.
Karla Guevara, vocera de la Federación organizadora, situó la demanda en perspectiva histórica al señalar que la lucha por nombrar abiertamente a personas de la diversidad sexual y genérica “sigue siendo necesaria”, según sus declaraciones emitidas a la prensa. Otra participante consultada por la misma organización resumió la exigencia colectiva en torno al acceso a trabajo, salud, educación en consecuencia a la ausencia de documentos que respeten la identidad sexual que el Gobierno se negaría a cumplir, pese a las exigencias establecidas a legislar por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en el año 2022.
La Marcha de 2026 evaluciona y retrocede
Bailes, batucadas, carrozas decoradas con lentejuelas, banderas multicolor y carteles con consignas políticas acompañaron el trayecto de la edición 29, en una jornada que combinó expresión artística con exigencia de derechos. Familias completas acompañaron a integrantes de la comunidad LGBTI durante el recorrido, mientras cuerpos de cachiporras conformaron uno de los bloques más vistosos de la jornada. El colectivo organizador exigió nuevamente la aprobación de una Ley de Identidad de Género, propuesta que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, “engavetó y se negó a estudiarla”, según consignó éste medio.
En contraste con la edición actual, unas 200 personas participaron en la primera marcha, realizada el 28 de junio de 1997 bajo el nombre de Marcha del Orgullo Gay, organizada por la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos Entre Amigos, bajo la dirección de su fundador William Hernández, en el contexto de la posguerra. El trayecto inicial partió del parque Cuscatlán, cruzó el centro histórico capitalino y culminó en la plaza Francisco Morazán, en memoria de un grupo de travestis asesinadas por el Ejército en 1984; la actividad careció de autorización municipal, aunque contó con apoyo logístico de la Policía Nacional Civil.
2009 marcó el primer giro institucional hacia la comunidad LGBTI, con la prohibición de la discriminación por orientación sexual en el sistema de salud pública y, bajo la presidencia de Mauricio Funes, la creación de la Dirección de Diversidad Sexual, adscrita a la Secretaría de Inclusión Social. Un año después, el decreto ejecutivo 56 prohibió formalmente toda discriminación por orientación sexual e identidad de género dentro de la administración pública, con lo que El Salvador se convirtió en el segundo país de la región, después de Nicaragua en 2008, en adoptar una medida legal de este tipo.
2019 interrumpió esa ruta. Con la llegada a la presidencia de Nayib Bukele, en junio de ese año, una de las primeras decisiones de su gabinete fue la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, de la que dependía la Dirección de Diversidad Sexual, cuyas funciones pasaron a la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura. El decreto ejecutivo 56 quedó sin efecto legal, según constató Diario Fuentes tras consultar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
22,000 personas marcharon en la edición de 2022, bajo la consigna “sin demora, ley de identidad ahora”, en un recorrido que partió de la Universidad de El Salvador hasta la plaza Salvador del Mundo; la edición de 2024 reunió, en cambio, a 24,000 asistentes, según el conteo difundido por el portal especializado Washington Blade, que documentó los retrocesos señalados ese año por el Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador: la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto 56 y la exclusión de la atención LGBTI en los sistemas de salud y educación.
A diferencia de ediciones anteriores, la jornada de 2026 careció de festival de cierre. Karla Guevara explicó que la organización “no nos dan permiso para montar una tarima y hacer festival”, según lo expuso a la prensa la activista. Además, el anuncio oficial de la Federación Salvadoreña LGBTI amplió que el mismo contaría con el itinerario y la convocatoria abierta a la ciudadanía desde la 1:00 de la tarde. “Vamos a caminar, vamos a celebrar, vamos a protestar, vamos a hacer historia otra vez”, publicó la Federación Salvadoreña LGBTI en sus redes sociales durante la convocatoria, bajo las etiquetas #NoParemosLaMarcha y #OrgulloTodoElAño.
Ley de Identidad de Género, deuda legislativa de cinco años
2021 fue el año en que un grupo de legisladores, junto con organizaciones de sociedad civil, presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Identidad de Género, orientado a crear un mecanismo institucional para el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans. Para julio de 2022, la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género de la Asamblea aún no había revisado la propuesto, según se documenta en el Archivo Legislativo.
Marzo de 2022 registró la única vía de reconocimiento documentada en ese período: Bianka Rodríguez, secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI, se convirtió en la primera persona en El Salvador en lograr la rectificación de sus documentos de identidad para reflejar su nombre y su identidad de género, mediante un proceso judicial individual y no por la vía de una ley general. Meses después, la misma activista denunció amenazas de muerte atribuidas a presuntos grupos criminales
Los años 2023, 2024, 2025 y 2026 replicaron el desenlace legislativo de los años anteriores: la propuesta de Ley de Identidad de Género volvió a quedar sin estudio formal por parte del pleno legislativo; y sin continuar con la discusión formal legislativa que pasaría a la Comisión de la Familia, Niñez y Adolescencia, para dar lugar al mandato imperativo de la Sala de lo Constitucional.
Ley de Agentes Extranjeros: registro, impuesto del 30 % y sanciones
El 30% es la tasa del impuesto que la Ley de Agentes Extranjeros, decreto legislativo 308, aplica sobre cada transacción financiera, desembolso, transferencia o donación proveniente de un “mandante extranjero” hacia los sujetos obligados en El Salvador, según el artículo 11 del decreto, publicado en el Diario Oficial número 100, tomo 447, el 30 de mayo de 2025. La norma fue aprobada el 20 de mayo de ese año con 57 votos, durante la sesión plenaria ordinaria número 56 de la Asamblea Legislativa, con dispensa de trámite en la pieza de correspondencia 1-A, y entró en vigencia el 7 de junio, ocho días después de su publicación.
Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas, directa o indirectamente, por una persona extranjera, queda obligada a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros, dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial creada por el artículo 6 del decreto. El RAEX, según su artículo 7, tiene atribuciones para aprobar, denegar, revocar o no renovar solicitudes de registro, además de solicitar la suspensión o cancelación de la personería jurídica de los entes obligados que incumplan la ley.
US$100,000 a US$150,000 de multa enfrentan las organizaciones que incumplan las obligaciones de registro del artículo 8, mientras que las violaciones a las prohibiciones del artículo 9 —entre ellas recibir donaciones anónimas o financiar actividades no declaradas previamente ante el RAEX— se sancionan con multas de US$150,000 a US$250,000, conforme al artículo 19 de la norma. El plazo de inscripción venció el 4 de septiembre de 2025, noventa días después de la entrada en vigencia de la ley, según el artículo 24 del decreto.
1,815 organizaciones no gubernamentales operaban en El Salvador al momento de aprobarse la ley, de las cuales 269 eran de origen extranjero, junto con 6,176 asociaciones y 1,568 fundaciones, todas sujetas al nuevo régimen, según cifras del Ministerio de Gobernación citadas en la cobertura original de este medio sobre la normativa.
La reactivación de la ley, presentada por primera vez en noviembre de 2021 y archivada entonces tras una crisis diplomática con Alemania —cuya agencia de cooperación, GIZ, suspendió proyectos valorados en 7 millones de euros—, ocurrió en un contexto de protestas de la cooperativa El Bosque, cuyos integrantes denunciaron la pérdida de 197 manzanas de tierra adquiridas por alcaldías de Santa Tecla por US$366,613 entre 2013 y 2017, en un proceso que el presidente Bukele calificó de estafa contra 300 campesinos.
Rusia desde 2012, Hungría desde 2017, Nicaragua desde 2020, India desde 2019, Egipto desde 2017 y Venezuela desde 2024 cuentan con legislaciones de control sobre financiamiento extranjero a organizaciones civiles, aunque ningún otro modelo internacional incluye la confiscación directa de un porcentaje del financiamiento recibido, según evaluó José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, en declaraciones recogidas por este medio.
La Fundación Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos no gubernamentales en El Salvador, anunció en julio de 2025 su salida del país por el acoso y las amenazas jurídicas derivadas de la nueva ley. Su director ejecutivo, Noah Bullock, explicó que la entidad mantuvo su inscripción en el RAEX con la expectativa de que, “cuando exista un mínimo de seguridad jurídica”, pueda regresar a trabajar, aunque sin solicitar la calificación de sujeto excluido del impuesto del 30%, según el representante.
1988 fue el año de fundación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, organización que en septiembre de 2025 anunció el cierre legal de sus operaciones en el país, al considerar que la Ley de Agentes Extranjeros coloca a la sociedad civil ante “una encrucijada ineludible” entre operar bajo un marco restrictivo o disolverse, según lo comunicaron a la prensa. La Asociación de Periodistas de El Salvador cerró también sus oficinas ese mes, al calificar de“asfixiantes” los requisitos de la norma, y al menos otras tres organizaciones suspendieron operaciones desde la entrada en vigor de la ley, de acuerdo con el informe mundial 2026 de Human Rights Watch.
US$12,883 millones destinó la agencia estadounidense USAID a El Salvador entre 2000 y 2024, financiamiento suspendido desde el primer mes del segundo periodo presidencial de Donald Trump, según el portal Foreign Assistance citado en la cobertura original de este medio; los fondos destinados a derechos humanos y participación ciudadana cayeron a US$188,670 en 2024, antes incluso de la entrada en vigor de la nueva norma. La Unión Europea, por su parte, destina anualmente cerca de 30 millones de euros a proyectos sociales de seguridad, educación y desarrollo rural en el país.
20 días hábiles de exclusión temporal del impuesto del 30% otorgó el RAEX a las organizaciones que solicitaron la calificación de sujeto excluido antes del vencimiento del plazo, entre ellas la Colectiva Feminista, mientras que otras entidades, como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz y la Fundación Comunicándonos, permanecían sin notificación formal sobre su exclusión, según un sondeo del diario El Mundo entre organizaciones afectadas. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, nombró de manera expresa como entidades exentas a Comandos de Salvamento, Cruz Verde, Cruz Roja Salvadoreña y la Asociación Salvadoreña de Autismo, sin que la Federación Salvadoreña LGBTI figure entre las exenciones anunciadas públicamente.
Prohibición del lenguaje inclusivo golpea a las aulas públicas
2 de octubre de 2025 es la fecha del memorándum número 22-2025, emitido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que estableció la prohibición del llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos del país. El documento especifica que palabras como “amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs”o cualquier otra “deformación lingüística que aluda a la ideología de género” no será admitida por ninguna circunstancia.
“Garantizar el buen uso de nuestro idioma” y “evitar injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado” fueron los argumentos con que la ministra de Educación, Carla Trigueros, fundamentó la medida. El presidente Bukele ratificó la disposición al publicar que, desde ese día, quedaba prohibido “el mal llamado ‘lenguaje inclusivo'” en todos los centros educativos públicos del país.
26 de septiembre de 2022 marcó el inicio de la estrategia institucional que culminó en la prohibición de 2025, con la remoción del director del Instituto Nacional de Formación Docente y el anuncio de una reestructuración profunda del Ministerio de Educación. En febrero de 2024, la cartera confirmó la eliminación de “todo rastro de la ideología de género” de los materiales educativos, mientras que ese mismo mes Bukele ordenó al Ministerio de Salud retirar de clínicas y unidades de salud los lineamientos técnicos para la atención integral de la población LGBT, aprobados en 2016.
La Real Academia Española, institución que el memorándum invoca como referencia normativa, sostiene en su Libro de estilo de la lengua española que el uso de la arroba o de las letras “e” y “x” como marcas de género neutro resulta ajeno a la morfología del español, aunque la misma institución reconoce como admisible el uso de formas femeninas para designar cargos y profesiones ejercidos por mujeres.
Homicidios en mínimo histórico pese a los “retrocesos”
82 homicidios registró El Salvador durante 2025, la cifra anual más baja de su historia reciente y la primera vez que el país cierra un año con un número de dos dígitos, con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, frente a 1.9 en 2024 y un máximo histórico de 106 en 2015. El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, destacó además una tasa de resolución del 100 % en los homicidios investigados, frente al “97 % de impunidad” que, según sus palabras, existía al inicio de la actual administración, en 2019.
26 homicidios de personas LGBT se contabilizaron en 2017, cifra que descendió a 16 en 2018, 10 en 2019, 8 en 2020, 8 en 2021, 7 en 2022, 6 en 2023 y 2 en 2024, según el registro de la Federación Salvadoreña LGBT; la organización no había divulgado cifras correspondientes a 2025 al cierre de esta nota. La Corte Suprema de Justicia mantiene registradas al menos 14 sentencias condenatorias contra 34 personas por los delitos de homicidio simple y homicidio agravado, varias de ellas con la agravante de crimen de odio prevista en el numeral 11 del artículo 129 del Código Penal, vigente desde 2015, de acuerdo con expedientes judiciales de Zacatecoluca y San Salvador consultados por este medio.
61 homicidios de personas LGBT cometidos entre 1998 y 2021 permanecen sin sentencia condenatoria. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mantiene 27 expedientes en fase de investigación o archivo provisional, mientras la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano registra otros 39 casos, la mayoría mujeres trans asesinadas en condiciones de extrema brutalidad. Su directora, Mónica Linares, atribuyó la mayoría de las muertes violentas de personas trans y LGBTI a estructuras de pandillas, sin descartar la participación ocasional de agentes de seguridad estatal, según consta en la investigación de este medio.
45 veces ha sido prorrogado el régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, bajo el cual las autoridades han capturado a más de 90,000 personas, incluidos más de 3,000 niños, según el informe mundial 2026 de Human Rights Watch, que documentó además al menos 458 muertes bajo custodia estatal reportadas por la organización Socorro Jurídico Humanitario, sin que a la fecha se hayan establecido responsabilidades por esos decesos.
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