Por Alessia Genoves
Ex-diputado Manuel Rigoberto Soto Lazo es acusado por el delito de lavado de dinero y activos. La denuncia ha sido interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla. El proceso judicial involucra al referido exdiputado propietario de la Asamblea Legislativa por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), y su esposa Vanessa María Handal de Lazo, por un monto total de US$392,989.62.
La institución fiscal sostiene que el caso corresponde al período legislativo 2012-2015 y actualmente se encuentra en la etapa de análisis para determinar la admisibilidad de la demanda, mientras que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) identificó 25 irregularidades patrimoniales que no pudieron ser justificadas por el exfuncionario y su cónyuge. Por otra parte, la prensa nacional identificó que, al año 2015, el patrimonio nacional “se triplicó”, ascendiendo a un monto de US$1,154,800.
¿Qué identifica la FGR?
Manuel Rigoberto Soto ejerció como diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el departamento de Usulután durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015. Según los documentos judiciales, la demanda fue presentada después de que la Sección de Probidad de la CSJ realizara una investigación de las declaraciones patrimoniales del exfuncionario y su grupo familiar.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla recibió formalmente la demanda y “ha iniciado la etapa de análisis correspondiente para determinar si admite o no la demanda”, según fuentes de los Centros Judiciales de la Corte Suprema de Justicia.
La investigación de la Sección de Probidad identificó un total de 25 irregularidades patrimoniales distribuidas entre Manuel Rigoberto Soto Lazo y su esposa Vanessa María Handal de Lazo. Según la documentación judicial, “al exdiputado se le señalan 18 irregularidades por un monto de US$332,409.19 dólares”, mientras que “a su cónyuge, Vanessa María Handal de Lazo se le reprochan 7 inconsistencias por un monto US$60,585.43 dólares”.
Las irregularidades detectadas abarcan múltiples categorías de movimientos financieros que no pudieron ser justificados adecuadamente. Entre las principales anomalías se encuentran “depósitos en efectivo de cuentas de ahorro y cuentas corrientes, adquisición de vehículos, pagos a préstamo y pagos a tarjetas de crédito y resultados negativos entre los ingresos y egresos desconociendo su origen lícito”.
Distribución de Irregularidades Patrimoniales
Los depósitos en cuentas de ahorro y corrientes representan una porción significativa de las irregularidades identificadas, ya que estos movimientos financieros no correspondían con los ingresos declarados oficialmente por el exdiputado durante su período en funciones. La investigación también reveló inconsistencias en los pagos realizados a préstamos y tarjetas de crédito, cuyos montos excedían la capacidad financiera declarada del funcionario.
La adquisición de vehículos constituye otro elemento central de la investigación, dado que estas compras no pudieron ser justificadas con base en los ingresos legítimos del exfuncionario. Adicionalmente, se identificaron “resultados negativos entre los ingresos y egresos” que evidencian un desfase patrimonial significativo que no pudo ser explicado mediante fuentes lícitas de financiamiento.
Según la documentación judicial, “la FGR solicita a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla que declare existente el enriquecimiento ilícito, que devuelvan al Estado todo el dinero apropiado ilícitamente y que él sea inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 10 años”. La solicitud de restitución económica busca que tanto Manuel Rigoberto Soto Lazo como su esposa “devuelvan al Estado todo el dinero apropiado ilícitamente”, lo que implicaría la devolución completa de los $392,989.62 identificados como producto de enriquecimiento ilícito.
Enriquecimiento ilícito salpica a su familia
La distribución de las responsabilidades financieras entre los miembros del grupo familiar de Manuel Rigoberto Soto identifica que la mayor parte de las irregularidades, equivalentes al 84.6% del monto total, se atribuyen directamente al exdiputado, mientras que el 15.4% restante corresponde a su esposa.
Las 18 irregularidades atribuidas a Manuel Rigoberto Soto Lazo por un monto de US$332,409.19 incluyen movimientos financieros que se produjeron durante su período como diputado propietario y que no guardan correspondencia con sus ingresos oficiales como legislador. Estos movimientos abarcan desde depósitos bancarios hasta adquisiciones patrimoniales que superan significativamente la capacidad económica declarada del funcionario.
Valores Patrimonio, Propiedades, Ingresos y Gastos (US$)
Por su parte, las 7 inconsistencias identificadas en el patrimonio de Vanessa María Handal de Lazo por US$60,585.43 están relacionadas con movimientos financieros que, según la investigación, no pueden ser justificados con base en sus ingresos declarados o actividades económicas legítimas conocidas.
Pese a las acusaciones, Manuel Rigoberto Soto posee una currícula favorable. La formación académica como Ingeniero Agro-Industrial, título obtenido en la Universidad Dr. José Matías Delgado entre 1988 y 1992. Su trayectoria profesional incluye una combinación de actividades empresariales privadas y funciones en el sector público que antecedieron su período como diputado.
Desde 1993, Soto Lazo se desempeñó como “Fundador y Propietario de PROCOMSUL, empresa agrícola, dedicada a la producción y comercialización de productos agrícolas no tradicionales, así como también a la cría de Ovinos, Caprinos y Ganado Brahmán de registro”. Esta actividad empresarial constituía su principal fuente de ingresos declarada antes de ingresar a la función pública.
Irregularidades Patrimoniales Detectadas: 25
Su experiencia en el sector público incluye el cargo de “Director General de Agronegocios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)” durante el período 2004-2009, función que precedió su elección como diputado propietario por el departamento de Usulután en 2009. Esta trayectoria en el sector agropecuario, tanto en el ámbito privado como público, estableció su perfil profesional y sus vínculos con las actividades económicas.
Por otra parte, la prensa nacional identifica que, entre 2009 y 2015, el patrimonio familiar del ex-diputado e ingeniero agrario “se triplicó, coincidiendo con su cambio de partido (de Arena a Gana)”. Y asegura que sus bienes, “heredados”, pasaron “de medio millón de dólares a casi millón y medio”. De acuerdo con los informes consultados, la riqueza familiar llegó a los US$1,154,800 a 2015.
Distribución Porcentual Enriquecimiento Ilícito
Por otra parte, las propiedades familiares ascenderían a los US$1,409,300; mientras que loso ingresos familiares ascendieron a los US$148,527.35. Además, identifica que los gastos diarios, según lo estipula, llegan a los US$109.59.
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