Por Alessia Genoves
Una deuda de $55,691.33 dólares compromete a la Acaldía Municipal de Zaragoza en un proceso judicial con la empresa de alimentos Fikateli S.A de C.V. El proceso judicial dio ha lugar por el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, que imputa al ex-alcalde municipal, José Antonio Martínez Zalazar, junto con otros 8 miembros de su Consejo Municipal, por la presunta comisión del delito de “incumplimiento de deberes”, de los acuerdos económicos y servicios prestados asumidos durante su período de gestión, desde 2018 a 2021.
La causa judicial, registrada bajo el expediente “7-ACM-20-A” de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección de San Salvador, señala que la administración municipal no acató la sentencia condenatoria emitida en 2020 que ordenaba el pago de la deuda. El monto incluye $45,000 de capital inicial más intereses legales del 12% anual, equivalentes a $5,400 anuales, acumulados desde 2017; y que ha ido incrementando hasta la fecha.
“La resolución debía ser cumplida por el alcalde y su concejo municipal a más tardar el 22 de marzo de 2020, pero debido a la cuarentena decretada por la pandemia, el plazo fue prorrogado hasta el 26 de agosto de 2020”, según consta en el expediente judicial. La Fiscalía General de la República (FGR) señala que al no incluir los pagos en las planillas correspondientes después del 27 de agosto de 2020, los imputados incurrieron en el delito tipificado.
Deuda creciente y responsabilidades civiles
El proceso judicial involucra, además del ex alcalde Martínez Salazar, a Rafael Cristóbal Hernández Mejía, Mauricio Romero Argueta, José Armando Rodríguez Barrera, Esteban Ramírez Morales, María Morena Reyes Platero, Verónica del Carmen Alfaro Galicia y Evelio Pineda Romero, todos miembros del anterior concejo municipal. De modo que El Juzgado Cuarto de lo Civil determinó responsabilidades específicas:
Desglose de Deuda Municipal
Este gráfico muestra la distribución de la deuda acumulada entre el ex alcalde y los miembros del concejo, así como los pagos programados según las fechas establecidas en el acta judicial.
“El ex alcalde Martínez Salazar, como titular de la comuna, es responsable del 40% ($22,276.53) de la deuda total. El restante 60% ($33,414.80) se distribuye equitativamente entre los ocho miembros del concejo, correspondiendo $4,176.85 a cada uno”, según el acta judicial de noviembre de 2024. El monto se desglosa en $45,000 de capital inicial, $5,400 anuales de intereses legales al 12%, más $5,291.33 en costas procesales, acumulados desde el 22 de julio de 2017.
No obstante, “la municipalidad tuvo tres oportunidades de pago: la primera el 22 de marzo de 2020, prorrogada hasta el 26 de agosto de 2020 por la pandemia; la segunda el 15 de enero de 2021; y la última el 30 de abril de 2021”, detalla el documento judicial. Mientras tanto, la mora en el cumplimiento incrementó la deuda a $55,691.33.
Situación financiera de Fikateli
La empresa Fikateli S.A, constituida en El Salvador desde 2010, mantiene sus propios conflictos con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que la señaló a la institución como una empresa morosa, según se constata en el informe titulado “Nuevos Morosos en Proceso de Cobro Administrativo en DGT”, del referido año. Las observaciones, por otra parte, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2013 a 2014.
De modo que los registros de la DGII señalan una deuda tributaria de $43,401.82, correspondiente a los ejercicios fiscales 2013-2014, compuesta por $28,728.17 de capital, $5,013.41 en multas y $11,660.24 en intereses. El Tribunal Primero de Sentencia, que ha llegado a establecer medidas cautelares por la presunta comisión del delito de evasión de impuestos.
Por otra parte, los balances generales de Fikateli, según el Registro de Comercio, muestran fluctuaciones en sus activos. De $292,707.18 en 2010, alcanzaron los $1,327,365.31 en 2013; hasta llegar a los $1,968,557.27. Pero éstos fueron superados por un monto de $2,199,707.32 en el período de 2018 y 2019, cuando se prestaron los servicios a la Alcaldía de Zaragoza. Sin embargo, para el período de 2019 a 2020, cuando iniciaron el reclamo de la deuda municipal, sus activos descendieron a $1,694,810.23. El último balance general de 2022-2023 reporta activos por $2,686,413.76.
Deuda e Incremento de Activos de Fikateli S.A.
Este gráfico compara los montos de la deuda impuesta por la DGII y los activos reportados por Fikateli S.A. entre los años 2010 y 2023, destacando eventos clave como el recurso de amparo y los balances generales anuales.
Las deudas de la Alcaldía
La Alcaldía de Zaragoza, por otra parte, acumula una deuda municipal de 600,229.55 dólares; de los que se incluye una amortización de $28,506.93 600 e intereses de $11,491.93. De modo que, entre sus acreedores, la comuna debe hasta $75,559.65 a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empresarios Salvadoreños, de R.L, más $1,283.35 en intereses, de acuerdo con la el informe de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, de la “Deuda Municipal por Municipio / Instituciones Acreedoras al 30 de septiembre de 2023.
Asimismo, el informe detalla que la comuna debe al Banco Izalqueño de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V., queda debiendo un saldo de $256,683.88 dólares, más intereses acumulados de $5,344.68. También, a la Caja de Crédito de Concepción Batres, acumula una deuda de $100,487.63, más intereses de $1,648.50. También acumula una deuda a la Caja de Crédito Santiago Nonualco, por un monto de $196,005.32, más intereses por $3,215.40.
Deudas Municipales y Evolución de Fondos – Alcaldía de Zaragoza
Este gráfico detalla las deudas acumuladas con acreedores clave al 30 de septiembre de 2023, así como la evolución de los fondos disponibles y las deudas entre las administraciones de Martínez Zalazar (2021) y César Godoy (2023).
Por otra parte, el Estado de Situación Financiera de la Alcaldía de Zaragoza, al cierre de la gobernanza de José Antonio Martínez Zalazar, del 30 de junio de 2021, indicaban que los fondos de la comuna incrementaban durante la administración de su suceso, César Godoy. Siendo que la nueva gobernanza incrementaría su prespuesto a $5,806,950.62, superando la anterior, que era de $4,516,214.91.
A la nueva gobernanza, los fondos en disponibilidades eran de $1,327,483.00; mientras que la anterior eera de $934,067.08. Mientras que sus fondos en préstamos a deudores incrementaron hasta los 356,275.68, cuando en la anterior apeñas eran de $0.04 centavos.
Sin embargo, la deuda corriente incrementó a los $338,819.55, cuando en la anterio administración era de $165,057.70 dólares; mientra que las deudas a los acreedores monetarios llegaron a los $259,645.91, cuando en la anterior administracióin era de tan sólo $49,558.63 dólares. De modo que el total de las obligaciones a terceros, acumuladas, definía un monto de $1,880,593.53, superando el de $1,789,001.15. En última instancia, las obligaciones propias también incrementaron a los $3,926,357.09, cuando el año pasado eran de $2,727,213.76.
Proceso judicial en curso
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador ha programado para el 22 de noviembre de 2024 la audiencia donde se emitirá el fallo definitivo. La FGR solicita que los imputados reintegren el monto total a la empresa afectada.
“Subsidiariamente, el proceso civil es para el actual concejo. Las sentencias provenientes son en contra de la alcaldía, no así en contra de la persona. Y, por ende, la municipalidad, independientemente de quién la represente, siempre tiene la obligación de pagar las deudas adquiridas en períodos pasados”, sostiene la FGR en sus declaraciones oficiales.
La actual administración municipal, encabezada por el alcalde César Godoy del partido Nuevas Ideas, heredaría la responsabilidad del pago, aunque no haya contratado los servicios de Fikateli. Su período finaliza el 1 de mayo de 2024, antes de la resolución definitiva del caso que lleva más de cuatro años en trámite.
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