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Daniel Ortega anularà elecciones en Nicaragua

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Por: Neftali Hernandez Pereira

El copresidente Daniel Ortega, durante el acto conmemorativo del 47 aniversario de la Revolución Sandinista celebrado en Managua el 19 de julio de 2026, anunció públicamente el fin de la vía electoral en Nicaragua. “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, afirmó Ortega durante su intervención. El mandatario aseguró que trabajará con la Asamblea Nacional y con las organizaciones afines al Ejecutivo para establecer lo que describió como “un muro” o “un bloque” contra los opositores, a quienes calificó de “golpistas” y “vendepatrias”. La declaración supone una declaración explícita contra la posibilidad de alternancia política mediante las urnas. “Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yankees, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás”, mencionó Daniel Ortega en su discurso.

Antes de la última reforma constitucional, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. La modificación aprobada en enero de 2025 amplió de cinco a seis años el período de las autoridades elegidas en los anteriores procesos nacionales, municipales y regionales, desplazando teóricamente las próximas elecciones generales hasta noviembre de 2027. El anuncio de Ortega pone ahora en duda esa convocatoria, aunque hasta el momento no se ha publicado una resolución electoral ni una reforma legal que la cancele.

La diferencia resulta relevante: existe una declaración política expresa contra la alternancia, pero todavía no una norma conocida que haya abolido formalmente todos los procesos electorales en Nicaragua. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha respaldado las principales reformas institucionales promovidas por Ortega y Rosario Murillo durante los últimos años.

Reforma constitucional de 2024-2025: concentración de poder y eliminación de contrapesos

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 22 de noviembre de 2024 una enmienda constitucional que modifica más de cien artículos. Las reformas fueron aprobadas en primera legislatura en diciembre de 2024 y en segunda legislatura en enero de 2025. La enmienda amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el papel de la Vicepresidencia –que ocupaba Rosario Murillo– al de “Copresidenta”, y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa. También establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y rebaja el umbral que permite la intervención del ejército en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el Gobierno siempre que lo exija la “estabilidad” del Estado.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU expresó su profunda preocupación por esta amplia enmienda. “Con esta reforma –la duodécima desde que Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007– el Gobierno actual parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.

“Al adoptar un lenguaje impreciso, esta reforma parece perseguir la formalización de la disolución de facto de la separación, la independencia, el equilibrio cooperativo y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado”. “El nuevo texto ya no se refiere explícitamente a ‘poderes’, sino simplemente a ‘órganos’, y afirma que éstos serán ‘coordinados’ por la Presidencia”. La reforma establece que Nicaragua es un Estado “revolucionario” y que la Presidencia, integrada por un copresidente y una copresidenta, coordinará a los demás órganos del Estado, incluyendo la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y el Ministerio del Interior. Además, se reconoce a la bandera rojinegra del Frente Sandinista como símbolo patrio.

Crisis política de 2018: origen y consecuencias

La crisis política en Nicaragua se inició el 18 de abril de 2018, cuando una serie de protestas masivas estallaron contra la reforma al reglamento de la Ley de Seguridad Social, que aumentaba la aportación monetaria de los trabajadores.

Las manifestaciones, que exigían la destitución de Daniel Ortega, se extendieron rápidamente por todo el país, encontrando una respuesta represiva por parte de la Policía Nacional y grupos paramilitares.

El saldo de la represión durante los primeros meses de la crisis incluyó un número significativo de muertos y heridos, así como la detención de miles de personas.

La crisis provocó sanciones de la Unión Europea contra figuras claves como el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz Madriz, y el subdirector, Ramón Avellán. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también sancionó a la Policía Nacional por violaciones contra los Derechos Humanos y al general del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo.

Presos políticos, privación de nacionalidad y expropiación de bienes

Desde 2023, por lo menos 450 personas identificadas como opositoras políticas han sido privadas arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense. El 5 de septiembre de 2024, 135 personas que permanecían detenidas arbitrariamente en Nicaragua fueron excarceladas y trasladadas a Guatemala.

Sin embargo, el 10 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ordenó la cancelación de la nacionalidad nicaragüense de estas personas, así como la confiscación de sus bienes, con base en la Ley nº 1055 de “Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz” y la Ley Especial nº 1145 que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió esta medida, señalando que “constituye una de las formas más severas de la represión empleadas ahora por el régimen, ya que acarrea profundas consecuencias para estas personas y sus familias, dejándolas en una situación de extrema vulnerabilidad”. En su Resolución 2/23 sobre el derecho a la nacionalidad, la CIDH refrendó que la nacionalidad es un derecho fundamental inderogable y resaltó que su privación arbitraria, especialmente como sanción impuesta por motivos políticos, contraviene las normas del derecho internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.

Previamente, el gobierno nicaragüense había ordenado la confiscación de “todos los bienes inmuebles” de 222 opositores políticos excarcelados y deportados en 2023. La Procuradora General de la República, Wendy Morales Urbina, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber despojado de todos sus bienes a estos 222 presos políticos.

Entre los casos más destacados de presos políticos se encuentra el de Lesther Alemán, líder estudiantil y fundador de la Alianza Universitaria Nicaragüense, quien fue encarcelado durante 584 días. Fue excarcelado el 9 de febrero de 2023, desterrado hacia Estados Unidos y despojado de su nacionalidad.

Cristiana Chamorro, periodista, excarcelada política y exaspirante presidencial, fue una de los 222 presos políticos expulsados del país por el régimen Ortega-Murillo el 9 de febrero de 2023.

Fue arrestada durante una redada policial en su casa en Managua el 2 de junio de 2021. Hasta junio de 2025, al menos 75 personas permanecían detenidas en Nicaragua por motivos políticos, y se documentaron 16 casos de tortura (incluida violencia sexual) y 31 desapariciones forzadas.

Sanciones económicas de Estados Unidos y aliados estratégicos

Estados Unidos ha mantenido una presión creciente sobre el gobierno de Daniel Ortega. El Departamento del Tesoro y el Secretario de Estado anunciaron sanciones contra siete empresas mineras chinas que operan en Nicaragua, funcionarios del régimen y abogados vinculados al negocio del oro, así como a dos hijos de los Ortega-Murillo y al viceministro del Interior, Luis Cañas Novoa, por presunta participación en violaciones a los derechos humanos.

La Ley Nica 2.0, actualmente en proceso en la Cámara de Representantes, contempla nuevas medidas económicas dirigidas a la dictadura nicaragüense.

Ante el endurecimiento de las sanciones, el régimen de Ortega y Murillo ha intensificado sus alianzas con potencias rivales de Estados Unidos como Rusia, China e Irán. El Senado ruso ratificó un acuerdo militar firmado en 2025 entre Moscú y Managua, que representa un paso relevante en la presencia y coordinación estratégica de fuerzas rusas en Centroamérica; el convenio tendrá una vigencia inicial de cinco años y renovación automática.

Entre 2025 y 2026, Nicaragua ha otorgado concesiones a más de 15 empresas asiáticas, principalmente chinas, para la extracción de oro, lo que representa un 6% de la superficie nacional. Bielorrusia se suma a la lista de aliados autocráticos de Nicaragua, con una deuda bilateral que supera los USD 100 millones.

Situación económica y control institucional

La economía nicaragüense ha mostrado un crecimiento moderado en los últimos años, aunque las sanciones internacionales y el aislamiento diplomático han afectado sectores clave. Nicaragua se ha convertido en un eslabón importante en las cadenas de almacenamiento y distribución de drogas a nivel global, situación que se refleja en el incremento de incautaciones en Europa y Rusia. Ante la falta de cooperación del régimen en la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos anunció la retirada de la DEA del país en 2025, mientras Managua estrechó vínculos con Rusia bajo la bandera de combatir el crimen organizado.

El control del gobierno sandinista sobre las instituciones se ha profundizado tras las reformas constitucionales. La Presidencia, ahora integrada por un copresidente y una copresidenta, ejerce la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.

Los copresidentes ejercerán sus funciones por un período de seis años y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular. El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean “sometidos” a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.

La familia Ortega-Murillo ocupa múltiples cargos públicos en el gobierno nicaragüense. Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente y la vicepresidenta, ocupa el cargo de Asesor Presidencial para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional. Nombrar familiares en cargos públicos es una de las prácticas de corrupción de las que más se acusa al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La reforma constitucional establece la participación protagónica de las mujeres en la Presidencia de la República, elevando al máximo nivel el tema de la equidad de género, aunque críticos señalan que esta disposición ha servido para consolidar el poder de Rosario Murillo como copresidenta.

Endurecimiento de leyes y reformas al Código Penal

En septiembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó reformas al Código Penal con 88 votos a favor, que refuerzan el entramado legal en contra de voces críticas y periodistas independientes.

También se aprobaron reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos de 2020, que ha sido utilizada para castigar a opositores y críticos del gobierno.

La ley que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, aprobada como parte de este paquete de reformas, establece que los nicaragüenses que adquieren otra nacionalidad perderán su condición de nacional.

Durante el período legislativo de 2025, se aprobaron 35 leyes y 29 decretos.

Paralelismos con Venezuela y reacciones internacionales

El 3 de enero de 2026, fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque militar contra Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Nicolás Maduro se declara “no culpable” de narcoterrorismo

Este evento ha generado preocupación en el régimen de Daniel Ortega, quien ha manifestado su solidaridad con Maduro y ha denunciado la intervención estadounidense. Durante su discurso del 19 de julio de 2024, Ortega ya había hecho referencia a la situación de Venezuela, señalando que “los que al servicio de las potencias, le piden a las potencias que hagan lo mismo con Cuba” y destacando la resistencia del pueblo cubano ante el bloqueo.

La comunidad internacional ha reaccionado con firmeza ante las reformas constitucionales y la anulación de las elecciones en Nicaragua. La CIDH condenó la aprobación de la reforma constitucional que modifica más de cien artículos, señalando que “consolida un régimen autoritario en el país y constituye otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos”. El Grupo de Expertos de la ONU hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que inste al Gobierno nicaragüense a restablecer inmediatamente la separación de poderes y otros principios democráticos.

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