Por Alessia Genoves, Carlos Arita y Neftalí Hernández
US$376,903.90 es el perjuicio económico total causado a la Alcaldía de El Congo, Santa Ana, entre 2012 y 2015, según determinó la Fiscalía General de la República (FGR). Las acciones penales iniciadas en 2013, a raíz de un informe de la Corte de Cuentas de la República (CCR), culminaron con la condena del exalcalde Edwin Enrique Parada Quezada a 20 años de prisión y una restitución de US$293,816.45. Los hechos de corrupción continuaron a 2017, impactando el arresto, en 2016, y la condena de su sucesor, José Rodolfo Antonio Hernández Quijada, a 3 años de prisión, reemplazados por trabajo de utilidad pública, y una restitución de US$2,504.23, según consta en la sentencia 1-U-2-2020 del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, de fecha 10 de febrero de 2020. Ambos casos fueron procesados por la CSJ bajo los cargos penales de Cohecho y negociaciones ilícitas, resultando el último caso en la continuidad de los proyectos de Parada Quezada, por una mala administración y la continuidad de las negociaciones ilícitas a través del Fondo de Desarrollo Municipal del Desarrollo de El Salvador (FODES) 75%.
Los procesos judiciales, que incluyeron la anulación de un fallo absolutorio previo por parte de la Cámara de lo Penal de Occidente en julio de 2018, también alcanzaron al asociado del ex-alcalde, Amílcar Eduardo Jaco Estrada, condenado a 6 años y 4 meses de prisión y restitución de US$21,388.12; así como al octavo regidor, Efraín Alcides Castro Sánchez, condenado a 4 años de prisión; y a la síndico, Mercedes del Carmen Cabrera de Rivera, quien fue condenada a 3 años de prisión y a la restitución de US$21,388.12, ya cancelada, por la Cámara Segunda de Sentencia.
Las irregularidades en la ejecución de 12 proyectos de obra pública en el municipio de El Congo fueron detectadas inicialmente por la CCR en un informe de 2013, según confirmó la FGR el 23 de junio de 2026. La fuente FGR establece textualmente: “La investigación inició en 2013 a raíz de un informe de la Corte de Cuentas, el cual detectó irregularidades en 12 proyectos ejecutados por la Alcaldía de El Congo, ocasionando un perjuicio económico al Estado de US$376,903.90”. Este monto representa aproximadamente el 15.8% del total devengado por la municipalidad en 2012 (US$774,826.82), según los datos del Portal de Transparencia Fiscal de la DGCG con fecha de consulta del 26 de mayo de 2026. Los 12 proyectos incluían obras de concreteado, cordón cuneta, pavimentación de concreto hidráulico y construcción de infraestructura vial en colonias como San Manuel, Altos de la Cruz y Los Cerritos, así como en cantones como San José Las Flores y El Rodeo.
La Corrupción de Parada Quezada que pasó a su sucesor
Las negociaciones ilícitas y la falsedad ideológica se originaron a inicios de mayo de 2012, cuando Edwin Enrique Parada Quezada asumió como alcalde de El Congo para el período 2012-2015. Según la acusación de la FGR, detallada en la sentencia 1-U-2-2020 del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, de fecha 10 de febrero de 2020, “el Alcalde Municipal le impuso a I Rodríguez, Jefe de la UACI, la presencia de una persona de su confianza de nombre Amílcar EJ Estrada, manifestándole que debido a su inexperiencia, esa persona le iba a orientar en su trabajo”. Este hecho marcó el inicio de la intervención directa de Parada Quezada en los procesos de contratación, omitiendo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
La investigación de la CCR detectó irregularidades en 12 proyectos ejecutados por la Alcaldía, incluyendo obras de concreteado, cordón cuneta, pavimentación de concreto hidráulico y construcción de infraestructura vial en colonias como San Manuel, Altos de la Cruz y Los Cerritos, así como en cantones como San José Las Flores y El Rodeo. La FGR, en su comunicado del 23 de mayo de 2026, establece textualmente: “La investigación inició en 2013 a raíz de un informe de la Corte de Cuentas, el cual detectó irregularidades en 12 proyectos ejecutados por la Alcaldía de El Congo, ocasionando un perjuicio económico al Estado de US$376,903.90”.
Posteriormente, el exalcalde Edwin Enrique Parada Quezada, fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana a 20 años de prisión, según la resolución confirmada por la FGR el 23 de mayo de 2026. La fuente FGR detalla textualmente: “El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de prisión a Edwin Enrique Parada Quezada, exalcalde de El Congo, en Santa Ana Este, quien se encuentra en calidad de rebeldía. La condena se desglosa en ocho años de cárcel por el delito de negociaciones ilícitas, cuatro años por cohecho impropio y ocho años por falsedad documental agravada, bajo la modalidad de delito continuado. Asimismo, fue condenado al pago de US$293,816.45 en concepto de responsabilidad civil. Respecto a los bienes incautados, la jueza ordenó remitir el caso al Juzgado de Extinción de Dominio”.
La orden de captura contra Parada Quezada continúa vigente y, según la misma fuente, “al momento en que sea detenido, tendrá que cumplir la condena impuesta”. Amílcar Eduardo Jaco Estrada, identificado como “persona de confianza de Parada Quezada”, fue procesado como cómplice necesario en los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho impropio, siendo condenado a seis años y cuatro meses de prisión, con una restitución de US$21,388.12, según el mismo informe de la FGR.
Por otra parte, la CSJ también identificó al empresario José Roberto Martínez Portillo, quien era el representante legal de la Sociedad Ingenio y Construcción S.A. de C.V. A éste último “se le asignó la carpeta técnica del proyecto “Construcción de concreto hidráulico en pasaje No. 1, colonia San Manuel, en El Congo, Santa Ana”, con un valor total de US$35,720.36, sin seguir los procedimientos establecidos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y el Código Municipal, según lo detalla la institución judicial.
Sin embargo, la estela de corrupción continuó con su sucesor posteriormente apresado, José Rodolfo Antonio Hernández Quijada, según el “Informe de Examen Especial a la Ejecución Presupuestaria… correspondiente al período del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2015” de la CCR, emitido el 24 de enero de 2017, utilizó “fondos provenientes de los recursos asignados al FODES 75% para cancelar gastos del proyecto ‘RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS 2015’, durante el período comprendido entre el 01 de mayo al 16 de septiembre del 2015, tiempo en el cual no estaban autorizados”.
$376,9 mil: Proyectos malversados
La FGR, en su informe del 23 de mayo de 2026, cuantificó el perjuicio económico en US$376,903.90 y ordenó restituciones por un total de US$336,592.69, distribuidos de la siguiente manera:
US$293,816.45 a cargo del exalcalde Parada Quezada; US$21,388.12 a cargo de Amílcar Eduardo Jaco Estrada; y US$21,388.12 a cargo de Mercedes del Carmen Cabrera de Rivera (ya cancelados). La diferencia entre el perjuicio total y las restituciones ordenadas es de US$40,311.21; lo que significa que la condena es el 83% del monto inicial. Esta diferencia puede explicarse por los montos identificados por la Corte de Cuentas que no fueron directamente asignados a los condenados en las restituciones: US$83,914.66 de 2015, US$162,660.28 de 2016, US$23,596.88 de fiestas patronales, US$41,925.01 de gastos administrativos, y US$1,090.83 de obra no ejecutada suman US$313,187.66.
Los US$63,716.24 restantes hasta alcanzar los US$376,903.90 corresponden a otros proyectos no detallados en los informes de la Corte de Cuentas de 2017, pero incluidos en la investigación de la FGR que abarcó los 12 proyectos desde 2013. La sentencia 1-U-2-2020 del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, de fecha 10 de febrero de 2020, ya había condenado a cuatro prestanombres (PLHQ, JJSL, JCMT, JRAHQ) por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica, con restituciones que sumaban US$12,423.09, como consta en los folios 19 a 24 de dicha sentencia.
El presupuesto corrompido
Los datos del Portal de Transparencia Fiscal, consolidados 64 archivos consultados por Diario Fuentes de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) con fecha de consulta del 26 de mayo de 2026, des-velan los detalles de la contabilidad de la Alcaldía de El Congo en el período 2012-2015. De modo que, para el año 2012, el presupuesto votado fue de US$20,012,796.00, el presupuesto modificado de US$20,012,796.00 y el monto devengado de US$774,826.82. Esto significa que el gasto efectivamente ejecutado representó solo el 3.87% del presupuesto aprobado. Los US$376,903.90 malversados entre 2012 y 2015 equivalen al 48.6% del devengado de 2012.
Para el año 2013, el presupuesto votado fue de US$20,408,569.00, el modificado de US$20,408,569.00 y el devengado de US$797,042.38. El gasto ejecutado representó el 3.91% del presupuesto. Los US$376,903.90 malversados equivalen al 47.3% del devengado de 2013, lo que indica que casi la mitad del gasto efectivo de ese año fue objeto de irregularidades.
Para el año 2014, el presupuesto votado fue de US$20,525,572.00, el modificado de US$20,525,572.00 y el devengado de US$818,771.70. El gasto ejecutado representó el 3.99% del presupuesto. Los US$376,903.90 malversados equivalen al 46.0% del devengado de 2014.
En 2015, último año de la gestión de Parada Quezada (quien concluyó su período en mayo de 2015), los “Ingresos de Gestión” alcanzaron US$3,737,988.99, según el mismo archivo. De ese total, los “Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas” sumaron US$1,795,458.50, los “Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas y Contribuciones Especiales” sumaron US$1,408,878.83, y los “Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios” (tasas) sumaron US$395,171.90. Las transferencias del gobierno central (FODES) representaron el 85.7% de los ingresos de gestión en 2015.
José Rodolfo Antonio Hernández Quijada, el siguiente corrupto
José Rodolfo Antonio Hernández Quijada, quien figura como el cuarto imputado en la sentencia 1-U-2-2020 del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana de febrero de 2020, fue condenado por el delito de negociaciones ilícitas como cómplice necesario. Según consta en los folios 1 y 24 de dicha sentencia, Hernández Quijada, de cuarenta y seis años de edad, técnico en Ingeniería Civil, fue señalado por su participación en el proyecto No. 3 (“Concreteado y cordón cuneta en calle Alfaro Oriente, Barrio El Tránsito, El Congo”).
La sentencia impuso a Hernández Quijada “tres años de prisión por el delito de NEGOCIACIONES ILÍCITAS del artículo 328 del Código Penal en perjuicio de Administración Pública y subsidiariamente en la Alcaldía Municipal de El Congo, dicha pena será reemplazada por equivalente a 144 JORNADAS SEMANALES de trabajo de utilidad pública de ocho horas cada una”, así como una responsabilidad civil de US$2,504.23. Este fallo condenatorio no fue el primero en la historia judicial del caso, ya que la Cámara de lo Penal de Occidente, con sede en Santa Ana, había anulado previamente un fallo absolutorio a favor de Hernández Quijada y otros cuatro imputados.
El informe de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la FGR, de fecha 23 de julio de 2018, señala textualmente: “Esa Instancia anuló el fallo emitido por el Tribunal Segundo de Sentencia de esa jurisdicción, a favor de los acusados Pedro Luis Hernández Quijada, José Roberto Martínez Portillo, Juan José Salgado López, Juan Carlos Menéndez Trejo y José Rodolfo Antonio Hernández Quijada, este último, alcalde de El Congo, al momento de su captura. Dicho Tribunal había resuelto, en abril pasado, absolver a los acusados de los delitos de Negociaciones ilícitas y Falsedad ideológica”.
Obras corruptas que condenaron al nuevo alcalde
El “Informe de Examen Especial a la Ejecución Presupuestaria… correspondiente al período del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2015”, emitido por la Corte de Cuentas de la República el 24 de enero de 2017, identificó que la Municipalidad utilizó US$83,914.66 del FODES 75% para cancelar gastos del proyecto de recolección de desechos sólidos, “durante el período comprendido entre el 01 de mayo al 16 de septiembre del 2015, tiempo en el cual no estaban autorizados”, según el Decreto Legislativo número 82 publicado el 23 de septiembre de 2015.
El “Informe de Examen Especial… período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016”, emitido por la CCR el 7 de noviembre de 2017, documentó montos adicionales: “US$162,660.28 por uso indebido del FODES 75% en el proyecto de desechos sólidos de 2016, a pesar de haber captado el monto especificado proveniente de la aplicación de la Tasa correspondiente por la prestación del servicio de Aseo Público”.
El mismo informe de 2016 identificó “US$23,596.88 por uso indebido del recargo del 5% para fiestas patronales, ya que dicho sub proyecto se financió totalmente con recursos del fondo FODES 75%, no obstante haber captado el monto especificado”, del cual solo “se remesaron US$6,654.74 de los US$23,596.88 captados”. También se documentaron “US$41,925.01 por pagos de compromisos administrativos y de funcionamiento (incluyendo papelería, ataúdes, combustible, regalos navideños, agua potable y gaseosas) con fondos FODES 75%”, y “US$1,090.83 por obra pagada y no ejecutada en el proyecto de Ampliación y Adecuación del Centro de Desarrollo Infantil (US$839.48 por paredes de block y US$251.35 por concreto de aceras y piso)”.
El documento textualmente detalla: “Comprobamos que la Municipalidad de El Congo, pagó la cantidad de US$1,090.83 por obra que no se ejecutó”. El desglose presentado en el informe es el siguiente: “Paredes de Block de 15x20x40cms: Unidad M2, Precio Unitario US$40.97, Cantidad de obra Contratada 202.00, Cantidad de obra medida 181.51, Diferencia 20.49, Monto US$839.48. Concreto de aceras y piso E=5.00cms: Unidad M3, Precio Unitario US$256.48, Cantidad de obra Contratada 6.25, Cantidad de obra medida 5.27, Diferencia 0.98, Monto US$251.35. Totales US$1,090.83”.
La deficiencia se originó, según el informe, porque “el Concejo autorizó el pago completo de la obra sin percatarse que la misma había sido concluida sin completar la cantidad de obra contratada y el Administrador de contratos por no ejercer sus funciones en el control de la ejecución de la obra”.
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