Condenan a más de 252 pandilleros a prisión

Por: Neftalí Hernández Pereira

Bajo la tierra de cuatro comunidades salvadoreñas yacen 150 víctimas del terror impuesto por la clica “Teclas Locos Salvatruchos”. Hoy, 252 de sus miembros enfrentan la justicia en un monumental juicio que busca desentrañar 28 casos de extrema violencia cometidos entre 2014 y 2022, con testimonios clave ya en contra de 198 acusados.

El asesinato de la prometedora futbolista Jimena Granados y el brutal crimen de los hermanos Guerrero-Toledo emergen como estandartes del horror en el expediente contra la estructura “Teclas Locos Salvatruchos” de la MS, cuyos 252 integrantes se sientan en el banquillo acusados de operar cuatro cementerios clandestinos y una ola de crímenes que marcaron a sangre y fuego varias comunidades.

Una Estructura Desmantelada ante la Justicia

La Fiscalía General de la República (FGR) lleva ante los tribunales a 252 presuntos integrantes de la clica “Teclas Locos Salvatruchos”, facción de la temida pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), acusados formalmente de cometer 28 crímenes graves entre los años 2014 y 2022.

El peso de la acusación se sustenta en un volumen significativo de evidencia, tanto documental como testimonial, que ya ha sido presentada ante el juez. Hasta la fecha, 198 de estos acusados han visto cómo testigos declaran en su contra, consolidando la narrativa de la persecución penal. Entre las pruebas más escalofriantes se encuentra la vinculación de esta estructura con el hallazgo de cuatro cementerios clandestinos ubicados en las zonas de Finca Suiza, Loma Linda, Comasagüa y Villanueva, donde se exhumaron los restos de aproximadamente 150 víctimas ejecutadas y ocultadas por la pandilla.

Dos casos emblemáticos destacan en la acusación: el asesinato de los hermanos Guerrero-Toledo, en el que la Fiscalía ha determinado la participación directa de 17 pandilleros de esta clica, y el homicidio de la joven futbolista Jimena Granados, crimen en el que habrían intervenido al menos 14 miembros de “Teclas Locos”. Este mega juicio representa uno de los esfuerzos más contundentes del sistema de justicia salvadoreño por responsabilizar a una estructura criminal completa por sus años de terror.

Proceso de investigación

La historia operativa de “Teclas Locos Salvatruchos” que ahora enfrenta la justicia se remonta al menos a 2014, año en el que la Fiscalía sitúa el inicio de la cadena de crímenes por los que se les acusa. Durante ocho años, esta clica operó con relativa impunidad en territorios específicos, imponiendo su ley mediante extorsiones, reclutamiento forzado, desplazamientos y asesinatos selectivos y masivos.

La investigación fiscal, sin embargo, no alcanzó un punto de inflexión hasta años después. Fue en 2021 cuando, gracias a declaraciones de colaboradores (arrepentidos) e inteligencia policial, se logró ubicar y excavar los primeros de los cuatro cementerios clandestinos vinculados a la estructura, un descubrimiento macabro que evidenció la magnitud de sus crímenes y proporcionó pruebas forenses cruciales. La presión aumentó significativamente a partir de marzo de 2022, con la implementación del Régimen de Excepción por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.

Este estado de emergencia, caracterizado por la suspensión de garantías constitucionales y arrestos masivos, permitió la captura de cientos de supuestos pandilleros, incluidos muchos de los ahora acusados de “Teclas Locos”. Las detenciones bajo este régimen, realizadas principalmente entre 2022 y 2023, fueron el paso previo esencial para reunir a los 252 imputados y consolidar los casos. La acumulación de evidencias y testimonios durante 2023 culminó con el inicio formal del juicio en 2024, poniendo frente a la justicia a una de las estructuras más sanguinarias de la MS.

Contexto de Seguridad

Este juicio monumental se desarrolla en un El Salvador radicalmente transformado en términos de seguridad pública, pero también bajo intenso escrutinio por los métodos empleados. El Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado mes tras mes por la Asamblea Legislativa oficialista, ha sido la piedra angular de la política de “mano dura” del presidente Bukele.

Sus resultados en la reducción drástica de los homicidios (de los más altos del mundo a niveles mínimos históricos) son innegables y constituyen la principal fuente de apoyo popular y legitimidad para el gobierno. Las calles, antes dominadas por el miedo a las pandillas como la MS, son percibidas ahora como notablemente más seguras por la mayoría de la población. Sin embargo, este logro tiene un costo humano y democrático crecientemente cuestionado.

Por otro lado, observadores independientes ven en él un desafío mayúsculo: garantizar un proceso justo, con todas las garantías, para 252 acusados en un sistema judicial percibido como débil y politizado, y bajo la sombra de un régimen que ha normalizado la suspensión de derechos fundamentales. El resultado de este juicio no solo determinará la responsabilidad de los acusados, sino que también será un termómetro de la salud de la justicia salvadoreña en la era Bukele.

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