Por Alessia Genoves
El Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado 39 veces hasta julio de 2025, ha generado resultados contrastantes en El Salvador. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), los homicidios intencionales disminuyeron un 95.7% en cinco años: de 2,439 casos en 2019 a 114 en 2024. Para 2025, la proyección anual es de 70-80 homicidios, con una media mensual de 5.8 casos, frente a los 203 mensuales registrados en 2019. El presidente Nayib Bukele destacó que “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, reconociendo errores en las detenciones masivas.
No obstante, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA documenta graves vulneraciones durante el tercer trimestre de 2024. Bajo el régimen, se registraron 81,945 detenciones hasta septiembre de 2024, con 1,445 solo entre julio y septiembre. De estas, 211 fueron denunciadas como arbitrarias ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), un 38% más que en el trimestre anterior. El 88% de las víctimas fueron hombres y el 75% jóvenes entre 18-35 años. Además, la PDDH reportó 271 violaciones a la integridad personal –un aumento del 77% respecto al trimestre previo–, donde el 80% de las víctimas eran hombres y el 75% de los casos implicaron a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las muertes en centros penales alcanzaron 414 desde 2022, según el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). El OUDH alertó que el sistema carcelario opera con un hacinamiento del 239%, concentrando 108,433 personas privadas de libertad –equivalente a 1,798.2 por cada 100,000 habitantes–. En el sistema antiguo, la sobrepoblación superó el 300%, con 93,901 reclusos en espacios para 30,864.
En materia de libertad de expresión, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 66 agresiones a periodistas entre julio y agosto de 2024. El 34.8% fueron perpetradas por funcionarios públicos, y las “declaraciones estigmatizantes” representaron el 39.6% de los casos. El Índice de Chapultepec (2024) clasificó al país en la categoría de “alta restricción”, con una puntuación de 31.53/100, muy por debajo de la media global (48.18).
Organizaciones como Cristosal, IDHUCA y SJH han solicitado a la CIDH la derogación del régimen, documentando 6,305 presuntas vulneraciones de derechos humanos. Según el informe de la UCA, el Estado salvadoreño mantiene un “patrón persistente de ocultamiento de información” y “negativa a reconocer graves violaciones”. Pese a la reducción de homicidios, el balance evidencia una tensión irreductible entre seguridad y garantías fundamentales.
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